A menos que el actual director del Indec, Héctor Montero, se decida a confesar el fraude, es probable que se produzca ahora una polémica pública semejante a la que su antecesor Luis Beccaria mantuvo hace diez años con el autor de este informe. Desde que Montero dijo a Clarín a comienzos de 1995, en plena recesión económica, y antes de tener ni siquiera el primer resultado de la encuesta, que su índice tomará menos en cuenta los aumentos de precios que pueda haber en la carne vacuna y otros alimentos y le dará más importancia a las actividades que hacen, según él "más placentero el pasar de la gente, como los masajes y tratamientos de belleza", resultaría previsible también que ahora intente las mismas explicaciones y recurra a las mismas mentiras y artimañas que utilizó Beccaria en su oportunidad para justificar esa tendencia. Por tal motivo, los hechos de aquellos años cobran nueva vigencia y resulta particularmente útil repasarlos, como así también la forma en que se fué gestando y se pretende profundizar ahora el fraude.
El 20/1/1988, por ejemplo, Beccaria admitió ante el diario Clarín que en la encuesta que ya se había terminado y procesado más de un año antes, y cuyos datos estaban listos sobre su escritorio, "el consumo de carne vacuna dió más o menos igual que en 1970". Sin embargo, cuando se publicaron esos mismos resultados, la proporción de carne vacuna en el gasto total apareció misteriosamente reducida a la mitad, lo que constituye una prueba incuestionable de que Beccaria manipuló las cifras a posteriori para cambiar las ponderaciones.
Y es que el incremento que arroja mes a mes un índice de precios al consumidor -IPC- está fuertemente condicionado por la ponderación que se le asigna a cada uno de los artículos y servicios sobre los que se practica el seguimiento de los precios.
El índice que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina -INDEC-, es de tipo Laspeyres. Esto significa que tiene una estructura de ponderaciones que permanece fija hasta que se cambie la base. Esta estructura que sirve de base para el cálculo se obtiene de una encuesta, -por ejemplo el IPC actualmente en uso se basa en los consumos detectados hace quince años, durante el llamado Plan Austral.
De esa encuesta hecha a miles de personas, se debe obtener la estructura de ponderaciones del consumidor típico, también llamado consumidor medio, y las aludidas ponderaciones no son otra cosa que un listado de la importancia que tiene cada artículo o servicio dentro de su presupuesto de gastos.
El consumidor típico
Tradicionalmente se ha considerado que un índice de precios al consumidor debería seguir prioritariamente los precios de los artículos y servicios más necesarios.
Así, los índices de 1935, 1943 y 1960 se basaron en los hábitos de consumo de familias tipo de obreros industriales.
En muchos países esa filosofía no ha cambiado, ya que puede ser razonable que se ajuste por ejemplo una deuda entre personas de alta posición económica de acuerdo al índice de costo de vida del obrero industrial -que representa los consumos básicos-, pero sería absurdo el comportamiento inverso, esto es que se pretendiera actualizar una deuda entre personas de escaso poder adquisitivo basándose en los incrementos de precios de una canasta ejecutiva de artículos y servicios suntuarios o lujosos.
En Estados Unidos, por ejemplo, al IPC lo sigue calculando con esa filosofía el Ministerio de Trabajo(*) del Gobierno, tal como se hacía en la Argentina hasta hace algunas décadas.
Confirma también nuestra tesis el hecho de que el organismo que más influye a nivel mundial en la confección de los índices de precios al consumidor sea la Organización Internacional del Trabajo.
En cambio la Argentina, y especialmente a partir de 1970, se ha ido desviando de esa filosofía original, a favor de una exagerada concepción economicista. El campo de la estadística en el trabajo, en la salud, en la educación, en la tecnología, en la ciencia, es tan grande, que constituye una aberración el hecho de que el ente rector del sistema estadístico nacional esté bajo las órdenes del Ministerio de Economía.
Esto se comienza a notar en el índice siguiente a los que ya comentamos, es decir el que se basó en una encuesta realizada en 1970. Dicho sistema de índice lo implementó el Indec siendo su director Juan Vital Sourrouille, quien años después sería Ministro de Economía, y allí se introdujo un cambio conceptual importante al ampliarse la encuesta a familias con ingresos entre 250 y 2000 pesos -proporción de uno a ocho entre el menor y el mayor ingreso-.
Luego vino la encuesta de 1985, que es la que se utilizó para calcular la evolución de los precios desde 1989 hasta este año 2000. Esa encuesta se hizo siendo Sourrouille Ministro de Economía, y estando al frente del Indec Luis Beccaria -hombre de Sourruille, por lo que, más allá de la estructura orgánica, se reportaba directamente a él- Allí se decidió incorporar estratos económicos aún más altos hasta llegar a una proporción de ingresos de 1 a 20.
El proyecto original, que databa de 1978, -época de Martínez de Hoz-, abarcaba a toda la población con la sóla exclusión del 10% de mayores ingresos.
A mediados de 1987, cuando ya la encuesta estaba terminada y tenía los resultados sobre su escritorio, al director del Indec Luis Beccaria le pareció que el estrato de referencia no resultaba aún suficientemente alto, y decidió eliminar del índice a las viviendas unipersonales y reducir la exclusión superior a un 5%.
La incorporación de los estratos más altos al índice de precios no es un hecho de por sí cuestionable, y hasta resulta defendible desde el punto de vista de que los estratos más altos tienen derecho a verse reflejados ellos también en el IPC, aunque, si la intención del INDEC fuera respetar el derecho de cada uno a sentirse representado en el índice, lo calcularía sin excluir a ningún sector y equitativamente, que es justamente lo que proponemos.
Esto demuestra que la motivación verdadera no fue la de reconocer un derecho de los estratos más altos, y mucho menos la que pretendió Beccaria como justificación al ser consultado al respecto en un noticiero de televisión "aceptar que los estratos más altos también existen", sino que lo que se buscó es simplemente reducir la ponderación de los artículos de primera necesidad, ya que en economías recesivas como la practicada en aquellos años por el entonces ministro de economía Juan Vital Sourrouille, -a cuyo equipo como ya explicamos respondía el director del Indec-, los precios de esos artículos aumentan significativamente más que el resto. Con eso se intentaba también disimular la falta de efectividad de los sistemas de controles compulsivos de precios. Puede que realmente Beccaria no viera la forma de llegar a tiempo con su nuevo índice, pero evidentemente este dejaría marcada para el futuro la facultad de favorecer con subestimaciones las políticas dirigistas semejantes a las de Sourrouille.
Si bien, como dijimos, la incorporación de los sectores de mayor poder adquisitivo al IPC no es por si misma cuestionable, y hasta puede ser defendible, la decisión al respecto no es de naturaleza estadística sino política y eventualmente jurídica (desde el punto de vista de que el índice se utiliza entre otras cosas para actualización de juicios, deudas, y contratos entre gente de distinta condición económica).
Lo que sí corresponde al campo de la estadística es aclarar, cuando se hacen comparaciones entre tendencias inflacionarias o entre estructuras de consumo de distintas épocas, si se refieren a poblaciones iguales que han evolucionado, o simplemente a poblaciones diferentes.
En "El Cronista Comercial" del 4/9/1987 Beccaria pretendió que "El peso relativo de los alimentos en la estructura de gastos familiares ha sufrido un retroceso respecto de 1974", y agregaba que "Esta es una rigidez fundamental, que los directivos del INDEC están en camino de modificar a partir de una nueva canasta...".
Al margen de que la estructura de ponderaciones de esa época no databa de 1974 -error voluntario o nó pero siempre insólito, repetido varias veces por Beccaria en dicha nota- sino de 1970, la reducción de la ponderación de los alimentos no se debió esencialmente a que el peso relativo de éstos en la estructura de gastos familiares se haya reducido, (lo que sería indicativo de una mejora del poder adquisitivo de la población), sino a que la redujo artificialmente el Indec al modificar la población de referencia, aspecto fundamental del cambio de índice que Beccaria omitió mencionar en aquella nota, no comportándose así de acuerdo al principio de honestidad estadística que mencionábamos más arriba.
Esta falta de ética se sigue viendo en el comunicado de prensa que anunciaba la puesta en uso del nuevo sistema de cálculo del índice presentando las diferencias como una evolución de la población, y que movió a que todos los analistas económicos del país que se ocuparon del tema cayeran en la trampa.
Por supuesto el actual director del Indec Héctor Montero sigue gustoso esa tradición de engañar al periodismo, y así podemos leer en un reportaje que le hace Clarín el 26/2/1995, que se pretende que un obrero industrial de Capital Federal debía destinarle en 1960 el 59,2 por ciento a alimentación, que en los años 70 ya le alcanzaba con el 46,3 por ciento de sus ingresos y en 1985/86 le bastaba con el 40,1, cuando la verdad objetiva y comprobable es que los datos de 1970 y 1985/86 ya no se referían al obrero industrial sino a un agregado que representaba en su conjunto a estratos económicos cada vez más altos.
Otro precepto estadístico del que Beccaria hizo caso omiso cuando dispuso el estrato de referencia compete a la objetividad del muestreo para lo que la decisión de anexar algún sector o excluir a otro debe tomarse antes de practicar la encuesta, y no adaptarla a posteriori en función de los resultados y de lo que se quiera demostrar.
Hemos visto que hasta hace algunas décadas "el consumidor" al que se refiere el índice era un miembro de familia de obrero industrial, y que esa situación se fué modificando con la incorporación de los sectores de mayor poder adquisitivo.
Podemos aquí preguntarnos quién es ahora "el consumidor", y pensaremos inmediatamente en algún tipo de promedio de todas las estructuras de gasto.
Y eso es lo que se hace... una media aritmética.
En estadística se estudia que hay una media aritmética simple y una media aritmética ponderada.
Algunos creen que la media ponderada es un perfeccionamiento de la simple, y que siempre es aconsejable su uso.
Como es posible que esta creencia errónea esté motivada en parte por el nombre dado a una y a otra, considero más acertado denominar a la primera "media equiponderada" en lugar de media simple.
En realidad el uso apropiado de un tipo de promedio o de otro depende de cada caso.
Cuando el Indec promedia las estructuras de gasto de las distintas familias, lo hace ponderando cada estructura por el total de gasto de la familia, o, al menos, el método de cálculo que utiliza es matemáticamente idéntico a hacer eso, como hemos documentado con un ejemplo numérico en un capítulo anterior..
El efecto es que, cuanto más puede gastar una familia, tanto más aparece representada en el índice.
En un librito de divulgación publicado por el Indec a mediados de 1987, se argumenta que "es claro que todas las familias desearían sentirse fielmente reflejadas en el índice de precios al consumidor..."
Lo que se omite adrede decir allí, es que la fórmula de cálculo elegida para promediar los hábitos de consumo no brinda esa posibilidad a todos por igual, hasta el punto de que una familia que gane veinte veces menos, aparece representada en el índice veinte veces menos.
Si alguien se tomara el trabajo de calcular los porcentajes de gastos de las dos familias que dan allí como ejemplo, vería que la estructura que presentan como promedio se parece mucho más a la de la familia A que a la de la familia B que es más pobre.
Para obtener una participación igualitaria, que es lo que corresponde dado el uso general que tiene el índice entre gente de distinta situación económica, es necesario utilizar una media equiponderada.
El uso de una media equiponderada que recomendamos para definir la estructura de gastos resultante, no debería asombrar a nadie, ya que es el equivalente exacto del sistema de voto igualitario y democrático en un proceso eleccionario, mientras que la fórmula que utiliza el Indec equivale a lo que se conoce como "voto calificado", siendo idéntica a imponer un voto que valiera tanto más de acuerdo a la riqueza económica de cada votante, lo que es incompatible con nuestros principios constitucionales y democráticos.
Y ahora sí, ya podemos entender que la incorporación de los estratos de mayor poder adquisitivo al índice resultaría razonable y hasta defendible con un promedio igualitario, pero con el método de cálculo que utiliza el Indec produce una subestimación inadmisible de los consumos populares.
Las leyes económicas generalmente aceptadas en todo el mundo, así como la experiencia y el sentido común, nos dicen que en épocas de recesión y de caída del poder adquisitivo, una mayor proporción del gasto está destinada a los artículos y servicios de consumo imprescindible. Como estos artículos y servicios no están tan condicionados por la limitación de la demanda, en términos generales tienden a encarecerse en tales períodos más que los artículos y servicios que resultan menos necesarios.
Veámoslo con ejemplos concretos: Si habiendo recesión aumenta el precio del pan, o de la carne, o los boletos de ferrocarril, o los servicios de alumbrado, barrido y limpieza, las familias no tienen otra posibilidad que sufrir esos aumentos y afrontarlos. En cambio aquellos artículos y servicios que el Indec viene sobreponderando cada vez más y que forman parte sustancial del gasto de las familias de más altos ingresos, como los perfumes, el turismo, y los masajes de placer tan importantes para Montero según sus propios dichos, no están mal, pero son más sustituibles y permiten ejercer más equilibrio a través de los mecanismos de oferta y demanda. Pongamos por caso el turismo: Si en una temporada los precios internos están proporcionalmente altos, muchos de los que pueden hacer turismo optarán por Florianópolis, o Punta del Este, o Viña del Mar, según el tipo de cambio. Tal vez el director del Indec pueda traer de Miami los perfumes que necesita para bastante tiempo, o hacerse allí esos masajes de placer y tratamientos de belleza de que habla. Pero si lo que aumentan son los boletos del ferrocarril urbano, aquellos que para ir a trabajar deben viajar todos los días en tren desde Berazategui hasta Constitución no pueden ir a comprar el boleto a otro país, ni cambiar su obligado itinerario por el de otro ramal mas económico; y si aumentó el precio de la leche no la puede sustituir por soda o por perfume en el desayuno de los chicos; y si la municipalidad aumentó la cuota de alumbrado, barrido y limpieza no puede decir bien, gasto menos en alumbrado, barrido y limpieza y compenso gastando más en luz y gas o yendo al cine. Este principio es tan claro y tan evidente, que no sé como el responsable del índice que está en uso actualmente pudo negarlo sin ruborizarse ante los periodistas, y tampoco entiendo como éstos lo dejaron pasar.
Hay quienes suponen que una manera de evitar tal suba consiste en establecer mecanismos de control compulsivo de precios.
Habitualmente la implementación de medidas de esta naturaleza está precedida en lo inmediato por un acuerdo más o menos secreto con veinte o treinta empresas líderes, en el que se deciden incrementos previos u otros beneficios especiales (excensiones impositivas, vista gorda, compras excepcionales por parte del estado) a cambio de que apoyen el plan, y un ajuste también previo de las tarifas públicas; es decir que esos planes consisten en mantener salarios bajos, en perjudicar al productor y al empresariado que no está en el asunto, y en crear artificialmente una estructura de precios relativos en cuya arbitrariedad y desequilibrio está el germen de la desestabilización subsecuente.
Combinando esta política de "recesión dirigida" con una metodología de cálculo del índice preparada ad hoc, se intenta crear la ilusión de que el sistema funciona.
En un reportaje que nos hizo la revista Somos el 13/1/1988, Beccaria pretendió que los precios de lo que consumen los sectores más pobres están mejor controlados durante períodos como los del "Plan Austral", y que por lo tanto su índice daría valores más altos durante tales sistemas.
El propio índice del Indec demuestra la falsedad de esa argumentación: Por aquella época, y desde la implemantación del "Plan Austral", el incremento global del índice fue del 582 %, y el de alimentación y bebidas del 634 %.
Tomando en consideración los alimentos más imprescindibles el efecto es mucho más notorio aún: De acuerdo con un estudio del nutricionista Sergio Britos, publicado en el Boletín Cesni de octubre de 1987, asignando un valor 100 a la variación general de precios entre junio de 1985 y octubre de 1987, el valor obtenido para la canasta de alimentos básicos es 126, contra 86 de los productos no alimenticios. El estudio de Britos está basado también en los datos relevados por el propio Indec.
Además de ayudarnos a entender por que se ideó originalmente el fraude en el IPC en aquellos años, esta reseña puede ayudar a recodar las consecuencias negativas y la falta de efectividad de esas políticas económicas recesivas con control compulsivo de los precios a las que confiemos que no se intente volver, ya que lo visto demuestra que es falso lo que decía Beccaria de que los sectores de menores ingresos resultan favorecidos por sistemas tipo "Plan Austral", y ésto aún basándonos en los datos del propio índice del Indec, que subestima los sobreprecios, e ignora el desabastecimiento de los artículos controlados y la baja de calidad de las mercaderías a la que llevan esas políticas.
La magnitud del incremento de los precios de los alimentos básicos -sólo superada por la de unos pocos artículos y servicios de escasa participación en cualquier índice- nos da una idea del interés de los partidarios de políticas económicas recesivas por reducir la participación de los sectores de menores recursos en el cálculo del índice.
El 30 de agosto de 1987, el director del Indec había emitido un comunicado de prensa en el que negaba que los sectores de menores ingresos de la población tuvieran poca o ninguna participación en el nuevo sistema de cálculo del índice de precios al consumidor.
Finalmente, el 20 de enero del año siguiente, y ante la presión de los dichos del autor de este informe, Beccaria tuvo que admitir ante Clarín que los consumos de las familias más pudientes están más representados y los de las familias muy pobres no tienen representación, que tal era el centro de nuestra denuncia.
El arrebato de sinceridad de Beccaria fue breve, y a continuación el funcionario pretendió convencer de que en el índice anterior ese efecto era más notorio, lo que no hubiera constituido una excusa válida aunque hubiera sido verdad, y no lo era.
La canasta utilizada por el índice de 1970 correspondía todavía con gran aproximación a los hábitos de compra del estrato medio-bajo, como lo hizo notar por aquellos años el economista Alvaro Orsatti. Pero en el índice basado en la encuesta de 1985 de Beccaria la estructura pasó a representar a los estratos más altos.
La explicación dada por Beccaria en Ambito Financiero el 12/1/1988 para intentar justificar la subrepresentación -que hasta poco antes negaba- de los sectores de menores ingresos, consistió en sostener que el índice de precios al consumidor "refleja la estructura efectiva de consumo de mercado".
Ninguno de los economistas de Ambito Financiero se dió cuenta de que Beccaria les dijo un disparate, ya que es evidente que si se quiere reflejar la estructura efectiva de mercado no se puede excluir a ningún sector participante de ese mercado, y mucho menos al 5 % más rico de la población, que representa, justamente por su gran poder adquisitivo, los consumos de una parte sustancial del mercado. Por otra parte, en la metodología oficial del índice de Beccaria se sostiene que se excluyó también a los unipersonales porque poseen estructuras de consumo particulares que difieren de las restantes. Cualquier economista sabe que la estructura del mercado de consumo es el agregado de todos los consumos individuales, incluyendo, por supuesto, a los que viven solos y a los más ricos, de manera que el índice de Beccaria no tenía tampoco esa utilidad. La idea de calcular -como segundo índice y para estudios especiales- un indicador de precios del mercado se la había dado yo mismo en un trabajo fechado en 1985, pero le aclaraba allí que para eso debía incorporarse a toda la población sin exclusiones de ningún tipo.
Otra explicación intentada en aquellos años por el Indec para justificar no utilizar una fórmula de media equiponderada de las estructuras familiares fue que ese procedimiento sería inconsistente con el Sistema de Cuentas Nacionales. Esta excusa, que es la que se eligió para dar en la metodología oficial, se cae por el mismo motivo ya explicado de la exclusión del 5 % más rico y de las viviendas unipersonales. Es evidente que ningún sistema de cuentas nacionales puede requerir excluir una parte importante de las transacciones.
Finalmente Beccaria sostuvo sin sonrojarse que la metodología había sido supervisada por los entes estadísticos de Francia e Italia, y que la fórmula de agregación sesgada hacia los estratos altos que utilizan es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, todo lo cual es una infame mentira. Cuando vino la comisión de estadísticos de esos países, la instrucción fue ocultarles todos mis informes, que eran trabajos oficiales encagados por el propio director del Indec y por el director de la metodología del IPC. Por otra parte no hay absolutamente ninguna directiva de la OIT que recomiende utilizar una fórmula que represente más a los estratos más ricos, y solamente pensar que pudiera haberla resulta absurdo. La intentona por parte del Indec de transferir responsabilidades es ofensiva a los mencionados países, y hacia ese alto organismo internacional. Cualquiera puede consultar a las oficinas gubernamentales estadísticas de Francia y de Italia si es verdad que supervisaron o avalan la metodología del Indec argentino, y a la OIT si es verdad que han dado recomendaciones de utilizar una fórmula agregativa sesgada, y comprobarán así que se trató de una vulgar mentira de la cúpula del Indec.
Otro hecho que llama la atención, y que habla del impresionante poder político que maneja el Indec, es que Beccaria, contestando a nuestras denuncias, dijo el 14/1/1988 al diario Página/12 que el nuevo índice podría ser aplicado recién en 1989 "en otra etapa de gobierno". Debe notarse que el año 1989 debería haber correspondido todavía casi íntegramente al mismo gobierno que estaba en ese momento, por lo que la sugestiva y misteriosa frase de Beccaria solamente puede significar que no pensaba poner en uso el nuevo índice mientras estuviera Raúl Alfonsín de presidente, y, lo que es mas grave aún, que cuando dispuso para junio de ese año la fecha de cambio de sistema de índice ya sabía que Alfonsín no podría concluir su mandato.
De ser cierta la tesis que circuló en esos tiempos de que hubo un sabotaje económico hacia el gobierno de Alfonsín, su frase anticipatoria significa que Beccaria estaba involucrado, o por lo menos estaba al tanto. En caso contrario, al menos especulaba desde más de un año atrás con no malgastar su nuevo sistema con el gobierno radical, y negociarlo con el gobierno siguiente, cosa que parece bastante probable, porque fue el único funcionario de alto rango que siguió en funciones al asumir Carlos Menem.
Más difícil es saber si realmente favoreció el índice de Beccaria al gobierno entrante.
El autor de este informe ya había advertido públicamente en 1987, que por un efecto paradójico del nuevo sistema de cálculo del Indec, si en algún momento se combinaba cierta recuperación del poder adquisitivo de la población con cierto grado de estabilidad y libertad de precios, el índice que había preparado Beccaria en lugar de subestimar la inflación daría de más, pudiendo anular la mejora obtenida y desatar nuevamente la hiperinflación. Esto está documentado en todos los diarios de la época.
A poco de haber asumido Carlos Menem, fuí preguntado por Moisés Ikonicoff a través de su enviado José Katstenstein sobre cuando sucedería el efecto por mí previsto. Les informé que de acuerdo a la política que estaban implementando, el efecto podría tardar entre tres y seis meses.
Y efectivamente se produjo. El equipo económico había proyectado una curva de decrecimiento inflacionario que se estaba logrando cumplir. Las previsiones de los especialistas eran que, si el índice de octubre resultaba cercano al seis por ciento, la curva se volvería asintóticamente hacia cero y se podría lograr la estabilidad. Si en cambio daba un par de puntos más, se perdería la confianza y la curva inflacionaria volvería a dispararse para arriba. Qué pasó?. Pues que todos los indicadores oficiales y privados registraron alredor de seis puntos y medio, menos el índice fraudulento que el Indec les había prometido que les resultaría favorable, que dió 9,4 puntos !
Así, por la puesta en uso de ese índice tramposo, se desató la segunda hiperinflación, y se complicó el primer intento de estabilidad del gobierno de Menem, en un período que debería haber sido el más fructífero, ya que su popularidad estaba aún intacta. Se postergó también, y en gran medida, esa mejora en el poder adquisitivo que se empezaba a perfilar.
Por supuesto Beccaria trató de defender lo que había hecho culpando al efecto de arrastre, pero eso era un nuevo absurdo. Es sabido que el efecto de arrastre es un problema que lo tienen también y en la misma medida los otros índices oficiales y también los índices privados. El único factor que diferenciaba al índice del Indec de los demás era su estructura de cálculo fraudulenta, y el efecto paradójico sobre el que el autor de este informe venía advirtiendo.
El INFORME NATALUCCI: