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funcionarios. El Gobierno entiende que estas reclamaciones deben devolverse al denunciante y que éste puede pedir daños y perjuicios a través de un contencioso administrativo. Desde el departamento que dirige Zaplana explicaron ayer a este periódico que existe una base jurídica para adoptar esta decisión. Según el Ejecutivo de Aznar, el acoso psicológico en el empleo es una infracción laboral por el incumplimiento por parte del empresario de los derechos básicos de su trabajador. Por eso, el ministerio entiende que se trata de un problema de relación laboral regulado en el Estatuto de los Trabajadores y que, en consecuencia, los funcionarios quedan excluidos. UGT denunció ayer que la orden de Trabajo rechaza concebir el acoso laboral como un problema de riesgo de salud para los trabajadores, sean públicos o privados. «El mobbing acarrea discriminacións e, normalmente, ten consecuencias psicolóxicas nos que o padecen, as depresións son moi frecuentes», denunció ayer Juan Carlos Fernández, secretario de organización de la federación de servicios públicos de UGT.
El sindicato ha solicitado a la Xunta que aclare si piensa seguir las pautas marcadas por Trabajo. Desde la Administración gallega se aseguró ayer que «no existen instrucciones de Madrid al respecto» y que «no se está haciendo ningún tratamiento específico en investigaciones de los trabajadores; en principio, las inspecciones deben ser iguales».
DIARIO DE FERROL.-Local.
La jueza de lo Social dejó el caso visto para sentencia ayer
Una empleada demanda a una clínica privada por "mobbing"
Redacción / Ferrol El Juzgado de lo Social acogió ayer la vista por el caso de una auxiliar que presentó una demanda por "mobbing" contra la Clínica San Lorenzo. Begoña G.P., que trabaja en dicho centro desde hace nueve años, declaró que desde hace algo más de un año se siente acosada laboralmente, asegurando que le prohibieron salir del despacho, además de indicarle que si no tenía nada que hacer, que leyera una revista. Indicó, asimismo, que la culpaban a ella cuando había protestas por la depilación por láser y que fue objeto de menosprecio por parte de Pilar L.F., la persona que, según declaró, convive maritalmente con el director médico de la clínica y a principios de año fue elegida representante de los trabajadores, además de ser la responsable de Recursos Humanos. En la demanda también se alude a la modificación sustancial de las condiciones laborales de Begoña G.P. En la vista declaró el padre de la demandante, José G., que durante mucho años fue jefe de personal de la clínica, hasta que, según dijo, le fueron restando responsabilidades que fueron pasando a manos de Pilar L.F. Este trabajador también se encuentra de baja por depresión desde el pasado mes de julio y tiene presentada otra demanda por "mobbing". José G. testificó tener conocimiento de que la responsable de Recursos Humanos había recomendado a los trabajadores de contrato reciente que no hablasen con los de más antigüedad. Por su parte, el director médico de San Lorenzo, Santiago O., declaró que la baja de Begoña G.P. lo había cogido por sorpresa, porque nunca hizo ningún comentario de que no estuviera a gusto o deprimida. Incidió, asimismo, en que el padre de la joven había sido siempre su mano derecha, ocupándose del dinero, el abono de los salarios y de cerrar y abrir la clínica. Según dijo, cesó en esas actividades el día que pidió la baja por depresión, añadiendo que la empresa tenía prevista una gran ampliación, por lo que se había creado el departamento de Recursos Humanos. El director declaró que Begoña había entrado en la clínica por deseo del padre, al igual que otros cuatro o cinco familiares. En los últimos meses se encargaba de la sección de depilación por láser, pero él, como médico, era el que atendía a los clientes y estaba presente en las sesiones. Según declaró Santiago O., Begoña G.P. incitó a otros trabajadores a pedir la baja. En la vista también testificó Olga María P.L., que trabaja en la clínica desde hace siete años, quien dijo que desde hace un tiempo existe presión y malestar en la empresa, situación que asocia a Pilar L.F. Indicó, asimismo, que era conocedora de que a Begoña G.P. se le decía que no trabajaba lo suficiente, añadiendo, en respuesta a preguntas del abogado de la acusación, que ella también se sentía acosada y que se hablaba de despidos a personas de más antigüedad. Otros dos testigos citados por la acusación no asistieron al juicio. Por su parte, Guadalupe F., testigo por la defensa y que lleva 17 años en la clínica, negó haber sufrido acoso y reconoció haber oído comentarios sobre despidos. El técnico José R.V. y la enfermera Helga F. comparecieron como testigos, negando la existencia de acoso. Por su parte, Pilar L.F. reconoció ser pareja de hecho del director médico y llevar funciones "parecidas" a las que antes tenía el padre de la demandante. Dijo no haber recibido ninguna queja por parte de Begoña y precisó que estar en la sección de láser no le parecía denigrante, porque ella también había estado cinco años.
LA VOZ DE GALICIA.- Ferrol.
Un padre y una hija demandan por acoso a la empresa donde trabajan
(la voz | ferrol) El juicio por la demanda formulada por un nuevo caso de acoso laboral ( mobbing ) se celebró ayer en el Juzgado de lo Social número 2. Se da la circunstancia de que la trabajadora, B. G. P., con contrato de auxiliar administrativo en Clínica San Lorenzo, llevó, entre otros, como testigo a su propio padre, encargado de la misma empresa, que también ha formulado una demanda semejante y cuyo juicio se verá en las próximas semanas.
El fiscal, durante el juicio de ayer, quiso saber si el comportamiento de los superiores jerárquicos había infringido el derecho constitucional a la integridad.
El criterio de la demandante es que el clima de acoso pretende que pida la baja de la empresa voluntariamente. La empresa rechaza esta versión y asegura que sólo se busca una indemnización.
Miércoles, 17 de septiembre de 2003
LAS PROVINCIAS DE VALENCIA.- ECONOMÍA.
El 'mobbing' es ya la segunda causa de las bajas laborales
Unión de Mutuas invierte 3 millones en construir su nueva sede
El acoso en el trabajo o 'mobbing' ocupa ya el segundo puesto en el listado de causas que provocan las bajas laborales. Es el diagnóstico que ayer ofreció el director de Unión de Mutuas, Juan Enrique Blasco, en la presentación de los resultados de 2002. La firma invertirá 3,5 millones en la construcción de una nueva central en Paterna.
El fenómeno del hostigamiento psicológico en el trabajo no es nuevo. Pero lo cierto es que no sólo están llegando cada día más casos a los tribunales sino que, en estos momentos, el acoso laboral o 'mobbing' es ya la segunda causa de las que provocan las bajas laborales. Eso es lo que, al menos, se desprende de los datos de los que dispone Unión de Mutuas. Los resultados de los últimos estudios señalan, de hecho, que más de dos millones de personas sufren acoso psicológico en el trabajo en nuestro país, lo que supone más del 16% de la población activa. Estos trabajadores han sufrido acoso en los últimos seis meses con una frecuencia mayor a una vez por semana. El director gerente de Unión de Mutuas, primera del sector en la Comunidad Valenciana y novena en el ranking nacional, habló de una reducción global de la siniestralidad laboral y se se quejó del hecho de que las estadísticas oficiales contabilicen como accidente en el trabajo los registrados in itínere o los fallos cardiovasculares algo que, sentenció, no sucede en el resto de la Unión Europea. Blasco, que ayer hizo públicos, en conferencia de prensa, los resultados con los que la entidad cerró 2002, avanzó la intención de Unión de Mutuas de invertir 3,5 millones de euros en la compra de suelo y construcción de una nueva sede central en Valencia. El nuevo centro, que se instalará en el Parque Tecnológico de Paterna, pretende dar servicio a la ciudad de Valencia y su área de influencia. La central operativa, en la que no habrá instalaciones para hospitalización, tendrá 6.000 metros cuadrados y de éstos, un 40% se dedicará a departamentos de prevención de riesgo laborales, además de servicios de urgencias y rehabilitación. La cuenta de resultados de Unión de Mutuas de 2002 arroja unos ingresos de 136 millones de euros, un 10,4% más que un año antes. Las cuotas a cargo de empresas ascendieron a 121,4 millones y a cargo de los asalariados a 9,5 millones. Blasco apuntó que para 2003 se esperan obtener unos ingresos totales de 154 millones, de los que 143 corresponderían a cuotas.
ABC.-Valencia.
Los problemas psicológicos son ya la primera causa de las bajas laborales
A. CAPARRÓS
El estrés, el «síndrome del quemado» y el «mobbing» son algunas de las dolencias más comunes entre los 235.000 trabajadores protegidos por la Unión de Mutuas
VALENCIA. Los denominados factores «psicosociales» ya suponen la primera causa de las bajas en el trabajo, con un 14% de los casos, según explicó ayer el director general de la Unión de Mutuas, Juan Enrique Blasco. El estrés, el «síndrome del quemado» y el «mobbing» son algunas de las «nuevas» patologías que generan este elevado porcentaje entre los 235.000 trabajadores protegidos de las contingencias de accidentes de trabajo de la primera mutualidad de la Comunidad y novena de España. Las lesiones musculares y esqueléticas -como las lumbalgias por sobreesfuerzos- también significan el 14% de las bajas laborales de los trabajadores de las 57.189 empresas valencianas asociadas en la Unión de Mutuas. Las caídas de altura, con el 6% de los casos, son otras de las principales causas de la siniestralidad. Juan Enrique Blasco explicó que los accidentes laborales con baja entre las empresas protegidas por la Unión de Mutuas han disminuido un 6% en lo que va de año, mientras que en el ejercicio anterior la disminución fue del 9%. También se refirió a un descenso en el número de accidentes mortales, aunque no especificó el porcentaje -se informó del descenso del año 2002, cifrado en el 30,7%-. Con todo, explicó que las estadísticas en España sobre siniestralidad laboral con resultado de muerte -que han aumentado de forma considerable en lo que llevamos del año en la Comunidad- «no son homologables a las europeas, porque se registran los accidentes de tráfico o las enfermedades cardiovasculares». Respecto a las 572 empresas mutualistas incluidas en el Plan de la Generalitat por considerarlas más conflictivas, el descenso de la siniestralidad laboral alcanzó el 33%. Blasco explicó que, al margen de las políticas de prevención de riesgos laborales, la Unión de Mutuas se dedica a dar cobertura a los accidentes laborales de sus empresas, con treinta centros y tres clínicas en toda la Comunidad, y al control de la incapacidad por contingencias comunes. El director gerente de la compañía informó de que durante el pasado año la recaudación alcanzó los 136 millones de euros, cantidad que se espera rebasar este ejercicio en más de seis millones. Además, anunció la construcción de un nuevo centro en el Parque Tecnológico de Valencia y unas inversiones de 18 millones en la mejora de sus sucursales.
LA OPINIÓN DE LA CORUÑA.- Local.
LOS SEIS FUNCIONARIOS PRESUNTAMENTE ACOSADOS TAMBIÉN COMPARECERÁN ANTE EL MAGISTRADO
El juez acusado de acoso declara ante el instructor del Poder Judicial
M. Ballesteros.A Coruña
José Manuel Ramírez Sineiro, el juez expedientado por el presunto acoso moral al que sometió a seis subordinados, declaró ayer durante más de tres horas ante el instructor designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, José Antonio Seijas. El CGPJ, que incoó el expediente disciplinario al juez a principios de abril por faltas graves de abuso de autoridad o desconsideración, también ha llamado a declarar a los seis funcionarios del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña que fueron sometidos presuntamente a acoso moral por el titular del órgano judicial, quien ya fue acusado de hechos similares cuando estuvo destinado en un juzgado de Ceuta. El magistrado instructor, que hoy continuará tomando declaración a los trabajadores, dispone de poco más de dos semanas para hacer su propuesta de archivo o de sanción a la comisión disciplinaria del CGPJ, según la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el procedimiento sancionador no excederá los seis meses. El juez Ramírez Sineiro fue denunciado en septiembre del año pasado por Comisiones Obreras ante la Inspección de Trabajo y ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El sindicato aseguraba en su escrito que el magistrado había sometido a vejaciones y a trato desconsiderado a los seis funcionarios del juzgado, que entonces estaban de baja con cuadros ansioso-depresivos y que continuaron en esa situación hasta el mes de diciembre, cuando fueron trasladados en comisión de servicio a otro juzgado de la ciudad. El CGPJ envió a sus inspectores a A Coruña un mes después y éstos propusieron la apertura del expediente disciplinario, que no fue incoado hasta el mes de abril. A pesar de esta resolución y de la contundencia del informe de los inspectores, los miembros de la comisión disciplinaria del CGPJ a punto estuvieron de dar carpetazo al asunto al votar a favor de que se archivase la denuncia contra el magistrado. Los inspectores del Poder Judicial dispusieron, entre el material recabado, de un escrito del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Jesús Souto, remitido dos días después de la denuncia y en el que confirmaba la veracidad de los hechos denunciados. El juez aseguraba que la denuncia culminaba "una larga serie de tratos desconsiderados" y que el propio secretario judicial del juzgado de lo Contencioso-Administrativo había calificado el ambiente de "tensión insufrible".
Jueves, 18 de septiembre de 2003
DIARIO DE TARRAGONA.-Local.
Juicio por supuesto 'mobbing' en la Biblioteca Nacional de Catalunya La directora y ex diputada de CiU lloró durante su declaración Efe Una trabajadora de la Biblioteca Nacional de Catalunya reclamó ayer al departament de Cultura de la Generalitat una indemnización de 40.000 euros tras acusar de acoso moral en el trabajo o mobbing a la directora de esta infraestructura cultural, Vinyet Panyella. El juzgado de Lo Social 22 de Barcelona celebró ayer el juicio por presunto acoso moral en el trabajo a instancias de una demanda presentada por la técnica de la Biblioteca, Lluisa S.T., que ha decidido llevar el caso a los tribunales.
La directora de la Biblioteca, Vinyet Panyella, dijo en la vista que su trato con los trabajadores siempre ha sido cordial y siempre ha tratado de que estén contentos en sus ocupaciones. Tras esta declaración, la ex diputada de CiU en el Parlament ha roto a llorar.
Según la demanda, el supuesto acoso denunciado por ésta y otras tres trabajadoras de la Biblioteca se inició en el año 2000 cuando decidieron presentar varias demandas para que se les reconociese su verdadera categoría profesional.
Fue a partir de las sentencias que daban la razón a las trabajadoras cuando, según la denunciante, comenzó el supuesto mobbing consistente, entre otras cosas, en vaciar su cargo de funciones y recibir encargos «monótonos, repetitivos, innecesarios o impropios de mi categoría». Según la demandante sus superiores, por orden de la directora, no le informaban de su papel en el trabajo, le denegaron dos veces el cambio horario y se llegó incluso a una situación de «ninguneo y desprecio» hasta que pidió la baja por depresión laboral en 2002.
LA MAÑANA.-Economía
'Quemados' y 'acosados' copan ya el 18% de las bajas en el trabajo Lleida - X. Nadal Los riesgos sicosociales emergentes -estrés, mobbing o acoso moral, depresión y burning out, popularmente conocido como estar quemado- provocan el 18 por ciento de las enfermedades profesionales, "aunque son síntomas difíciles de detectar y de cuantificar", según afirmó ayer el director general de Relacions Laborals, Jaume Abat. La proliferación de las enfermedades se debe, en la mayoría de los casos, por la organización del trabajo. En este sentido, se apunta la inadaptación del trabajador a los cambios en la empresa, proceso que exige un esfuerzo físico, sicológico y emocional que al no superarse provocan los diferentes tipos de riesgos sicosociales. Abat comentó que desde el Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme se están llevando a cabo una serie de campañas informativas y de formación para prevenir los riesgos laborales. En este sentido, destacó que desde este curso se imparten clases en primaria y secundaria para concienciar a los alumnos en materia preventiva. El director general de Relacions Laborals realizó las declaraciones en el transcurso de su visita a la empresa Ferrolleida, de la que remarcó su "arraigo al tejido industrial de Lleida y su esfuerzo en la prevención de los riesgos laborales". Abat dio a conocer las cifras de siniestralidad laboral de las comarcas leridanas en los ocho primeros meses del 2003. Los 5.727 accidentes representan un descenso del 13,20 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, "lo que demuestra que entre todos estamos realizando una correcta política de prevención, aunque no tenemos que relajarnos e intentar que el descenso sea mayor en el 2004", apuntó. De enero a agosto se han contabilizado 5.611 accidentes leves, un 13,32 por ciento menos que en el 2002 (6.473). Los incidentes graves ascendieron a 108, contra los 110 del año anterior. Mención aparte merecen los accidentes mortales en Lleida. Los ochos trabajadores fallecidos este año contrastan con los 15 del 2002, lo que significa una reducción del 46,67 por ciento. El sector servicios contabiliza seis muertos, mientras que el industrial y la construcción se reparten los dos restantes. La mayoría de estos siniestros se han producido a causa de accidentes de tránsito. Jaume Abat mostró su preocupación porque "agosto ha sido un mes muy malo, ya que se han producido tres fallecimientos que han desvirtuado las estadísticas del año en curso". El director general de Relacions Laborals también informó que las inspecciones de trabajo en la demarcación de Lleida han aumentado un 20 por ciento en el primer semestre del año con respecto al 2002. Inspección de Trabajo ha efectuado 952 visitas, ha impuesto 182 infracciones por un importe total de 464.650 euros (contra los 353.295 euros del 2002) y ha ordenado la paralización de 19 puestos de trabajo -por ejemplo, máquinas y camiones cuya utilización comportara riesgo inminente de accidente-. Abat finalizó su visita a las Terres de Ponent con la clausura de una jornada sobre uno de los riesgos sicosociales más frecuentes, el estrés laboral, que se celebró en el Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball.
Viernes, 19 de septiembre de 2003
LA TRIBUNA DE SALAMANCA.-Local.
El juez archiva la denuncia de una funcionaria contra sus jefes por acoso moral en el trabajo
Se trata de la primera querella interpuesta por 'mobbing' en los juzgados de Salamanca
Mercedes Casal La primera denuncia por 'mobbing' en Salamanca no ha prosperado. El juez ha desestimado la querella criminal interpuesta en abril del pasado año por una funcionaria del Centro de Educación Vial de Salamanca, dependiente de la Dirección General de Tráfico, por un supuesto acoso moral en el trabajo. Según explicaron ayer fuentes cercanas al caso, la demanda por coacciones contra el director del centro, Miguel Moreno; el jefe de área, Juan Jesús Martín; y la subdirectora general, Estrella Rivera, no ha prosperado finalmente pese a que en su día fue admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Salamanca. El archivo de la causa se ha debido, según las fuentes consultadas, a que los hechos no han sido considerados por el juez como «infracción penal». No obstante, la autoridad judicial ha dejado la puerta abierta a la vía contencioso-administrativa, civil, laboral o la que en su caso procediera. Mientras tanto, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT se ha anunciado ya el recurso «a cuantas instancias judiciales, extrajudiciales u organismos pudieran ser competentes sobre el particular», de tal modo que, afirman, «hechos tan graves como los denunciados tengan el tratamiento que merecen, y que no es otro que la condena penal de los responsables que amparándose en su prepotencia y mediocridad intentan someter a las personas que de ellos dependen». UGT insta a los poderes públicos a que se incluya la figura del 'mobbing' en el Código Penal, dado que, según la sentencia emitida, el fundamento para el archivo se centra en que el acoso moral en el trabajo no se encuentra tipificado en nuestro Código Penal, por lo que no es posible encuadrarlo en el mismo, a pesar de reconocer las tensiones padecidas por la trabajadora en su centro laboral. Según prosigue el sindicato, en la resolución judicial se indica que la vía a seguir sería la Contencioso-Administrativa, ante el juzgado correspondiente, «en tanto en cuanto no aparece recogido el mobbing en nuestras leyes penales», y todo ello a pesar de la gran cantidad de pruebas existentes, a lo largo de más de cinco años, «sobre el padecimiento, abusos y desprecio que la trabajadora viene soportando día a día en su trabajo». Denuncia La trabajadora y otras dos compañeras denunciaron en su día este acoso, por parte del centro en el que trabajan desde hace más de 16 años. En este tiempo, según destaca UGT, han sido sometidas a «constantes situaciones de humillación», mientras que «las intimidaciones, las faltas de respeto, las acusaciones en público de haber comprado un coche de manera fraudulenta, etc.», son constantes.
EL ADELANTO DE SALAMANCA.-Local.
Proponen incluir el ´mobbing´ dentro del Código Penal
Desde la Federación de Servicios Públicos de UGT de Salamanca instaron ayer a los poderes públicos para que se incluya de inmediato la figura del acoso moral en el trabajo dentro del Código Penal, "a fin de que situaciones como la denunciada no queden sin la pena correspondiente, pues son numerosos los casos que se vienen produciendo sobre el particular". UGT considera que es un tema de interés que requiere la sensibilización de la sociedad y una expresa tipificación en la normativa que haga más fácil a la justicia pronunciarse ante esta nueva agresión.
FUE PRESENTADA EN ABRIL POR UNA FUNCIONARIA DE EDUCACION VIAL
Archivada la querella por acoso moral en el trabajo
Ana Redondo
El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 --antes también de Instrucción-- ha desestimado la querella criminal por acoso moral en el trabajo presentada por una trabajadora del Centro Superior de Educación Vial de Salamanca por no estimar que los hechos sean de infracción penal. Sin embargo, el juez considera que quedan otras vías, como es la contencioso administrativa, ya que no aparece recogido el mobbing (acoso moral en el trabajo) en las leyes penales. La querella que ha sido desestimada es una de las dos que se presentaron el pasado mes de abril, y es que la otra todavía no tiene resolución judicial. Ante esta resolución, Antonia Fraile, secretaria general de Federación de Servicios Públicos de UGT, manifestó que el archivo de la querella se fundamenta en que no es posible encuadrarlo en el Código Penal a pesar de reconocer las tensiones padecidas. Desde UGT señalan que "se recurrirá a cuantas instancias judiciales, extrajudiciales u organismos pudieran ser competentes sobre el particular para que hechos tan graves como los denunciados tengan el tratamiento que merecen, y que no es otro que la condena penal de los responsables". ALTERACIONES La querella criminal se presentó contra tres directivos de Educación Vial el pasado mes de abril por las lesiones y alteraciones físicas y psíquicas que llevaban sufriendo cuatro años dos funcionarias como consecuencia del acoso moral, la discriminación laboral, el hostigamiento y el abuso de autoridad que ejercían los tres superiores. A partir de superar una oposición, las dos empleadas comenzaron a ser discriminadas, siendo las dos únicas mujeres del grupo A que tienen asignado el nivel más bajo de su escala. LA OPINIÓN DE LA CORUÑA.-Local.
UNA DE LAS TRABAJADORAS YA HA SIDO MULTADA POR UNA FALTA GRAVE Y HA RECURRIDO ANTE MICHAVILA
El TSXG quiere sancionar a tres de los funcionarios víctimas de acoso María Ballesteros.A Coruña
La sala de gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha formulado cargos por faltas disciplinarias graves contra tres de los funcionarios que presuntamente fueron víctimas de acoso moral por parte de su superior, el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de A Coruña, José Manuel Ramírez Sineiro. El organismo judicial, que preside el magistrado Jesús Souto Prieto, ha formulado pliego de cargos contra los trabajadores por presuntas faltas de desconsideración a un superior a pesar de que el instructor de los expedientes -incoados tras la denuncia presentada por Ramírez Sineiro- propuso el archivo de las actuaciones. La misma propuesta fue formulada por el instructor del procedimiento disciplinario incoado a otra de las trabajadoras, agente del mismo juzgado, que, sin embargo, fue sancionada por la sala de gobierno del TSXG, resolución contra la que la funcionaria ha presentado recurso de alzada ante el ministro de Justicia, José María Michavila. Los hechos que motivaron la apertura del expediente a los tres trabajadores fueron denunciados por Ramírez Sineiro después de que Comisiones Obreras presentara un escrito en el que acusaba al juez de someter a acoso moral a sus subordinados, cuatro de los cuales pidieron la baja por crisis de ansiedad. La denuncia del sindicato fue el origen del expediente disciplinario que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha incoado al juez y que en la actualidad está en fase de instrucción. Los tres funcionarios contra los que la sala de gobierno del TSXG ha formulado cargos ya han presentado alegaciones en las que destacan que la causa de los incidentes que han motivado la apertura de expediente es "la situación de hostigamiento" que sufren en su puesto de trabajo, circunstancia que también fue destacada por el instructor en su propuesta de archivo. Tras referirse de forma genérica a las dificultades de trabajar en un "ambiente de hostigamiento", el encargado de la instrucción dice en su propuesta: "De las declaraciones de los interesados y del señor secretario del juzgado, parece indudable que tal es la situación que desde hace mucho tiempo se vive en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno, por lo que, incluso si se hubieran producido los hechos tal como relata el magistrado-juez, lo cual, por otra parte, no ha quedado suficientemente acreditado, éstos no serían sancionables". Los funcionarios consideran "sorprendente" que la sala de gobierno presente pliego de cargos ya que aseguran en su escrito que este organismo conoce "por diversas fuentes" el ambiente laboral del juzgado. "Resulta sorprendente que dé ahora pábulo a lo que no es sino una reacción por parte del señor Sineiro frente a la desesperada petición de ayuda de los funcionarios", dicen en su escrito de alegaciones, tras el que tendrán que resolverse los expedientes. Los trabajadores argumentan que en el pliego de cargos no se dice de forma clara qué faltas se les imputan ni los hechos concretos, lo que dificulta su derecho a defenderse. Recuerdan también que ya han transcurrido los seis meses que la ley establece como plazo máximo del procedimiento, ya que los hechos fueron denunciados hace un año.
Sábado, 20 de septiembre de 2003
LA VERDAD.-Opinión.
LA ZARABANDA Y del 'mobbing', ¿qué? GARCÍA MARTÍNEZ/ Pues del mobbing, na. / ¿Y no dicen qué? / Dicen, pero ca». Esta es la cosa. No acaba de cuajar aquí en España esto del mobbing.
¯Los móviles, sin embargo...
¿Hombre! Los móviles han cuajado fenomenalmente. Hay algunos payos que hablan a través de tres móviles al mismo tiempo.
Como sabrá el lector, el mobbing es el acoso al que ciertos jefes someten a ciertos trabajadores. No hablamos aquí de cuando se les echa mano al culo -y no sólo a las señoras-, sino que el acoso que decimos es de carácter espiritual, o moral, en fin, que no requiere tocamiento.
Las acusaciones de mobbing suelen recaer casi siempre en el encargao, que es una figura muy española. Él es quien está más cerca del currante y por eso se le concede casi todo el protagonismo. Pero también hay un mobbing a distancia, como si dijéramos. Y que no es menos dañino que el otro. Este mobbing que aludo está a cargo de los jefes superiores. Y es más dañino, si cabe, que el otro, que es un mobbing primitivo, por así decirlo.
¯Entonces, ¿se puede hace mobbing por teléfono?
Ya lo creo. Y hasta por satélite.
Este mobbing distanciado es criminal. Porque tú no le ves la cara al ejecutante. Peor todavía: el ejecutante, cuando se topa contigo, te mira sonriente, el jodío de él, que parece que ha visto a Dios. El mobbing de lejos hace, ya digo, mucho daño y, sin embargo, resulta muy cómodo para quien lo ejecuta. La variante española de este mobbing fino se ayuda de algo tan nuestro y tradicional -perteneciente al acervo- como el mal de ojo. Para echarte el mal de ojo, el superior necesita apenas nada, segundos. Como siempre ha ocurrido con el mal de ojo. Y sólo con eso te quedas hecho un vendo, como decían nuestros mayores.
De lo que se trata, en fin, es de que la legislación sepa distinguir. Que no hay sólamente un mobbing a pie de obra, sino que existen modalidades más sutiles y que encierran mayor maldad.
Yo tengo la suerte de que, a mí, los jefes me adoran, dende luego. Y el único mobbing que padezco es el de los lectores, que son tremendos. Pero ese es un mobbing muy de agradecer, porque el lector no te quiere joder.
LA VANGUARDIA.-
Libertad y disciplina
Gobierno y oposición coinciden en el deseo de atajar el incivismo, pero no en el método RAMON SUÑÉ / SILVIA ANGULO - 20/09/2003 Barcelona.
Quizás no fue más que un inicio prometedor, pero gobierno y oposición empezaron ayer a armarse para la batalla contra el incivismo. El que se perfila como el principal reto que deberá afrontar Barcelona en los próximos años acaparó el interés de un pleno del Ayuntamiento, que, en consonancia con la cuestión que en él se debatió, discurrió sin la crispación que caracterizó la sesión del mes de julio. Todas las formaciones coincidieron en el diagnóstico -el uso incívico del espacio público es un problema de extrema gravedad-, aunque discreparon a la hora de señalar la receta más adecuada para curar este mal. Aunar criterios será, precisamente, la difícil misión de la comisión que, bajo la dirección de la concejal de Educación, Marina Subirats, y con la participación de todos los grupos tratará de poner las bases de un pacto ciudadano por el civismo.
Marina Subirats anunció el propósito del equipo de gobierno de propiciar "un pacto ciudadano" que conjugue "libertad individual y disciplina colectiva", y que incluya una definición de las normas de conducta adecuadas, una "amplísima información" a la población, un voluntariado cívico y un sistema de sanciones que se pueda aplicar. Los grupos de la oposición dieron su apoyo a esta iniciativa no sin advertir que a comienzos de los noventa ya se hicieron diagnósticos parecidos y trazaron líneas de actuación similares que el tiempo ha invalidado.
El convergente Xavier Trias señaló que la campaña de promoción del civismo no basta, que demasiado a menudo "se ha confundido la tolerancia con el desorden" y que Barcelona ha de redefinir "qué modelo de ciudad queremos". El grupo CiU, apuntó su líder, lo quiere "sostenible y de calidad" para evitar que "el éxito nos mate a todos". En este sentido dio especial importancia al papel de la Guardia Urbana -pidió 880 policías- y a la figura del "guardia de barrio", no como agente de represión, sino de prevención de conflictos.
La fórmula del PP también pasa por el incremento de la plantilla de la Guardia Urbana -1.000 nuevos efectivos-, pero pone más el énfasis en la necesidad de "sancionar a los incívicos" sin remilgos. Alberto Fernández se felicitó de que la izquierda "redescubra los valores del civismo que hace un tiempo tildaba de anticuados" y responsabilizó al Ayuntamiento de una situación que, a su juicio, provoca que "al alcalde la ciudad se le escape de las manos". "Hace falta construir una Barcelona que ponga fin a la impunidad, un Ayuntamiento y una Guardia Urbana inflexibles con los incívicos y los gamberros", añadió el líder del PP, que se quejó de la comprensión que muestran algunos miembros del gobierno local hacia los colectivos "alternativos".
Imma Mayol rebatió el análisis de Alberto Fernández por considerarlo "demasiado simplista y primario para un hecho tan complejo". La tercera teniente de alcalde dijo que "las normas de convivencia se han de adecuar a la nueva realidad" y que, por lo tanto, no valen las soluciones del PP. "No hay que caer en la ilusión de la magia de la ley", sentenció. Por su parte, Jordi Portabella, en línea con sus socios de gobierno, se inclinó por anteponer el pacto ciudadano a las medidas represivas. El segundo teniente de alcalde se mostró partidario de "un civismo de empatía" que busque el equilibrio entre las libertades individuales y las colectivas
El pleno de ayer sirvió también para que el equipo de gobierno presentara un plan de actuación contra el "mobbing" inmobiliario, una petición que los grupos de la oposición ya habían reclamado anteriormente. La Oficina Municipal de Atención al Consumidor ofrecerá a partir de noviembre asesoramiento jurídico e información a las víctimas de este acoso inmobiliario. El Ayuntamiento quiere perseguir estas "prácticas ilegales" y podría llegar a personarse como acusación particular en los casos más graves.
Con esta iniciativa se pretende acabar con la presión que ejercen algunas empresas sobre los inquilinos de los edificios -sobre todo en aquellos que pagan un alquiler más bajo- para que abandonen sus casas y realquilarlas a precios más altos o demolerlas y construir nuevos pisos. La Oficina de Atención también vigilará a las inmobiliarias o privados que publiquen anuncios que nieguen el acceso a una vivienda de alquiler a personas extranjeras. El concejal de Presidencia, José Cuervo, explicó que muchas promotoras no tienen la misma sensibilidad que el Ayuntamiento a la hora de llevar a cabo procesos de remodelación urbanística. "En muchos casos los ciudadanos se sienten indefensos al no disponer de recursos de información o jurídicos para defender sus intereses", dijo el concejal. Sin embargo, CiU reclamó que el asesoramiento se ampliase también para los afectados por transformaciones urbanísticas municipales. Por ello, reclamó que la función de defensa de este colectivo la asuma el Defensor del Ciudadano, una vez se cree esta figura. El popular Alberto Villagrasa puso en duda la eficacia de la medida adoptada y reclamó una intervención urgente en Ciutat Vella, "donde se produce la mayor parte de los casos de presión inmobiliaria".
PARTIDO POPULAR. La primera obligación municipal es hacer que la Guardia Urbana sancione a "incívicos y gamberros"
CONVERGÈNCIA I UNIÓ. Hay que definir el modelo de ciudad para que "el éxito no nos mate", y recuperar el "guardia de barrio"
EQUIPO DE GOBIERNO. PSC, ERC e ICV confían más en un "pacto ciudadano" por el civismo que en medidas sancionadoras
El Ayuntamiento llevará al juez el "mobbing" inmobiliario
EL COMERCIO.-Oviedo
El PSOE muestra sorpresa por la inhibición del fiscal jefe ante el acoso a funcionarios Herrero invita al interventor municipal «a denunciar si entiende que ha sido presionado» El magistrado y el alcalde eluden a hablar «del asunto» en la reunión que mantuvieron ayer MARTA FRECHILLA/OVIEDO Hasta el último minuto, los responsables del equipo de gobierno mantuvieron el misterio sobre el encuentro que el nuevo fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero, tenía previsto mantener con el alcalde, Gabino de Lorenzo. Curioso tanto mutismo, porque al final sólo se trató de un encuentro protocolario. Según palabras del fiscal, «sólo hablamos de temas intrascendentes: el Real Oviedo, las fiestas y el nuevo equipo».
PSOE e IU esperaban que uno de los contenidos fuera la denuncia del interventor general del Ayuntamiento, Pedro Olalla, que la semana pasada solicitó el amparo del primer edil al considerar que había sido relegado en sus funciones por el edil de Economía, José Agustín Cuervas-Mons.
A pesar de la gravedad que, de confirmarse, podría representar el acoso a funcionarios, Gerardo Herrero descarta investigar el asunto. «Los tribunales tienen que guardar una abstención», sobre todo, añadió, cuando la noticia es reciente -se conoció el lunes- y todo lo que sabemos es a través de «noticias en prensa». «Del asunto, el alcalde no me comentó nada», dijo el fiscal, quien no necesitó explicar a qué se refería con «el asunto». Insistió en que, antes de intervenir en el caso, es partidario de que el propio afectado sea el que emprenda las acciones legales. «Si entiende que ha habido presiones, tiene la posibilidad de denunciarlas», dijo.
Visita «inoportuna»
La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) hizo pública su «sorpresa» ante las palabras de Gerardo Herrero. Entre líneas, también se leía cierta indignación. «A juicio de esta agrupación municipal, no se comprende que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias se haya reunido oficialmente con el alcalde de Oviedo. Esta visita es inoportuna», manifestaron los socialistas ovetenses.
Los responsables de la AMSO también se muestran sorprendidos de la decisión del fiscal jefe de no investigar el caso «argumentando que es un asunto de índole política». No en vano, consideran que la denuncia de Olalla, «el ataque a la función interventora del Ayuntamiento y las irregularidades de las cuentas municipales» tienen mayores implicaciones: «son temas que afectan a la gestión pública» y a la economía municipal. Una vez más exigieron a De Lorenzo a que «ofrezca una explicación pública», tras varios días sin aparecer en plenas fiestas. Tuvo tiempo para recibir a una delegación de Bochum que regaló a la ciudad una muñeca que encarna a la protagonista de 'Starlights', musical de gran éxito en la ciudad hermanada.
ANÁLISIS
El modelo de gestión del PP PILAR ALONSO ALONSO
Hace unos meses, José María Aznar y Javier Arenas proclamaban a los cuatro vientos que Gabino de Lorenzo era el modelo de gestión municipal del PP. Es importante recordarlo ahora, porque es necesario que todos los asturianos conozcan con detalle cuáles son las líneas de actuación del alcalde de Oviedo.
El Ayuntamiento de Oviedo hace muchos años que gasta -en realidad, despilfarra- más dinero del que ingresa. Los socialistas lo hemos denunciado hasta la extenuación, aunque han tratado de que pareciera ante muchos ciudadanos como un mero enfrentamiento político. Pero hace apenas una semana que el interventor general, Pedro Olalla, también lo ha denunciado. Y, además, ha hecho públicas muchas otras irregularidades. Los presupuestos no cuadran, la liquidación de las cuentas de los últimos años es ilegal, el PP 'maquilla' los datos para hacer ver que las cosas van bien. La realidad es que el Ayuntamiento está en quiebra técnica y no puede afrontar lo que debe, nada menos que 60.000 millones de pesetas.
Ante esta denuncia, De Lorenzo ha reaccionado como acostumbra, ocultándose detrás de sus concejales y pisoteando al funcionario público con insultos y descalificaciones. Una situación previsible, puesto que a este funcionario, por cumplir con su deber y exponer la verdadera situación económica del Ayuntamiento de Oviedo, se le ha sometido desde hace meses, según él mismo ha denunciado, a un auténtico acoso laboral, relegándole de sus funciones, quitándole el despacho y presionándole hasta límite personalmente insoportables. De Lorenzo y sus concejales vulneran, así, uno de los más elementales principios democráticos, la independencia de los funcionarios públicos.
Ese es el modelo de gestión del PP que pretenden trasladar no solo a Asturias, sino a toda España. Un modelo basado en la mentira y la falsedad. En una gestión caracterizada por la más absoluta ausencia de planificación y transparencia, que obliga a esconer y disimular las cuentas y los datos del dinero de todos. Un modelo basado en lo superficial, en la venta de la imagen por encima de las necesidades reales de los ciudadanos, que van a sufrir las consecuencias. Un modelo de fachadas de colores que esconden una gravísima realidad.
En definitiva, un modelo que, en Oviedo, desde hace doce años es cada vez más escandaloso y antidemocrático. Un modelo que esperamos, por el bien común, no tengan que soportar en el futuro ciudadanos de otros municipios.
Pilar Alonso Alonso es concejal del Grupo Municipal Socialista de Oviedo.
Domingo, 21 de septiembre de 2003
LA VOZ DE ASTURIAS.-España.
EL OFICIAL SUPERIOR ESTA DE BAJA POR MOTIVOS PSICOLOGICOS Un asturiano denuncia el primer caso de ´mobbing´ en el Ejército El militar acusa a 15 mandos del Acuartelamiento de Munguía por vejaciones y humillaciones Entre los denunciados figuran coroneles, tenientes coroneles, comandantes y capitanes
Pilar Campo El militar asturiano J.P. ha denunciado el primer caso de mobbing --acoso psicológico en el trabajo-- que se registra en el seno del Ejército. Su situación no tiene precedentes en la institución castrense y presenta la peculiaridad de que la denuncia se ha dirigido, de forma colectiva, contra 15 mandos adscritos al Acuartelamiento de Soyeche, en Munguía (Vizcaya), donde el oficial superior estaba destinado. J.P. se encuentra en situación de baja psicológica. Dos coroneles, dos tenientes coroneles, un comandante, cuatro capitanes, tres tenientes, un subteniente, un sargento primero y un cabo primero han sido identificados --con nombres y apellidos-- por el militar asturiano como los presuntos autores de las vejaciones y humillaciones que, según los expedientes a los que ha tenido acceso este periódico, ha sufrido desde que descubrió algunas irregularidades en el cuartel y las puso en conocimiento, primero de sus superiores, y más tarde del juzgado militar. EXPEDIENTES Las primeras actuaciones que el militar encuadra dentro del acoso psicológico sufrido se produjeron en diciembre de 2001, si bien J.P. tardó casi seis meses en presentar la denuncia. Su ausencia en una cena de despedida de la Patrona, que era de carácter voluntario, desencadenó el primer incidente. El siguiente encontronazo llegaba a través de una sanción a raíz de que el oficial superior requiriera el saludo a un teniente y el coronel sancionara al militar asturiano con cuatro días de arresto --que recurrió-- y al teniente con dos días por replicarle que le recomendaría a un otorrino por no haber oído el saludo. La invención o difusión de rumores y calumnias de forma malintencionada, la minusvaloración de su trabajo, la imputación injustificada o falsa de incumplimientos, errores o fallos sin consistencia o entidad real, la atribución de conductas ilícitas o antiéticas contra la Unidad o los mandos para perjudicar su imagen y reputación, la humillación y el desprecio en público son algunas de las acusaciones que el militar asturiano atribuye a los mandos a los que ha denunciado como expresión del acoso psicológico que sostiene que sufrió en el cuartel. Hasta el momento, pese a que han transcurrido ya nueve meses desde la presentación de la denuncia por mobbing, no ha sido llamada a declarar ninguna de las diez personas que el oficial propuso para acreditar su personalidad a efectos de que se atemperase la graduación de las sanciones. Entre los testigos propuestos por el militar figura un general de brigada, que fue su jefe en ese cuartel.
TRAYECTORIA J.P. ingresó en el Ejército hace 20 años. A lo largo de su trayectoria militar ocupó diversos puestos de responsabilidad y su eficacia en el servicio se vio recompensada con la concesión de una cruz al mérito militar con distintivo blanco y cuatro felicitaciones por escrito que constan en su hoja de servicios. Su impecable historial se vio empañado con las primeras denuncias que presentó y que se tradujo en la apertura de cuatro expedientes por falta grave, de los que tres terminaron sin responsabilidad. El cuarto fue por haber ordenado a sus dos suboficiales auxiliares que hicieran un informe sobre la relación de trabajo durante el último año, ya que el coronel sostenía que era mala y el militar discrepaba. A pesar de que no lo hicieron, se saldó con un arresto por falta grave de 35 días. El oficial denunció al coronel jefe del Regimiento Garellano de Munguía (Vizcaya) por un presunto delito de allanamiento de morada. A raíz de la denuncia fue cesado por una supuesta "falta de idoneidad en el desempeño de los cometidos propios de su destino".
La ´manipulación´ del parte médico
La denuncia del militar asturiano J.P. ha traspasado el ámbito puramente castrense. El oficial superior ha denunciado su caso ante la Oficina del Defensor del Pueblo. El militar asturiano se mostraba sorprendido por los motivos aducidos por los mandos para su cese por falta de idoneidad ya que consideraba que se producía en su caso un agravio comparativo claro. Entre otros, se daba el caso de que en esa misma unidad había ascendido a coronel un teniente coronel a pesar de que padecía una grave enfermedad. Este hecho había sido puesto en conocimiento del Ejército de Tierra el pasado mes de julio. En agosto se informó a la Subsecretaría de Defensa de que, además de esta situación, se habían supuestamente falseado los datos de sus pruebas físicas. Un familiar ponía este ejemplo, en la denuncia presentada, como una clara muestra de un malentendido compañerismo además de un fraude al Reglamento de Evaluaciones y Clasificaciones así como al de Aptitud Psicofísica. Su caso era el más significativo de otras personas enfermas que, según el denunciante, encubrieron los mandos del cuartel de Soyeche y en lo que no han querido entrar a fondo los mandos superiores del Ministerio de Defensa.
EL APUNTE.
Carcoma
GUILLERMO Guiter Para los (pringados) que hicimos la mili, ese vestigio paleontológico del Estado, oir hablar de mobbing da la risa negra, sin perdón. Toda la mili era entonces un inmenso, absurdo y estrafalario acoso similar al del planeta de los simios, y no quiero entrar a hacer más analogías en el filo de la navaja. Claro que había tipos decentes, en casi todas partes los hay, pero lo mobbingero era el sistema en sí. Bien mirado, si es que un asunto así puede entrar bien por el ojo, el hecho de que se produzca la denuncia podría ser un buen síntoma dentro del ejército, por aquello de que hasta los soldados tienen derechos. Un militar reconocerá que, en efecto, un subordinado está amparado por la ley. Otra cosa, añadirá, es que la disciplina castrense le obligue a guardar silencio y seguir el famoso conducto reglamentario, otrora sinónimo del casi derogado artículo 33. Una institución como ésta entiende poco de condiciones laborales, convenios y asuntos sindicales: tal vez esté en su esencia. No obstante, e independientemente de que al denunciante le asista o no la razón, no sería malo aplicar un tratamiento contra la carcoma a los códigos de conducta de algunos mandos, o a todo el código
DIARIO SUR.-Opinión. LA ROTONDA
Dietas y etiquetas ANA BARREALES
ESO de que la gente se pone a dieta en primavera para caber en el bikini son cuentos chinos. En primer lugar, porque siempre está la posibilidad de comprarse una talla más y, en segundo. porque la gente que está a régimen suele estarlo todo el año, no sólo con vistas al verano, y con motivo de cualquier ocasión, excepto, claro está, cuando se se harta y se lo salta, lo que obviamente, le conduce a volver a estar a dieta y así sucesivamente. El 'efecto yo-yo', creo que se llama.
Una de de las ventajas de la vida moderna es que cualquier trastorno, pequeña afección o disgustillo tiene su propio nombre y está convenientemente descrito y estudiado. Pongamos por caso que uno están un pelín mosqueado porque tiene que volver al trabajo después de un largo mes de descanso: pues lo que le ocurre es que, aunque no lo sepa, tiene un 'síndrome postvacacional' como una casa. Así, pues no hay manera de estar feliz y contento. Supongamos que se meten con el niño en el colegio por sus orejas prominentes: le están haciendo 'bullying'. Y si el acosado es uno en el trabajo la cosa pasa a llamarse 'mobbing'. Y no es que yo me oponga, porque lo del nombrecito tiene su gracia. Aunque no arregla nada parece que alivia bastante saber que eso ya está estudiado.
A lo que iba. Que lo malo no es lo de las dietas. A una primera bailarina del Bolshoi, que está hecha un sílfide la han echado por foca. Leo con estupor que en España se hacen unas 100.000 liposucciones al año. ¿Qué quieren que les diga? No me parece normal que tanta gente se quiera quitar a golpe de bisturí uno o dos michelines ganados a fuerza de buenas tortillas de patatas y heladitos. Es una presión social en toda regla y habrá que darle un nombre.
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