Lectura
7.
Temas éticos y sociales.
Capturado por Xóchitl Yuritzi Navarro Michel, CI 402.
Febrero 2003.
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Una Iniciativa de Control Gubernamental.
Como se mencionó antes,
una de las maneras más efectivas de evitar la intrusión con dispositivos
de comunicaciones electrónicas es encriptar la información antes de
enviarla y sólo proporcionar información de desencriptación a personas
autorizadas a recibir la comunicación. Sin embargo, la encriptación puede
obstruir la labor de vigilancia de las agencias encargadas de hacer
cumplir la ley. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y otras
agencias judiciales argumentan que deben poder desencriptar mensajes
enviados entre individuos y organizaciones sospechosas de planear
crímenes, sobre todos los terroristas. En 1991, el Congreso de Estados
Unidos estudió una medida (que posteriormente se suspendió) para facilitar
el acceso a comunicación codificada por parte de las agencias judiciales.
El proyecto de ley requeriría que los proveedores de equipo de
comunicaciones “lo diseñaran y fabricaran de manera que permitiera a las
agencias judiciales obtener el texto simple de voz, datos y otras
comunicaciones cuando la ley así lo autorizara”. El propósito del proyecto
de ley era evitar que los criminales ocultaran información sobre actividad
ilegal al encriptar sus mensajes relacionados con la planeación de
actividades criminales, como terrorismo y espionaje.
Con este fin, la Agencia
Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en ingles) creó Clipper, un
microprocesador que contiene una fórmula de encriptación compleja. El
gobierno deseaba que los fabricantes de computadoras de Estados Unidos
instalaran el chip en cada microprocesador para que las agencias
judiciales pudieran descifrar mensajes encriptados. Cualquier información,
incluso la encriptada, sería procesada por la encriptación de Clipper, de
modo que la clave para la fórmula podría descifrar cualquier comunicación.
La NSA pretendía que el chip generara códigos que no serían descifrables
sin claves especiales que, desde luego, estarían en manos del gobierno.
Dos agencias federales
poseerían códigos de desencriptación y su combinación podría descifrar
cualquier mensaje codificado. Los agentes judiciales requerirían una
garantía de la corte para que ambas agencias interceptaran y descifraran
los mensajes sospechosos.
Los defensores del derecho
de privacía pusieron el grito en el cielo porque temían que agentes sin
escrúpulos usaran el método de manera inapropiada. Afirmaban que Clipper
concedía demasiado poder al gobierno para vigilar comunicaciones privadas.
Además, los fabricantes se habían resistido a aceptar esta solicitud.
Temían que los clientes extranjeros dejaran de comprar computadoras
estadounidenses. Decían: “si el gobierno de Estados Unidos desea que sus
ciudadanos sean vigilados está bien, pero no podemos forzar a nuestros
clientes de otros países a ajustarse a esta medida”. La industria de la
computación se había opuesto en gran medida a Clipper porque temía la
pérdida de mercados, tanto nacionales como extranjeros.
Como se mencionó, la
aprobación de la medida se mantuvo en suspenso, y aún se discute. La
explicación gubernamental de que la medida se utilizará con contraseñas y
controles estrictos, sobre todo en forma de una clave compuesta, en poder
de dos agencias diferentes, no ha tranquilizado a los defensores de la
privacidad. Sin embargo, las propuestas no han disuadido a los gobiernos
de Estados Unidos y de otros países (en especial al gobierno británico) de
encontrar vías para interceptar y descifrar información digital. Cuando
las empresas de telefonía celular introdujeron por primera vez la
tecnología de encriptación, deseaban instalar un microchip especial en
cada teléfono para que ningún tercero pudiera interceptar o descifrar la
comunicación. El gobierno de Estados Unidos y muchos otros más prohíben la
inclusión de algoritmos de encriptación (muy elaborada) en chips. No ha
habido una gran reacción pública contra el gobierno, probablemente porque
la mayoría ignora que cuando alguien utiliza un teléfono celular, las
agencias gubernamentales pueden escucharlo sin dificultad (aunque
necesitan una garantía para hacerlo).
En la medida en que la
gente conozca más la manera en que funcionan las tecnologías de
información y de telecomunicaciones, será más sensible a los intentos de
introducir tecnología como el chip Clipper. Por ejemplo, en 1999, Intel
quiso incorporar un número digital único en cada unidad de sus nuevos
microprocesadores por la siguiente razón: debido al uso cada vez mayor de
PC en transacciones en línea en Internet, el gran fabricante de
microprocesadores, cuyos microchips se instalan en aproximadamente 75% de
las PC del mundo, deseaba ayudar a los individuos y organizaciones a
identificarse de manera única, al igual que sucede cuando se usan
certificados digitales basados en software. Intel no buscaba facilitar la
intrusión, no obstante, la simple mención de la idea suscitó una protesta
pública que provocó la cancelación de la iniciativa. Resulta interesante
que Sun Microsystems Corp., cuyas computadoras se utilizan como servidores
en muchas organizaciones, ha hecho exactamente lo mismo durante años: sus
servidores cuentan con números que pueden identificarlos de manera única
en una red. Sin embargo los usuarios, nunca han protestado por la
inserción de dicho código. La razón, dicen los expertos, es que la mayoría
utilizan PC más sencillas (y no servidores de Sun), de modo que no saben
que los servidores de esa empresa cuentan con identificadores digitales ni
se sienten amenazados por ello.
Las agencias judiciales
consideran que su capacidad para proteger a los ciudadanos contra
criminales y terroristas nacionales e internacionales está disminuyendo,
sobre todo en la medida en que el usuario cuenta con esquemas de
encriptación cada vez más fuertes. Algunos gobiernos aún prohíben el uso
de encriptación fuerte a organizaciones no gubernamentales e individuos.
Hoy más que nunca, las naciones democráticas deben decidir cómo conciliar
dos principios importantes: la capacidad del gobierno para proteger a sus
ciudadanos y el derecho de éstos a proteger su privacidad.