Alternativas a la marginación y pobreza

La sociedad Chiapaneca desde su conformación, integrada por pueblos ancestrales y de un sincretismo histórico-social, hasta la actualidad se ha manifestado en el contexto nacional como un estado de contrastes y contradicciones, rico en recursos naturales y pobre en condiciones socioeconómicas a la vez. La dinámica demográfica se caracteriza por un incremento acelerado, la tasa de crecimiento en la última década fue de 4.5 por ciento, actualmente hay alrededor de cuatro millones de habitantes, según cifras recientes, con el 24.69 por ciento de población indígena. Esta última se concentra en zonas geográficas accidentadas y de difícil acceso, lo que provoca una alta dispersión poblacional. Territorialmente, la población indígena se concentra en mayor proporción en los municipios de los altos, norte y selva. Actualmente, el perfil contemporáneo de la cultura en Chiapas se nutre de las tradiciones indígenas y occidental; no obstante, la originalidad de las distintas expresiones indígenas que mantiene y preserva, lengua, medicina y mística de su visión del mundo. Las condiciones geográficas, biológicas y climatológicas han determinado en gran medida la formación de poblaciones étnicas, lingüísticamente heterogéneas y disímbolas.

Chiapas es un Estado eminentemente agropecuario y económicamente orientado a las actividades primarias. Si bien es cierto que al Estado se le sitúa en los últimos lugares a nivel nacional en cuanto a crecimiento productivo, también lo es que la entidad sobresale en la producción de algunos productos agrícolas: caco, plátano, café y maíz. La pérdida de dinamismo en la producción de cultivos básicos se debe a varios factores: cambios en los regímenes de lluvias, condiciones topográficas, atomización de la tenencia de la tierra, empobrecimientos de suelos, inseguridad jurídica, caídas en los precios de los productos etc.

En algunas regiones, particularmente en altos y norte, el reparto agrario prácticamente se congeló durante muchos años, aumentando con ello la presión sobre la tenencia de la tierra. Ante las peligrosas manifestaciones de malestar social se ha procedido a la implementación de programas de compra de tierras, ejecución de resoluciones presidenciales no concretadas, de complementarias o ampliaciones, empalmadas con anteriores ejecuciones. Todas estas acciones se han realizado a efecto de acabar con el rezago agrario, las cuales deben permitir elevar la producción agrícola y terminar con la inseguridad.

En la actualidad, los movimientos campesinos son más organizados, más coordinados y con capacidad para relacionarse con los partidos políticos, otrora ignorados por muchos de estos movimientos, pero que en el actual proceso político y social chiapaneco han descubierto que la presión que se ejerce se multiplica si esos partidos retoman sus demandas, aun si es con la finalidad de cooptarlos y ampliar su influencia. En definitiva, los movimientos campesinos han pasado de una etapa pre-política a una de intensa politización, en la cual las coyunturas electorales son valoradas en toda su importancia y aprovechadas para su propio beneficio. La politización de los movimientos campesinos se origina ante la necesidad común, que en su proceso de consolidación se convierten en movimientos políticos independientes o se sumen a movimientos con mayor proyección.

Los hechos de violencia provocados en algunas comunidades de Tila, Sabanilla, Salto de Agua, Tumbalá, Carranza, Simojovel, Nicolás Ruiz, Ocosingo entre otros son de carácter social y tienen su origen en las discrepancias agrarias, políticas e ideológicas, situación que ha acentuado la inseguridad en la zona propiciando protestas en demanda de atención a estos problemas, y desplazamientos de familias. El comportamiento de los diferentes grupos y organizaciones políticas ha dado lugar a una fuerte situación de inestabilidad dificultando la recomposición del tejido social, el desarrollo económico y en consecuencia, produce un severo impacto sobre los programas gubernamentales. En la región se empieza a configurar un nuevo cuadro político, social y religioso que esta trastrocando las formas tradicionales de hacer y ejercer la política y el poder, tanto a nivel municipal como en la comunidad. Justamente que el nacimiento de lo nuevo no debe expresarse en hechos sangrientos y de intolerancia social. Es responsabilidad del estado coadyuvar para que la crisis sea manejable de modo que nos permita encaminar todo el conjunto del proceso social por cauces institucionales. En este sentido el papel de las instituciones es reforzar su presencia con estrategias de corto, mediano y largo plazo sin abandonar la coyuntura emergente de atención, realizando acciones integrales en la que coincidan todos los grupos como medio para superar contradicciones internas, si es el caso. Estas acciones se dan en tres vertientes: acciones de desarrollo, acciones productivas y acciones de desarrollo social, las cuales tendrán mayor impacto si van acompañadas de otras medidas encaminadas en el terreno político.

Hablar de la tolerancia en Chiapas es hablar de una realidad rezagada en el tiempo, sus múltiples carencias y necesidades saltan a simple vista, quien se adentre en profundidad puede conocer las potencialidades que aquí se encuentran.

El proyecto de reconciliación que el Gobierno del Estado esta realizando especialmente en los Altos, ha tenido resultados bastantes significativos y tangibles, logrando el cese de las confrontaciones, el retorno de expulsados y de la actitud de intolerancia entre las partes enfrentadas, mediante acuerdos comunitarios de no agresión y el retorno de los grupos desplazados hacia sus lugares de origen, entre otras acciones. Los severos problemas de pobreza se localizan en zonas rurales dispersas donde las comunicaciones deficientes imponen altos costos para tener acceso a los servicios de educación, salud, vivienda y recibir información básica o para aprovechar oportunidades de empleo en la producción. En estas áreas, la estrategia específica es proporcionar directamente a las familias en condiciones de pobreza extrema, a través de una sola instancia coordinadora, en el paquete básico de educación, nutrición y salud, para el cual incluirá alimentos, servicios de salud comunitaria y atención medica básica y reproductiva (PROGRESA).

Asimismo, se propone superar los contrastes entre las oportunidades individuales de capacitación, empleo, ingreso y ampliar los servicios de calidad que son la base de una vida digna y de un bienestar productivo que por su prioridad son servicios de educación, salud, vivienda y nutrición. La política social deberá la impulsar la erradicación de la pobreza con atención prioritaria a grupos, comunidades y zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales. Llevar servicios, la incorporación a actividades productivas y la promoción de empleos que lleven el ingreso de las familias. Estimular la inversión en el campo, consolidar un marco jurídico, y respaldar firmemente la organización rural para que el campesino supere la pobreza y tenga las oportunidades que en justicia le corresponden. Es también de suma importancias transformar a las instituciones y los apoyos al campo. Se deberán descentralizar funciones y recursos para consolidar la reforma agraria y responder con prontitud y eficiencia a los requerimientos productivos del campesino, jornaleros, ejidatarios y pequeños propietarios. Adicionalmente, con lineamientos claros para la formulación y ejecución de programas que al margen de las actividades agrícolas den atención apropiada a la mujer campesina, a los niños, a los jóvenes, a los pueblos indígenas y a los jornaleros agrícolas, a las personas con discapacidad y a los que viven la tercera edad. Por ultimo se requiere generar las condiciones necesarias para que las actividades de transformación y procesamiento, así como los servicios se conviertan en áreas de oportunidad para la generación de empleos y la formación de capital financiero y humano en la búsqueda del desarrollo humano.