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Según la jerga chavista, el 27 de Febrero de 1989 no fue otra cosa que el detonante social de los acontecimientos que condujeron, posteriormente, a los intentos de golpe militar ocurridos durante la administración de Carlos Andrés Pérez en 1992. Antesala, dios mediante, de lo que después se consolidaría como una nueva propuesta constituyente en 1999, tras el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías de 1998. El Comité de Familiares y Víctimas del 27 de Febrero (Cofavic), ha definido aquel episodio conocido como "El Caracazo", como "una respuesta espontánea y colectiva, no coordinada por ninguna agrupación... La reacción popular se inició en Guarenas, y se repitió en Caracas, La Guaira y en las ciudades de Maracay, Los Teques, Valencia, Barquisimeto, Guayana y Mérida –entre las más importantes-. Fue consecuencia del aumento de los precios del transporte urbano en un monto superior al 30 por ciento autorizado por el Ejecutivo Nacional y de la falta de reconocimiento del pasaje estudiantil por parte de las compañías del transporte público, como elementos de carácter coyuntural". Bastó y sobró, digamos, que se liberaran los precios de los combustibles internos para que aquello se reflejara inmediatamente en los precios del transporte a nivel del consumidor, tal como lo afirmó Cofavic. Esta organización afirma que El Caracazo se desarrolló en tres fases: La primera fase consistió en la protesta de la gente de los barrios que protagonizó las acciones. Pensamos que los canales utilizados no fueron los más idóneos, pero la situación fue el resultado del desbordamiento de la frustración, de la rabia reprimida por un gran tiempo. La segunda fase la constituyó la retirada de la gente a sus hogares, a una celebración sin precedentes con todo lo soñado, lo anhelado. Sin embargo en esta fase perduran aún focos minoritarios de violencia que fueron el pretexto del gobierno para justificar las acciones represivas posteriores. La última fase de los acontecimientos la constituyó la suspensión de garantías constitucionales, lo que por la vía del hecho conformó la suspensión del estado de derecho, dejando una cifra todavía no determinada de asesinatos y desapariciones sin precedentes en América Latina. Pero la impresión del ex presidente Pérez, diez años después de aquellos sucesos, quedó plasmada en un trabajo titulado Dramática jornada, insertado el 28 de febrero de 1999 en la revista electrónica Venezuela Analítica. "Hoy en esta euforia del chavismo, ese 27 de febrero" –escribió Pérez- "se ha convertido en la génesis de los sucesos que llevaron al teniente coronel Hugo Chávez a la Presidencia. El propio Presidente ha señalado la fecha como el momento culminante de su propia concepción política sobre Venezuela, frente a aquella masacre cometida contra el pueblo". Para CAP, era la hora de "enfocar aquel trágico suceso sin mentira, pasión, ni manipulación. Dos circunstancias, en primer término, generaron la tragedia: 1) durante la década de los 80 se produjo una vertiginosa caída del salario real; y 2) era exasperante la escasez de productos básicos, con la inmensa sospecha de acaparamiento y especulación. Como circunstancia particularmente coadyuvante, el estado de rebelión-insubordinación en que se encontraba la Policía Metropolitana. Muchos fueron los testimonios de personas que vieron a policías vinculándose con los saqueos". Pérez descartó cualquier motivación contra el paquete económico. "El gobierno apenas se iniciaba". Sin embargo, el tema de la corrupción administrativa estaba vigente y era considerado como muy importante en los círculos críticos del sistema. En la carta enviada por notables como Arturo Uslar Pietri, José Vicente Rangel, Ernesto Mayz Vallenilla, Domingo Felipe Maza Zavala, Miguel Angel Burelli Rivas, Rafael Pizani, Pedro Palma y otros al presidente Pérez el 10 de agosto de 1990, se hicieron los siguientes pronunciamientos: Venezuela atraviesa una difícil y peligrosa situación política, económica y social. Los mecanismos y las orientaciones por medio de las cuales se ha desarrollado la acción del Estado en la vida nacional en todas sus manifestaciones, por lo menos desde 1958, ya no se corresponden ni a las necesidades del desarrollo económico y social, ni a la realidad económica y política del país, ni mucho menos, a las líneas y objetivos fundamentales de la gran orientación política y económica que, de manera tan poderosa, está ocurriendo en el mundo de hoy. Hay que preparar y promulgar sin retardos un cuerpo legal que sustituya la actual legislación, que defina y castigue los delitos de corrupción administrativa. Ese nuevo instrumento jurídico debe definir los delitos de peculado, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, a fin de lograr de manera efectiva e inobjetable el oportuno castigo de los culpables de la ola de corrupción que corroe los fundamentos de nuestras instituciones democráticas. Que no haya más delitos sin delincuentes ni continúe la impunidad insolente y desmoralizadora de aquellos indiciados evidentes que, por fallas y complacencias de nuestra legislación y nuestros tribunales, desafían abiertamente la moral y el derecho. Es necesaria una legislación para establecer rigurosamente las formas y requisitos para contratar con el Estado. Hacer pronto y eficazmente todas las modificaciones necesarias para asegurar la independencia, la respetabilidad y la eficacia del Poder Judicial. Sin un Poder Judicial autónomo y responsable no puede haber libertad, ni hay democracia efectiva, cuya base es la autonomía cierta del poder de juzgar.
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