Algunos ven en el sainete del país, seriedad

Por Marcelo D. Ferrer

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Da avergüenza leer algunas crónicas sobre macroeconomía que derraman loas a la gestión fiscal del gobierno porque declama la existencia de un superávit calculado antes del servicio y amortización de la deuda pública.

 

Hay que decir con claridad que el excedente presupuestario consolidado no alcanza para hacer frente a los gastos comprometidos por la Nación (incluida la amortización y servicios de la deuda pública) y que tales déficit requieren financiamiento.

 

Esto anterior, sin resaltar la alquimia financiera que se hace para disfrazar el real déficit estructural existente en el sector público al sostener un dólar sobrevaluado para gravar con impuestos a la exportación en perjuicio del salario real.

 

Agreguemos, que Argentina no tiene buen prestigio en el mercado financiero internacional y prueba de ello es la tasa del 8.36% (por paupérrimos 500 millones) que obtuvo de la última (primera luego del default) colocación de bonos de deuda externa, mientras que la tasa chilena ronda el 7%. Si la colocación hubiera sido por un monto mayor, mayor hubiera sido la tasa. De todas formas convino al país antes que pagarle a Hugo Chávez las frondosas comisiones que ha venido recibiendo por las colocaciones de títulos de deuda Argentina de los últimos tiempos.

 

Más allá de la anécdota semántica del superávit, el desequilibrio que existe en las finanzas públicas de nuestro país es alarmante. Sólo sostenible en la medida que no exista una toma de razón por parte de los agentes económicos, en especial, los del sector asalariado.

 

La inequidad que provoca la subvaluación del peso sumada a la ya inequitativa distribución del ingreso existente como consecuencia de las sucesivas devaluaciones habidas, configura una amenaza para el desarrollo de la economía y para la paz social. Un salario deprimido hace improductiva a la mano de obra y atenta contra los programas de capacitación. La baja productividad de la mano de obra y la falta de especialización torna incompetente a la economía en su conjunto. Por eso es una falacia pregonar que la competitividad se logra con una distorsión de los precios relativos; a menos, claro, que el gobierno fuerce con autoritarismo al mercado laboral y obligue su capacitación, como ocurre en regímenes como el chino.

 

Incluya en lo dicho anteriormente la carencia de un clima de negocios en el país que aliente la inversión; sin inversión se detiene el crecimiento; sin crecimiento y con inequidad social, dios sabe.

 

Pero si todavía le faltara algo al mejunje, de haber inversiones nuevas, no tendríamos infraestructura energética para soportarla, ni dinero suficiente para procurarla.

 

Todavía mas. El nivel de precios de la economía no ha aumentado como debiera, porque el gobierno dilapida la recaudación tributaria en subsidios de toda índole; sobre todo a los servicios públicos. ¿Quiere más? Hay toda una facción reaccionaria de nuestro país que está siendo sobornada por el gobierno, también con fondos públicos, ya sea para asegurar votos en las legislaturas, influir sobre la opinión publica (prensa); o, simplemente, para que no hable.

 

Pero, así y todo, cerramos mercados de exportación, nuestras relaciones diplomáticas son deplorables; y, de tanto en tanto, el presidente toma el micrófono y me enemista a mí con usted, a usted con el almacenero, al almacenero con Coto, a Coto con Moyano, a Moyano lo pone a administrar fondos, a D`Elia también, y a los militares los usa como patos de la boda por la simple conveniencia de no diferenciarlos de los delincuentes, de uno y otro bando, que asolaron al país en los años setenta.

 

Ahora, como novedad, el presidente manda a los gremios a no hacer paros en Semana Santa y pide el apoyo de Moyano (¿el nuevo dueño del poder?). 

 

Dejando de lado la manera de cómo han especulado siempre los sindicalistas parando el país a cada rato, por nada y justo cuando más le complica la vida a la gente, es injurioso para las instituciones que el presidente prohíba hacer huelgas siendo este un derecho constitucional.