Libro Blanco del Cambio de Gobierno

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Razones del pronunciamiento militar

El pronunciamiento militar, como se ha llamado a la intervención de la Fuerzas Armadas de Chile para salvar al país de la dictadura comunista a la que se iba inexorablemente llevado por un gobierno socialista-comunista, que había llegado al poder sólo con el 30% de la votación popular en 1970.

En esta página trataré de dar a conocer antecedentes de la época que permitan informar hoy de algo que remeció los cimientos de la Patria hace 30 años.

El pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973

Las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de la República de Chile —cumpliendo una decisión previa y absolutamente unánime— depusieron al Presidente Salvador Allende. En su reemplazo, asumió el mando supremo de la nación una Junta de Gobierno compuesta por los Comandantes en Jefe del Ejército, general Augusto Pinochet (a quien se confirió además el cargo de Presidente de la Junta), de la Armada, almirante José Toribio Merino y de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, y por el Director General de Carabineros, general César Mendoza.

Desde entonces, la Junta de Gobierno de Chile —en un clima interno de absoluta paz y normalidad— ha sido reconocida como legítima por muchos países y ha comenzado, con el beneplácito común de los chilenos, la urgente y difícil tarea de la reconstrucción nacional.

Sin embargo, en el exterior se suele desconocer la exacta realidad de lo sucedido en Chile. Este desconocimiento —unido a una deliberada y organizada campana para falsear dicha realidad, campaña que es principalmente obra del comunismo internacional— ha conducido a que muchas personas y algunos medios de comunicación se hayan formado juicios y hayan difundido versiones de los hechos chilenos que no se compadecen con la verdad. Así, aun hoy día se sostiene:

que el gobierno del ex-Presidente Allende representaba a la mayoría de los chilenos y que sus intenciones y procedimientos eran genuinamente democráticos, en el fondo y en la forma;
que ese gobierno significaba un progreso económico y social por el camino del socialismo y sin el "costo" que experiencias semejantes habían tenido en otros países, reflejado en derramamientos de sangre y en penurias para la población; y
que la deposición del ex-Presidente Allende fue un típico "cuartelazo", desatado por militares ambiciosos a instigación de círculos reaccionarios del país y del extranjero.

Ninguna de estas afirmaciones es verdadera, ni puede honradamente defenderse a la luz del más sumario conocimiento de los hechos.

Ni el ex Presidente Allende ni su régimen eran democráticos

El mandatario depuesto y su combinación de gobierno —la llamada Unidad Popular— no fueron jamás democráticos, ni en el sentido de representar a la mayoría nacional, ni en sus convicciones doctrinarias, ni en el respeto de fondo o de forma a los principios de la democracia, ni a la Constitución ni a las leyes del país.

1) Salvador Allende y su régimen no gozaron de una mayoría electoral absoluta.

He aquí los porcentajes que obtuvieron, durante los últimos tres años, sobre el total de votos válidos emitidos en elecciones generales:

—Septiembre de 1970 (presidenciales) 36,50%

—Abril de 1971 (municipales) 49.23%

—Marzo de 1973 (parlamentarias) 43,98%

Se puede apreciar que ni aun en la euforia inmediatamente posterior a la elección presidencial —es decir, en abril de 1971— el gobierno de Allende alcanzó la mayoría absoluta. Y a partir de ese momento, siempre fue una minoría, situación que pudo apreciarse no sólo en los comicios de marzo de 1973, sino en diversas elecciones complementarias anteriores (provincia de Valparaíso, julio de 1971; provincia de 0'Higgins, Colchagua. departamento de Linares, enero de 1972; departamento de Coquimbo, julio de 1972), donde venció el candidato de la Unidad Popular, pero con una acentuada baja en la votación, comparada con la de abril de 1971.

Debe además observarse que aun esta posición electoral minoritaria la consiguió el régimen del señor Allende gracias a un fraude electoral gigantesco. Este fraude fue investigado y comprobado, después de la elección de marzo de 1973, por un organismo insospechable: la Universidad Católica de Chile, que constituyó al efecto una Comisión. compuesta por profesores del Instituto de Ciencias Políticas y de la Escuela de Derecho de ese plantel de enseñanza y presidida por el Decano de la escuela referida, señor Jaime del Valle, ex subsecretario del Ministerio de Justicia. En discurso radiotelevisado del 17 de julio, el abogado Del Valle denunció los siguientes tipos de fraude descubiertos:

doble inscripción de la misma persona, a la vez como analfabeto y como alfabeto;
suplantación simple de electores;
suplantación de electores fallecidos y no borrados de los registros; y
doble inscripción en distintas comunas.

"Las más severas y cautas proyecciones (concluyó el decano Del Valle) determinan alrededor de 200.000 sufragios falsos (en la elección de marzo de 1973)". Estos 200.000 votos significarían más o menos un 6 por ciento del total emitido. Si se piensa que las dobles inscripciones exigieron necesariamente la complicidad de funcionarios públicos controlados por el Gobierno de la Unidad Popular, no resulta difícil discurrir quiénes se beneficiaron con ellas.

Después de las denuncias de la Comisión de la Universidad Católica, la Cámara de Diputados constituyó su propio organismo investigador que. al producirse los sucesos del 11 de septiembre, había acumulado pruebas adicionales irredargüibles de la falsificación electoral denunciada.

Se impone, pues, la conclusión que adelantábamos: el gobierno del señor Allende fue siempre minoritario en la masa electoral chilena y ello pese a un fraude tan hondo como audaz.

2) En seguida, debe descartarse la idea ingenua de que los principios sustanciales de la democracia tenían algún significado o trascendencia para el régimen depuesto.

Es necesario recordar al respecto que el ex Presidente Allende era y se declaraba marxista-leninista. Igual postura tenían los partidos mayoritarios de la Unidad Popular: el socialista (al cual el señor Allende pertenecía) y el comunista. Aún se autodefinía como marxista-leninista una tercera colectividad de esa combinación política: el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU). Y la declaración de principios de un cuarto partido de la Unidad Popular, el Radical, estaba fuertemente teñida de esa doctrina que —de tal modo— era fundamental para cuatro de las cinco colectividades que componían aquélla.

Ahora bien. es indiscutible que el régimen democrático no tiene, para el marxismo-leninismo, ningún valor en sí; es un camino como cualquier otro para llegar al poder: se lo seguirá si es viable; si no lo es, o si hay otro más fácil, rápido y conveniente, según las circunstancias, se adoptará este último.

Son múltiples las declaraciones en tal sentido, tanto del señor Allende como de los partidos y máximos dirigentes de la Unidad Popular. Con ellas se acredita que el camino democrático fue, para todos, una alternativa de conveniencia y no de convicción. . A esto debe agregarse que el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), cuya relación con el señor Allende y la Unidad Popular se analiza en el Capítulo I, fue siempre marxista-leninista y partidario de la "vía armada".

Aun más, este camino democrático fue descartado completamente en el curso de 1973, como veremos, optando el ex Presidente Allende y sus partidarios por la vía violenta del "autogolpe".

3) Algunos sostienen que —cualquiera que sea el motivo por el cual el ex Presidente Allende haya seguido el camino democrático— de hecho así lo hizo, por lo menos en un principio.

Es ésta una nueva ilusión, producto de un conocimiento incompleto de lo sucedido en Chile.

Lo que pasó, efectivamente, fue otra cosa: el señor Allende, aconsejado por un equipo de juristas de izquierda, buscó adelantar en el implantamiento del marxismo con un respeto falso, formal, por la letra de la Constitución y de la ley, pero atropellando flagrantemente su espíritu.

Es lo que se llamó utilizar los "resquicios" legales. Es decir, emplear —de entre las aproximadamente 17.000 leyes chilenas— algunas disposiciones oscuras o anticuadas o aisladas y distorsionadas de su contexto, para aplicarlas a esos fines de avance de la marxistización, aunque fuese contradiciendo indiscutiblemente las demás leyes y el sentido general de la legislación chilena.

Pasado el primer momento de sorpresa y desconcierto, los tribunales y la Contraloría comenzaron a rechazar este empleo abusivo de los "resquicios" (la Contraloría General de la República fiscaliza en Chile administrativamente la legalidad de las resoluciones de gobierno, así como los tribunales lo hacen judicialmente).

Entonces, el Gobierno, pasó por encima de los fallos de la justicia, por el simple expediente de dejarlos incumplidos, y de las objeciones de la Contraloría mediante el mecanismo de los "decretos de insistencia".

Ellos, conforme a la Constitución, permiten al Ejecutivo prescindir de los reparos de la Contraloría. Se exige al efecto que el decreto lo firmen el Presidente y todos sus Ministros de Estado. Concebido como un procedimiento excepcional, para casos calificadísimos, graves y urgentes, la Unidad Popular lo convirtió en un mecanismo rutinariamente usual, con el cual gobernó al margen de la ley.

Las medidas adoptadas por el Congreso Nacional para castigar estas infracciones, fueron burladas por el Gobierno mediante nuevos "resquicios". Numerosas orilladas v. gr. el Parlamento acusó y destituyó a altos funcionarios y a ministros: el Presidente, en respuesta, se limitó a cambiarlos de cargo, y aun de secretaría en el mismo gabinete, eludiendo asi los efectos y burlando el espíritu de la sanción constitucional.

La infracción continuada del estado de derecho llegó a su clímax cuando el Presidente se negó a promulgar, en el plazo que fija la Constitución, una reforma a ésta despachada por el Congreso, sobre áreas de la economía.

Desoídas por el Presidente todas las advertencias y menospreciadas todas las sanciones, no quedó a los otros poderes del Estado —tras mucha espera y comprensibles demoras, aguardando una salida no conflictiva— sino representar con solemnidad al Ejecutivo que se había puesto al margen, no sólo de la ley, sino de la Constitución. Y así lo hicieron la Corte Suprema de Justicia, tribunal máximo del país, en oficio público de 26 de mayo de 1973; la Contraloría, en dictamen de 2 de julio del mismo año y —por último— la Cámara de Diputados en acuerdo del 22 de agosto siguiente. Ello sin contar numerosísimos otros pronunciamientos similares de organismos representativos de la juridicidad, como el Colegio de Abogados.

Reiteramos, entonces, que sólo un conocimiento liviano de los casi tres años de Unidad Popular explica que alguien sostenga que ella se movió —aun en lo puramente formal— dentro de los límites de la Constitución y de la ley.

El "costo social" de la experiencia de Allende

La pretensión de que la "vía chilena al socialismo" no representaría para el país efusión de sangre ni penurias económicas, resultó tan desprovista de verdad como la de que ese proceso se ajustaría a la Constitución y a la ley.

Más de un centenar de personas —una por semana— fallecieron de muerte violenta y directamente atribuible a móviles políticos o sociales, durante los casi tres años de Unidad Popular.

Campesinos y agricultores perecieron al enfrentarse en las 'tomas" (ocupaciones ilegales) de predios agrícolas, ultimados a bala, a cuchillo y hasta a palos. Propietarios de edad murieron del corazón, al ser despojados de sus tierras o al verlas asaltadas. Una anciana secuestrada y vejada en su fundo, se suicidó. En luchas e incidentes entre facciones extremistas fallecieron estudiantes, sin que jamás fueran ubicados sus asesinos. Igual cosa sucedió con carabineros victimas de ultraizquierdistas; inclusive uno de esos agentes del orden fue ultimado a tiros desde el interior de un local del partido socialista —el partido del señor Allende— por un militante de la colectividad, perfectamente identificado pero que sólo ha sido aprehendido bajo el nuevo régimen más de un año después del crimen. Extremistas indultados por el ex Presidente Allende, pertenecientes a la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo), iniciaron de inmediato una serie de asesinatos, seis sucesivos —entre ellos el del ex Ministro del Interior señor Edmundo Pérez, destacado militante de la Democracia Cristiana— antes de perecer ellos mismos.

Otros indultados por el señor Allende, junto con los asesinos de la VOP, fueron los cabecillas del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), que orquestaron el desborde de la legalidad que tanta sangre costaría a Chile.

Todo esto se hizo con la pasividad forzosa de la policía de uniforme (Cuerpo de Carabineros), obligada por el señor Allende a no proceder, y con la complicidad de la policía civil (Servicio de Investigaciones), dirigida por socialistas y comunistas y, de este modo, enteramente politizada.

Mientras tanto, el país era arrojado por la Unidad Popular a la peor crisis económica de su vida nacional, sin paralelo en la historia moderna del mundo, salvo para países azotados por la guerra o por coyunturas internacionales.

Durante el régimen del ex Presidente Allende, nuestra principal producción y exportación —el cobre— tuvo un precio elevado, algo inferior al anterior a 1970, pero con todo inmensamente mayor que el usual hasta 1964; en los últimos meses precedentes a la deposición del señor Allende, ese precio repuntó a niveles nunca conocidos. Pese a ello la Unidad Popular, con su política de ineficiencia; despilfarros; emisiones incontroladas de dinero (de E° 8.700 millones en 1970 a E° 216.000 millones en 1973); expropiaciones agrícolas y traspasos de industrias al "área social", en forma masiva e indiscriminada; politización y sectarismo y persecución contra el productor y contra el técnico, alcanzó las siguientes cifras records.

una inflación que superará el 300 por ciento en 1973;
un déficit en la balanza comercial, para el mismo año, que excederá de 450 millones de dólares (1970 cerró con un superávit de más de 175 millones de dólares);
un aumento de la deuda externa, en tres años, del orden del 60 por ciento.
un déficit fiscal, en 1973, estimado en un 45 por ciento del gasto total del Fisco;
una inversión nacional (calculada como porcentaje del producto geográfico bruto) que en 1973 será sólo dos tercios de la de 1970;
una baja en la producción industrial en 1973, con respecto a 1972, del orden del 6 por ciento, fenómeno que no se veía en Chile desde hace mucho tiempo. Además se pronostican bajas en la producción de los sectores agropecuario (16,8 por ciento), minero (4,5 por ciento), de construcción (5 por ciento), comercial (6,8 por ciento), transporte (5,2 por ciento), etc., en igual período.

Todas estas cifras son oficiales o tomadas de estudios de indiscutible seriedad, de las Universidades Católica y de Chile (estatal).

Ya en 1973 los efectos de la crisis repercutieron brutalmente sobre los trabajadores, cuya participación en el ingreso —según estudios de la Universidad de Chile— fue inferior a la de 1970. O sea, su situación real fue peor de la que tenían antes de Allende. Recrudecieron fenómenos alarmantes, como la desnutrición y mortalidad infantiles. Y el desabastecimiento se hizo crítico, afectando a productos tan esenciales como el pan, la harina, todos los tipos de carne, el vino, las bebidas analcohólicas, los cigarrillos, los detergentes, la pasta dentífrica, los géneros populares, etc., y apareciendo las interminables colas (que a menudo se prolongaban de un día a otro) y un mercado negro cuya fuente fundamental eran las empresas estatizadas y los organismos oficiales o políticos de distribución.

¿Sería esto lo que el señor Allende —en su primer mensaje presidencial al Congreso, el 21 de mayo de 1971— llamaba una revolución "con el menor costo social que sea posible imaginar en nuestras circunstancias ... sin compulsiones físicas innecesarias, sin desorden institucional, sin desorganizar la producción"? ¿Tendría esto en vista cuando, en la misma ocasión, aseguraba que "no era posible destruir una estructura social y económica, una institución social preexistente, sin antes haber desarrollado, mínimamente, la de reemplazo"? ¿O cuando decía: "Nuestras obras no sacrificarán la atención de las necesidades de los chilenos de ahora en provecho de empresas ciclópeas"? Por desgracia, los chilenos —su sangre y sus necesidades elementales— sí fueron sacrificados por el señor Allende y por la Unidad Popular, pero no en provecho de ninguna empresa, sino de una destrucción física, económica, política, social y moral efectivamente ciclópea.

Actitud de los institutos militares

Durante cuarenta años, los institutos militares observaron en Chile la más rigurosa prescindencia política. Los contados casos que se registraron de intervención en este campo, fueron reprimidos por las mismas Fuerzas Armadas.

Cuando Salvador Allende fue elegido Presidente de la República por el Congreso Nacional debió, para conseguir esta ratificación, firmar con la Democracia Cristiana un "estatuto de garantías", que se tradujo en una reforma constitucional, vigente desde fines de 1970. Dicha reforma subrayó el carácter apolítico y profesional de las Fuerzas Armadas y de Carabineros; la verticalidad de su mando v el monopolio que se les confería del poder militar y de los armamentos.

A lo largo de casi tres años, los institutos castrenses se esforzaron por mantener estos principios y dejar a los civiles la gestión de los asuntos políticos. Al mismo tiempo, dieron al país y al mismo redimen del señor Allende numerosas pruebas de un espíritu de colaboración, en todo lo que significase preservar la seguridad nacional, facilitar el proceso productivo de riquezas, proteger las instituciones republicanas y contribuir a la cada vez más amenazada concordia de la gran familia chilena. Así las Fuerzas Armadas y Carabineros:

Mantuvieron su estricta obediencia a las autoridades ejecutivas. En muchos casos, ello significó dolorosos sacrificios, como sucedió con la pasividad exigida a Carabineros frente a los desbordes sociales, que incluso trajo a la policía uniformada numerosos heridos y por lo menos tres muertos.
Acudieron al llamado del ex Presidente Allende, ocupando cargos de responsabilidad y sin carácter político en el proceso productivo, por ello merecieron en múltiples oportunidades los agradecimientos del mismo señor Allende y de la Unidad Popular.
En noviembre de 1972, accedieron a integrar el Ministerio del señor Allende, a fin de poner término a una huelga gremial múltiple que había paralizado al país, y en la que participaban los camioneros, los comerciantes detallistas, los pequeños industriales y numerosos colegios profesionales: médicos, abogados, ingenieros, etc. La sola presencia militar significó el final del paro. Su acción ministerial en los meses posteriores permitió solucionar muchos de los problemas específicos que habían llevado a la huelga gremial; devolver al país la tranquilidad social mínima; evitar, en su mayor parte, las represalias contra los huelguistas; reparar algunas injusticias notorias cometidas por la Unidad Popular (por ejemplo, la negativa a conceder alzas de precios a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones —pese a la inflación desatada— y como una forma de forzarla a la estatización); promulgar la Ley de Control de Armas, que lo entregó precisamente a los institutos militares, y poner fin —mientras éstos se hallaron en el gabinete— a los "decretos de insistencia".

Gracias al gabinete con presencia institucional de las Fuerzas Armadas, por último, las elecciones de marzo de 1973 se efectuaron con absoluta normalidad (si descontamos el fraude ya referido, que sólo se descubrió con posterioridad y la sugerencia de cuya investigación partió de los propios ministros uniformados) y reafirmaron, según veíamos, el carácter completamente minoritario del régimen del ex Presidente Allende.

Por desgracia, la situación económica se había ido deteriorando, en el intertanto, en la forma catastrófica que también hemos tenido ocasión de ver. Para continuar en el ministerio, los militares pidieron un saneamiento en ese campo; como el ex Presidente Allende no accediese, se retiraron del gabinete.

Pese a ello, continuaron colaborando, no con el régimen, sino con el país, en forma elevada, desinteresada y patriótica. De este modo, los mismos institutos militares reprimieron una sublevación en Santiago, el 29 de junio. Y en agosto, integraron nuevamente el ministerio.

Los acontecimientos posteriores demostraron que en cualquier momento. durante estos tres años, con igual o quizás con mayor facilidad que el 11 de septiembre, hubiesen podido deponer al Presidente Allende. SÍ no lo hicieron fue, efectivamente, porque no quisieron hacerlo, porque esperaron —hasta donde les cabía esperar sin comprometer gravemente el futuro de Chile— una salida pacífica, civil y apegada a la letra de la Constitución para la honda crisis que era responsabilidad del señor Allende y de la Unidad Popular.

Las Fuerzas Armadas y Carabineros asumen el mando de la nación

Sin embargo, no fueron en verdad los institutos castrenses quienes desencadenaron el movimiento final.

Fue la Unidad Popular, impulsada por Salvador Allende o por lo menos con su consentimiento, la que forzó esa decisión última.

Todos los antecedentes señalan que, desde mediados de 1973, la Unidad Popular había comprendido que su política económica descabellada tenia al país sumido en un atolladero sin salida democrática, o mejor dicho, sin otra salida democrática que el abandono del gobierno por parte del señor Allende y de sus seguidores, posibilidad que ni éstos ni aquél se hallaban dispuestos a aceptar.

Prefirieron, por eso, una desesperada intentona para apoderarse del país por la fuerza. Al efecto, trazaron planes detallados y específicos, que incluían:

1) Un "autogolpe" para mediados de septiembre, preferiblemente durante las festividades de conmemoración de la Independencia (18 y 19).

Este autogolpe se daría con equipos terroristas y paramilitares escogidos, en todo el país, y en especial en Santiago. El más organizado de los equipos era, naturalmente, el GAP agrupo de amigos personales"), dispositivo de seguridad del propio señor Allende, compuesto por unos doscientos hombres de selección, bien entrenados y perfectamente armados

Al efecto del autogolpe, se acumuló una inmensa cantidad de armamentos, guardada en lugares imposibles de pesquisar (como el palacio de La Moneda y la residencia privada del señor Allende en calle Tomás Moro) y que comprendía: revólveres, pistolas semiautomáticas, rifles, carabinas, carabinas semiautomáticas, fusiles automáticos, pistolas-ametralladoras, ametralladoras, lanza-cohetes, cañones sin retroceso, morteros, municiones, granadas de mano y de fusil, minas antivehículos, etc. Este armamento —de origen checoslovaco y soviético— fue siendo introducido de manera paulatina y bajo los más diversos pretextos en Chile: por el momento, únicamente se ha recuperado parte de él, mas sólo con esa parte podrían equiparse sin dificultad unos cinco mil hombres.

El adiestramiento de los contingentes se hacia en diversas escuelas de guerrillas. Una de ellas funcionaba impunemente en las mismas casas presidenciales de calle Tomás Moro y de "El Cañaveral" (sector precordillerano de El Arrayán). En estas escuelas había textos, salas de clase, profesores y cursos de tiro, lucha personal, manejo de explosivos, etc.; el mismo Salvador Allende aprendió en ellos el manejo de la metralleta, de lo cual quedaron abundantes testimonios fotográficos.

El entrenamiento exigía expertos en guerrillas, que vinieron de todas partes del mundo y, en especial, de Cuba, Brasil. Argentina, etc., reclutados entre los terroristas de esos países. Se calcula que su número oscilaba entre los diez mil y los trece mil.

El autogolpe precisaba, asimismo, un adecuado financiamiento. A tal fin se dilapidaron los recursos del Estado, en moneda nacional y extranjera, sin tasa ni medida. En los servicios públicos hubo presupuestos secretos, paralelos a los oficiales. Agitadores, terroristas y guerrilleros fueron contratados como obreros y empleados del Fisco, que así amparaba y pagaba auténticas milicias, como las de la Corporación de Obras Municipales, v. gr., que en tres anos aumentó su planta de personal en casi sesenta veces: milicianos de dicha Corporación asesinaron a dos muchachos, militantes de la Democracia Cristiana, en la ocupación ilegal de un sitio urbano en la comuna de La Reina (Santiago).

Esta necesidad de financiar el autogolpe explica que, al producirse la acción militar del 11 de septiembre, se encontrasen en poder de funcionarios o políticos de la Unidad Popular, o en sus viviendas —incluso en las residencias del señor Allende—, y sin explicación valedera alguna, millones de escudos en moneda nacional y decenas de miles de dólares, sustraídos de las arcas fiscales.

El autogolpe comenzaría con la eliminación física, por comandos terroristas, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, así como de dirigentes políticos y gremiales opositores. Tan sangriento operativo se conocía como el "plan Z".

Después del 11 de septiembre, aparecieron instrucciones escritas y detalladas para el plan Z, con toda clase de datos personales relativos a quienes serían eliminados y con la asignación de los terroristas que debían cumplir los asesinatos respectivos, terroristas que —en los documentos hallados—se identificaban mediante seudónimos.

Por último, el autogolpe fue pulido en todos sus detalles, durante el mes de agosto, con la visita de dos connotados dirigentes comunistas cubanos: el viceprimer ministro Carlos Rafael Rodríguez y el jefe de la policía secreta, Manuel ("Barbarroja") Piñeiro. La visita fue presentada como dirigida a discutir con los chilenos su postura en la Conferencia de Países No-Alineados, que se celebraría algo más tarde (comienzos de septiembre). Pero el reconocimiento explícito de que ello no constituía sino un "pretexto", y de que el objeto directo de la presencia de los señores Rodríguez y de Piñeiro era una intromisión en la política chilena, lo hizo Fidel Castro en una carta de su puño y letra al señor Allende, de fecha 29 de julio, hallada entre los papeles del ex mandatario.

(Carta de Fidel Castro a Allende)

Este es sólo uno de los antecedentes, por lo demás, de la pertinaz ingerencia del Gobierno de Cuba en nuestros asuntos internos. Documentos encontrados en la caja fuerte del ex Director de Investigaciones, Eduardo Paredes, han acreditado irredargüiblemente el envío de armas desde ese país a Chile, destinadas a los equipos paramilitares de la Unidad Popular.

2) Junto con acelerarse al máximo los preparativos del autogolpe, se iniciaba un movimiento de tenazas dirigido directamente contra las bases y contra los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Al parecer, ello fue también recomendado por los señores Rodríguez y Piñeiro y su finalidad era dividir a los institutos militares o, por lo menos, obtener su pasividad al momento del autogolpe.

El asesor intelectual de la Unidad Popular y de Allende, el español Joan Garcés, asimismo propiciaba el "descabezamiento" de los máximos mandos militares, según apareció de sus papeles confidenciales.

Ni el señor Garcés ni el señor Allende ni los dirigentes marxistas sospecharon que el cambio de mandos —proyectado mediante el uso de la facultad presidencial de llamar a retiro a la oficialidad superior— era inútil para los fines perseguidos, pues existía práctica unanimidad en los institutos castrenses para juzgar la situación del país.

En dos meses y medio —desde el 29 de junio al 11 de septiembre— el señor Allende pidió el retiro del comandante en jefe y de dos generales de la Fuerza Aérea y del Subdirector de Carabineros. Pretendió asimismo sacar de las filas a la plana mayor de la Armada: los sucesos de septiembre le impidieron materializar estos designios.

Simultáneamente,'la Unidad Popular desató una violenta campaña de discursos, concentraciones, prensa, radio y TV contra las Fuerzas Armadas y Carabineros. Criticaba, con creciente virulencia, su cumplimiento de la Ley de Control de Armas y llamaba a los soldados a desobedecer a sus oficiales. Se llegó a pegar afiches en igual sentido en las murallas de los cuarteles y en los cantones de reclutamiento, así como a distribuir volantes en el interior de los recintos militares.

Mientras ello sucedía, tres de los más altos dirigentes de la Unidad Popular intentaban subvertir a la marinería de la Armada. Miguel Enríquez, secretario general del MIR; el senador Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, mayoritario de la combinación de gobierno y colectividad a la que pertenecía el ex Presidente Allende, y el diputado Oscar Guillermo Garretón, secretario general del MAPU. impulsaron un complot de marineros y de unos pocos suboficiales, para capturar dos buques de guerra en Valparaíso (el crucero "Almirante Latorre" y el destructor "Blanco Encalada"), asesinando a cuchillo a su oficialidad, y con ellos bombardear el puerto e imponer la dictadura del señor Allende. El complot tenía ramificaciones en otro puerto, Talcahuano, donde funcionan los astilleros de la Armada, y el número de implicados se acercaba a los cien.

Los señores Enríquez, Altamirano y Garretón se reunieron por lo menos cinco veces con los jefes de los conspiradores. La conjura debía estallar a comienzos de agosto; sin embargo, a pocas horas del día señalado para ello, fue descubierta y se inició el juicio militar. En su curso, más de veinte testigos envolvieron en los hechos a los señalados políticos de la Unidad Popular, por lo que se pidió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso su desafuero. Este se hallaba pendiente de resolución el 11 de septiembre. (En Chile, un parlamentario no puede ser objeto de proceso criminal sin una autorización previa de la Corte de Apelaciones respectiva; esa autorización es lo que se llama "desafuero") . Los servicios de inteligencia militar fueron detectando y comunicando a las esferas superiores de los institutos todos estos hechos.

La conclusión era clara: la Unidad Popular y Salvador Allende, no satisfechos con atrepellar la voluntad mayoritaria del país, con infringir el fondo y la forma de la Constitución y de las leyes, con desoír la condenación y las advertencias de los demás poderes del Estado, con arruinar económicamente al país y con haber sembrado en él odio, violencia y muerte, se aprestaban a dar un autogolpe para conquistar un poder absoluto basado en la fuerza y en el crimen, implantando la "dictadura popular" que reclamaba, en la portada de uno de sus últimos números (17 de julio) la revista "Punto Final", vocero del MIR. Ante ello, las Fuerzas Armadas se decidieron a actuar. Lo hicieron, además, acuciadas por el estado de paralización total en que se hallaba el país —a causa de un nuevo paro gremial múltiple, semejante al de octubre de 1972— y por los reiterados pedidos que todos los sectores nacionales hacían llegar a Salvador Allende, exigiéndole renunciar a su cargo para evitar una guerra civil. Sólo el 6 de septiembre, la mayor concentración femenina de la Historia de Chile se había reunido en Santiago, planteando esa renuncia; una concentración similar de jóvenes, con el mismo objeto, estaba programada para el mismo 11.

La actuación de tas Fuerzas Armadas costó un mínimo de destrucción (debiendo lamentarse, eso sí, la parcial que afectó al dieciochesco palacio de La Moneda) y de vidas. Salvador Allende, después de bombardeadas por aire La Moneda y la casa de Tomás Moro, aceptó rendirse para —a último momento— suicidarse, utilizando en ello la metralleta obsequiada por Fidel Castro y con su dedicatoria, suicidio que la propaganda antichilena ha querido presentar como un crimen. Es de notar que en repetidas ocasiones, durante la mañana del 11 de septiembre, la Junta ofreció al señor Allende salvoconducto para salir del palacio y del país, con su familia y el séquito que eligiese, en un avión que se colocaba a sus órdenes y con el destino que le pareciera conveniente.

(Esta información se obtuvo del Libro Blanco del Cambio de Gobierno de Chile)

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