La democratización mundial implica la reforma de las instituciones del sistema de las Naciones Unidas, incluidas el consejo de seguridad y las instituciones financieras y comerciales internacionales. Estas reformas deben de hacerse en consulta con las sociedades de los diversos países y guiarse por el objetivo de ponerlas al servicio de la humanidad: el desarrollo sustentable, la democracia y la paz basada en la justicia y el respeto a la dignidad del individuo. No deben continuar siendo instrumentos de las grandes corporaciones multilaterales y de las grandes potencias nucleares.

La democratización del sistema mundial e interamericano incluye también el que no se excluya a país alguno por razones ideológicas o políticas. Cualquier acuerdo de integración debe garantizar la globalización de la defensa y promoción de los derechos humanos entendidos en su sentido integral. Es decir, incluyendo no solo los civiles y políticos o garantías individuales, sino los colectivos: económicos y sociales, culturales, ambientales y de los pueblos y comunidades. Especial atención debe presentarse a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y los mecanismos para asegurar la erradicación de todas las formas de discriminación y opresión sobre la mujer.

2. Soberanía y bienestar social

Las reglas emanadas de los acuerdos deben preservar el poder de los países para mantener proyectos nacionales de desarrollo con altos estándares de vida, que permitan la valoración de un trabajo digno, la creación de suficientes y buenos empleos, la salud comunitaria y un medio ambiente limpio dentro de sus fronteras.

Tampoco debe limitarse a la soberanía de los pueblos con relación a los poderes estatales, provinciales y locales. Hoy la soberanía, la estabilidad y el bienestar social implican privilegiar el ámbito de la producción, a la vez que se desaliente y regule la inversión especulativa y el libre flujo de capitales golondrinos. La soberanía económica de nuestros países no debe ser socavada por los intereses corporativos.

La integración económica debe ser un compromiso para mejorar la calidad de vida de la población. Es inadmisible que nuestros países sean ofertados por sus bajos salarios, la discriminación sistemática contra la mujer y otros grupos, la falta de protección social o la laxitud legal. La competitividad de los países no puede basarse en el deterioro de los niveles de bienestar de la población y/o de su entrono ambiental. La nivelación de estándares debe ser hacia arriba. Los acuerdos comerciales o de integración, así como las políticas económicas internas, deben incluir objetivos sociales con plazos concretos, indicadores para evaluar su impacto social y medidas correctivas.