Uno de los efectos inmediatos tras la aplicación del COPP fue la virtual derogatoria de la Ley Orgánica de Salvaguarda sancionada en 1982. ¿La razón? Los nuevos procedimientos penales y una nueva modalidad para realizar los juicios, básicamente.

— ¿Y cómo queda el Tribunal Superior de Salvaguarda, ya que la Ley pierde vigencia en más de la mitad de su articulado? -preguntamos a Cecilia Sosa Gómez, ex presidenta de la CSJ.

— Se murió, ya eso no existe.

— ¿Y las numerosas causas que estudiaba este Tribunal?

— Se fueron a la Fiscalía, para que decida. Las que estaban en curso pasaron a las manos de los jueces a los que les correspondían y a las que no se les había abierto causa, se fueron a la Fiscalía. El Fiscal debe entender que él es un acusador... Ahora es el funcionario que lleva la bandera. Es el funcionario más importante de la Constitución, en términos de lo que es la impunidad, la lucha contra la impunidad y contra la corrupción administrativa).

— En los últimos tiempos entraron en vigencia una serie de leyes, distintas al COPP, que formaban parte de un esfuerzo por actualizar y adecentar el Poder Judicial. ¿Cuál es su balance al respecto?

— Yo creí que cuando Rafael Caldera dijo que iba a trabajar por la limpieza del Poder Judicial era verdad. Ello independientemente de los convenios que se lograron, uno para la Corte Suprema de Justicia para modernizarla y el gran proyecto que por 70 millones de dólares se venía ejecutando con el Banco Mundial desde tiempo atrás. Cuando se produce la iniciativa del Presidente, yo de verdad que me lo tomé en serio.

— ¿Qué estaba planteado con el Poder Judicial?

— Tuvimos varias reuniones con el presidente Caldera. Esto originó que nosotros como Corte en pleno produjéramos un documento donde por vez primera la propia Corte Suprema de Justicia decía que el poder era lento, estaba politizado y era corrupto. Propusimos una serie de salidas en lo organizativo, lo administrativo y en lo disciplinario.

La gran sorpresa, según Sosa Gómez, surgió "cuando discutimos nuestro documento con Caldera y éste, en paralelo, presentó al Congreso una ley de reforma del Consejo de la Judicatura, creando un consejo o alta comisión de justicia, cosa que había sido su obsesión en el proyecto de reforma constitucional y que no tuvo ninguna repercusión". Argumenta que en ese momento se perdió una gran oportunidad de conciliación para profundizar la reforma.

— Lo cierto es que fuimos dejados de lado y decidimos crear una comisión de tres magistrados para redactar un proyecto donde nosotros, como Corte, interveníamos al Consejo de la Judicatura en cuanto a nuestros representantes. En consecuencia, la idea era intervenir con tres magistrados en comisión de servicio al Consejo, con la finalidad de ponerle una lupa y ver de verdad qué era lo que estaba pasando.

— ¿Recuerda el nombre de los tres magistrados interventores?

— Josefina Calcaño, Alirio Abreu Burelli y Chalbaud Zerpa. Eran los tres magistrados pensados y más o menos conversados, porque ellos después se echaron para atrás.

Hubo consultas y se buscó respaldo del presidente Rafael Caldera y de Cristóbal Fernández Daló en la presidencia del Senado, de todas maneras. "Actuó el poder político y cuando todo esto pasa, se envalentonó el Consejo de la Judicatura sacan un remitido y la Judicatura consideró como una usurpación de funciones que nosotros como Corte le estuviéramos en paralelo solicitando a los 2.170 jueces del país su hoja de vida".

— ¿Y qué pasó luego?

— La única manera que encontramos de seguir presionando a los miembros del Consejo de la Judicatura era seguir solicitando la hoja de vida de los jueces sin desmayar y hasta donde el Consejo no nos pudo torpedear. Porque hasta eso hacían. Pero lo logramos durante dos años consecutivos. Los informes los publicamos en la memorias de la Corte para que quedaran para la historia.