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Los Jueces
crtican el trato.......
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Lunes, 9 de octubre de 2000 |
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Los jueces de paz critican el trato que les da
Justicia
BARCELONA.- Unos 50 jueces de
paz de Cataluña han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra
el Ministerio de Justicia por considerar «ofensivo» que la «ínfima»
asignación anual que perciben sea considerada como «sueldo» y computada
como tal en la declaración de la renta.
Con el apoyo de la Asociación Catalana en pro de la
Justicia, los jueces han interpuesto el recurso ante el Tribunal Contencioso
Administrativo de Barcelona.
Según informan en un comunicado, los jueces de paz
perciben por desarrollar su función una cantidad que oscila entre las 136.295
pesetas anuales, en poblaciones de menos de 2.000 habitantes, y las 408.879
pesetas anuales en poblaciones de más de 7.000 habitantes.
Los jueces de paz «aceptan realizar su tarea con una
percepción simbólica», dice el comunicado, pero no aceptan que a partir de
1999 esta cantidad sea conceptuada por el Ministerio de Justicia como un
sueldo y,como tal, compute en la declaración de la renta.
Según los jueces de paz «para considerar que se paga un
salario éste debería ser establecido en base al trabajo, la categoría y la
responsabilidad que realizan y sería necesaria la afiliación a la seguridad
social». Además, y según este criterio, debería pagarse como mínimo el
salario mínimo interprofesional.
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Se inicia
Programa de Actualizacion....
A NIVEL
NACIONAL Y DE MANERA PERMANENTE SE INICIA PROGRAMA DE ACTUALIZACION PARA JUECES
DE PAZ
Fiscalizadores, Jueces de Paz y personal de los
juzgados están integrados con entusiasmo a los trabajos de capacitación y
actualización.
En el marco del Programa de
Actualización de Magistrados del Ministerio Público que ejecuta el Comisionado
de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia se da inicio en noviembre
al Primer Programa de Actualización de Fiscalizadores, a nivel nacional.
El contenido del Programa
comprende seis módulos generales, de naturaleza teórica-práctica, que están
orientados a sentar una base común entre los fiscalizadores en los diferentes
departamentos judiciales y a crear un espacio para la reflexión de la actividad
cotidiana de los representantes del Ministerio Público en la aplicación de las
diferentes leyes que implican la jurisdicción del Juzgado de Paz.
A lo largo de los últimos
meses, con la implementación del Proyecto de Modernización del Despacho
Judicial de los Juzgados de Paz a nivel del Distrito Nacional, se ha puesto de
relieve la importancia que estos tribunales tienen en el tratamiento de una
amplia gama de problemáticas que afectan directamente a los ciudadanos.
El Programa de Actualización
de Fiscalizadores contribuirá a elevar la calidad del desempeño de estos
funcionarios, mediante una comprensión más cabal de su rol dentro del sistema
de justicia y el perfeccionamiento de sus habilidades, destrezas y aptitudes.
Los módulos tocarán aspectos
tales como: principios generales del derecho procesal; mandamientos dictados por
el Fiscalizador y su rol como oficial de la Policía Judicial auxiliar del
Fiscal; la investigación oficiosa, la acción pública y la acusación:
principios en los cuales se sustenta; incidentes, recursos, sentencias e
infracciones que debe conocer; y los delitos diversos que son conocidos en la
jurisdicción del Juzgado de Paz.
Esta actividad es parte del
Convenio del Comisionado con la Procuraduría General de la República, que
viene desarrollándose desde abril de 1998. El Director del Programa es el Dr.
Antonio León Sasso.
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Los
juzgados de paz valencianos ya .....
Los juzgados de Paz
valencianos ya están informatizados
La informatización forma parte del Plan de Justicia
de Paz
PANORAMA-ACTUAL. La
consellería de Justicia y Administraciones Públicas ha finalizado la
informatización de los juzgados de Paz de los municipios de la Comunidad
Valenciana con más de 7.000 habitantes, dentro del Plan de Justicia de Paz que
la Generalitat puso en marcha el pasado mes de abril.
El
conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Carlos González Cepeda,
manifestó que con este plan se pretende dotar de medios materiales y humanos a
los Juzgados de Paz con el fin de acercar la justicia al ciudadano y agilizar
los trámites.
El plan está
enfocado tanto para mejorar la atención del ciudadano como para satisfacer las
necesidades de quienes prestan sus servicios dentro de este primer escalón de
la organización judicial.
Carlos González
Cepeda señaló que el Plan de Justicia de Paz ha tenido una gran aceptación
por parte de los jueces de paz, ya que se les facilita el trabajo y también se
les ofrece la posibilidad de realizar cursos de formación.
El Plan de
Justicia de Paz contempla 24 medidas fundamentales que garantizan los medios
humanos y materiales necesarios para que los jueces de paz puedan desempeñar su
labor con eficacia.
Entre estas
medidas, destacan las relativas al capítulo de personal, como la elaboración
de un estudio de las plantillas de los juzgados de paz de la Comunidad y la
puesta en marcha de planes de refuerzo en los municipios turísticos que
entraron en funcionamiento desde el pasado 1 de abril.
El Plan también
prevé aumentar la plantilla, agilizar el nombramiento de interinos, sacar a
concurso las vacantes de los juzgados de paz, impartir jornadas y cursos
formativos y facilitar información sobre cuestiones que afecten al personal.
El plan, que estará
en funcionamiento durante toda la legislatura, se completará con la distribución
de libros con la legislación básica, y la normalización lingüística de los
formularios, entre otras medidas.
El conseller de
Justicia y Administraciones Públicas ha destacado que estas medidas están
facilitando el trabajo diario de los juzgados de Paz de la Comunidad Valenciana,
dado el volumen de litigios de algunos municipios como Burjassot, Alginet,
Benissa, Santa Pola y Alcora.
Dentro de este
Plan, la conselleria ha puesto en marcha una campaña de información que
consiste en el reparto de folletos y pósters en los 504 juzgados de Paz que hay
en la Comunidad Valenciana, 128 de los cuales son de Alicante, 130 de Castellón
y 246 de la provincia de Valencia.
González Cepeda
explicó que el objetivo de esta campaña de información es que el ciudadano
perciba los juzgados de paz como un servicio útil y muy cercano a él y que
conozca los servicios que presta, ya que en muchas ocasiones se desconocen sus
competencias, su ubicación o sus funciones.
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Capacitan en derecho a Jueces de Paz
Redacción
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Sesenta jueces de paz, de varias jurisdicciones del país, iniciaron ayer
una capacitación en la especialización del derecho penal, temática que
es impartida por dos españoles expertos en esa área. ³Se refiere a
aspectos relacionados con el Código Penal, como la imposición de una
pena a un delincuente condenado², dijo el español José María Casado,
director del proyecto de asistencia a los juzgados de paz. Sin embargo, la
parte general de la capacitación profundizará en el estudio minucioso de
los diferentes delitos y el manejo de estos en las manos de los jueces de
paz. Aunque la función específica de los jueces de paz, sea decidir si
una persona acusada de algún delito, deba seguir respondiendo por tal
imputación ante un juez de instrucción, también debe conocer los
principios de la responsabilidad penal, expresó María Casado. Los jueces
que finalizarán la capacitación el próximo sábado, serán sometidos a
una evaluación, ya que la Corte Suprema de Justicia, medirá el
conocimiento que estos adquirieron durante el curso. Los resultados son
archivados en los expedientes personales que cada juez. La misma
capacitación será impartida a jueces de paz, de la zona oriental, a
partir del 21 al 24 de este mes. Las temáticas son desarrolladas por los
expertos en derecho Angel Calderón y José Antonio Choclán, quienes
tienen una gran trascendencia en el conocimiento de legislación en España.
Uno de ellos es participe de un proceso penal de 10 mil folios, juicio que
durará dos años y es transmitido diariamente por una televisora local.
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Arzalluz, los jueces y
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Lunes, 26 de julio de 1999 |
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IMPRESIONES
Arzalluz, los jueces y el proceso de paz
Un sector importante de la
opinión pública española ha visto la sentencia del TC por la que se ha
excarcelado a los miembros de la Mesa de HB como una decisión politizada.
Aunque es verdad que, sobre todo en el País Vasco, pudo considerarse
igualmente politizado el fallo del Supremo condenándolos. En todo caso, las
interferencias de los políticos en el ámbito judicial son siempre
peligrosas. Por eso resulta inquietante e incluso arriesgado que el presidente
del PNV, Xabier Arzalluz, se dedique a mantener encuentros con algunos jueces
de la Audiencia Nacional, a los que les ha pedido que no «interfieran» en el
proceso de paz del País Vasco. Este no es el camino. El papel de los jueces
en la sociedad española no debe ser político, tienen que limitarse a aplicar
la ley. Y son los líderes de los partidos los que no deben interferir en la
Justicia.
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Los Jueces de paz....
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Sábado, 12 de diciembre de 1998 |
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Los Jueces de Paz verán los malos tratos
psicológicos
Aunque no son profesionales del
Derecho, el Congreso ha aprobado que puedan pronunciarse sobre las
amenazas de muerte, lo que ha suscitado críticas
IRENE HDEZ. VELASCO
MADRID.- Por la mañana, casa a una
pareja y, por la tarde, decide la suerte de una vecina que ha
denunciado a su marido por amenazas de muerte. No ha estudiado
Derecho, puede ser panadero de profesión, pero está facultado para
pronunciarse sobre una denuncia por malos tratos psíquicos.
Así lo ha decidido el Congreso de
los Diputados. Desde el pasado 11 de noviembre, muchas de las mujeres
que sufren violencia verbal, coacciones, injurias, vejaciones o
amenazas y se atreven a denunciar se las tienen que ver con un sujeto
que es profano en Derecho, que no ha estudiado leyes. Sus señorías
han aprobado modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los
jueces de paz puedan pronunciarse sobre este tipo de agresiones cuando
éstas se tramiten como faltas.
Es decir, en casi todos los casos.
Porque el 95% de las amenazas de muerte no se juzgan como delitos,
sino como faltas. Así que está modificación legal va tener una
trascendencia enorme.
Las agrupaciones feministas están
indignadas. «Esta medida es absolutamente trancendente en el
tratamiento institucional de la violencia contra las mujeres y va a
incrementar su indefensión», afirman desde la Asociación de Mujeres
Juristas Themis. «Dejar el enjuiciamiento de estas faltas a los
jueces de paz supone que el legislador da la misma consideración a
las amenazas, coacciones y vejaciones que al deslucimiento de bienes
inmuebles de dominio público, abandono de jeringuillas o maltrato de
animales».
«Es una barbaridad», asegura por su
parte María Angeles Carrasco, de la Federación de Mujeres Separadas
y Divorciadas. «Ya es grave que la mayoría de las amenazas se
juzguen como faltas, cuando es indudable que muchas de ellas terminan
en asesinato. Pero que encima sean los jueces de paz los que vayan a
decidir sobre este tipo de denuncias es inadmisible», protesta.
Pero de poco van a servir las quejas:
la decisión es ley, ha salido publicada en el Boletín Oficial del
Estado, ha entrado en vigor. «Consideramos que en el debate del
proyecto de ley orgánica de Modificación del Código Penal de 1995
en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal deberá rectificarse temaño error»,
opinan en Themis.
¿Qué se persigue con esta
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal? Su objetivo no es
otro que descongestionar los juzgados de lo Penal y las audiencias
provinciales ya que son tantas las causas que hasta ahora tenían que
ver que, en la actualidad, estos tribunales se encuentran «amenazados
con el colapso», se dice en la exposición de motivos que los
legisladores han hecho para justificar la reforma.
Por otra parte, ayer quedo visto para
sentencia el veredicto del jurado en el caso que se sigue en la
Audiendia de Granada contra José Parejo, el hombre que en diciembre
del año pasado quemó viva a su ex mujer, Ana Orantes, informa
Mohamed El Khattat.
«Si pudiera firmar la pena de muerte
para mí, la firmaría», aseguró el acusado en su declaración ante
el jurado popular.
El deseo expresado por José Parejo
se hacía público tras escuchar durante varias horas los informes
acusadores del fiscal, la representación de sus hijos y la de la
Asamblea de Mujeres Mariana Pineda, que insistieron en sus peticiones
de condena de 17, 22 y 25 años de cárcel, respectivamente, por un
delito de asesinato. Por su parte, el abogado defensor intentó probar
la existencia de una conspiración familiar contra su cliente, que
habría provocado el crimen.
En su intento por lograr el mejor
trato para Parejo, su abogado aceptó que, de forma subsidiaria, se le
condenase a una pena de tres años.
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