La
reforma electoral en Aguascalientes (aún en debate)
Rodrigo
Paredes Lozano
Lic.
en Ciencias Políticas, 10o. semestre
Introducción
La
Ley Electoral de Aguascalientes de 1995 y sus últimas
modificaciones más importantes en 1997, han configurado el marco
normativo por el que se ha definido el desarrollo de las
elecciones locales y mediante el cual se dio la oportunidad real
de la alternancia en el Estado. Hoy, a casi tres años
después de las últimas elecciones, a nivel local, la discusión
sobre el tema electoral en Aguascalientes volvió a despertar
inquietudes y sobresaltos entre todos los actores sociales y
políticos involucrados de una u otra forma en el tema electoral,
lo que llevó finalmente a la creación de una “nueva”
ley electoral denominada “Código Estatal Electoral”.
Durante la creación de este código, ya no se trató de la
discusión en torno a tradicional hegemonía de un PRI
invencible, no, la discusión ahora fue en el sentido de
establecer nuevos y mejores criterios de equidad y legalidad, al
menos en apariencia, tratando de introducir elementos correctivos
en función de la necesidad de establecer mejores criterios de
equidad y certidumbre entre los partidos políticos y de formas
más eficientes de organizar y dirigir las actividades relativa a
la puesta en marcha del proceso electoral. Todo esto con el fin
de lograr estándares mayores de gobernabilidad, de mejor
representación política y de participación.
El
recibimiento que ha tenido este Código no ha sido muy bueno,
resultado de un malestar político por un supuesto mal
funcionamiento del sistema electoral por el tipo de
representación política y su carácter demasiado excluyente;
según los partidos minoritarios y, últimamente
por supuestas fallas en la calidad de la representación y
por otros fenómenos, diversos y singulares, que pueden sumarse
para formar toda una avalancha de críticas hacia el sistema
electoral y su funcionamiento. Al respecto ha habido un continuo
intercambio de puntos de vista entre los actores políticos que
incluso se han tenido que resolver en instancias jurídicas de la
federación.
Esta
discusión interminable entre los actores políticos respecto al
nuevo marco jurídico-electoral es un conflicto obvio de
intereses y no hay porque extrañarse. El sistema electoral toca
las perspectivas políticas de los actores, sus posibilidades de
ser elegidos, de formar un partido fuerte, de formar o alcanzar
una mayoría, de ejercer el poder, etc. Es comprensible que el
sistema electoral les interese y que el tema no quede fuera de su
atención, en función de favorecer o de defender sus intereses
políticos.
Hay
consideraciones muy importantes a este respecto en relación con
el carácter político del Código Electoral recientemente
estrenado en el mes de octubre del año pasado. Aquí se debe
tomar en cuenta que los partidos políticos ven el tema de la
reforma electoral en términos de un análisis de pérdidas y
ganancias. Estas consideraciones hacen que se vuelva muy difícil
el acuerdo entre fuerzas políticas para lograr un diseño
lógico y coherente de la reforma electoral inconclusa.
El
debate se contextualiza pues, en el campo concreto de las fuerzas
sociales y políticas del momento, de la lucha de intereses por
lograr posiciones políticas de mayoría, unos y otros por
obtener el mínimo de representación y prerrogativas partidistas
que les permitan mínimamente realizar sus objetivos inmediatos.
La forma en que se aprobó el Código en cuestión, sin lugar a
dudas afectará positiva o negativamente, según sea el caso, las
futuras posibilidades de los grupos sociales y los partidos
políticos de articular sus intereses e imponer sus objetivos. La
razón de tal hecho sobre los efectos que tendrá el sistema
electoral entre los distintos partidos es muy simple ya que sin
duda se trata de una cuestión eminentemente política impuesta
en detrimento de quienes no tienen incidencia o presencia alguna
en el órgano legislativo.
Ante
estas circunstancias se vuelve necesario el aporte académico
para orientar el debate presente y futuro, sobre una, aún no
terminada reforma electoral, de modo que puedan surgir opciones
serias para 
retomar
el debate, permitiendo a los políticos interesados escoger y
decidir informadamente sobre los detalles técnicos que
configuran los sistemas electorales bajo un esquema democrático.
La función y el aporte que pueda hacerse a través de la ciencia
política, no consistirá en discusiones, quizá controvertidas,
de generalizaciones del orden jurídico. Más bien nos
concentraremos en analizar las regulaciones técnicas e
implicaciones políticas de una ley electoral y señalar los
mecanismos más idóneos de conversión de preferencias
políticas en escaños, y los efectos que de ello resulte dentro
del marco democrático actual. Por lo que, no estaría de más
señalar el carácter limitado de este trabajo, ya que los
elementos que conforman y configuran un sistema electoral van
más allá de los objetivos que nos hemos planteado.
En
el primer capítulo de este trabajo, nos referiremos a aquellas
cuestiones de la discusión que se refieren a la parte del
sistema electoral que tiene que ver con la conformación en
términos de representatividad del Poder Legislativo. En el
segundo capítulo hablaremos sobre la división electoral, sus
características y sus efectos.
1.
La conformación del Poder Legislativo en el Congreso local
y el sistema representativo
El
sistema electoral vigente
En
variados aspectos el sistema electoral del Estado de
Aguascalientes es una interpretación casi estricta del sistema
electoral federal mexicano, el cual se puede describir con base a
dos premisas. La primera, que a través del sistema electoral se
establecen las reglas mediante las cuales los ciudadanos eligen
al titular del poder ejecutivo a través del sistema de mayoría.
La segunda se refiere al carácter mixto que se establece para la
elección del cuerpo colegiado depositario del poder legislativo.
Esta última característica del sistema electoral mexicano se
describe como la fórmula mediante la cual se integra el Congreso
de la Unión que es un órgano bicameral, en donde los miembros
de la Cámara de Diputados se eligen mediante los principios de
mayoría relativa en 300 distritos o circunscripciones
uninominales que corresponden cada uno, a un escaño; y de
representación proporcional por circunscripciones plurinominales
para 200 escaños en donde se distribuyen 40 escaños en cada una
de ellas mediante listas cerradas y bloqueadas que presenta cada
partido político. La segunda Cámara, que corresponde al Senado
de la República, se integra mediante las técnicas de
representación proporcional y mayoría relativa, pero también
se incluye otra forma denominada -primera minoría-, de tal forma
que, por el principio de mayoría relativa se eligen a dos
senadores por estado que corresponden a los dos candidatos
propuestos por el partido ganador mediante una fórmula doble; 32
escaños más en el senado se reparten al partido que obtuvo la
primer minoría en cada estado; el resto de los escaños se
reparte de acuerdo al principio de representación proporcional
conforme a una lista nacional de 32 fórmulas de candidatos, para
dar así un total de 128 senadores.
El
mismo sistema que se utiliza a nivel nacional se traslada al
sistema electoral estatal, pero con la observación de que el
legislativo estatal es unicameral, se integra por 18 diputados
electos según el principio de mayoría relativa mediante
distritos electorales uninominales y hasta nueve diputados que
son electos por representación proporcional mediante listas
votadas en una circunscripción plurinominal cuya demarcación es
el Estado, para dar un total de 27 miembros.
Sistemas
de representación: mayoritario y proporcional
Tras
esta somera descripción del actual sistema electoral, podemos ya
entrar de lleno al primer punto de discusión que se refiere al
tipo de sistema de representación y que en teoría son dos
puntos básicos: el de mayoría y el de representación
proporcional.
Comúnmente,
la representación por mayoría (RM) y la representación
proporcional (RP) han sido definidas de la siguiente manera: se
habla de RM cuando el candidato es elegido por haber alcanzado la
mayoría de los votos. La RP se da cuando la representación
política refleja la distribución de los votos entre los
partidos, es decir, el sistema proporcional produce resultados
electorales que otorgan a cada partido un peso proporcional al
número de votos obtenidos.
La
cuestión central es 
discutir
y decidir si la mayoría o la proporción (o ambos) de los votos
debe determinar la conformación política en el órgano
legislativo, teniendo siempre presente como base para esta
discusión, los principios democráticos de igualdad y equidad.
Los
sistemas electorales en donde aún se opera bajo el sistema de
representación mayoritaria, muestran grandes desproporciones
entre los votos y los escaños obtenidos por los diferentes
partidos. En cambio, los sistemas proporcionales permiten que
un partido pequeño logre representación parlamentaria1.
Partiendo de estos efectos que tiene cada tipo de sistema de
representación en el sistema electoral, se han
adoptado sistemas mixtos pero con un marcado sesgo hacia la
RM. La tradición política mexicana desde los inicios del Estado
mexicano y de sus formas republicanas han creado la idea de que
para la conformación de los órganos legislativos el principio
de “mayoría” debe operar de la misma forma en que se
usa para elegir al titular del ejecutivo. Las concepciones
democráticas más modernas nos señalan que el sistema de
mayoría es válido para la toma de decisiones al interior del
órgano legislativo, pero no para su conformación o elección de
sus miembros, ya que ésta debe estar en función de una
representación real (votos-escaños) de los distintos grupos y
fuerzas políticas en relación con la sociedad o parte de ella,
a la cual aspiran representar.
Esta
idea de “mayoría” opera en México mediante la
división político- electoral del distrito uninominal, que se
refiere a una unidad geográfica determinada, en donde se elige a
un diputado, que será aquel que obtenga el mayor número de
votos.
En
Aguascalientes ese mismo principio es válido en 18 distritos que
se ganan por el sistema de mayoría, pero ninguno de los partidos
puso a discusión el tema del sistema representativo adoptado
para la conformación política del Congreso del Estado.
En
otros países con sistemas políticos democráticos más
desarrollados, la RM ha desaparecido para la elección de
órganos legislativos, y las ventajas que señala D. Nohlen
(1994, pg., 112) de la RP sobre la RM son muy claras:
--Facilita
la representación de todos los intereses y opiniones a nivel
parlamentario, con arreglo a su fuerza respectiva en el
electorado.
--Impide
la constitución de mayorías parlamentarias demasiado
artificiales que no corresponden a una mayoría real del
electorado.
--Facilita
la negociación de mayorías y el compromiso político entre
diversas fuerzas.
--Refleja
el cambio social y surgimiento de nuevas tendencias políticas al
facilitar la representación parlamentaria de éstas.
Esta valoración depende en
gran medida de consideraciones teórico-democráticas más
modernas y de poder político. En el caso de Aguascalientes,
algunos partidos llegaron a proponer lo inverso, es decir,
plantearon la desaparición del sistema de RP. La cuestión no
debe extrañarnos, ya que es muy clara esa posición debido a que
está en la esfera concreta del poder y control político al
interior del Congreso del Estado y los partidos que tienen la
perspectiva de ganar una mayoría parlamentaria o defender el
poder político en el gobierno gracias a la RM, tienden a optar
por ésta, lo cual es muy lógico. Desde la óptica de
un partido dominante, que para el caso que nos ocupa, es el
PAN en la legislatura local. La RP se concibe como un sistema que
dificulta la formación de mayorías en el congreso. Por otro
lado, desde la óptica de los partidos minoritarios la RM
disminuye la posibilidad de contar con alguna representación.
Ambos intereses tienen argumentos a favor y en contra de tal o
cual sistema, pero en última instancia la decisión se toma
según convenga a los intereses concretos de cada partido.
A
pesar de ello y en un esfuerzo conceptual, se debe entender a la
RP como el sistema de representación electoral correspondiente
al desarrollo democrático, en el que se busca la justa
representación y eliminarlo sería un grave error tomando en
cuenta los efectos secundarios de tal decisión o imposición, ya
que reduciría al mínimo la importancia de los partidos y
sistema de partidos en Aguascalientes, lo cual significa una
situación muy crítica respecto a un grave retroceso
democrático.
Según
ciertos especialistas como Duverger, Lapalombara, Lipset, Rokkan,
entre otros, el papel de los partidos políticos no cesa de
aumentar por su carácter funcional a todo el sistema político.2
Si los partidos no logran estabilidad y supervivencia con la
reforma electoral, entrarán en juego equivalentes no
institucionales que pueden ser funcionales, en algunos casos,
pero la mayoría de las veces serían disfuncionales para el
sistema político. Esto significaría a futuro un detrimento en
los alcances de la estabilidad política por medio de un sistema
de partidos cimentado y fortalecido, en el que los partidos son
el elemento activo de la política y de su socialización. Lo
anterior nos debe llevar a considerar como normal la rivalidad
entre los grupos y los individuos para la elección de
gobernantes, e incluso para la organización de la colectividad.
Los
efectos directos de ambos principios de representación los
podríamos resumir de la siguiente manera: el sistema de mayoría
relativa tiende a sobrerrepresentar en el Congreso a los partidos
que obtienen mayor número de votos, es decir, un partido que
obtuviera, en términos hipotéticos, digamos 36% de la
votación, podría alcanzar el 50% o más de la representación
en el congreso, porcentajes que no son equivalentes y que no
corresponden. Por el contrario un partido que obtuviera un 12% de
la votación sólo alcanzaría un 2 ó 3% de la representación
en el Congreso.
Por
otro lado, un sistema de representación proporcional da a cada
partido un número determinado de representación en el Congreso
equivalente a su votación alcanzada.
Bajo
la fórmula de la mayoría, el hecho de ganar o no un escaño en
el Congreso depende de que un candidato o un partido gane la
mayoría de los votos. Lo que se busca con un sistema mayoritario
es lograr una mayoría parlamentaria para un partido o una
alianza de partidos. En este mismo sentido concibe Hans Meyer el
objetivo de la representación por mayoría: “hoy no reside,
primariamente en que la mayoría (relativa) de los votos se
transforme en un escaño, sino en que posibilite a un partido la
mayoría (absoluta) de escaños en el parlamento, y
particularmente en el caso de que no exista una mayoría
(absoluta) de votos.”3 El objetivo político del principio
de la representación por mayoría es que el gobierno
(mayoritario) de un partido se apoye en una minoría (mayoría
relativa) de votos para facilitar el trabajo legislativo en
función de los intereses del poder ejecutivo y del partido en el
poder.
En pocas
palabras, la RM produce una sobrerrepresentación del partido que
obtiene más triunfos por mayoría de votos en cada uno de los
distritos en el Congreso, en detrimento de las otras fuerzas
políticas menos favorecidas quienes sufren una
subrepresentación. Aún y cuando la ley electoral incluye nueve
diputaciones plurinominales; en Aguascalientes, como en cualquier
otro sistema prioritariamente mayoritario, existe una gran
desproporción entre los votos y los escaños obtenidos por los
diferentes partidos y por consiguiente existe una falsedad en la
representación real de cada partido político en el órgano
legislativo. El complemento proporcional de nuestro sistema
electoral y que en base a él se define como un sistema mixto, se
diseñó para aumentar las posibilidades de partidos minoritarios
o poco competitivos a participar en el legislativo. Aún y con
esta consideración, el sistema mayoritario es el dominante en
beneficio de una sobre representación de los partidos
mayoritarios.
La
aplicación del principio de mayoría implica que sólo cuenten
políticamente los votos obtenidos por el candidato ganador. Los
votos emitidos en favor de los candidatos derrotados no cuentan.
Por esta razón podemos decir que en el principio mayoritario no
cuentan por igual todos los votos depositados: sólo conducen al
éxito los votos emitidos a favor del candidato ganador.
En
contraste con la fórmula mayoritaria, la proporcional produce
resultados electorales que otorgan a cada partido un peso
proporcional al número de votos obtenidos. Por regla general,
los partidos derrotados en las urnas obtienen escaños en los
órganos legislativos.
Según
la fórmula de representación proporcional, el hecho de ganar o
no un escaño depende de la proporción de votos que obtengan los
diversos candidatos o partidos políticos; los candidatos o
partidos que hayan sido capaces de conseguir la cantidad
necesaria de votos serán elegidos; la cantidad de escaños
obtenidos por un partido será igual a la proporción de votos
que haya conseguido. La idea clave de este principio de
representación es reflejar, con la mayor exactitud posible, las
fuerzas sociales y los grupos políticos en la población. La
cantidad de votos y escaños de los partidos deben corresponderse
de modo aproximado unos con otros. Esta es la función básica
del principio de representación proporcional y el criterio de
eficiencia de un sistema proporcional.
En
síntesis, las fórmulas mayoritaria y proporcional representan
principios decisorios cuya diferencia principal reside en la
cuestión de sí la mayoría o la proporción de los votos debe
determinar el resultado electoral en los distritos electorales
para la conformación de un órgano electoral. De igual forma los
efectos políticos de cada una de las fórmulas podemos resumirlo
en dos tendencias, según D. Nohlen (1994, pp., 112-113):
--La
representación por mayoría busca constituir mayorías
parlamentarias de un partido o grupo de partidos
--La
representación proporcional busca reflejar fielmente las fuerzas
sociales en el parlamento.
La
valoración que hacen cada uno de los partidos políticos del
tipo de sistema de representación depende de consideraciones de
poder, de manera que los conceptos teórico-democráticos, de
poder, de representación justa, no tienen significados iguales
para todos y se valoran de manera particular.
Un
argumento más a favor de la representación proporcional es el
que tiene que ver con la relación entre representantes y
representados; el hecho de que una persona represente los
intereses de las personas que conforman su distrito electoral, es
una vinculación subjetiva. Ningún representante popular puede
en la realidad ni siquiera representar los intereses de los que
votaron por él, mucho menos del total de los electores; la
representación de la voluntad popular es muy cuestionada en el
análisis empírico, lo cual pone en duda el supuesto básico de
la concepción democrática y de la representación que es propio
del sistema de mayoría relativa, sobre todo en lo que se refiere
a la relación entre electores y elegidos, el desconocimiento del
votante respecto a quién elige y quién lo representa y por la
deficiente responsabilidad del diputado frente a sus electores.
Lo
anterior representa un argumento más a favor del sistema de RP
sobre la RM en los órganos legislativos, ya que el sistema
proporcional puede superar estas fallas del sistema mayoritario.
En la RP se da el fenómeno de la personalización de la
representación, ya que la responsabilidad de actos políticos se
materializa ante el electorado por el partido y no por la
representación en base al representante de distrito o
circunscripción, por lo que el partido político retoma
importancia ante el electorado pero además asume
responsabilidades y costos políticos.
2.
Redistritación para un diseño electoral democrático
Un
tema pendiente del sistema electoral en Aguascalientes es el que
se refiere a las características de la división electoral
actual. Esta distribución de los distritos locales es de
importancia vital para las oportunidades de los partidos
políticos. No es por casualidad que el tema de la distritación
sea una de las cuestiones políticamente más discutidas.
Las
distritaciones electorales no pueden definirse de una vez y para
siempre. Los procesos migratorios y demográficos exigen su
ajuste permanente y continuo, ya sea mediante un cambio
geográfico de los límites de los distritos electorales, pero
principalmente mediante el cambio en el número de personas
representados en cada distrito electoral.
Más
allá de las cuestiones partidistas, se encuentran las verdaderas
deficiencias del sistema electoral en lo referente al sistema de
representación y en la relación voto-escaño entre los 18
distritos que conforman la división electoral en nuestro Estado,
y ésta es una cuestión que debe resolverse sobre la base del
desarrollo democrático y confiadas en procesos y metodologías
especializadas que den certidumbre al proceso. En el actual
sistema electoral del Estado de Aguascalientes se tiene una
deficiencia grave en la delimitación de los distritos
electorales rurales que corresponden a los municipios que se
encuentran fuera de la capital del Estado, en perjuicio de los
urbanos densamente poblados. Esta cuestión no permite una
representación igualitaria y se rompe con el principio
democrático de la “proporcionalidad entre escaños y
votos” (un hombre, un voto, un valor),4 también
podemos observar que la representación debe ajustarse al
desarrollo de las transformaciones demográficas y
desplazamientos de la población, circunstancias que han superado
por completo el diseño distrital vigente desde 1992. Por
consiguiente los ciudadanos que viven en las áreas rurales del
Estado tienen en comparación con los que viven en la capital una
sobrerrepresentación y éstos a su vez están subrepresentados.
La
cuestión es muy sencilla de observar: al hacer un análisis
comparativo entre cualquiera de los distritos urbanos de la
capital con cualquiera de los otros distritos rurales del Estado.
De esta forma se puede observar que en los distritos rurales la
representación es hasta 10 veces mayor en comparación con un
distrito urbano, por la razón de que en éstos un mayor número
de electores tienen el mismo número de representantes que un
distrito rural, con muchos menos electores.
Ejemplificando,
podemos citar los resultados electorales de la elección del 2 de
agosto de 1998. Para esta elección el distrito IV se tenía en
lista nominal 62,901 ciudadanos con credencial para votar, de los
cuales participaron 42,203; mientras que en el distrito XVII
sólo había registrados 4,230 ciudadanos de los que participaron
3,194. Esto quiere decir que el diputado electo en el IV distrito
ganó con el voto mayoritario de 20,013 ciudadanos, y el diputado
electo en el distrito XVII lo hizo con 1,115 votos.
La
observación aquí, sería, que según el principio democrático
cada voto debe tener el mismo peso. La igualdad de los votos se
logra cuando cada escaño representa la misma cantidad de
personas. Este es un elemento enteramente democrático que no
pueden pasar por alto en la discusión electoral, en la que es
conveniente aplicar el principio de igualdad mediante la
fijación de un promedio de habitantes por escaños, lo que
implica la distribución de distritos electorales con un número
de electores cercano a la proporción por escaño.
Conclusiones
La
sociedad de Aguascalientes ha experimentado en los últimos años
un proceso de modernización y evolución política hacia modelos
democráticos, muy importante. No es una situación que se
encuentre aislada de lo que pasa en todo el contexto político
mexicano y mundial.
Es
bajo este escenario en el que las fuerzas, grupos y partidos
políticos deben centrar las discusiones sobre la cuestión
electoral, pero no en el sentido que lo han venido haciendo, es
decir, deben concentrarse en el diseño de reglas electorales
adecuadas a los nuevos tiempos políticos y no perderse en temas
coyunturales y facciosos.
Es
momento de repensar la democracia y la dinámica de los procesos
electorales en Aguascalientes, en donde una reforma electoral
integral sea la base, en el terreno político, para la
culminación de la transición democrática y dar de esta forma,
cabida a la consolidación democrática, que es un proceso que
apenas comienza.
La
reforma aún inconclusa, a pesar de que ya se elaboró y aprobó
un nuevo código Electoral, deberá continuar en la búsqueda de
reglas acordadas mediante el mayor consenso posible para que de
esta manera seamos capaces de encontrar y desarrollar los
mecanismos óptimos que nos permitan una competencia electoral
más justa libre de incertidumbres y sobresaltos.
En
los sistemas políticos modernos ningún fenómeno es tan común
como el de las elecciones, es decir, la designación de
representantes a través del voto del electorado. La democracia
liberal y pluralista es en el México contemporáneo una realidad
concreta y objetiva de reciente aparición. Bajo esta premisa se
vuelve necesario cuidar y proteger los principios fundamentales
de esta democracia: el sufragio universal, igual, directo y
secreto; la designación democrática de las autoridades
políticas; junto con los derechos de expresión, de reunión, de
asociación y de libertad de prensa.
Las
reflexiones hechas hasta ahora señalan la gran necesidad de que
la discusión y debate sobre la reforma electoral se centre en el
plano democrático y especializado sobre la materia en cuestión,
o sea, completamente fuera de donde tradicionalmente ha sido
tratado: esto es, al margen de los intereses de la sociedad. En
el debate político que se ha generado en torno a la reforma
electoral no existe un acuerdo verdadero respecto a la
valoración técnica de los elementos del sistema electoral en
Aguascalientes, ni respecto al análisis sobre sus consecuencias
en las próximas elecciones. Las opiniones y posiciones están
contrapuestas, los ánimos están caldeados y muchos errores por
parte del órgano electoral, ahora llamado “Instituto
Estatal Electoral”, en las etapas previas de preparación de
la elección, configuran un panorama similar al experimentado en
Jalisco y Tabasco. Y toda esta situación está, sin duda,
estrechamente relacionada con la falta de disposición que se
tuvo por parte de los legisladores y sus partidos políticos para
someter concepciones teóricas y evaluaciones políticas a una
revisión del sistema electoral que considere nuevas experiencias
y conocimientos.
Agradecimientos
Por
último me gustaría hacer un extensivo reconocimiento al
esfuerzo realizado por todos y todas las personas que participan
en conciencia, por haber roto la inercia y luchar desde
las montañas de estas páginas. Ha habido, hay y habrá gente
que esto le moleste y sin embargo siguen adelante, y si la conciencia no
existiera, esto sería simplemente nada, y contra la monotonía
sólo basta hablar, pensar, imaginar y expresarse.
Comentarios:
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Notas:
1
Nohlen, Dieter, Sistemas Electorales y Partidos Políticos,
FCE, 1994, p. 243
2
Charlot, Jean, Los Partidos Políticos, Hispánica, 1991,
p. 119
3
Meyer, Hans, Political Participation, Frankfurt, 1973, p.
37
4
Moya, Mario, Democracia y Participación, UNAM, 1982, p.
56
