Principios rectores

1. Democracia y Participación

Los debates, las decisiones y la construcción de marcos de negociación en asuntos de integración económica han sido tradicionalmente dominados por las elites del sector financiero, corporativo y gubernamental. Hay que introducir una mayor democratización en la toma de decisiones en torno a la política comercial y a las inversiones. Los acuerdos internacionales deben ser ratificados en una consulta directa a los ciudadanos, la cual puede tomar forma de plebiscito o referéndum nacional.

La democratización de los debates y la toma de decisiones económicas es una precondición indispensable pero no suficientemente para diseñar nuevas reglas justas y sustentables sobre inversión, medio ambiente y trabajo en un contexto que tome en cuenta los intereses de los ciudadanos. La democracia por si sola no garantiza el bienestar social, es necesaria la elaboración de propuestas económicas-sociales lúcidas y viables que logren el consenso y apoyo ciudadano. La democracia, además, no debe reducirse al ámbito electoral. Es necesario introducir acciones democráticas en la toma de decisiones económicas y sociales fundamentales.

Los ciudadanos no solo deben aprobar la orientación económica y social, es necesario que participen en su diseño, implemento, y evaluación. También deben de tener la facultad de cambiarla o ajustarla en cualquier momento. Para lograr este objetivo será necesario implementar iniciativas especiales para asegurar acceso al debate a grupos marginados u oprimidos, entre ellos las mujeres.

Las corporaciones globales han crecido en tal magnitud que ya no están efectivamente controladas por nuestros gobiernos. Necesitamos nuevos instrumentos para reafirmar el control publico y la soberanía ciudadana sobre estas corporaciones. La estabilidad política necesaria para el desarrollo sustentable implica que los acuerdos de integración incluyan mecanismos de seguridad democrática.

La estabilidad debe basarse en la participación democrática y no en la fuerza. Ello implica que cualquier acuerdo debe promover e impulsar la democracia en el continente, sin que ello implique intervencionismo en los asuntos internos. La seguridad democrática, y no la basada en el poder coercitivo, implica el control civil sobre todas las fuerzas del orden. Este control es necesario, por ejemplo, para detener la carrera armamentista y los procesos de militarización de amplias zonas de nuestro continente, que hoy se aplican con el pretexto del combate al tráfico de armas y la lucha contra la producción y trafico de drogas.