SI3 Lectura 7
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Lectura 7.
Temas éticos y sociales.

Capturado por Xóchitl Yuritzi Navarro Michel, CI 402.
Febrero 2003.
Descarga el archivo Word de la Lectura 7, aquí.

Una Iniciativa de Control Gubernamental.

Como se mencionó antes, una de las maneras más efectivas de evitar la intrusión con dispositivos de comunicaciones electrónicas es encriptar la información antes de enviarla y sólo proporcionar información de desencriptación a personas autorizadas a recibir la comunicación. Sin embargo, la encriptación puede obstruir la labor de vigilancia de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y otras agencias judiciales argumentan que deben poder desencriptar mensajes enviados entre individuos y organizaciones sospechosas de planear crímenes, sobre todos los terroristas. En 1991, el Congreso de Estados Unidos estudió una medida (que posteriormente se suspendió) para facilitar el acceso a comunicación codificada por parte de las agencias judiciales. El proyecto de ley requeriría que los proveedores de equipo de comunicaciones “lo diseñaran y fabricaran de manera que permitiera a las agencias judiciales obtener el texto simple de voz, datos y otras comunicaciones cuando la ley así lo autorizara”. El propósito del proyecto de ley era evitar que los criminales ocultaran información sobre actividad ilegal al encriptar sus mensajes relacionados con la planeación de actividades criminales, como terrorismo y espionaje.

Con este fin, la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en ingles) creó Clipper, un microprocesador que contiene una fórmula de encriptación compleja. El gobierno deseaba que los fabricantes de computadoras de Estados Unidos instalaran el chip en cada microprocesador para que las agencias judiciales pudieran descifrar mensajes encriptados. Cualquier información, incluso la encriptada, sería procesada por la encriptación de Clipper, de modo que la clave para la fórmula podría descifrar cualquier comunicación. La NSA pretendía que el chip generara códigos que no serían descifrables sin claves especiales que, desde luego, estarían en manos del gobierno.

Dos agencias federales poseerían códigos de desencriptación y su combinación podría descifrar cualquier mensaje codificado. Los agentes judiciales requerirían una garantía de la corte para que ambas agencias interceptaran y descifraran los mensajes sospechosos.

Los defensores del derecho de privacía pusieron el grito en el cielo porque temían que agentes sin escrúpulos usaran el método de manera inapropiada. Afirmaban que Clipper concedía demasiado poder al gobierno para vigilar comunicaciones privadas. Además, los fabricantes se habían resistido a aceptar esta solicitud. Temían que los clientes extranjeros dejaran de comprar computadoras estadounidenses. Decían: “si el gobierno de Estados Unidos desea que sus ciudadanos sean vigilados está bien, pero no podemos forzar a nuestros clientes de otros países a ajustarse a esta medida”. La industria de la computación se había opuesto en gran medida a Clipper porque temía la pérdida de mercados, tanto nacionales como extranjeros.

Como se mencionó, la aprobación de la medida se mantuvo en suspenso, y aún se discute. La explicación gubernamental de que la medida se utilizará con contraseñas y controles estrictos, sobre todo en forma de una clave compuesta, en poder de dos agencias diferentes, no ha tranquilizado a los defensores de la privacidad. Sin embargo, las propuestas no han disuadido a los gobiernos de Estados Unidos y de otros países (en especial al gobierno británico) de encontrar vías para interceptar y descifrar información digital. Cuando las empresas de telefonía celular introdujeron por primera vez la tecnología de encriptación, deseaban instalar un microchip especial en cada teléfono para que ningún tercero pudiera interceptar o descifrar la comunicación. El gobierno de Estados Unidos y muchos otros más prohíben la inclusión de algoritmos de encriptación (muy elaborada) en chips. No ha habido una gran reacción pública contra el gobierno, probablemente porque la mayoría ignora que cuando alguien utiliza un teléfono celular, las agencias gubernamentales pueden escucharlo sin dificultad (aunque necesitan una garantía para hacerlo).

En la medida en que la gente conozca más la manera en que funcionan las tecnologías de información y de telecomunicaciones, será más sensible a los intentos de introducir tecnología como el chip Clipper. Por ejemplo, en 1999, Intel quiso incorporar un número digital único en cada unidad de sus nuevos microprocesadores por la siguiente razón: debido al uso cada vez mayor de PC en transacciones en línea en Internet, el gran fabricante de microprocesadores, cuyos microchips se instalan en aproximadamente 75% de las PC del mundo, deseaba ayudar a los individuos y organizaciones a identificarse de manera única, al igual que sucede cuando se usan certificados digitales basados en software. Intel no buscaba facilitar la intrusión, no obstante, la simple mención de la idea suscitó una protesta pública que provocó la cancelación de la iniciativa. Resulta interesante que Sun Microsystems Corp., cuyas computadoras se utilizan como servidores en muchas organizaciones, ha hecho exactamente lo mismo durante años: sus servidores cuentan con números que pueden identificarlos de manera única en una red. Sin embargo los usuarios, nunca han protestado por la inserción de dicho código. La razón, dicen los expertos, es que la mayoría utilizan PC más sencillas (y no servidores de Sun), de modo que no saben que los servidores de esa empresa cuentan con identificadores digitales ni se sienten amenazados por ello.

Las agencias judiciales consideran que su capacidad para proteger a los ciudadanos contra criminales y terroristas nacionales e internacionales está disminuyendo, sobre todo en la medida en que el usuario cuenta con esquemas de encriptación cada vez más fuertes. Algunos gobiernos aún prohíben el uso de encriptación fuerte a organizaciones no gubernamentales e individuos. Hoy más que nunca, las naciones democráticas deben decidir cómo conciliar dos principios importantes: la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y el derecho de éstos a proteger su privacidad.

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Copyright © 2004 Ing. Carlos Raúl Galicia Ramírez
Fecha de la última actualización: Lunes, 09 de Agosto de 2004
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