Una nueva política industrial

El propósito de una política industrial debe ser promover y fomentar el desarrollo de una industria sólida, competitiva y productiva. Debe ser capaz de fabricar bienes de alta calidad, competitivos que satisfagan las demandas y necesidades de los consumidores y a la vez genere niveles crecientes de empleo que permitan un ascenso continuo en el nivel de vida de los Mexicanos. En este momento, nuestra industria muestra un fuerte contraste entre empresas y sectores que compiten alrededor del mundo con enorme éxito y otras que se han rezagado gravemente; tenemos una industria divida en empresas ganadoras y perdedoras. La planta industrial tradicional típicamente carece de capacidad empresarial, con frecuencia padece de los problemas asociados a deudas viejas y en prácticamente todos los casos se caracteriza por el uso de tecnología anticuada e incompatible con el dinamismo del sector moderno de la economía. La mayoría de esas empresas no tienen viabilidad futura.

La política industrial debe enfocarse a crear condiciones idóneas para que se modernice la planta industrial anticuada y, sobre todo, para que se creen nuevas empresas.

A diferencia de las estrategias empleadas en el pasado, que consistían esencialmente en proteger y subsidiar a las empresas industriales sin hacerlas por ello productivas, la mejor política industrial es aquella que genera condiciones de equidad y competencia para la industria, no aquella que pretende identificar ganadores o que protege "Amigos". La política industrial debe desarrollarse dentro de un espectro limitado por dos vectores. Por una parte debe promover sin impedir el dinamismo empresarial, cuya ausencia es uno de los problemas económicos más agudos del país. Por la otra, no puede transgredir los límites impuestos por los ordenamientos legales que emanan del conjunto de tratados de libre comercio que ha suscrito el país. En su esencia, la nueva política industrial del estado debe concentrarse en las empresas del futuro en lugar de intentar rescatar empresas inviables del pasado.

La nueva política industrial debe consistir de acciones en múltiples frentes.

• Desarrollo de las empresas. Debe facilitar y promover las condiciones óptimas para la actividad empresarial más que llevarlas a cabo directamente, es decir, debe crear condiciones para que se desarrollen las empresas y no sustituir la función empresarial o la de los mercados.Movilidad de Recursos. Contribuir a hacer más fácil tanto la creación de empresas, como su terminación, cuando esto sea necesario, facilitando así la movilidad de los factores de la producción.

  Inversiones. Debe hacer compatible una actitud de promoción a la inversión nacional y extranjera, con la vinculación de la industria entre sí. (Esto va a requerir de un mercado de capitales funcional, así como de un sistema que facilite la interacción de capitales privados de riesgo.)

• Promoción de Concentraciones. Se requiere promover la creación de empresas que funjan como proveedoras unas de otras en zonas de relativamente poca densidad industrial para impulsar, de esta manera, el desarrollo de redes de proveedores de partes y componentes en el ámbito regional. Esta es la mejor manera de generar incentivos para el desarrollo de proveedores nacionales y, a la vez, es la mecánica más natural para vincular la integración de la planta industrial nueva y tradicional con la moderna, grande y pujante.

El papel del gobierno

El gobierno del estado ha jugado un papel fundamental en el proceso de apuntalar la economía. En el viraje en la política económica de los últimos lustros y en la redefinición de la actividad económica gubernamental se encuentran las bases de la transformación que experimenta el país. Las reformas de estos años han adquirido una dinámica propia que rebasa el ámbito público. A medida que las reformas avanzaron, la responsabilidad de una transición exitosa se transfirió al ámbito privado: a las empresas, los empresarios y los trabajadores. La economía ha empezado a funcionar con las reglas que caracterizan a una economía abierta. Sin embargo, el que el gobierno transforme su función de liderazgo no lo exime de la responsabilidad de seguir estableciendo las condiciones para acelerar el desarrollo de la economía en su conjunto. Por el contrario, debe completar el proceso de la reforma económica emprendida. Mas allá de las actitudes de promoción, los ingredientes clave para el desarrollo industrial se encuentran en los siguientes factores:

Estabilidad Económica. La política económica de estabilización le debe dar su lugar a un marco de políticas congruente con el objetivo de crecimiento con estabilidad de precios. La estabilidad macroeconómica es difícil de alcanzar, en cambio es fácil perder cuando se relaja la disciplina en el manejo de las políticas fiscal y monetaria.

Marco Legal. Es indispensable un marco legal que confiera una estructura formal a los cambios, brinde seguridad jurídica y proporcione credibilidad de largo plazo.

En ausencia de un marco institucional acorde con una economía moderna y que proteja los derechos de propiedad, la incertidumbre continuará inhibiendo la inversión productiva y las empresas e individuos continuarán invirtiendo una buena cantidad de sus recursos en sus relaciones con la burocracia y la ley. Por lo anterior resulta indispensable lo siguiente:

• Reglas claras. Se requieren reglas claras para acabar con los márgenes amplios de discrecionalidad en materia económica que tienen las autoridades burocráticas.

• Reducción en los costos de transacción. Es necesario llevar a cabo una reducción en los costos del intercambio económico (costos de intermediación) para incentivar la inversión productiva en el estado. Solo en la medida en que los costos de transacción se reduzcan, las empresas estarán en mejores condiciones para ser más competitivas tanto a nivel local como internacional.

Política tecnológica. Si se aspira a competir con ventaja en los mercados internacionales es indispensable desarrollar una política tecnológica que incluya una eficiente y correcta adaptación de la tecnología nacional y extranjera, su asimilación y desarrollo, así como la institucionalización de la investigación e innovaciones tecnológicas que se vinculen estrechamente al proceso de reestructuración de la industria. Aun cuando el cambio tecnológico es decisión de cada empresa, es necesario que el gobierno actúe sobre los siguientes puntos:

• Asegurar los derechos de propiedad intelectual y las patentes. Se requieren reglas claras que aseguren que los derechos de propiedad intelectual y las patentes serán respetados. De cumplirse este requisito, la labor de transferencia de tecnología se vería facilitada y habría incentivos para que las empresas inviertan en el desarrollo tecnológico.

  Calidad en la educación superior. Resulta prioritario resolver el problema estructural de financiamiento que aqueja a la educación pública superior, ya que de la formación de recursos humanos especializados dependerá en buena medida el avance que se pueda alcanzar en materia tecnológica.

• Vinculación entre centros de investigación y empresas. Actuando sobre estos dos frentes -las reglas del juego y la inversión en recursos humanos especializados- se sentarían las bases para que centros de investigación y empresas interactúen estratégicamente, avanzando el desarrollo tecnológico del país.

Infraestructura. En la medida que en que los mercados internacionales se han tornado decisivos en el desempeño de la industria del país, los rezagos en materia de infraestructura y de los servicios que la acompañan se hacen más evidentes. La acción del gobierno en materia de infraestructura es indispensable. Se requiere de la actuación en varios frentes:

• Atracción del sector privado. Se deben establecer reglas claras que faciliten, en lugar de obstaculizar como sucede en la actualidad, la inversión privada en aquellos proyectos de infraestructura que resulten lo suficientemente atractivos como para atraer al sector privado. A su vez, el gobierno puede crear condiciones para hacer atractivo el desarrollo de infraestructura que sea necesaria y cuya rentabilidad es de largo plazo.

• Inversión. En la medida en que se consolide el ajuste fiscal y se liberen recursos de gasto corriente, se debe invertir en aquellas regiones que podrían quedar marginadas de los beneficios del libre comercio por no contar con infraestructura que las incorpore a la dinámica económica local e internacional.

Política educativa. Es urgente articular una política educativa que, orientada por criterios de productividad, resuelva los rezagos en materia de educación. La calidad educativa debe atacar varios frentes.

• Nuevos integrantes. Para quienes se integren en el futuro de los sectores de la industria deberán contar con una preparación de calidad que permita su mejor desempeño.

  Personas laboralmente activas. Es también fundamental para el éxito de las empresas chiapanecas dar apoyo a la capacitación de quienes ya se han insertado en las actividades productivas.

• Transformación de las instituciones educativas. En este sentido la estrategia correspondiente de reforma deberá incluir la transformación de las instituciones de educación del país. Dicho cambio necesariamente habrá de pasar por distintos ámbitos de la actividad educativa que van desde la SEP y el sindicato de maestros, hasta la escuela misma. El objetivo de largo plazo deberá ser el transformar el paradigma de la educación a través de involucrar a la sociedad en el proceso educativo.

Financiamiento. Sin financiamiento difícilmente una empresa puede crearse, crecer, adquirir tecnología o invertir en su desarrollo. En los últimos años el crédito ha sido escaso o inexistente y las empresas que han accedido a él lo han hecho en el exterior lo que ha exacerbado aún más la disparidad en el desempeño de sectores y empresas en la planta industrial nacional. El gobierno como banquero (a través de la banca de desarrollo) ha probado ser ineficiente y propenso a beneficiar clientelas específicas. Una redefinición de su papel implicaría dejar de otorgar créditos directos para concentrarse en la creación de esquemas de garantías a préstamos dirigidos a las pequeñas o microempresas.

En conjunto, la política industrial debe consistir en una efectiva coordinación de la acción gubernamental en diversos frentes. La clave de la política industrial no reside en crear de nueva cuenta subsidios o mecanismos de protección, sino en la promoción de condiciones apropiadas para el desarrollo de cadenas productivas eficientes y bien eslabonadas a partir de empresas nuevas y pujantes con una visión de desarrollo hacia adelante. En la era de la globalización el papel del gobierno es menos visible pero mucho más trascendente. De su éxito depende el que se creen y desarrollen nuevas empresas y que ello se traduzca en beneficios para la sociedad en su conjunto. El gobierno establece las reglas (y las hace cumplir) pero es la sociedad la que crece o se paraliza a partir de ellas.