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Nuestros Objetivos
Estas son propuestas que consideramos razonables
como punto de partida. Sin entrar ahora en particularidades propias de cada destino o jurisdicción, recogen aspectos que nos afectan a la mayoría, por
no decir a todos. No pedimos nada imposible ni extraordinario, simplemente lo que merecemos por el
desempeño de nuestras funciones y la asunción de responsabilidades, en muchas ocasiones más allá de lo que el
propio Reglamento nos exige.
Auténtica conciliación laboral-familiar de los funcionarios Salud laboral real en los centros de trabajo Debido respeto al funcionario y defensa de nuestra profesionalidad Encuesta de calidad anónima para conocer el estado real de la Justicia Fin de los agravios laborales entre CC.AA. Concursos de traslados anuales, de ámbito nacional, con resultas Fomentar las sustituciones entre titulares Unidad de acción sindical ante las próximas oficina judicial y RPTs Fin de la pérdida de capacidad adquisitiva de nuestro sueldo Módulos de los jueces y productividad de los secretarios Aumento progresivo del sueldo base y reducción de complementos Transparencia, información, comunicación, compromiso, seriedad Renuncia sindical a depender financieramente de la Administración, central o autonómica Abandonar la subordinación a lo políticamente correcto Otras cuestiones Conclusiones
Confiamos que los actuales sindicatos, cuya obligación primera consiste en proteger nuestros intereses, las
hagan suyas y las defiendan ante la Administración, como es su responsabilidad, con
energía y compromiso.
No queremos más buenas palabras y mejores intenciones:
queremos hechos que las avalen.
Auténtica conciliación laboral-familiar de los funcionarios
Salud laboral real en los centros de trabajo
Debido respeto al funcionario y defensa de nuestra profesionalidad
Encuesta de calidad anónima para conocer el estado real de la Justicia
Fin de los agravios laborales entre CC.AA.
Concursos de traslados anuales, de ámbito nacional, con resultas
Fomentar las sustituciones entre titulares
Unidad de acción sindical ante las próximas oficina judicial y RPTs
Fin de la pérdida de capacidad adquisitiva de nuestro sueldo
Módulos de los jueces y productividad de los secretarios
Aumento progresivo del sueldo base y reducción de complementos
Transparencia, información, comunicación, compromiso
Renuncia sindical a depender financieramente de la Administración, central o autonómica
Abandonar la subordinación a lo políticamente correcto
Otras cuestiones
Conclusiones
No se puede predicar en
público la necesidad de que las empresas privadas promuevan la conciliación de la vida laboral y personal
de sus trabajadores y a la vez negárselo a los empleados públicos. Pedimos las 35 horas semanales para todos
los funcionarios de justicia, que ya disfrutan funcionarios de otras administraciones.
La reducción de un tercio de la jornada con sueldo íntegro durante el primer año de vida de un hijo y otras
medidas similares deben ser un primer paso nada más.
Funcionarios de otras Administraciones cuentan con servicio de guardería propio. ¿Por qué
otros Ministerios pueden y el nuestro no? De no ser posible su creación deberían establecerse
subvenciones que paliaran esta necesidad, con independencia de la mejora de las actuales ayudas sociales.
Aumentar el horario de atención al público en hora y media es una medida electoralista que en nada
beneficia a la Administración de Justicia, más bien agravará el retraso existente. Todos, menos los políticos (y parece que también los sindicatos),
sabemos que es fuera de ese horario cuando se realizan tareas imposibles de llevar a cabo mientras se atiende
y dispensa una adecuada atención a los ciudadanos.
Arriba
La salud laboral es algo más que adoptar
una postura correcta al sentarse ante el ordenador o descansar equis minutos cuando se lleva cierto tiempo
trabajando con el ordenador.
¿Algunos problemas? Ausencia de luz natural, secciones diminutas en las que
falta el espacio, edificios antiguos rodeados de mallas protectoras para proteger a los transeúntes de los
posibles cascotes, dependencias mal acondicionadas en las que se pasa frío en invierno y calor en verano,
insuficientes medidas de seguridad que pueden poner en cuestión la integridad física de los funcionarios, etc.
Necesitamos un entorno laboral adecuado y con unas condiciones dignas para poder desarrollar con
eficacia nuestro trabajo. Además, esas condiciones denigratorias no sólo nos afectan y en algunos casos son
causa de bajas, sino que ofrecen una imagen negativa de la Administración de Justicia a los ciudadanos.
Arriba
Aunque parezca paradójico pedir algo tan elemental, muchas veces se echa en falta más respeto
hacia nosotros por parte de nuestros superiores. Empezando por el Gobierno actual, que se niega
a respetar los acuerdos firmados con el Ejecutivo anterior, tanto el Ministerio como las
Administraciones autonómicas con competencias son especialistas en culpabilizar a los funcionarios de todos los
males de la Justicia, falseando la realidad, deslizando sibilinamente a la opinión pública que los causantes del
perenne retraso que nos aqueja somos los funcionarios y sólo nosotros. Olvidan, intencionadamente,
que son ellos quienes toman las decisiones y distribuyen los medios humanos y materiales. Olvidan,
así mismo, a Jueces y Secretarios, como si estuvieran, al igual que los políticos, por encima del
bien y del mal, y no fueran también partícipes del estado actual de la Justicia, tal vez
incluso en mayor medida que nosotros dada su posición preminente.
De igual manera, es lugar común acusarnos de un elevado índice de absentismo, poniendo en
entredicho nuestra profesionalidad. Según estudios médicos, la depresión y el estrés
afectan a millones de españoles. A nadie le gusta estar enfermo y culpabilizarnos por ello resulta ruin y
malevolente, máxime cuando la propia Administración, por acción u omisión, propicia que
ésa y otras enfermedades encuentren en los juzgados un adecuado caldo de cultivo.
Algunos Jueces y Secretarios hacen de la prepotencia y la mala educación su forma de relación
con sus subordinados, algo de todo punto improcedente y que merece un correctivo por parte
de sus superiores. Cuando esa
actitud se agrava y se convierte en acoso o mobbing al funcionario, todo el peso de
la ley debe caer sobre el abusador. Estos comportamientos no pueden excusarse ni tolerarse y
menos en la Administración de justicia, encargada de velar por los derechos de los ciudadanos.
Arriba
La famosa "auditoria de gestión" que ha llevado a cabo el Departament de Justícia de la Generalitat es una burda tapadera para dedicarse a
controlar los horarios de los funcionarios. Un "estudio" más, parcial y torticero, conducente a otras
medidas electoralistas y mediáticas del Departament: reducción y redistribución de personal, e implantación
de la jornada partida a medio plazo, etc.
Lo prioritario era y es analizar, juzgado por juzgado, su estado real para conocer a ciencia cierta cuáles son sus
necesidades, sus carencias, lo que funciona bien y lo que está fallando, con la participación directa de los
funcionarios (no sólo del Secretario y el Juez), sin represalias por destapar la verdad. Así será cómo se mejore auténticamente
la Administración de Justicia, conociéndola a fondo, no desde la teoría y desde los bonitos despachos de los políticos.
Nadie dice que sea fácil. Requiere tiempo, dinero, interés y compromiso, pero es absolutamente imprescindible
si pretendemos conseguir cambios a mejor duraderos, y no simples parches como hasta ahora que lo único que consiguen es
retrasar el inevitable hundimiento del barco de la Justicia.
El diseño de la nueva oficina judicial requiere de la participación de los funcionarios, parte fundamental en todo el
proceso judicial. La visión de magistrados y secretarios es necesaria, pero insuficiente por sí sola. Si no se cuenta
con nuestra opinión profesional, esta nueva organización (con las consecuentes RPTs) nacerá viciada de origen, será
ineficiente y demostrará que el bonito discurso sobre modernización de la Administración de Justicia es una tapadera
para justificar la reducción de personal y convertirnos en meros automátas de esos masificados servicios comunes
convertidos en "cadenas de producción" judiciales. Así la Justicia no funcionará mejor, sino todo lo contrario.
Arriba
Resulta difícil de entender y aún más de justificar que compañeros de unas CC.AA., por desempeñar
idénticas tareas y ostentar similar responsabilidad, cobren bastante más que los de otras, no tengan que
fichar, puedan disfrutar de la jornada semanal de 35 horas o cuenten con más días de vacaciones.
Con tales diferencias ni se motiva ni se estimula al funcionario. Si todos tenemos las mismas obligaciones,
¿cómo justificar que tengamos diferentes derechos dependiendo del territorio donde trabajemos? No puede permitirse la existencia
de funcionarios de primera y de segunda clase.
Debe ponerse fin a la política de míninos económicos,
materiales y humanos que nos imponen desde la Administración. La Justicia no funciona ni funcionará mediante
bonitos discursos políticos, sino con hechos concretos, y uno de ellos, y bien elocuente además, consiste en
eliminar discriminaciones tan flagrantes como las descritas.
Lógicamente, se trata de acercar posiciones al alza, hasta alcanzar progresivamente la situación existente en las
CC.AA. más generosas con sus funcionarios de Justicia.
Arriba
Resulta incomprensible e inaceptable que existan plazas (muchas) que nunca salgan a concurso, alimentado la
sensación de amiguismo, impropia en la Función Pública y que vulnera los derechos de los funcionarios titulares,
muchos en destinos fuera de su comunidad mientras que quienes no aprueban las oposiciones pueden trabajar al
lado de su casa. Resulta muy preocupante el desinterés sindical en este aspecto, ya que se están quebrando los
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad consagrados en el art. 103 de la Constitución.
Es inconcebible que en destinos como instrucción, fiscalía o servicios comunes, por ejemplo, hayan plazas ocupadas por interinos cuando
deberían ser cubiertas por titulares en comisión de servicios hasta que salgan a concurso. De igual manera,
los refuerzos y las comisiones de servicios no se crearon para que se eternizaran en el tiempo; si son
plazas necesarias deben consolidarse y ofrecerse en concurso.
Será injusto que, como parece, en las
dos próximas convocatorias de nuestras oposiciones en las que los interinos recibirán
puntos, se prime por encima de todo la antigüedad, desechando en mayor medida, por ejemplo, otros valores
como haber aprobado ejercicios de convocatorias anteriores; de igual manera, ¿por qué no
se conceden también puntos a aquellos titulares que optan a la promoción a través del
turno libre?
Arriba
Hasta ahora se suele requerir a interinos para cubrir bajas de larga duración o situaciones análogas, impidiendo
así que los titulares del Cuerpo inmediatamente inferior, capacitados para cubrir esas plazas, acumulen méritos
para su futura promoción. Deben fomentarse las sustituciones entre titulares con la titulación adecuada, y que el interino sustituya
no al ausente sino al titular que lo sustituye. El titular sustituto ya tiene una experiencia contrastada para sustituir
a un compañero de su destino, ventaja que no puede alegar el interino. ¿Qué faltan hacen esos Oficiales
interinos cuando hay Auxiliares titulares capacitados para realizar la sustitución?
Además, debe acabarse con la discriminación de que los Agentes no puedan sustituir a los Auxiliares. Recordemos
que, salvo por la máquina, la oposición es muy similar, con lo que primar a un auxiliar interino en vez de a
un Agente titular es otro agravio comparativo que debe erradicarse. Es como decirnos que los Agentes titulares somos
más tontos que un Auxiliar interino que no ha aprobado la oposición (entre otras cosas porque nunca se
ha presentado a la oposición, que los hay y muchos).
Arriba
El diseño de la oficina judicial y la implantación de las RPTs va a definir el futuro del funcionamiento de
la Administración de Justicia. Por tanto, nos afectará y mucho cómo se lleven a cabo.
Respetando la independencia y la ideología política de cada organización sindical, es hora de aunar esfuerzos
y conseguir así el mejor resultado posible ante lo que se nos presenta como el futuro de la Justicia. Si no
defienden adecuadamente los intereses del conjunto de compañeros, difícilmente más adelante conseguiremos recuperar el
terreno perdido ante la Administración.
No queremos más excusas. Es hora de dejar de lado los intereses particulares, las bonitas declaraciones de intenciones,
y luchar hombro con hombro por los intereses de todos los compañeros, no sólo para el beneficio de uno u otro
sindicato. Si perdemos, perderemos todos, y la culpa no será exclusiva de la Administración sino también de
los sindicatos que no supieron o quisieron luchar por los intereses de todos los funcionarios.
Arriba
Subida anual del sueldo ajustado a la inflación real, no a la estimada por el Gobierno. Dado que
la estimada siempre se sobrepasa con largueza, debe establecerse una cláusula compensatoria automática que entre en
vigor con efectos retroactivos a 1 de enero de cada año para compensar el desfase y evite nuestra pérdida
de capacidad adquisitiva.
Es obligación de la Administración realizar una adecuada gestión de los fondos públicos. Estamos hartos de que
nuestros sueldos sean víctimas, año tras año, por culpa de su ineficacia, mala gestión y despilfarro.
Arriba
Otro agravio comparativo que sufrimos, en relación con otros colectivos de funcionarios, es el cobro de módulos por parte de los jueces, medida que no toma en
consideración a sus funcionarios. Si un juez cobra un extra por sobrepasar un determinado volumen de
trabajo, parece de sentido común que los funcionarios, sin cuyo concurso en todo el procedimiento hubiera sido
imposible superar los objetivos establecidos, también han de participar del premio económico.
Debe arbitrarse un sistema objetivo y riguroso para que esa mayor carga de trabajo realizada por los funcionarios sea reconocida
y recompensada de alguna manera (dichos módulos pueden ser un buen punto de partida). De lo contrario se incurre, una vez más, en la discriminación, en la
desmotivación del funcionario, además de alentar a aquellos magistrados que presionan indebidamente a sus
funcionarios con el exclusivo fin de ganar ellos más dinero. Además, debe reconocerse un complemento de
penosidad en determinados destinos como, por ejemplo, en los juzgados reconvertidos en especializados en
Violencia sobre la mujer.
Los secretarios también demandan el reconocimiento de un complemento de productividad,
existente en otras Administraciones. ¿Cuánto más tiempo seguiremos sin beneficiarnos de los
réditos económicos que otros perciben gracias a nuestro trabajo, y a quiénes nunca se les regatea dinero como
a nosotros?
Arriba
Con el futuro de las pensiones en tela de juicio, una parte muy considerable de nuestro sueldo se
abona en concepto de variados complementos, los cuales no se tomarán en consideración a la hora de calcular
nuestras pensiones de jubilación.
Debe establecerse un calendario para que, de forma progresiva y en un plazo razonable, esta descompensación
salarial se corrija. Nos jugamos nuestras pensiones, nuestra calidad de vida como jubilados.
Además, se debe reconocer en las pagas extraordinarias todas nuestras retribuciones, tanto el sueldo base
como el 100% de los complementos.
Arriba
Los sindicatos no pueden utilizar un doble lenguaje: hay que ser claro y meridiano. No deben decir medias verdades (dejémoslo ahí), flirtear en ocasiones con la demagogia, explicar una cosa
a los compañeros (porque eso es lo que quieren oír, y así se evitan problemas) y sostener otra cuando se sientan con la Administración.
Políticos y sindicalistas son eminentemente funciones resultadistas. Es decir, tanto consigues, tantos votos
ganas. Nuestros sindicatos llevan tiempo consiguiéndonos las migajas que les suelta la Admnistración, aunque
por sus declaraciones parece que vamos ganando algo y las cosas no van tan mal. Se referirán a ellos, los sindicatos, claro, no a nosotros, los funcionarios de a pie.
Tomar decisiones que afectan al conjunto de los funcionarios sin apenas contar con su opinión no es un
modelo democrático de funcionamiento y sólo sirve para ahondar las diferencias entre la mayoría, que no se
siente representada, y los poquitos que hablan en nombre de todos sin conocernos ni representarnos con la debida legitimidad moral.
Representar a los compañeros exige honradez y seriedad. El pasotismo y el desencanto que nos achacan es
consecuencia de desafortunadas actuaciones de algunos sindicatos que han minado su credibilidad y, de paso y
más grave aún, han instalado en muchos compañeros la sensación de que no hay nada que hacer y todo está
perdido. Nada más lejos de la realidad. Lo que sí es cierto es que debemos luchar por defender nuestros
legítimos derechos, desde el compromiso y la seriedad, ya que nadie nos regalará nada.
Arriba
Como premisa, los sindicatos deberían financiarse mayoritariamente a través de las cuotas de sus afiliados.
Aceptar subvenciones (en particular, las relativas a formación) de nuestros patrones públicos supone poner en cuestión la independencia necesaria para
defender hasta el final los intereses de los funcionarios. ¿En qué ayudan dichos fondos a la actividad sindical? Resulta obvio que la decisión política de aumentar
o disminuir dichos fondos se convierte en un arma decisiva que puede decantar el resultado de una negociación a
favor de los intereses de la Administración y que limita la autonomía sindical. Por ello,
entendemos que debería renunciarse a ese dinero, que en nada beneficia o
ayuda a una defensa adecuada de nuestros intereses, que es lo que únicamente pretendemos y que debería ser el principal objetivo de los sindicatos.
Mientras perduren, el importante volumen de fondos destinados a la formación a impartir por sindicatos requiere el control de una
auditoría externa que garantice el buen uso y el adecuado destino de los mismos. De igual manera, pedimos el
establecimiento de criterios objetivos y transparentes para la concesión de dichos cursos, poco publicitados
entre los funcionarios a los que supuestamente van dirigidos y concedidos con criterios desconocidos y poco
fiables para el conjunto de los compañeros, que pueden generar discriminación y falta de las mismas
oportunidades para todos.
Arriba
Mientras las acciones políticas y sindicales sean más efectistas que efectivas, estén más
preocupados de que sus actos se traduzcan en votos, nunca conseguiremos avances reales y
de fondo. La Administración toma medidas de gran calado ante las nuevas necesidades sociales,
como fue la implantación de los juicios rápidos o es la creación de los juzgados de violencia
sobre la mujer. Sin embargo, esas medidas pueden convertirse en un problema añadido, y no en una
solución, si no van acompañadas de una adecuada dotación de medios humanos y materiales.
De igual manera, no se asegura la igualdad ni se garantizan mejor los derechos de las
compañeras, mayoría entre los funcionarios, por abusar más de la terminología identitaria,
de la que hacen gala sindicalistas y políticos. La coletilla "trabajadoras y trabajadores"
si no es meramente electoralismo o afán por quedar bien, tampoco soluciona ninguno de los problemas existentes. Ellas seguramente
valorarían más que se les permitiera, por ejemplo, una adecuada conciliación de su vida laboral
y familiar. Menos gestos simpáticos y supuestamente "progres" y más hechos que los avalen, aunque no sean siempre populares (o populistas).
Querer quedar bien con todos y a toda costa no es un valor, sino un lastre sin sentido, más propio
de intereses partidistas que de una necesidad real. Ser políticamente incorrecto cuando es
necesario para que las cosas avancen no implica falta de respeto ni insensibilidad hacia los demás. Es,
simplemente, un ejercicio de realismo y responsabilidad.
Arriba
Existen otros aspectos a considerar que los desarrollados aquí y ahora. No significa que
no les demos importancia, sino que nos hemos centrado en reseñar los asuntos más relevantes.
De igual manera, cada jurisdicción y cada destino tiene sus propias particularidades, que
deberán tratarse y defenderse de la manera más adecuada en cada caso.
Es obvio, que, entre otros temas, defendemos delimitar los puestos de libre designación únicamente a
cargos muy concretos y de responsabilidad y en base a criterios objetivos y estrictos; garantizar la libre movilidad
sin limitaciones, como exigir experiencia en destinos similares; no a la movilidad forzosa; etc.
Arriba
Como decíamos en el inicio, no defendemos imposibles ni utopías. Lo que demandamos está dentro de los
parámetros del sentido común y lo razonable. Lo irrazonable e ilógico es perpetuar la situación actual, en
la que la rebaja, la minusvaloración y la falta de respeto hacia nosotros se ha convertido en tónica habitual,
ante la falta de respuesta efectiva por parte de los sindicatos a la intransigencia negociadora de la
Administración.
No podemos escudarnos en la comodidad o desmotivación de muchos funcionarios (por desgracia, comprensible en ocasiones,
y de la que, en gran medida, son causantes los sindicatos con sus políticas alejadas del sentir de los funcionarios), en la incapacidad o partidismo
de los sindicatos actuales, o en la fuerza apisonadora de la Administración para dejar que las cosas sigan como
hasta ahora (de mal en peor) y quedarnos de brazos cruzados. Así no se soluciona nada.
Es la hora de dar un paso al frente y hacer algo, aunque sea tan sencillo como dejar de callarnos lo que no nos gusta. Nosotros lo vamos a intentar y necesitamos vuestro apoyo.
Lo hacemos por todos: por los que creen en esta iniciativa y los que no, sin distinción alguna, pues en otro caso este
proyecto carecería de todo valor. Contamos con vosotros.
Es hora de hacernos oír. El futuro de tus derechos laborables, de tus condiciones de trabajo, están en juego. Tú decides.