Las transnacionales y el estado mexicano

Recientemente estuvo en México Anthony Giddens, autor del conocido libro La tercera vía, quien habló sobre los riesgos y bondades de la globalización. Intentó mostrar en su conferencia que si bien es imposible revertir el avance de este fenómeno, ya que involucra no sólo a la economía sino todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, sí es factible apropiarse del proceso y moldearlo a las necesidades de la actual sociedad humana.

La comunicación instantánea producto de la revolución de la informática, dijo, ha desatado un proceso de cambio que alcanza no sólo a la economía, sino a la cultura, las mujeres, la familia y los Estados nacionales de países pobres y ricos por igual. Ante este fenómeno, las identidades de todos los actores sociales deben redefinirse y la sociedad debe retomar las riendas del proceso mediante la democracia a la manera occidental. En su opinión, los actores de las manifestaciones de protesta violenta vividas en los últimos años en contra de la globalización, identifican erróneamente a los culpables de los efectos perversos del proceso, sin entender que la propia dinámica de estas protestas responde precisamente a la globalización que combaten.

Ante estos argumentos cabe por tanto preguntarse cuál es el verdadero poder de las grandes corporaciones para imponer su modelo de desarrollo a este mundo globalizado. Giddens pretende rescatar el papel del Estado como ordenador del territorio nacional en función de los intereses de los pobladores de la nación. Si bien es verdad que el Estado nacional ha perdido poder sobre la economía doméstica, señala, conserva su capacidad para legislar y crear instituciones nacionales que amortigüen los efectos negativos de la globalización económica, que afecta por igual - aunque evidentemente no de la misma manera- a países ricos y pobres. Es a los Estados democráticos y sus instituciones nacionales a los que corresponde regular el proceso de globalización y adaptarlos a la realidad histórica y social de cada país.

El argumento es por demás atractivo y razonable pero parece simplista, ya que no aborda con detenimiento la estructura del nuevo orden internacional. Si bien es cierto que las corporaciones transnacionales se han vuelto más visibles y expuestas a la crítica como resultado de la comunicación instantánea, también es cierto que la carencia de instituciones globales les viene otorgando una capacidad sin precedentes para diseñar los mercados internacionales en función de intereses que desdeñan patria y nación. La globalización ha hecho aumentar de manera considerable el número de empresas transnacionales, es decir, de aquellas empresas que cuentan con activos y filiales fuera de su país de origen. De acuerdo con la UNCTAD* el mundo cuenta actualmente con cerca de 60 mil empresas transnacionales de las cuales 50 mil se ubican en los países desarrollados. Estas empresas han instalado o adquirido 85 mil filiales en territorio del primer mundo y alrededor de 415 mil más en el resto del planeta, para hacer un total cercano a 500 mil subsidiarias.

A primera vista parece positiva la inversión de un número tan extraordinario de empresas en países de medianos y pobres ingresos, pero cuando seguimos explotando los datos de la UNCTAD descubrimos que las 100 empresas más grandes del mundo controlan por sí solas un quinto del total de los activos a nivel internacional. El primer dato a tomar en cuenta es, por tanto, que la pirámide del control se aleja notablemente de la curva normal otorgando un extraordinario poder a un puñado de gigantescas empresas globales. Poder real que se ejerce sobre las empresas más débiles a través de las cadenas productivas y el monopolio sobre los mercados internacionales.

Pero la historia no termina aquí, no contentas con esta desigual y conveniente jerarquía, en la última década las gigantes mundiales de la actividad económica han perfeccionado una práctica que tiende a eliminar toda posibilidad de competencia, a pesar del tan pregonado libre mercado. La guerra de titanes consiste ahora en fusionarse con la competencia de un extremo a otro del globo, olvidando las históricas diferencias de su origen nacional. A partir de 1998, las transacciones de fusión y adquisición de empresas de diferente país de origen, se caracterizan por una mayor concentración geográfica que en los años anteriores, y por el incremento en el número de las llamadas megafusiones, que son transacciones entre empresas excepcionalmente grandes. Las corporaciones de Estados Unidos e Inglaterra son los principales actores en este tipo de asociaciones, ya que juntas son responsables de más de la mitad del valor total de las fusiones y adquisiciones entre empresas de diferentes países, ya que en 1998 realizaron el 53% del total mundial en términos de venta de empresas o de participaciones en las mismas, y el 46% en términos de compra, comparada con el 35% y el 33 respectivamente en 1997.

Sólo en 1998 realizaron 89 megafusiones, es decir 89 transacciones con valor de más de mil millones de dólares cada una, lo que significa un aumento considerable respecto a años anteriores, ya que en 1995 se realizaron 35 de estas gigantescas transacciones, 45 en 1996 y 58 en 1997. Las 89 megafusiones de 1998 fueron equivalentes a tres quintos del valor total de las fusiones y adquisiciones realizadas ese año. La mayor parte de dichas transacciones no involucran desembolsos reales de dinero, sino que se realizan a través de intercambio de acciones entre la firma que compra y la que es adquirida, lo que significa que la empresa compradora emite nuevas acciones que son traspasadas a los accionistas de la empresa comprada. En otras palabras, más que dinero, se traspasa el control, y los vendedores pasan a ser dueños minoritarios de la empresa que los compra. Es evidente que, en el caso de México, la reciente fusión de Citibank y Banamex se explica bajo este esquema.

Ante este panorama, resulta debatible el argumento de Giddens respecto al limitado poder de las corporaciones para legislar o regular en los países huéspedes. ¿De qué tamaño tendría que ser el poder de un Estado nacional para resistir la presión abierta o soterrada de semejantes monstruos, ya sean financieros, industriales, comerciales, de informática o telecomunicaciones o todo al mismo tiempo? ¿Qué dimensión tendrían que alcanzar la productividad de las empresas nacionales de regular tamaño para competir en un mundo controlado como nunca antes por un puñado de grupos económicos que no respetan historia ni fronteras? ¿Qué poder real de regulación pueden tener los acuerdos comerciales con gobiernos de países poderosos que respaldan ante todo el interés de sus empresas?

No nos sorprenda pues que México se vea inerme ante la negativa de Estados Unidos a cumplir los compromisos adquiridos en el TLC. Violaciones hemos visto muchas, la negativa por ejemplo a cumplir con la ampliación de la cuota de exportación de azúcar al vecino país, o el derecho de libre tránsito de los transportistas mexicanos por mencionar las más recientes. No nos sorprenda la venta inminente de grandes empresas nacionales que marcaron la historia, buena o mala, de la industrialización de este país, como en el caso del acero, o el traspaso a manos extranjeras de sectores estratégicos como la banca, las telecomunicaciones o la energía.

No nos sorprenda por tanto que la resistencia aparezca en el horizonte por el lado de las ORGANIZACIONES SOCIALES de todo signo, no nos sorprenda que ante la insuficiencia de fuerza del Estado e instituciones que por lo menos levanten la voz para resistirse, la respuesta llegue por el lado de la subversión y la violencia. El mundo ya ha visto recientemente derrumbarse Torres que parecían invulnerables e insensibles al dolor compasivo y a las inequidades sociales. Que no ocurran sorpresas, hay tiempo aun para HUMANIZAR nuestro desarrollo global.