Estado, industrialización y planificación en México

Tres hitos fundamentales, señalan la adopción de la planificación por el Estado Mexicano:

a) La creación de la Alianza para el Progreso;
b) Las asesorías y recomendaciones a los gobiernos de la región por parte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y
c) La Conferencia de Países Latinoamericanos realizada en Punta del Este en 1961, bajo el patrocinio de la OEA, donde, entre otros resultados, se hace pública la Alianza para el Progreso. Todas recomendaban la metodología de elaboración, disposición y ejecución de planes nacionales para abordar el desarrollo económico-social y obtener cooperación financiera.

Podemos decir que la planificación, en esta época, en México, estuvo orientada por tres elementos básicos que le dieron concreción, primero un voluntarismo utópico, que significó la formulación y construcción de planes con marcada inserción de la ideología del planificador y la identificación de ésta con planificación del desarrollo, orientada por la concepción estructuralista. El planificador era visto como agente de transformación y, como consecuencia de ello, tenía cierta autonomía para actuar.

Un segundo elemento se define como reduccionismo economicista, esto es, una visión de la planificación, que centraba su atención en el análisis y tratamiento de variables económicas a través de instrumentos de política económica. Por último, la planificación estará marcada por el formalismo, el cual está referido a los procedimientos y organismos adoptados para instituir y llevar a cabo el proceso de planificación. Tal concepción dio como resultado la planificación por etapas, originada en organismos centrales de planificación.

Organismos que en el tiempo expresaron un aislamiento con respecto a otras instancias y oficinas públicas, a tal extremo que llegaron a constituir islas en la compleja estructura de decisiones del estado.

La concepción de la planificación se relacionaba con la del Estado, difundida, fundamentalmente, por la CEPAL. Al Estado se le atribuía el papel protagónico en el desarrollo, por cuanto era quien formulaba y llevaba a la práctica la racionalidad mediante un plan de desarrollo. A partir de esa visión, el estado contenía los siguientes rasgos: Unidad y coherencia interna, autonomía frente a otros agentes, poder político y económico, capacidad técnico-administrativa y control de las relaciones externas.

De igual manera la concepción de la planificación sería el reflejo de las características de la economía Mexicana. La existencia hasta hace algunos años de una vigorosa economía mixta, que se caracterizaba por la presencia de un sector público gerente de grandes empresas y un sector privado heterogéneo y con medianas y pequeñas empresas. Pero, en definitiva sería el gobierno el actor principal que asumiría la necesidad de coordinar la desigual conformación de esa economía, y el que impulsaría su desarrollo, a través de planes que dieran orden a la dinámica del espacio económico y del proceso productivo. Además, el estado tendría que regular las relaciones con la sociedad, mediante un proceso en el cual se determinaría la dominación política y la legitimidad de la acción estatal y del sistema en su conjunto como patrón con hegemonía.

Hasta épocas recientes y de acuerdo a la evolución y desarrollo particular de la participación en las estructuras de decisión estatal, la planificación se concentró en la elaboración de planes cortoplacistas, que daban soluciones técnicas a problemas coyunturales de balanza de pagos, y de planes de mediano y largo plazo, que resolverían desequilibrios sociales, referidos a la producción y distribución, con la intención de lograr desarrollo con bienestar. De esta manera, la práctica de la planificación Mexicana estaría orientada por el deber ser, por la norma ante el cálculo de predecir para poner énfasis en la velocidad del crecimiento económico y posteriormente sobre problemas estructurales que lo obstaculizaban.

Esa concepción de la actividad se concreta en la Planificación Normativa, la cual fue ampliamente difundida e inducida por la CEPAL a los gobiernos de la región y desarrollada por muchos organismos de planificación hasta los noventa. Sin embargo, los objetivos del «crecimiento normativo», que evadía el proceso social para el cual se proponía, pronto quedarían como decorado para los discursos y programas de gobierno del populismo latinoamericano. Tales propuestas, de carácter meramente demagógico, no debilitaban el entramado de relaciones establecidas por los actores como factores de poder que orientaban y dirigían las decisiones públicas, pero influirían de manera opuesta en la viabilidad social y política del proyecto de desarrollo propuesto. Al respecto podemos apuntar que el enfoque del desarrollo contenía elementos utópicos cargados de ideología, aspiraciones voluntarias y tecnocráticas adscritas a una serie de objetivos ambiciosos cuya concreción no se alcanzaría a menos que fuese favore cida por condiciones históricas sobre las que actuase una resuelta voluntad política.

Como resultado de esa situación, el estado desarrollista y sus órganos de planificación se convertirían en mecanismos facilitadores de privilegios y proteccionismo a una producción industrial que se transnacionalizaba por medio de los vínculos establecidos entre los sectores económicos nacionales con los externos. Estos últimos fueron quienes mayormente se aprovecharon de las ventajas otorgadas a la industria nacional, ya que estaban respaldados debido al supuesto de que satisfacían la demanda nacional y sustituían importaciones. Estas características de la industria «nacional» imposibilitarían la viabilidad política de cualquier propuesta autónoma que intentara derrumbar el muro establecido por las relaciones de capital, reducir desequilibrios sociales originados por éstas, y legitimados por la orientación de las políticas públicas.

El papel asumido por el estado en México define un contexto socio-político que hace posible la formulación y adopción de proyectos políticos de los sectores hegemónicos. En consecuencia, el estilo de desarrollo nacional sólo recoge los intereses de un sector de la sociedad y la relación entre planificación y contexto socio-político se convierte en el evento de un solo actor y, como consecuencia, la planificación y el Plan de Desarrollo se traducen en instrumento de los intereses predominantes, portadores de suficientes recursos de poder para imponerlos en una dinámica histórica concreta. Por esta vía el estado legítima el consenso en torno a las concepciones y proyectos asociados a determinados intereses ideológicos y de clase. Igualmente otorga una relativa viabilidad política y física, que entrará en contradicción con las aspiraciones y necesidades de las mayorías excluidas, la viabilidad social. La nueva administración tiene la palabra de cara a un nuevo milenio.