Podemos concluir que en la actualidad y bajo el esquema reinante de poder en la V República —con todo y el proceso constituyente del 99, la aprobación de una nueva Constitución que incorpora al Poder Ciudadano, la relegitimación de los poderes públicos que de aquélla se derivaban, más la depuración ocurrida en el Poder Judicial- y, muy a pesar de la constante prédica anticorrupción encarnada en la figura del presidente Chávez y de otros personeros del oficialismo, en Venezuela se mantienen vigentes las condiciones que hacen posible la existencia de un estado generalizado de corrupción masiva en la administración de la cosa pública y en las esferas del poder privado, tan crítico como durante los 40 años precedentes de democracia "puntofijista".

De hecho, el actual gobierno ha establecido políticas sui géneris para redistribuir riqueza y dar acceso a los fondos públicos mediante mecanismos poco ortodoxos y claramente excluyentes como: PB 2000, Fondo Único Social, Círculos Bolivarianos, Escuelas Bolivarianas, Fondos para el Rescate de Vargas, créditos blandos para militares, bancos (del Pueblo, de la Mujer, de Financiamiento al Desarrollo y, eventualmente de las Fuerzas Armadas, de Microfinanzas y Agrícola) al margen de la actividad supervisoria de la Superintendencia de Bancos. Ello podría estimular la entronización de la corrupción como una política de Estado deliberada. No sería la primera vez en la historia que el estímulo a la corrupción se convierta es un estímulo para un tipo de desarrollo económico y social no igualitario y claramente ficticio en el mediano y largo plazo.

Las acusaciones y denuncias de irregularidades administrativas que son formalizadas prácticamente a diario ante o desde los organismos encargados de investigar -y que las más de las veces son reflejadas en los medios de comunicación social-; en su inmensa mayoría no llegan a la etapa de investigación, sanción y, mucho menos, al encarcelamiento de los responsables. Reina la impunidad.

Existe una marcada tendencia a utilizar señalamientos de irregularidades contra organizaciones y personas, con la simple finalidad de desprestigiarlas o liquidarlas política y moralmente. No solamente en casos que tienen que ver con retaliaciones políticas sino entre factores que responden a la misma parcialidad ideológica. La lucha de poder, por el poder y por los beneficios financieros que se desprenden de su usufructo, sigue pasando en Venezuela por la utilización de la denuncia de corrupción, con o sin fundamento, como arma de guerra y de supervivencia política, económica y social. Esto no es distinto de lo que ocurría en la IV República.

La falta de transparencia y el exceso de discrecionalidad son los factores claves que determinan por qué un venezolano cualquiera debe pagar o recibir tributo para obtener u ofrecer los servicios más elementales del Estado: el documento de identidad, la propiedad y la identificación del vehículo, un cupo en la universidad, una licencia de importación, desaduanar una mercancía o la oportunidad de incursionar en los negocios, entre otros muchos ejemplos.