EL TLC. ESTADOS UNIDOS – COLOMBIA DEL MITO A
LA REALIDAD
El Gobierno Colombiano, en febrero de 2005, se dispone,
apresuradamente, a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Estados Unidos, esperanzado en la libertad de mercado, y
creyendo como verdad revelada, que la solución de nuestros
problemas depende del fortalecimiento de los lazos políticos y
económicos que nos unen con dicho país. ¿Qué hay de cierto en
ello?. Veamos.
La economía mundial no es “libre”. Es administrada, controlada y
regulada por los Estados Nacionales más poderosos (G-7), por
medio de los organismos multilaterales a su servicio: Fondo
Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y Organización
Mundial del Comercio (OMC). Estos imponen el credo neoliberal y
las políticas del Consenso de Washington, en provecho de 300
mega corporaciones trasnacionales (ET), que controlan una cuarta
parte de la economía planetaria y son las auténticas
beneficiarias de la globalización neoliberal.
El comercio internacional tampoco es “libre”. Está regulado por
la OMC y una red de tratados y acuerdos que lo hacen injusto y
expoliador para los países del Sur. Y más que “internacional”,
realmente es intrafirma, pues una tercera parte del mismo,
corresponde al mero intercambio entre filiales y “casas
matrices”, de las 300 ET que operan en todo el mundo con las
menores restricciones legales posibles. De ésta manera, se
convierten en centros de poder económico paralelo al poder
político de los Estados Nacionales.
El evangelio del “libre comercio” es la fábula neoliberal que
pretende legitimar el capitalismo salvaje imperante. En él, una
tercera parte de la población mundial agoniza en la pobreza,
mientras que, Estados Unidos, Europa y Japón entregan todos los
días, mil millones de dólares en subsidios a sus agricultores,
argumentando que ellos no se pueden mantener en el negocio,
compitiendo con los campesinos de los países pobres, que
trabajan por 1 dólar diario. Estos subsidios permiten a las E.T.
originarias de dichos países, inundar los mercados de cereales,
y venderlos ventajosamente a un precio inferior a los costos de
producción de los empobrecidos agricultores tercermundistas.
Como si esto fuera poco, los países del Centro practican el
proteccionismo en contra de las materias primas y productos
semielaborados que exporta el Sur. Simultáneamente, predican e
imponen la apertura económica y el “librecambio” en la
periferia, que obligada a importar del Norte bienes de capital,
productos industriales y servicios de alto valor agregado
tecnológico, se precipita, por la vía del comercio injusto,
hacia un asfixiante endeudamiento externo que la sepulta en el
subdesarrollo.
La libertad de mercado es la de la “zorra en el gallinero”, y el
gobierno colombiano, esperanzado en ella, se empeña en firmar un
T.L.C. cohonestando el proceso iniciado en 1994 por Estados
Unidos, cuando firmó el NAFTA (T.L.C. E.U.-México-Canadá).
Seguidamente, la potencia norteamericana convocó la Cumbre de
las Américas en Miami, para crear un área de “libre comercio”
(ALCA) desde Alaska hasta la Patagonia, con el propósito de
perpetuar en todo el continente, los privilegios que sus ET, ya
habían obtenido en el NAFTA.
Este proceso y su retórica librecambista, fueron afectados por
el fracaso de la Cumbre de la OMC (Cancún/septiembre/2003) en la
que Estados Unidos, La Unión Europea y Japón, incumplieron los
compromisos pactados en la Conferencia Ministerial de Doha
(Qatar 2001), para quitar sus barreras proteccionistas y reducir
los subsidios internos a su agricultura. Sin embargo, exigieron
a los países del Sur, apertura y “libre mercado” en áreas
vitales que no son comerciales (servicios, propiedad
intelectual, inversión extranjera, compras del sector público,
derechos laborales y medio ambiente), pero sí claves para la
rentabilidad y el desarrollo estratégico de las ET, que
monopolizan las tecnologías de punta. En contra de este
despropósito, se levantó una coalición de 20 países del Sur
(G-20), con una propuesta alternativa que condicionaba el
abordaje (de por sí lesivo) de los temas “no comerciales”, a la
disminución de los subsidios agrícolas. Como los poderosos no la
aceptaron, la Cumbre de Cancún fracasó, y pocos días después,
Colombia, obedeciendo a EU., se retiró del G-20.
La discusión del “borrador” del ALCA continuaba a puerta cerrada
en Reuniones Ministeriales, asesoradas por los abogados de las
ET. Además se incrementaba la protesta continental contra el
proyecto, lo que obligó a que, en la Reunión de Puebla (Febrero
de 2004), se intentara, apresuradamente, concretar su firma.
Este evento también fracasó, porque los EU tampoco aceptaron
desmontar, en el ALCA, los subsidios internos a su agricultura,
argumentando que este tema debía tratarse en la OMC, y
rechazaron la propuesta alternativa de Mercosur, solicitando
compensaciones para los países perjudicados por dichos
subsidios.
En consecuencia, EU procedió a desplegar su plan B para
reconstruir el ALCA: firmar TLCs bilaterales con grupos de
países famélicos. En este tipo de acuerdo, EU, en virtud de su
desproporcionado poder de negociación, obtendrá mejores
resultados para su interés nacional, que los que hubiera podido
lograr en una negociación multilateral o regional. El gobierno
colombiano, dócilmente, acoge la nueva estrategia
norteamericana, se dispone a firmar un T.L.C., a marchas
forzadas, sin contar con los estudios necesarios y suficientes,
y entrega así lo poco que nos queda de soberanía nacional y
mercado interno.
El T.L.C. Estados Unidos – Colombia, ni es “libre” ni es de
“comercio”, limita la soberanía nacional para definir
estrategias de desarrollo económico, construcción de democracia
y estado social de derecho. Afecta negativa e irremediablemente
áreas vitales para nuestro desarrollo económico, social y
cultural, y fija normas que van mucho más allá de las
establecidas en la OMC (que Colombia acata plenamente) en temas
que no son de comercio, y harán metástasis en todo el organismo
social. En realidad, se pretende imponerle a Colombia una
legislación sobre toda su actividad económica, desvalorizando el
interés nacional.
Hay muchas razones para sustentar la tesis anterior. Examinemos
algunas sobre temas que afectan en forma directa, vitales
intereses nacionales:
1. En el sector agrícola, significa el desmonte de los precarios
mecanismos de protección que aún subsisten, y el sometimiento a
la competencia implacable de las importaciones masivas de
alimentos subsidiados y productos agrícolas transgénicos. Esto
arruina cultivos y empleos, destruye la seguridad alimentaria y
generaliza la pobreza rural. Además, genera la especialización
en la producción de frutas exóticas, flores, materias primas y
otros productos sin mayor elaboración y poca demanda externa.
Las ET comercializadoras que controlan en promedio, el 80% del
mercado mundial de granos, semillas e insumos agroquímicos,
utilizarán su poder de fijación de precios, no para beneficiar a
los consumidores finales, sino para destruir el agro colombiano.
La especialización del país en materias primas y productos
agrícolas de bajo valor agregado, similares a los producidos por
la mayoría de países del Sur, contribuirá a inundar los mercados
y deprimir sus precios. En consecuencia, se deteriora el ingreso
de los trabajadores agrícolas.
2. Se agrava la situación de la industria nacional con el
proceso de destrucción de pequeñas y medianas empresas (Pymes).
La intervención estatal, para fomentarlas con las compras del
sector público, será considerada “competencia desleal” con la
inversión extranjera, ungida como el soporte básico de cualquier
proyecto de industrialización. En el mejor de los casos, el
Estado Colombiano sólo podrá apoyar la creación de algunas
plantas de ensamblaje (maquiladoras) que, con insumos importados
y mano de obra barata, se dediquen a exportar. Estas maquilas
proporcionarán, preferentemente a las mujeres, trabajo rutinario
en condiciones infrahumanas, sin ninguna clase de seguridad
social. De ésta manera, se incrementa la feminización de la
pobreza sin compensar la pérdida de empleo, causada por la
desindustrialización y el recorte de la actividad estatal.
3. Para intentar competir en el mercado internacional con mano
de obra barata, se desconocen derechos adquiridos de los
ciudadanos colombianos en favor del “inversionista extranjero”.
Este último será considerado el primer sujeto de derecho, y en
caso de medidas gubernamentales regulatorias que afecten sus
hipotéticas ganancias futuras, podrá demandar inmediatamente al
Estado Colombiano ante tribunales internacionales ad-hoc. Dichos
tribunales dirimirán el conflicto, tomando en consideración la
letra menuda del TLC por encima de nuestra Constitución
Política. Por tanto, continuará la “flexibilización laboral”:
negación de prestaciones sociales y garantías de organización
para los trabajadores y desaparición del contrato individual y
colectivo de trabajo.
4. Se eliminan los “subsidios” de servicios públicos, educación,
salud, transporte y consumo de bienes esenciales, y se limita la
intervención estatal a un papel asistencialista sobre los más
pobres de los pobres. La construcción de vivienda popular, y la
administración de hospitales e instituciones de educación
pública, serán entregadas al sector privado, con ánimo de lucro;
de este modo se producen elevación de tarifas y disminución de
cobertura. Los servicios públicos se privatizan en gran medida,
generando inmensas ganancias a las ET que, sin crear un solo
empleo, se apoderan de sectores estratégicos como transporte,
turismo, comunicaciones, seguros, banca y finanzas, generación
de energía, acueductos, tratamiento y recolección de basuras.
5. Al fijar normas de protección a la propiedad intelectual de
las ET, superiores a las ya establecidas por la OMC en el
Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el comercio (ADPIC), se les garantiza el monopolio
científico – tecnológico, y se abre la posibilidad de que la
biodiversidad y el saber ancestral popular sean patentados en
beneficio de tales empresas. Otorgar a las ET nuevos derechos de
propiedad intelectual (extensión de las patentes por más de 20
años, patentamiento a desarrollos triviales sobre sustancias
conocidas y a segundos usos, protección a los datos del registro
sanitario, limitación a licencias obligatorias y prohibición de
importaciones paralelas), significa: 1) impedir el acceso de
amplios sectores de la población a medicamentos genéricos
baratos y 2) desconocer lo acordado en la Declaración de Doha
(Qatar, 2001): “en caso de conflicto entre los derechos de
propiedad intelectual y la salud pública, prevalece esta
última”. Esta Declaración es parte integral de los derechos y
obligaciones de los países miembros, como EU y Colombia. Sin
embargo, el TLC antepone los intereses de las ET farmacéuticas,
al derecho a la salud y la vida de los colombianos e impone
normas ADPIC–PLUS, y el patentamiento de métodos de diagnóstico,
terapéuticos y quirúrgicos para humanos y animales, así como el
de formas de vida superiores a los microorganismos.
6. El legado de la medicina indígena corre peligro de ser
arrasado, porque se pretende conceder patentes a elementos y
procedimientos que son parte de la Naturaleza y de la Cultura
Universal. Una universidad norteamericana ha patentado una
especie de ratón, indispensable para investigar sobre cáncer, y
cualquiera que pretenda utilizarlo, deberá, obligatoriamente,
pagar derechos de “autor”. Similarmente, una ET posee la
“patente” de una variedad de fríjol, que desde hace milenios se
cultiva en México. Los investigadores y científicos de las ET
han invadido tribus y comunidades indígenas del continente, para
saquear sus saberes tradicionales y patentarlos, incluyendo
leves cambios genéticos en las plantas. También está en peligro
el futuro de nuestro patrimonio cultural, porque se abre la
posibilidad de que el apoyo del Estado a actividades artísticas,
cine, radio, televisión e industria editorial, sea impugnado
como contrario al “libre comercio” y a los “derechos de autor”,
consagrados en el TLC.
7. El sistema público de educación superior es reformado para
adaptarlo a las nuevas condiciones del “libre mercado”. Esto con
el fin de dar participación a instituciones educativas privadas
extranjeras, que se instalarán en el país, unas “virtuales“ y
otras en las modalidades presencial y semipresencial. Se avanza
en la “autofinanciación” de las universidades públicas, puesto
que, en el marco del TLC, su financiación estatal es considerada
un “subsidio” que distorsiona el mercado, y estimula la
competencia “inequitativa” y “desleal” con las ET educativas.
Estas, apoyadas en los derechos de compensación negociados en el
tratado, podrán demandar ante tribunales internacionales, y
exigir altas indemnizaciones para “reparar el daño”. Se
incrementa el modelo de créditos académicos, uniformización de
currículos y homologaciones entre universidades nacionales y
extranjeras para facilitar la libre movilidad de los alumnos
“clientes”, quienes con flexibilidad y sin restricción, podrán
comprar créditos en un “mercado libre”, en desmedro de las
carreras semestralizadas de alta calidad académica. Este modelo
de mercado educativo orienta las universidades públicas hacia
una docencia caótica, en competencias básicas, cuyo objetivo es
calificar mano de obra técnica y barata con el criterio: “la
educación es viable en la medida en que es útil, y es útil, si
es competitiva y pertinente en el mercado laboral”. Este
criterio marcará la tendencia hacia la desaparición de programas
académicos humanísticos y científicos, propiciando una educación
“superior” privatizada, reduccionista y apartada de la cultura
nacional.
En realidad, el TLC Estados Unidos–Colombia es el complemento
necesario de los programas Neoliberales de Ajuste Estructural y
Apertura Económica, implantados en Colombia desde 1990, con el
objetivo de garantizar la incorporación del país a la
integración continental, auspiciada por EU. Definitivamente el
TLC limita nuestras posibilidades de desarrollo autónomo con
democracia y estado social de derecho.
Agricultura y TLC
El tema es de la mayor importancia para Colombia porque está
claro que nuestro conflicto armado hunde sus raíces en el campo,
por lo cual la desestabilización de sectores agrícolas o
pecuarios tiene efectos no sólo en la economía, sino también en
la guerra interna que queremos terminar.
Lo primero que debemos anotar es que la posición inicial del
Gobierno y la oposición tienen el mismo mensaje. Hay un mensaje
común que considera sumamente sensible el sector y plantea que
si no se consigue una negociación satisfactoria en la materia,
el tratado no se debe firmar.
Sin embargo, las preguntas que siguen nos alejan. La primera,
¿se puede conseguir una negociación satisfactoria en la mesa de
agricultura? Y la segunda, ¿ese acuerdo parcial puede compensar
las concesiones que el país va a hacer en otras áreas, tales
como propiedad intelectual, telecomunicaciones y otros? El
Gobierno cree a todo que sí. Nosotros, que no.
Tomemos la situación de algunos productos de la mesa del sector
rural. En trigo, Estados Unidos aspira a una desgravación
inmediata, lo cual choca con la situación de 25.000 familias
productoras minifundistas de Nariño, Boyacá y Cundinamarca, que
se quebrarían de inmediato. Ahí está lo valseado, como dicen en
Cali. El Gobierno parece dispuesto a entregar esa desgravación
inmediata a cambio de conseguir concesiones para otros
agricultores. Y a las 25.000 familias pobres, ¿quién podrá
defenderlas? Producen solo el 7% de la demanda interna de trigo.
¿No es justo defenderlas? ¿O es mejor, parafraseando a Rudy
Hommes, que salgan del mercado por ineficientes y mejor
compremos trigo barato para abaratar el pan, aun a costa de que
esas familias no puedan comprarlo? ¿Las metemos en el incierto
terreno de la agenda interna para que busquen otra alternativa
productiva? Ya se hizo hace 10 años con la cebada, y los
resultados son desalentadores.
Los ejemplos del azúcar y el trigo son sólo dos de muchos otros
donde ya es claro que entre el dicho y el hecho de lograr un
acuerdo satisfactorio, empieza a verse el trecho.
TLC y Propiedad Intelectual: Biodiversidad en Riesgo
¿Cómo admitir que se puedan adquirir derechos de propiedad sobre
plantas y animales, como si fueran inventos de alguien, cuando
son el resultado de procesos naturales? Pues eso es lo que EE.UU.
plantea en el TLC que negocia con el Perú, Colombia y Ecuador,
tres de los países con mayor biodiversidad del planeta.
Aunque el texto presentado por las autoridades de la Oficina de
Comercio de los EE.UU. a los gobiernos de los tres países
andinos se mantiene bajo estricta reserva, el diario colombiano
"El Tiempo" publicó lo que sería el artículo 8 del capítulo
sobre propiedad intelectual de la propuesta norteamericana.
Según esta publicación, el texto dice: "Cada parte (cada país
que firme el TLC) deberá permitir las patentes para las
siguientes invenciones: a) plantas y animales, y b)
procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos para el
tratamiento de humanos y animales".
Hasta el momento, las autoridades de los países andinos no han
desmentido el texto. Más bien, lo han confirmado tácitamente al
reconocer que EE.UU. plantea condiciones que van más allá de los
acuerdos sobre propiedad intelectual y patentes establecidos en
la OMC. El jefe negociador peruano, viceministro Pablo de la
Flor, ha reiterado que en la mesa de negociaciones se defenderán
los derechos de propiedad intelectual; no sólo los intereses de
EE.UU., sino los intereses peruanos vinculados a nuestra
biodiversidad, a los conocimientos tradicionales de las
poblaciones nativas y a la salud pública, de acuerdo con las
normas de la OMC.
Pero el riesgo es que, al final, en la mesa de negociaciones se
cedan posiciones en este tema, a cambio de recibir mayor
apertura del mercado estadounidense para algún rubro exportador
andino. Así también lo reconoce Manuel Ruiz, profesional de la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en la siguiente
entrevista.
Propiedad sobre materia viva
En el tema de propiedad intelectual, ¿cuál es el planteamiento
de EE.UU.?
En este tema, y específicamente en lo que son patentes de
invención, EE.UU. trata de conseguir que sea posible patentar
materia viva, componentes de material biológico, e
indirectamente -aunque en algunos casos muy directamente-
conocimientos de pueblos originarios, que pudieran estar
asociados a la biodiversidad.
Cuando dice materia viva, ¿se refiere a plantas y animales?
Estamos hablando de plantas y animales, y de componentes de
animales, ya sean células, proteínas, secuencias de ADN, todo lo
que uno pudiera imaginar que forma parte de plantas, animales,
microorganismos. Y en este campo no hay que olvidar que
Colombia, Ecuador y Perú, más Bolivia y Venezuela, están entre
los diez países de mayor biodiversidad del planeta
¿Hay antecedentes de otros TLC firmados por EE.UU. en los que se
haya incluido esa condición?
Sí, en realidad, los antecedentes que tenemos son los TLC de
EE.UU. con Chile y Centroamérica, en los que EE.UU. ha logrado
imponer sus posiciones sobre este tema. Por ejemplo, en el caso
de Chile, le han impuesto la posibilidad de patentar plantas,
algo que la legislación chilena no contemplaba anteriormente
En el marco de los acuerdos sobre derechos de propiedad
intelectual adoptados en la OMC, ¿es posible patentar, es decir,
adquirir derechos de propiedad sobre plantas, animales y
material genético en general?
A nivel de la OMC, el acuerdo que regula la propiedad
intelectual, y específicamente las patentes de invención, es el
TRIPs (por sus siglas en inglés), el cual da cierta
flexibilidad, dado que los países conservan la facultad de
excluir las patentes sobre animales y plantas.
Sin embargo, lo que EE.UU. trata de hacer es imponer lo que
algunos denominan un "TRIPs plus", es decir, ir más allá de los
estándares internacionales, precisamente para patentar
directamente lo que son animales, plantas y sus partes
componentes.
En realidad, la manera como opera el sistema de propiedad
intelectual, en términos conceptuales, es que lo que ya existe
en la naturaleza no se puede patentar, de modo que una planta o
un animal no son patentables; eso es, en términos teóricos. Lo
que ocurre es que la manera como interpretan esto en EE.UU. es
que si se le hace alguna modificación a la planta, animal o
microorganismo, esa modificación lo convierte en algo nuevo, y
bajo esa interpretación asumen que se trata de una invención
perfectamente patentable. Lo mismo ocurre con los componentes de
las plantas o animales. Si uno aísla un gen, el argumento que
darían los norteamericanos sería que este gen no existe en
estado aislado, sino que se trata de "un invento" -entre
comillas- y por eso se puede patentar.
Los conocimientos colectivos
Los norteamericanos también estarían planteando que se
reconozcan patentes sobre procedimientos diagnósticos,
terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de humanos y
animales. ¿Involucra esto a los conocimientos acumulados por las
poblaciones campesinas respecto de los atributos medicinales y
nutritivos de determinadas plantas?
Efectivamente, lo que en la práctica ha venido ocurriendo en
EE.UU. y algunos otros países industrializados es que muchas de
las patentes sobre material biológico se derivan de procesos de
investigación que utilizaron conocimientos de pueblos
originarios, lo que llamamos la "biopiratería". Y esto ha
generado justificada reacción de estos pueblos y distintas
organizaciones que nos oponemos a que se otorguen este tipo de
patentes, ya que las empresas que las obtienen adquieren el
derecho exclusivo para comercializar semillas o los productos
procesados. De lo contrario, la empresa puede enjuiciarte para
que dejes de utilizar la semilla, demandarte por daños y
perjuicios y solicitar una compensación económica.
Las patentes sobre maca
Hace cerca de dos años se denunció que la empresa estadounidense
Pure World Bothanicals había patentado extractos de maca (ver
LRA 38). Desde entonces, el Indecopi, en alianza con empresas y
organizaciones privadas, inició un estudio técnico legal que
incluyó la contratación de abogados norteamericanos para
analizar las características de las patentes y determinar qué
tipo de acción administrativa y legal iniciar contra dichas
patentes. "Ha sido un largo proceso de más de año y medio, pero
había que realizar el estudio, porque iniciar acciones en EE.UU.
es muy costoso", señala Manuel Ruiz, de la SPDA
En el tiempo transcurrido, las patentes de la empresa Pure World
Bothanicals no han impedido exportar maca a los EE.UU.,
felizmente, pero ello obedece a que la empresa aún depende de la
maca sin procesar que adquiere del Perú. Sin embargo, persiste
el riesgo de que se bloquee la posibilidad de que empresas
peruanas exporten maca procesada.
De acuerdo a lo que se nos informa, el Indecopi recién estaría
en condiciones de impugnar la patente de la empresa
norteamericana, y ese es un proceso que puede durar años.
Información publicada en: La Revista Agraria Año 5 Nº 55, junio
de 2004, es una publicación del Centro Peruano de Estudios
Sociales - CEPES y se distribuye gratuitamente a nivel nacional
con el diario La República el último miércoles de cada mes
Políticas de competencia
¿Qué significa "la política de competencia" y que se ha
negociado sobre el tema?
Los agentes económicos que acuden a un mercado a ofrecer bienes
y servicios pueden hacerlo compitiendo en ese mercado o haciendo
acuerdos con los competidores para evitar la competencia. Estas
son formas tradicionales de lo que se denominan prácticas
anticompetitivas. Y los remedios con que se cuenta para
combatirlas esas prácticas son las políticas de competencia.
Así pues, por política de competencia se entiende el conjunto de
instrumentos con que se cuenta para que haya verdadera
competencia en los mercados.
Los elementos esenciales que hay en el Capitulo de Competencia
que se esta negociando con los Estados Unidos son:
• Obligación de contar con normas de competencia y autoridades
que las apliquen
• Autonomía para desarrollar y aplicar política de competencia
de cada parte
• Cooperación entre agencias de competencia
• Transparencia en materia de política de competencia
• Disciplinas para Monopolios Designados y para Empresas del
Estado
Educación en peligro
Hay sectores de la educación superior que manifiestan temores
con relación a lo que ocurrirá con este sector en la negociación
del TLC. Les preocupa que las instituciones ‘gringas’ sustituyan
a las universidades locales, porque cuentan con más recursos,
mejor tecnología y fortalezas en investigación. No tienen razón.
Pocas cosas en el entorno de la educación van a cambiar con el
tratado y las que cambien deben redundar en mejoras para el
sector y para la sociedad. En especial para esta última cuyos
intereses son los que deben prevalecer. En fin de cuentas el
acceso a la educación es un componente básico de la igualdad de
oportunidades en el punto de partida, y el generador principal
del capital social indispensable para sustentar el crecimiento
económico.
En Colombia no hay restricciones a la inversión extranjera en el
sector educativo. Hoy en día si una universidad de cualquier
país quisiera entrar a Colombia podría hacerlo; desde luego,
tendría que someterse a los procedimientos establecidos por la
legislación para la creación de una institución y la obtención
de la licencia, constituirse como entidad sin ánimo de lucro y
seguir los procedimientos de aprobación de los programas de
educación. De igual forma, las entidades colombianas de
educación superior pueden hoy invertir en el exterior, como lo
demuestra el caso de la Unad en la Florida (primera universidad
latinoamericana reconocida por el Florida Department of
Education).
La competencia internacional en el sector educativo existe hoy
bajo tres modalidades: las alianzas entre universidades
colombianas y extranjeras en múltiples áreas; las ofertas de
cursos de formación a distancia; y la formación de estudiantes
colombianos de pregrado y postgrado en universidades del
exterior. También es claro que en el caso de formación en el
exterior es necesaria la convalidación de los títulos, como
requisito para el ejercicio profesional en Colombia, salvo en
los casos en los que se tienen convenios de reconocimiento mutuo
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GUILLERMO SABBAGH