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Tras el triunfo electoral de Chávez en diciembre del 98, tomamos la decisión de hacer un seguimiento sistemático a las ideas, políticas públicas, hechos, casos, datos y hasta anécdotas que a partir de aquel momento podían determinar el curso de la lucha contra la corrupción en Venezuela. Al igual que a las referencias nuevas en torno a la corrupción del pasado inmediato. Al fin y al cabo, Chávez había llegado a Miraflores gracias a su poderoso discurso "anticorrupción". Y el resquebrajamiento del sistema adeco-copeyano venía haciendo aguas desde mediados de los años 70. En fin, el poder anterior a la etapa chavista ya no admitía ni una sola situación más en materia de acusaciones de corrupción. Fue así como comenzamos a revisar algunos medios de comunicación con cobertura nacional y reflejo en Internet, conformando un banco de datos lo suficientemente amplio como para garantizar diversidad en el tratamiento informativo al tema en cuestión. Una de las múltiples revisiones de la información disponible arrojó las siguientes tendencias que determinaban la orientación de los registros noticiosos sobre el asunto: Se registra un gran volumen de corrupción señalada y/o denunciada en los medios de comunicación. Los medios reflejan, indistintamente, fuertes y variadas denuncias de corrupción contra la IV República, así como diversos señalamientos contra la V República provenientes de un sector de los comandantes del 4F, otros ex aliados del Polo Patriótico y funcionarios próximos a la administración chavista. Cuando menos se le han presentado a la actual administración chavista cuatro "congestionamientos" fuertes de denuncias de corrupción con amplio reflejo en la opinión pública. Se han designado dos grupos de funcionarios al frente del Poder Ciudadano, bajo esquemas de selección fuertemente cuestionados por sectores de la sociedad, al ser poco democráticos y participativos. Un Fiscal y una Defensora del Pueblo "incómodos" para el poder centralizado, son sustituidos frente a un Contralor tildado de "complaciente" ratificado por la Asamblea Nacional. Se cuestiona al Tribunal Supremo de Justicia bajo la sospecha de su "cuadratura" con el oficialismo dominante. Se aprecia constante falta de consenso en el seno de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para investigar casos de corrupción dejados por el Proceso Constituyente y el Congresillo, tanto de la IV como de la V República. En tres años de gestión chavista no ha habido castigo ejemplar contra ninguna figura trascendente de la corrupción, ni de la IV ni de la V República. Aunque el gobierno constantemente reitera su vocación anticorrupción y emprende iniciativas en diversas escalas en las cuales actúa la Disip. El gobierno anunció la promulgación de una Ley Anticorrupción y la creación de una Comisión Presidencial de Combate a la Corrupción Administrativa. El proyecto estuvo más de siete meses engavetado en la Asamblea Nacional hasta que fue aprobado en primera discusión. El MAS comenzó a criticar, al año de la purga del sistema judicial, que no había ni un solo caso de ingreso por concurso al nuevo sistema judicial bolivariano y la falta de políticas anticorrupción. Podría estar planteada la tentación de desempolvar viejos archivos para tapar escándalos nuevos de corrupción atribuibles a la revolución bolivariana, como el caso de las Cuentas Mancomunadas Pérez-Matos. Es voluminoso el cúmulo de denuncias de corrupción de la V contra representantes de los grupos de poder de la IV República. Se aprecia cierta incapacidad en los organismos políticos y especializados en investigar y sancionar corrupción. Desde el punto de vista de la percepción de los venezolanos, el tema de la corrupción ha sido desplazado como preocupación fundamental en el tiempo por otros dos asuntos cruciales: la inseguridad y el desempleo. Se formulan críticas al Código Orgánico Procesal Penal, en particular el sistema sustitutivo de penas, como un ingrediente que avala la impunidad en casos de corrupción y otros delitos. Los medios de comunicación vienen sustituyendo a la oposición y a las organizaciones del Poder Ciudadano en cuanto a denuncias y señalamientos de corrupción. Medios y periodistas están llenado un vacío investigativo que le corresponde al los Poderes Ciudadano y Legislativo, en primera y obligada instancia. | ||||||||
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