La superación de la pobreza: continua siendo el mayor reto de América Latina.

La superación de la pobreza continua siendo el mayor reto hemisférico. Durante los últimos 15 años, América Latina y el Caribe ha experimentado transformaciones políticas y económicas de vasto alcance, verificándose durante ese período la consolidación de la democracia en la región, así como un profundo proceso de ajuste macroeconómico y reforma estructural. Como resultado, se aprecian en la actualidad gobiernos mayoritariamente constituidos a partir de procesos electorales limpios, así como el fortalecimiento del estado de derecho y de las garantías necesarias para avanzar en el respeto por los derechos humanos. Entre las diversas manifestaciones de la estabilidad económica lograda a partir de los procesos de ajuste, destacan, entre otras, tasas de crecimiento positivas, mayor dinamismo del sector exportador, significativa disminución de la inflación, aumento de la inversión externa y renovados procesos de integración local y regional.

El ingreso

No obstante lo anterior, en el frente social el avance ha sido sensiblemente más lento. En efecto, a mediados de la presente década el 39% del total de hogares latinoamericanos y caribeños se encontraba en condiciones de pobreza, cifra superior al 35% que se registraba a principios de la década de los ochenta. En términos absolutos, se calcula que en la región viven actualmente 210 millones de pobres, cifra que representa un récord histórico. La pobreza en América adquiere ciertas particularidades, entre las que destacan su creciente carácter urbano, lugar de residencia del 65% de los pobres, así como su íntima relación con la desigual distribución del ingreso. Al respecto, se ha señalado que una parte significativa de la pobreza en la región es consecuencia de la inequitativa distribución de la riqueza, encontrándose países donde el 10% más rico de la población percibe más del 50% del ingreso nacional, mientras el 40% más pobre recibe menos del 10%.

Los grupos vulnerables

Entre las manifestaciones más dramáticas de la pobreza, se encuentra la precaria situación laboral de vastos sectores de la población, donde el desempleo abierto afecta a más del 16% de la población económicamente activa, y el empleo en el sector informal de la economía abarca al 55% de la mano de obra ocupada no agrícola, masa laboral caracterizada por bajos ingresos, trabajo inestable, carencia de protección social, y baja productividad. Los efectos más perversos de esta situación recaen sobre los grupos más vulnerables, entre los que se cuentan las mujeres y los niños. Las primeras están desproporcionadamente representadas entre los pobres, desempleados y subempleados, correspondiéndoles, además, la tarea de encabezar una significativa proporción de los hogares pobres, particularmente los indigentes. A los tradicionales riesgos que enfrenta la infancia pobre en relación a la mortalidad y morbilidad, se agregan en la actualidad los efectos dañinos de diversas formas de explotación, tales como el abuso sexual, participación en conflictos armados, trabajo prematuro e incitación a participar en actos delictivos.

La situación de pobreza que afecta a casi la mitad de los habitantes de América Latina y el Caribe, ha sido calificada por la Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre el Desarrollo Social, como un obstáculo fundamental al desarrollo así como una amenaza a la paz social y a la estabilidad política. Agrega que la consolidación democrática en la región corre el riego de verse amenazada si los gobiernos constitucionales elegidos por los pueblos no demuestran ser capaces de mejorar efectivamente la condición de vida de sus pobres.

Concluye advirtiendo que si no se combate frontalmente a la pobreza, no puede ni debe descartarse el peligro de nuevas formas de subversión o de aventuras autoritarias.

El papel del Estado

La prioridad asignada al combate a la pobreza, ha estado acompañada, durante la presente década, de profundos replanteos relativos al papel del Estado en esta materia. En líneas generales, se descartan las dos concepciones que predominaron en distintos momentos de la historia reciente de la región: El Estado planificador, centralizado y verticalista; y el Estado "mínimo" que delega al mercado gran parte de la tarea de asignar recursos para el desarrollo social. Actualmente se elaboran y perfeccionan diversos instrumentos llamados a obtener más eficacia y eficiencia en el accionar del Estado, así como una real participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación y fiscalización de las políticas públicas y los programas sociales. La descentralización y desconcentración, los fondos de inversión social, y la introducción de mecanismos para asegurar una mayor participación ciudadana en todas las etapas de los proyectos comunitarios, son ejemplos de lo señalado.

Opciones de gobierno

Como sucede en el caso de los cockteles, terceras vías y economías mixtas, en lo que se refiere a formas de gobierno hay muchas y muy diversas.

Al inicio de los años setenta, llegó al gobierno de Chile la Unidad Popular conducida por Salvador Allende. Fue un banco de ensayo mundial, porque allí y entonces se intentó la transición pacífica al socialismo. Esa Unidad Popular cometió varios errores estratégicos. Destacamos ahora aquel que consistió en permitir la primacía ideológica y cupular del radicalismo de izquierda. Como consecuencia de ello, se registró una inflación de reivindicaciones populares que terminó no solamente por desestabilizar la vida pública, sino también por polarizar a las clases sociales. Cuando la estrategia de transición pacífica al socialismo debía apoyarse indispensablemente en una cooptación creciente de grupos sociales alrededor del gobierno socialista, el resultado fue exactamente lo contrario, o sea, la tajante división entre socialistas y antisocialistas. Esta fue una causa importante, aunque no la única, del golpe de estado en 1973. El actual presidente de ese país, Ricardo Lagos, quien acredita la imagen de ser el heredero político de Salvador Allende, hoy utiliza una estrategia socialista de gobierno muy distinta de la de los años setenta, particularmente porque la influencia del radicalismo de izquierda está decididamente mitigada. La realidad más que la doctrina, impone una nueva forma de gobierno, impregnada de normas claras y un fuerte sustento popular.

Al principio de los años ochenta asumió el poder Francois Mittterrand y poco después Felipe González. Pasado los primeros y breves momentos de entusiasmo triunfalista, ambas administraciones se fueron definiendo por aplicar un paquete de política económica liberal. Llevaron a cabo tal cometido con una legitimidad creciente entre los diversos grupos y clases sociales de manera que, al final de su gestión, el mundo entero puedo comprobar algo inédito: los socialistas habían sido mejores administradores de la transformación liberal que los fundamentalistas del mercado. El corolario es que ambos equipos de gobierno habían logrado sintetizar sus opciones valorativas en favor del socialismo con la mundialización liberal de sus economías; para tal fin apelaron a una política multiclasista de gestión público/privada. La realidad, más que la doctrina, impuso un nuevo socialismo liberalizado que iba configurando una forma de gobierno alterna.

Reflexión

Las principales reformas estructurales emprendidas en la región -liberalización comercial, reforma tributaria, reformas financieras, privatización, reforma laboral y reformas pensionales- han resultado en los necesarios equilibrios macroeconómicos y en la recuperación del crecimiento. Sin embargo, es sabido que este último es una condición necesaria pero no suficiente para reducir la desigualdad. Si bien resulta indispensable mantener e incluso profundizar ciertos elementos de la reforma económica, resulta igualmente imprescindible priorizar la reforma social a fin de lograr mayor eficiencia y equidad en la prestación de servicios sociales, así como un incremento significativo de la inversión en capital humano y capital social, frente a la atención privilegiada que se le ha destinado en años recientes a las formas tradicionales de acumulación de capital. Cabe recordar que el capital humano tiene que ver con la calidad de los recursos humanos, y el social con elementos cualitativos como valores compartidos, cultura, y capacidad para generar redes y concertaciones hacia el interior de la sociedad. Formar capital humano implica invertir sistemática y continuadamente en áreas como educación, salud y nutrición entre otras. A fines de siglo la inversión en educación se ha transformado en una de las de más alta rentabilidad. Ello por el papel central que ocupa la educación tanto en lo que se refiere a los procesos productivos, cuanto a la construcción de ciudadanía y fortalecimiento democrático.

Seguramente la inversión y desarrollo de estos rubros en el estado de Chiapas, tomará algunos años en fructificar, pero nunca es tarde para asumir y saldar las deudas sociales. Misión y tarea para el nuevo gobierno.