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por Hugo Salvatierra Arreguín
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Por lo que más quieran, ¡Avísenle! Si ven a Vicente Fox Quesada díganle que ya terminó la campaña, que desde hace más de cinco años dejó de ser el candidato de la Alianza por el Cambio, que HOY es el Presidente de México y que no tiene otra responsabilidad más que la de velar por los intereses del país. Al parecer, el mandatario no quiere quitarse aquella vieja y percudida camiseta de candidato que se puso tres años antes de las elecciones del 2 de julio de 2000 para ganar popularidad e impedir que otro político intentara disputarle la posibilidad de representar al Partido Acción Nacional (PAN) en los comicios. Fox Quesada añora aquellos días en los que en busca de la Presidencia decía que iba a acabar con las tepocatas, alimañas y víboras prietas, prometía un crecimiento superior al de 2000 y calificaba de chaparro a Francisco Labastida Ochoa, abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La fascinación del Ejecutivo Federal por su eterna campaña ha sido tal, que a unos cuantos meses de las elecciones de 2006, decidió sacar al aire una serie de spots televisivos en los que promovía “los logros” de su Gobierno, claro está, para echarle una mano a Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN. Hasta antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exigiera su retiro era común ver en la pantalla a Vicente Fox presumiendo los supuestos éxitos de los programas sociales implantado por la administración a su cargo. Siempre terminaba su discurso con la frase: "Si seguimos por este camino, México será mejor que ayer". Claro que queremos ser MEJORES que en el pasado, MEJORES que en los primeros años de la década de los noventa, en la que Carlos Salinas de Gortari, el entonces presidente, pregonaba a los cuatro vientos que pronto seríamos una nación rica. También queremos ser MEJORES que en el año 2000, cuando el crecimiento del país alcanzó poco más de 6 por ciento. La promesa foxista del 7 por ciento quedó muy lejos. Por eso, más de un mexicano se conformaría con dejar atrás el 0 por ciento o el 1 y pico por ciento que registraron los primeros años de este Gobierno y si no fuera mucho pedir, superar el mediocre 3 o 3.5 por ciento esperado para este año, el último de Fox. En las últimas semanas el presidente Fox ha ido, feliz de la vida, asistiendo a eventos públicos, dando el banderazo de salida a nuevos proyectos como los del Maratón Carretero y echando flores a programas como el Seguro Popular y Oportunidades, versión corregida y aumentada del antiguo Progresa del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Cada que aparece en un acto público, no pierde la ocasión para hablar del retroceso que significaría para México volver a las políticas populistas y de indisciplina fiscal de los tiempos de Luis Echeverría Álvarez —mandatario en los años setenta—, claro está, con dedicatoria a Andrés Manuel López Obrador, Candidato de la Alianza por el Bien de Todos. “Ciertamente”, el presidente Fox sigue en campaña, esta vez para apoyar a Felipe Calderón, por debajo del agua. ¿Dónde habrá quedado aquel aguerrido candidato del año 2000 que exigió a Ernesto Zedillo que sacara las manos de la elección? ¿Dónde habrá quedado aquel hombre de la camisa azul que se decía demócrata y de izquierda? Seguramente perdido, en algún rincón de Foxilandia. |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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¿Quién borró la memoria del Peje? ¿Se habrá intoxicado con pastillas de amnesia? Lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato a la Presidencia por la Alianza por el Bien de Todos, ya olvidó aquellos discursos en los que despotricaba contra el neoliberalismo, la dependencia de los Estados Unidos de Norteamérica y el capital extranjero. ¿O será que el tabasqueño siente cada vez más cercano el triunfo de los comicios de julio, razón por la que, al menos en el discurso, comenzó a LIMAR ASPEREZAS con los empresarios? Ahora resulta que el libre mercado no es tan malo e incluso que hay programas de la administración foxista que deberán tener continuidad. Aunque, por temor a ser cuestionado, López Obrador no ha asistido a los eventos organizados por la iniciativa privada —los dueños del dinero—, sí ha enviado la pipa de la paz con sus voceros, como sucedió en el foro de debate y opinión organizado por la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (ADI). El candidato de la Alianza por el Bien de Todos desairó a los asistentes y en vez de acudir a mostrar su proyecto de gobierno envió a Rogelio Ramírez de la O, su asesor económico, quien explicó la manera en que actuará el tabasqueño en caso de llegar a la Presidencia. Frente a los empresarios, y yendo en contra del discurso antiimperialista de López Obrador dijo: “México debe integrarse más con Estados Unidos, pero un enfoque exportador es un enfoque de alto mantenimiento, no se puede simplemente sentar uno en el escritorio y esperar a que las exportaciones lleguen creciendo”. ¿El Peje y su equipo tragaron todas las pastillas de amnesia del frasco? ¿O de qué otra manera podemos explicar lo que sucedió?, porque El Rayito de Esperanza, al menos durante su etapa como militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), estaba totalmente EN CONTRA de la dependencia con el vecino del Norte. Durante su participación, el asesor económico del tabasqueño hizo énfasis en que “habrá inversión privada nacional y extranjera en grandes proyectos de infraestructura y mejoraríamos las condiciones de competencia como en una verdadera economía de mercado”. Cambiar es de sabios, pero esto es una burla, porque hasta hace algunas semanas AMLO tachaba a Vicente Fox Quesada, Presidente de México, de VENDE PATRIAS, por poner dar los grandes proyectos a los grupos empresariales originarios de otras partes del mundo. López Obrador no tiene las suficientes agallas para afirmar en sus mítines que piensa despedir a miles de burócratas, pero Ramírez de la O sí, por lo menos ante los empresarios: “Hay que reducir el tamaño y el costo del gobierno, para poder revertir la relación entre gasto corriente y gasto de inversión”. Esto quiere decir que para ahorrar dinero va a ECHAR A LA CALLE a miles de trabajadores del Estado, aunque justificó que no habrá tanto problema porque la economía estará en crecimiento. Pero nunca especificó qué pasará con la gente, igual y tiene en mente convertirlos en vendedores ambulantes, de esos que protegió tanto cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Más de un seguidor de López Obrador preferirá la teoría de las pastillas de amnesia o la pérdida de la memoria, e incluso asegurará vehementemente que el Innombrable, como parte de un compló, le practicó una especia de lobotomía. Pero no. La realidad es una: el Rayito de Esperanza se quitó la MÁSCARA, al menos frente a los empresarios. 12 de marzo de 2006 |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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¿Benito Juárez/ vendía tamales/ en los portales/de la Merced? No, pero tampoco es el Superman oaxaqueño que retratan los libros de las primarias. Oh decepción, el de San Pablo Guelatao dista de ser ese presidente opositor de las intervenciones, justo y misericordiosos. “Si Juárez no hubiera muerto”, como dice la canción, sería un defensor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) y el capitalismo, así como un férreo enemigo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y los movimientos campesinos. Imagínenlo en la televisión diciendo: “Si seguimos por este camino, mañana México será mejor que durante Maximiliano y Carlota”. Pero no lo haría para apoyar la campaña de su candidato preferido, sino su propia reelección. Hay que recordar que permaneció más de 14 años en el poder y que sólo la muerte lo apartó de la silla presidencial. Como buen liberal, creía en la libre empresa. Entonces, no sería descabellado pensar que si no hubiera abandonado el mundo de los vivos, en la actualidad estaría de acuerdo en la participación de la iniciativa privada (IP) en los proyectos de infraestructura. Hoy sería neo-liberal, por lo que apoyaría los acuerdos comerciales y políticos con otros países del mundo, sobre todo con Estados Unidos de Norteamérica. Y quien no lo crea, que revise el Tratado McLane-Ocampo, que buscaba vivir bajo la protección de nuestro vecino del Norte. Por fortuna, la Cámara Alta gringa rechazó la propuesta. Pese a su origen, el oaxaqueño y sus Leyes de Reforma propiciaron la división de la propiedad comunal indígena. Incluso, no dudó al reprimir las revueltas sociales que, por este motivo u otros, orquestaron las comunidades autóctonas. Como consecuencia, el Benemérito versión 2006 no sería precisamente el mejor amigo del Sub Comandante Marcos. Nunca hubiera permitido la entrada a la capital de “los y las” “encuerados y encueradas” del Movimiento de los 400 Pueblos o los machetes de San Salvador Atenco. El de San Pablo Guelatao estaba convencido de que, en parte, el atraso del país se debía al dinero que el erario público daba a los pensionados. Así que en nuestros días sería el primero en oponerse a las jubilaciones de 100% que tiene la burocracia o a los 800 y pico de pesos que da el Gobierno del Distrito Federal a los viejitos. Solía decir: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”. En nuestros días sus palabras serían más o menos así: “A los Bribiesca, Niño Verde, Bejarano, Amigos de Fox, Romero Deschamps — y muchos etcéteras—, justicia y gracia. Al pueblo de México, la ley a secas”. Juárez, uno de los personajes históricos más queridos por los mexicanos es un hombre de carne y hueso, con aciertos, pero también errores. Basta de crear mitos, héroes, personajes indómitos y mártires. Es tiempo de ver las dos caras de la moneda. El Benemérito no es un redentor, tampoco un demonio, sólo un hombre al que debemos juzgar de acuerdo a su época, no a los intereses políticos personales. ¿Qué hubiera hecho el Juárez del siglo XXI? Nunca lo podremos saber. Liberal, pastorcillo, benefactor, enemigo de la iglesia, indígena, nacionalista, represor, antipopulista, o lo que sea, lo cierto es que fue capaz de dar estabilidad al país —injustas o no sus decisiones— en un momento crítico, además de que sentó las bases del sistema laico que dieron paso al México actual. 20 de marzo de 2006 |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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¿Seguridad territorial? ¡Mangos! Las medidas anti-migrantes que impulsa la ultraderecha de los Estados Unidos de Norteamérica sólo obedecen a posturas racistas. Su único fin consiste en afectar a los millones de trabajadores indocumentados. Para frenar el paso de los ilegales, los grupos radicales proponen la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera, o al menos de los puntos más conflictivos. También piensan castigar a quienes ayuden a los llamados “mojados” y retirar las licencias de conducir a toda persona que no cuenten con sus papeles en regla. En realidad, los que impulsan estas medidas sólo buscan ejercer su poder sobre los extranjeros, a quienes ven como bestias de carga. Quieren tener más facultades legales para someter y maltratar a los extranjeros, incluso por encima de sus derechos humanos. La seguridad es el pretexto y los antimigrantes lo saben. Estado Unidos necesita la mano de obra barata de los mexicanos, chinos, centroamericanos, africanos, caribeños, sudamericanos, etc., pues de lo contrario no estarían en condiciones de sostener el nivel de la producción agrícola e industrial. Aunque blinden toda la frontera con una barda de 1 km de altura los trabajadores seguirán llegando de todos lados del mundo, bajo su consentimiento, como ha ocurrido hasta hoy. Con o sin licencias, los ilegales continuarán conduciendo los camiones repartidores, las mudanzas y los taxis. Todos los días se repetirá una y otra vez la escena en la que miles de personas cruzan por el Río Bravo, el orificio de una malla de alambre o el desierto. No hay duda, los hoteles de Las Vegas y Orlando serán atendidos por hispanos botones y mucamas latinas. Las cosas no van a cambiar, pero no por la insistencia y la astucia de los que aspiran a tener un empleo mejor remunerado que los que les ofrecen en sus países de origen, tampoco por las nuevas rutas de los “coyotes”. Hay dos razones principales: 1. Al Gobierno Norteamericano le conviene pagar bajos salarios. 2. Los estadounidenses no están dispuestos a hacer el trabajo pesado. Todo está claro: Pese a que las leyes del Imperio Yanqui establezcan penas realmente severas para quien brinde ayuda o contrate a algún ilegal, los empresarios van a seguir empleando a toda esa gente que “tanto riesgo representa para la seguridad nacional”. Los grupos radicales y racistas están en contra de cualquier reforma que dé facilidades a los migrantes. No les conviene una legislación equitativa, pues tendrían que pagar prestaciones y salarios más altos, además de que perderían la oportunidad de humillar y tratar como objetos a los de afuera. Con un acuerdo que respete la dignidad de los trabajadores extranjeros, los hoy indocumentados tendrían derechos, por lo tanto, podrían denunciar todos los abusos que comenten en su contra. Incluso, cada vez menos patrones se atreverían a alojarlos en la trastienda de un centro comercial o en unas barracas, muy parecidas a las de los tiempos de la esclavitud. Estas iniciativas no son más que simulaciones, una manera de hacerse de la vista gorda. Pero cuidado, no les vaya a salir el tiro por la culata. Y puede ser, porque las medidas radicales propiciaron que miles de migrantes, con o sin documentos, salieran a la calle para demostrar su fuerza. Jugaron con fuego y están a punto de quemarse, pues los hispanos no son la muchedumbre de obreros, mucamas y campesinos iletrados que creen. Hay alcaldes, congresistas, gente del espectáculo, comunicólogos, intelectuales, empresarios, artistas, científicos, sacerdotes y deportistas. El Poder Latino despertó y va con todo. 27 de marzo de 2006 |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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Nada más vinieron de paseo. La reunión trilateral entre Vicente Fox Quesada, Presidente de México, George W. Bush, mandatario de Estados Unidos de Norteamérica y Stephen Harper, primer ministro de Canadá no cumplió con las expectativas. Como ya es costumbre, los acuerdos sustanciales brillaron por su ausencia. Sin éxito, los Tres “Poco” Alegres Compadres hablaron de los mismos y viejos temas que hemos escuchado desde el inicio del sexenio: migración y seguridad. En pocas palabras, sólo afloraron buenos deseos. Aunque en realidad no teníamos razones para esperar la cura a los males de la relación trilateral, pues durante el tour a la zona arqueológica de Chichenitzá, Vicente Fox, augurando el fracaso, dijo que no habría “resultados espectaculares”. Desde el principio, el guanajuatense sabía que ni el mismísimo dios maya Kukulcán iluminaría el encuentro. Durante su participación, George W. Bush aseguró que estaría dispuesto a impulsar una ley migratoria siempre y cuando contemple elementos que garanticen la seguridad de la frontera. Sí, la misma zona en la que la patrulla estadounidense se hace de la vista gorda y deja pasar a los latinos, sinónimo de mano de obra barata. Hizo énfasis en que "no queremos que la gente se meta ilegalmente haciendo trabajos que los americanos no hacen, queremos todo ordenado, queremos evitar la presión en las fronteras"; sin embargo, de manera rotunda citó que es imposible llegar a una amnistía. ¿Y su nieve de qué sabor? Una propuesta de este tipo no frenaría el problema. Si expulsan a quienes ya laboran del otro lado del charco seguramente volverán a cruzar y como consecuencia, la frontera seguirá como un lugar peligroso en el que se mezclan los delincuentes con la mano de obra barata que tanto necesitan. Una vez más resaltó su delirio de persecución y su síndrome de redentor del mundo. Puso condiciones para “tal vez” ceder un poco, sin ver que un acuerdo binacional en materia laboral automáticamente permitirá identificar a quienes están en su territorio y disminuirá el paso de indocumentados, hecho que daría pauta a un mejor patrullaje a lo largo de la zona limítrofe. Fox Quesada también dio de qué hablar. Reportó a su “amigo” que el Gobierno que representa ayuda a fortalecer los niveles de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica al frenar el paso de los centroamericanos, quienes al igual que miles de nuestros paisanos buscan un mejor nivel de vida del otro lado del charco: "En la frontera sur estamos muy activos en el patrullaje, en construcción de estaciones para detener a los migrantes ilegales que entran a territorio mexicano y regresarlos a su país, siempre con el pleno respeto a los derechos humanos". Sólo le faltó decir “a sus órdenes jefeeeee”. Pero Fox sabe lo complicado del acuerdo con la Unión Americana, por lo que aprovechó la reunión para pedir al primer ministro canadiense que aumente los programas de trabajo temporal para mexicanos. Señor, ahí está el pan. ¿Pero por qué no se le ocurrió desde un principio? 3 de abril de 2006 |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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La culpa no es del indio, sino del que lo hace compadre. Pese a que tiro por viaje los líderes sindicales desfalcan las millonarias cajas de las organizaciones que representan existen grupos de obreros y campesinos que no abren los ojos y los defienden a capa y espada. Mientras la fuerza de trabajo vive en una continua crisis económica, muchas veces sin los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas —vestido, techo y alimentación—, los dirigentes, a costa de sus representados, gozan de los mejores restaurantes, salarios inflados, residencias, vacaciones en el extranjero, jugosas pensiones y todo tipo de lujos. Y para prueba dos botones: Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros, está implicado en el robo de 55 millones de dólares (mdd), propiedad de los obreros y ex trabajadores de Cananea; sin embargo, pese a las denuncias del Gobierno federal, hay un grupo de sindicalizados que piden su permanencia. Además, Víctor Flores Morales, presidente del Congreso del Trabajo (CT), fue acusado por recibir una pensión superior a los 40 mil pesos y haber saqueado a la Sociedad de Ahorros de los Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) —empresa hoy extinta. El 21 de octubre de 2002, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) —hoy Secretaría de la Función Pública (SFP)— detectó que no se reintegró un excedente de más de seis millones de pesos (mdp) al fondo de retiro de la los agremiados. No obstante, la Procuraduría General de la República (PGR) dice no tener personalidad jurídica para aclarar el caso. La historia se repite una y otra vez: prácticamente de la nada surge un caudillo que con su labia de merolico, como si fuera un encantador de serpientes, lava el cerebro de los agremiados, quienes, sin cuestionar, apoyan las decisiones que en teoría mejorarán sus condiciones de vida. Todo, tal y como sucedía con los personajes de “El Guashangüer” y “El Mostachón” que interpretaban Eduardo Manzano y Enrique Cuenca, respectivamente, durante el programa de televisión “Los Polivoces”, uno de los más grandes éxitos de la primera mitad de los setentas. En la rutina cómica, el jefe —un bigotón con más colmillo que un tigre diente de sable— se las ingeniaba para explotar a su ignorante y bonachón empleado, siempre bajo el pretexto de que era por su bien, no sin antes decirle “¡Cómo te quiero, condenadote, gáname!”, a lo que su casi súbdito le respondía “¡Rata inmunda”. La corrupción va más allá de una parodia. Los trabajadores han sido prácticamente asaltados por dirigentes de todo tipo, desde chalanes que poco a poco ascendieron a lo más alto de las esferas del poder, hasta juniors que tras egresar de las mejores escuelas de los Estados Unidos de Norteamérica heredaron el mando de sus padres. Una vez en el cargo, los líderes hacen todo por permanecer el mayor tiempo posible. Juegan sucio: en los mítines gritan a los cuatro vientos que la lucha sindical está en pie, que no ha muerto, mientras en lo oscuito, a cambio de fuertes sumas de dinero y favores, traicionan a obreros y campesinos. Pero la culpa no es de los patones, la complicidad del Gobierno o los dirigentes. Los principales responsables son los agremiados, quienes todavía esperan la llegada del “caudillo” que terminará con todas las injusticias, hecho que los hace vulnerables frente a los estafadores. El error no está en creer que el nuevo líder del “cinicazo” —digo sindicato—resolverá los problemas, sino en confiar con vehemencia y religiosidad en su “redentor” —incluso cuando hay un proceso judicial en su contra— y excluir de las decisiones a los grupos de oposición. No hay varita mágica que acabe con la explotación de mineros, burócratas, trabajadores de la maquila, campesinos y demás sectores. Mientras los agremiados no cuestionen cada decisión de sus dirigentes continuará la plaga de los Joaquín Hernández Galicia “La Quina”, Carlos Romero Deschamps y Fidel Velásquez Sánchez que tanto ha lacerado al país. 11 de abril de 2006 |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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Las Chacalacas Asesinas y los Videoescándalos contra El Rayito de Esperanza. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la Alianza por el Bien de Todos, está acorralado por los spots televisivos que lo relacionan con el autoritarismo y la corrupción. Hace un par de semanas, al igual que el cochinito del cuento, el de tabasco “soñaba que era rey” y que al gran ministro le hacía traer 50 tamalitos de chipilín nomás para él. ¡Qué pintoresca escena!, el abanderado del Sol Azteca degustando el suculento manjar en algún balcón de Palacio Nacional mientras contempla a sus dominios. Pero al despertar, la cruda realidad le cayó peor que un balde con agua helada, pues sus bravuconerías le significaron una caída en las preferencias. Como consecuencia, descalificó a las mismas empresas encuestadoras que le sirvieron para gritar a los cuatro vientos que tenía prácticamente ganada la contienda electoral. Dicen que al fuego hay que combatirlo con fuego y eso es lo que hizo López Obrador. Para defenderse de las “calumnias de la derecha”, sin una sola prueba en la mano, afirmó rotundamente que la campaña del partido oficial acepta aportaciones ilícitas: “Y en el caso de Ponce, está en la cárcel. Habría que preguntar cuántos del gobierno del PAN están en la cárcel: ninguno. Y hablan de las maletas de Bejarano, ¿y las maletas que está recibiendo el candidato del PAN ahora de Banamex y de otra gente? Nomás que no hay video, eso es lo único, pero claro que recibe maletas de dinero.” Pero cuando la prensa pidió los documentos que respaldan sus palabras simplemente señaló que no lo haría porque estaba comenzando la Semana Santa y la gente prefería el recogimiento. Ahora resulta que San Pejelagarto de las Lenguas Largas es todo un de-voto. Pero eso no fue todo. AMLO se quejó amargamente, pues a su juicio, la emisión cómica El Privilegio de Mandar desprestigia su imagen. Ante el suceso advirtió: “Estoy viendo el comportamiento de las televisoras en cuanto al manejo de contenidos que tienen que ver con sus programas, porque vamos a darle seguimiento, sobre todo a partir de que se aprobó la ley para las concesiones para televisión”. Temo decirle que hay instituciones encargadas de dictaminar si los dados están cargados. En este sentido hay que recordar que Alejandro Encinas, mandatario del DF preguntó si había réferi, cuestionando el trabajo del Instituto Federal Electoral (IFE). Hubiera dicho lo mismo cuando el IFE se hizo de la vista gorda y dejó que el Rayito de Esperanza contendiera por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pese a que la antigüedad de su residencia en la capital estaba en duda. Cuidado, porque si seguimos así, hasta Chabelo va a tener que cambiar sus shorts azules, no sea que alguien diga que está haciendo campaña. Incluso, durante su argumento, con toda la seguridad del mundo dijo que “gente del PAN habló de que aprobaron la ley por rentabilidad política porque había el acuerdo de que iban a apoyar en la televisión al candidato del PAN. Entonces ando viendo eso”. Pues si es así, creo que también tendrá que investigar dentro de su partido, porque la nueva normatividad de radio y televisión no sólo fue respaldada por legisladores blanquiazules y tricolores. También los perredistas, sus perredistas, le dieron luz verde. Ah, por cierto, en su defensa, el tabasqueño aprovechó para enviar un mensaje a Emilio Azcárraga, la cabeza de Televisa: “Los medios tienen la obligación de informar con objetividad y profesionalismo y no se pueden convertir en fiel de la balanza”. Qué bueno que dé recomendaciones a los empresarios. Pero también debería sugerir a Ricardo Salinas, líder de Televisión Azteca, que haga lo mismo, ¿o ya se le olvidó el descuentote que le hicieron para transmitir todos los días el programa La Otra Versión, por Canal 13? 18 de abril de 2006 En la mira: El IFE dictaminó que del 1 al 31 de marzo de 2006 AMLO transmitió por radio y televisión 1,999, FCH 1,707 y RMP 1,386. |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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El síndrome de Peter Pan pulula entre los mexicanos. La sociedad se resiste a crecer y a asumir las responsabilidades que implica la mayoría de edad. En vez de tomar las riendas prefiere delegar su futuro a funcionarios y políticos ineficientes que sólo asaltan las arcas del país. México dejó de ser un niño. De hecho, está a punto de cumplir 200 años de independencia. Ya no es rehén de la Corona Española, pero ¿qué caso tiene?, si sigue a la merced de los caprichos de diputados, senadores, presidentes, alcaldes, gobernadores y funcionarios inútiles y sin escrúpulos. Los políticos matan la vaca, pero los votantes son quienes la conducen al matadero. Por lo tanto, los ciudadanos son los verdaderos responsables del subdesarrollo. Todos. Desde los que viven en Chiapas, pasando por los del Distrito Federal (DF), las islas y el Río Bravo. Con dos siglos de vida política autónoma —al menos en términos de la legalidad— las decisiones coyunturales dependen de unos cuantos. Ni la Revolución, las luchas cristeras, el movimiento estudiantil de 1968, las guerrillas de los setentas, los movimientos sindicales y campesinos o los tiempos de represión han servido de enseñanza. La sociedad avanza tres pasos en materia de justicia, equidad y democracia, pero al dar el cuarto recula, sin pensar que arroja a la basura los esfuerzos de miles de personas que literalmente murieron cuando intentaron mejorar las condiciones sociales y económicas del país. Es tiempo de que la gente marque la pauta y entienda que los políticos y funcionarios están al servicio de los mexicanos, porque los impuestos pagan por igual el salario del policía, el juez de la Suprema Corte de Justicia del la Nación (SCJN), el expendedor de licencias, el consejero del Instituto Federal Electoral (IFE), el director de la escuela primaria, el barrendero y el Presidente. Como consecuencia, debe exigir a todo el que reciba dinero del erario que viva bajo la cultura del diálogo y la transparencia, así sea su político consentido. Es preciso que no cierre los ojos, que no defienda a capa y espada al líder sindical, alcalde, diputado o gobernador con el que simpatiza. La sociedad tiene que ser dura con todos, no perdonar un solo error, pero sobre todo hacer uso de la memoria histórica. Sólo así bloqueará las puertas a los funcionarios que después de desfalcar los bolsillos de la gente dejan la vida política por algunos años y regresan por más. Debe convertirse en una gran lupa que observe y sancione con rigor los actos ilícitos de quienes gobierna. Pero el papel de juez resulta muy sencillo; entonces, también será necesario que tome un rol relevante y de primer nivel mediante la presentación de ideas y soluciones. Mientras los intereses personales y de partido —económicos y de poderes— marquen la agenda, las acciones prioritarias tendrán como destino los polvorientos archivos del Congreso de la Unión, la SCJN y las secretarías de estado, lo que aplazará todavía más el tan ansiado cambio. Pero la sociedad ya despertó y para muestra están las marchas en contra de la inseguridad que hace algunos meses ocurrieron en las principales ciudades del país, los anuncios televisivos y espectaculares que denunciaron los secuestros o las protestas de los poblanos ante la impunidad del llamado “Gober Precioso”. El gigante salió del letargo, pero cuidado, pues puede regresar al nocivo y largo sueño si la gente deja de cuestionar cada movimiento de la administración pública, idolatra a los políticos y líderes sindicales, justifica las administraciones corruptas, evita la cultura de la denuncia, ve a la burocracia como un hecho cotidiano, pero sobre todo, si no VOTA. 25 de abril de 2006 |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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Los intelectuales tienen el poder de abrir los ojos de la sociedad; sin embargo, cuando caen ante las seducciones y lisonjas de los poderosos se convierten en armas letales que terminan por confundir a los ciudadanos y coartar el camino de la democracia. Filósofos, escritores, analistas políticos y la comunidad del arte son el puente entre el conocimiento y el pueblo. La gente confía su bagaje cultural y en la ética que precede a cada una de las declaraciones que hacen en una conferencia o en los medios de comunicación —libros, prensa, radio, televisión e Internet. Por tal motivo, en búsqueda de legitimidad, los poderosos se rodean de las comunidades intelectuales, que de manera abierta o entre líneas, dan el espaldarazo a cada una de sus actos, sin cuestionar las repercusiones que tendrán en el desarrollo del país. Así ha ocurrido desde siempre, lo mismo en tiempos del imperio romano, que en la edad media o el renacimiento. En los siglos XX y XXI sólo hay que recordar a quienes alabaron a Benito Mussolini, Francisco Franco y el mismísimo Fidel Castro, dictadores de Italia, España y Cuba en su momento. Tampoco pasemos por alto a los que negaron —y niegan— la existencia del holocausto de Adolfo Hitler. Lo mismo ocurrió durante la época prehispánica, cuando los chamanes tenían un trato preferencial. La historia del México moderno tampoco escapa: basta recordar que los caudillos revolucionarios estaban rodeados del licenciado y demás “leidos”, cuya función radicaba en aconsejar a los iletrados generales y solapar los asesinatos de miles de “enemigos” en nombre de la causa. En años más recientes hay que recordar a todos los reconocidos historiadores, poetas y analistas que vivieron a las costillas del régimen priísta y a cambio de fama, favores o algún cargo en una dirección de cultura o embajada vendían la libertad de sus ideas. Tampoco dejemos de lado a los que asesoran candidatos, sonríen en las giras de gobernadores y presidentes e incluso, detrás del escritorio de una oficina de gobierno ajena a su especialidad o en algún spot de radio y televisión defienden con vehemencia las incoherentes decisiones y atrocidades de un político. Pero hay que reconocer que los intelectuales son tan humanos como cualquiera y que no forzosamente venden su libertad a cambio de favores y reconocimiento. Muchos de ellos también lo hacen porque creen en el proyecto de un partido político o en el personaje que lo encabeza. Como seres humanos e individuos con garantías constitucionales tienen el derecho de apoyar a quien sea; sin embargo, no hay que olvidar que escribir un libro, pintar un cuadro, crear música, hablar ante un micrófono, salir en televisión o redactar un comentario político lleva inmersa una gran responsabilidad social. Quien quiera apoyar a un “caudillo” que deje su lugar, aunque sea de manera momentánea a otro. No es correcto ser juez y parte, pues el nivel de análisis termina por perder el equilibrio hasta que llena uno más de los tantos costales de propagandas que nublan los ojos de la sociedad. La relación entre intelectuales y poder va a continuar, aunque seguramente, con el paso del tiempo, quienes comprometieron sus ideas con algún Gobierno o proyecto político se verán en la necesidad de negar su pasado o hacer todo lo posible por no hablar del tema, tal y como sucedió con los que hoy tienen que criticar a Carlos Salinas de Gortari sólo porque está de moda y no hacerlo significaría perder la credibilidad. Un pensador vendido puede ser veneno, pero la sociedad tiene la solución a sus caprichos, intereses y debilidades por el poder: El remedio está en no creer totalmente, cuestionar y desconfiar en las palabras del que escribe en diarios, revistas y portales, del que habla ante cámaras y micrófonos, pero sobre todo, del que defiende ciegamente a un empresario, político o cualquier personaje público. 2 de mayo de 2006 Posdata: ¡Qué guapas se veían las políticas de izquierda que posaron para la revista “H”!, si así legislaran… |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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¡Mil veces ilusas! Las autoridades mexicanas creyeron que cerrando los ojos desaparecerían totalmente los conflictos sociales originados a raíz de la fallida construcción del Aeropuerto de Texcoco, la última huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el levantamiento armado de Chiapas. Nuevamente, los gobiernos federal, estatales y municipales olvidaron que después de apagar el fuego hay que verificar que no queden brazas que puedan reanudar la efervescencia. Otra vez, como ya es costumbre, prefirieron dar vuelta a la hoja y comenzar un nuevo capítulo. Sin embargo, nunca cerraron por completo las tres historias anteriores, que por cierto, el país arrastra desde hace años, pues corresponden a tres administraciones distintas: Vicente Fox Quesada —2001—, Ernesto Zedillo —1999— y Carlos Salinas de Gortari —1994—, respectivamente. Para su sorpresa, las estructuras de los macheteros de San Salvador Atenco, el Consejo General de Huelga (CGH) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) siguen vivas y así lo demostraron en el enfrentamiento que ocurrió recientemente en Texcoco, los dos primeros en pleno combate y los últimos llamando a la insurgencia. Los hechos demostraron la incapacidad de las autoridades, de todos los niveles, a la hora de negociar. Su poco oficio e ineptitud les hicieron creer que con ordenar la retirada del ejército de Chiapas, abandonar el proyecto del aeropuerto y enviar a la Policía Federal Preventiva (PFP) a la UNAM los problemas desaparecerían. Pero las cosas no son así. Después de los enfrentamientos, políticos o violentos, debe venir un arduo trabajo de consulta en las comunidades afectadas, seguido de acciones concretas y por supuesto de un monitoreo continuo de las consecuencias y el estado del orden social. Las pequeñas bolas de nieve no saldrían de control si el sistema de inteligencia mexicano realizara su trabajo correctamente o las autoridades hicieran caso de sus reportes, porque uno de los dos no está haciendo bien las cosas. Pero desgraciadamente, nuestros funcionarios prefieren ver cómo crecen los problemas en vez de frenarlos desde un principio. Tienen otras prioridades y optan por pagar consecuencias a futuro en lugar de invertir tiempo y recursos económicos en solucionar a las demandas populares. El resultado a su política de corto plazo está a la vista: las estructuras de los movimientos radicales adquieren mayor fuerza, se unen y cada vez resulta más complicado controlarlos. Con nuevos bríos y la experiencia de lidiar con gobiernos incompetentes y blandos, aprovechan cualquier conflicto, como el de los vendedores de flores, para salir nuevamente a la luz, desestabilizar el orden público, obtener beneficios personales y sobre todo, demostrar su poderío. La violencia y los radicalismos se convierten en su móvil. Y así ocurrirá por siempre, porque el estado de derecho mexicano es un remoto sueño y el cumplimiento de la ley está por debajo de negociaciones políticas y las aspiraciones de los funcionarios, a quienes tiembla la mano por el miedo a perder votos en la próxima elección. Todo seguirá igual mientras las autoridades, pese a lo que marca la constitución y los códigos, permitan que unos encapuchados vayan de un estado a otro, o que un grupo —siempre el mismo— dañe y destruya patrullas, automóviles particulares e inmuebles durante las marchas. Pero la historia no va a cambiar si los encargados de hacer valer la ley dejan que veinte personas bloqueen una vía de comunicación o un hombre tenga libre tránsito, pese a que haya una orden de aprensión en su contra, en muchas ocasiones desde años atrás. Los movimientos radicales continúan apoderándose de las demandas sociales y desestabilizando al país bajo la licencia de los gobiernos. Esta vez fueron flores, mañana será un taxi, pasado un predio en disputa. ¿Y luego? ¿El atropellamiento de una mosca por el Ferrari de un neoliberal? 9 de mayo de 2006 |
Punto Centro
por Hugo Salvatierra Arreguín
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México se tiñó de rojo otra vez. La policía ejerció la ley con violencia extrema. Los cuerpos de seguridad, previa orden de sus superiores, hicieron caso omiso de las garantías individuales y arremetieron en contra de los manifestantes de San Salvador Atenco. Los hechos demuestran que el país del Cambio y la Democracia no ha podido erradicar los viejos métodos de los sesentas y setentas en los que los granaderos golpeaban, vejaban —física y psicológicamente— e incluso secuestraban al primer sospechoso que veían. Como prueba están las denuncias existentes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por privación al derecho a la vida, daño moral y a la propiedad ajena, lesiones, trato inhumano e incomunicación. A la lista hay que agregar el abuso sexual y las violaciones. En sucesos de esta índole, los grupos radicales, como el Frente de Pueblos Unidos en Defensa de la Tierra, suelen argumentar excesos por parte de la fuerza pública, en muchos casos sin fundamento alguno. Pero esta vez, las versiones de los agredidos coinciden en tiempos y lugares. Los relatos adquirieron más validez a raíz de la aparición de un video en el que dos presuntos policías narran que los mandos superiores ordenaron arremeter en contra de los manifestantes siempre y cuando no hubiera algún medio de comunicación presente. Días después la realidad comienza a dibujarse. Ya hay elementos para realizar investigaciones más sólida y serias; sin embargo, la renuncia de ambas partes impide deslindar totalmente las responsabilidades, pues no quieren aportar elementos que comprueben contundentemente sus denuncias y defensas. Pero lo más complicado está en las acusaciones por abuso sexual, pues las supuestas agraviadas —cada vez menos supuestas—, se mostraron renuentes a una revisión médica. Justamente este elemento sirvió a Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, para lavarse las manos: “No hay ninguna denuncia, no va a haber. Nadie denunció, ninguna de las mujeres denunció ante la autoridad judicial que hubiese sido violada y menos ninguna de estas mujeres permitió que se hiciera el estudio o la revisión del peritaje médico correspondiente para acreditar tal hecho. No puede convertirse esto en una afirmación”, aclaró. Sin embargo, no debemos perder de vista que el personal del Ministerio Público (MP) sería el encargados de realizar la evaluación, lo que inminentemente genera desconfianza a las agredidas, pues al final de cuentas, estarían bajo el escrutinio de una instancia del mismo Gobierno que ejerció la violencia. Pero en un país donde el estado de derecho está en duda, no queda más que cobijarse con la credibilidad social. Las palabras tienen que estar sustentadas en pruebas, aunque no tengan un carácter legal. La solución no es tan compleja, está en los médicos de las grandes cadenas de hospitales particulares y las asociaciones civiles: Una revisión por parte del equipo de centros de saludo como el ABC y Grupo Ángeles servirían para aclarar las dudas de la derecha, mientras que el personal de alguna Organización No Gubernamental (ONG) harían lo propio con la izquierda. El Instituto Nacional de las Mujeres representa otra opción. Por parte de las autoridades también hay renuencia. De inicio, se han negado a dar información en torno a los sucesos, como los nombres de los mandos que participaron durante el operativo, acción que indudablemente hace pensar que existe un grado de encubrimiento. De acuerdo a lo ya acostumbrado en el país, no han rodado cabezas y si así sucede, seguramente no saldrán los principales responsables de las policías. Lo cierto es que si los gobiernos impiden que salga la verdad, difícilmente podrán avanzar las investigaciones. Hubieron faltas a los derechos humanos, sin embargo, no hay que perder de vista que los dos bandos cometieron delitos. Si alguien violó las garantías individuales deberá ser juzgado, sea manifestante o policía, incluso aunque haya resultado herido. 16 de mayo de 2006 ¿Y la Honestidad Valiente?: El Gobierno del Distrito Federal está pasando la charola, voluntariamente a fuerzas, entre sus trabajadores. Les querían descontar 300 pesotes para la campaña de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. Por fortuna muchos cerraron filas y no se dejaron. |
Punto Centro
por Hugo Salvatierra Arreguín
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Los fantasmas no se van. La historia negra de las violaciones a los derechos humanos persigue al México del siglo XXI, pues la tortura, los asesinatos y la privación ilegal de la libertad siguen vigentes entre las prácticas que emplean las instancias encargadas de impartir la justicia. El país ha registrado avances sustanciales, sin embargo, las autoridades todavía repiten los viejos modelos violentos de décadas pasadas en los que las policías privaban ilegalmente de la libertad e incluso de la vida a quienes resultaban —o querían que fueran— sospechosos de algún delito. Por eso, en días recientes, Human Rights Watch (HRW) emitió el informe El cambio inconcluso: Avances y desaciertos en derechos humanos durante el gobierno de Fox, en el que señala los principales pendientes en la materia de la administración actual. El documento pone en entre dicho el discurso del Gobierno mexicano, en el que desde hace cinco años asevera rotundamente que, por obra de magia y la santísima trinidad, desaparecieron los mecanismos violentos e inequitativos de la impartición de justicia. Los hechos estaban sobre la mesa, sin embargo, pese a que eran más que evidentes, la administración foxista no quería reconocerlos y repetía una y otra vez que las cosas estaban bien, tal vez esperando que su mentira repetida mil veces se convirtiera en verdad. El reporte de HRW destaca que la tortura obedece a la incapacidad de los agentes del Ministerio Públicos (MP), quienes, en lugar de realizar una amplia investigación sobre un incidente, prefieren utilizar la fuerza para que los sospechosos e implicados confiesen, muchas veces, en contra de la realidad. Les resulta más fácil utilizar métodos violentos; sin embargo, un país que aspira a niveles de estado de derecho de primer mundo tendrá que limpiar el aparato de justicia y estructurarlo, de modo que la verdad salga con métodos civilizado. De lo contrario, la credibilidad de la ciudadanía ante los veredictos seguirá por los suelos. El informe cuestiona y pone sobre la mesa la viabilidad de la prisión preventiva, debido a que el sistema de justicia encarcela durante meses a los sospechosos cuando están inmiscuidos en un delito grave, pese a que no representen un verdadero peligro para la sociedad. Bajo este marco legal, estas personas tienen que convivir con delincuentes probados pese a su inocencia. A esto hay que agregar que la lista de los delitos graves incluye ofensas no violentas y relativamente menores. El procedimiento representa un buen mecanismo para ajustar cuentas con algún enemigo político y así ha sucedido en múltiples ocasiones. El documento también señala la labor de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMSPP), organismo que en un inicio hizo pensar a los mexicanos que al fin se haría justicia a los muertos y desaparecidos de la guerra sucia y el movimiento estudiantil de 1968. La gente no quería conocer la verdad, porque de uno u otro modo es de dominio público; tampoco el juicio de la historia, pues está más que hecho. Sólo hacía falta el veredicto del Gobierno y sobre todo la sentencia formal. Pero las autoridades recularon y prefirieron dejar las cosas tal y como estaban. El último punto, y tal vez el que más duele e indigna a la sociedad, está en los asesinatos de mujeres de Ciudad Juárez: El Gobierno no ha podido detener los crímenes, ni encontrar a los culpables pese a la creación de una fiscalía especial, una más de tantas. A esto hay que agregar que combatió los derechos humanos con violaciones a los mismos los derechos humanos, pues las policías torturaron a personas inocentes para que confesaran su culpabilidad, hecho que permitió que los verdaderos responsables siguieran en libertad. El escrito de HRW desnuda la incapacidad del Gobierno Mexicano a la hora de impartir justicia, pero sobre todo, representa una oportunidad para seguir trabajando hasta que las violaciones desaparezcan para siempre. Pero no será posible mientras los funcionarios no acepten la realidad. Pero esta vez hay una ventaja: la denuncia no viene de Organizaciones NO Gubernamentales (ONG’s) pequeñas, grupos subversivos o la oposición, sino de una institución con amplio reconocimiento internacional en materia de derechos humanos. 22 de mayo de 2006 |
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por Hugo Salvatierra Arreguín
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Más vale aquí corrió que aquí perdió. Las encuestas ubican al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el tercer sitio de la contienda. Por si fuera poco, ante la casi inminente derrota, algunos de sus militantes más reconocidos decidieron abandonar el barco antes de que se hunda. Mientras unos, al estilo del esposo (a), enfadado, amenazaron y amenazaron con partir, otros, como empelada doméstica, salieron el domingo para no regresar. Algunos, los más protagonistas, a la manera del hijo adolescente, esperaron un momento coyuntural para decir adiós, no sin antes dejar a la familia en crisis.
Hay dos patrones que repiten. Todos están en contra de
Roberto Madrazo Pintado y hasta el momento no han renunciado al PRI,
pese a que expresan su total apoyo a Felipe Calderón Hinojosa, del
Partido Acción Nacional (PAN) y Andrés Manuel López Obrador, del Partido
de la Revolución Democrática (PRD). Por otro lado, en las últimas semanas, los ex secretaros de Ernesto Zedillo Ponce de León, de manera casi sincronizada, decidieron apoyar la campaña de Calderón Hinojosa: Diódoro Carrasco —Gobernación—, Carlos Ruiz Sacristán —Comunicaciones y Transportes—, Luis Téllez y Jesús Reyes Heroles —ambos Energía. A la lista también hay que sumar a funcionarios, también de alto nivel, como Andrés Rozental —diplomático— y Genaro Borrego —ex director del IMSS y gobernador de Zacatecas—, quienes jugaron roles importantes durante la administración anterior. Desde hace ya algunos años, los ex salinistas Socorro Días, Ricardo Monreal —ambos ex diputados por el PRI— y Manuel Camacho Solís —ex regente del hoy desaparecido Departamento del Distrito Federal (DDF) — representan al PRD en diferentes cargos. Pero en las últimas horas causó conmoción Manuel Bartlett Díaz, senador, quien hizo saber su rechazo a las políticas de Madrazo y de paso, seguramente sin más intensión que dar a conocer sus preferencias electorales, afirmó que el 2 de julio votaría por López Obrador. A diferencia de los tres anteriores, dijo que no renunciaría al tricolor. ¿Surrealismo?, ¿política ficción? Ahora sí, todo pude suceder. ¡Quién hubiera pensado que el enemigo número uno del perredismo —el mismo al que por caprichos de la tecnología se le cayó y calló el sistema durante los polémicos comicios de 1988— expresaría simpatías por el grupo al que combatió hace casi 20 años! No hay duda, la traición siempre será mal vista en el PRI y cualquier otro partido. Por eso, los que representan la desbandada no han renunciado a sus derechos partidistas. Además, nadie sabe a ciencia cierta quién ganará la elección, así que es mejor dejar la puerta entrecerrada. Los últimos movimientos llevan a reflexionar en torno a la pugna de Calderón Hinojosa y López Obrador, en la que invitan a elegir entre “el pasado o el futuro” y por “los ricos o los pobres”, posturas ambas igual de radicales y dañinas para la sociedad mexicana. Sin embargo, al leer entre líneas, parece que todo obedece a una lucha entre priístas, igual que en los tiempos del tapado, cuando el candidato a la Presidencia era el resultado de los golpes arteros que ocurrían debajo de la mesa, sin spots o IFE de por medio. La elección va más allá de López Obrador, “El Peligro para México” y Calderón Hinojosa “El del Fobaproa”, pues en medio, al frente y detrás de las campañas están los viejos fantasmas de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo —y sus seguidores públicos y de closet— que se resisten a dejar la vida política. Si alguien pensó que el pasado estaba enterrado, que se prepare a vivir más de lo mismo. El PRI no ha muerto… vive en el corazón de sus enemigos: PRD y PAN. 30 de mayo de 2006 |
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