l. INTRODUCCIÓN
El Estado Mexicano que nació de la
revolución de 1910-1917, reivindicó como objetivo
garantizar el pleno empleo, sin que esto se concretara, pues existió
siempre un ejército de desocupados. La fuerte emigración
del campo hacia los centros urbanos desde 1946 con la industrialización
del país y la reestructuración de la producción
agropecuaria que se orientó a la producción de cultivos
forrajeros y de exportación, incremento la demanda de empleo
y el número de desocupados; los empresarios utilizaron
esta situación tornando más precarias las condiciones
de vida, de los trabajadores que aÚn conservaban su empleo.
Para compensar esta situación el gobierno
intentó paliar la inconformidad y encubrir la inequitativa
distribución del ingreso, con la política social
fordista significó, en el mejor de los casos, una mínima
compensación a la política económica de apropiación
de la ganancia y sobreexplotación de la fuerza de trabajo.
El Estado "keynesiano", regulador
de la actividad económica, tuvo a su cargo la responsabilidad
de la prestación de un conjunto de servicios de carácter
social, solidario o gratuito a la población, (educación
y salud públicas, pensiones y jubilaciones, programas de
crédito y de vivienda, sistemas de seguros, etc.), así
como el otorgamiento de subsidios, para proteger el mercado interno
y favorecer el consumo de la población.
Con el neoliberalismo, la explotación
capitalista adopta un nivel más descarnado al acrecentar
el desempleo a través de los recortes de personal, el cierre
de empresas, la privatización de las paraestatales y de
los servicios públicos; castigando los salarios, sometiendo
a los trabajadores a mayores cargas de trabajo y al desarrollo
de una multiplicidad de funciones (flexibilidad y polivalencia).
A la par que se suple el discurso de pleno empleo .por el de la
competencia individual productivista, el Estado abandona sus responsabilidades
de carácter social.
Actualmente, la población reciente
una doble agresión, por un lado, una política económica
que niega a la mayoría el derecho al empleo y lo condena
a obtener ingresos cada vez más precarios, aumentando el
número de pobres e indigentes; y por otro, el abandono
de la política social. Desde la década de los ochentas,
momento en que inicia la aplicación del modelo neoliberal,
está en marcha la privatización del sistema educativo,
de la salud pública, de los fondos de retiro, de las jubilaciones
y pensiones y de los fondos de vivienda.
Los recursos presupuéstales de los
Últimos años, se han destinado en su mayor parte
al pago de la duda pública interna y externa; a los rescates
financieros y a brindar las mejores condiciones al capital para
el incremento de la ganancias y la sobreexplotación de
los trabajadores; así como para el desarrollo de programas
asistencialistas que llevan una doble intención: contener
la inconformidad de las zonas de mayor marginalidad y generar
condiciones para privatizar y destruir los sistemas de seguridad
social.
Lo anterior, ha provocado un profundo descontento
hacia estas políticas de superexplotación promovidas
por los gobiernos neoliberales, entre los trabajadores formales
e informales, sindical izados y no sindicalizados, desempleados
y subempleados, descontento que se empieza a manifestar de manera
cada vez más organizada en .los Últimos años.
El gobierno, los patrones, los legisladores
y los dirigentes sindicales charros, dicen que no hay otra alternativa
más que la privatización, en el caso de la seguridad
social, de nuestros fondos pensionarios, de la salud y de la vivienda
principalmente. Se nos acusa de ser un sector "privilegiado"
que compromete los recursos de la nación mientras promueven
un "modelo nacional de seguridad social" y una "reforma
integral" a la Ley de ISSSTE, que significan la homologación
a la baja de los cerca de 2.5 millones de trabajadores del sector
público es decir informalizarnos al igual que el resto
de los trabajado/es mexicanos.
La privatización de la seguridad social
y de los demás derechos sociales no es la opción
para que el pueblo mexicano resuelva sus necesidades y el país
salga de la crisis económica y empiece a caminar. Así
se ha demostrado en más de 20 años de privatizaciones
y de aplicación de las recetas del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional, no sólo en el país
sino en todo el mundo, donde ha fracasado ese modelo de superexplotación,
pobreza y saqueo.
Los trabajadores mexicanos aseguramos que
sí hay otra alternativa, que el país sí cuenta
con los recursos humanos, naturales, financieros, etc., como para
brindar empleo y seguridad social para todos, la prueba está
en que a los corruptos banqueros y empresarios carreteros y azucareros
el gobierno sí les ha rescatado de sus enormes fraudes
utilizando los recursos públicos, y además, destina
otro tanto para el pago puntual de los intereses de la deuda externa.
Con fundamento a lo anterior es como planteamos la urgencia del
establecimiento del presente PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO DEL ISSSTE.
II. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
En el mundo
La seguridad social es resultado de la lucha
organizada de los trabajadores por mejores condiciones laborales
y de vida, frente a un régimen que ha tenido como esencia
la mayor explotación del trabajador para ampliar la ganancia
capitalista. Nace junto con las mutuales y con los propios sindicatos,
como formas solidarias de apoyo en caso de enfermedad, de muerte,
de nacimiento, por lo cual no constituye una dádiva de
los patrones. Producto de la lucha, los trabajadores del mundo
conquistaron: el seguro de enfermedad en 1883, el seguro de accidentes
de trabajo en 1884 y el seguro de invalidez y vejez en 1889, para
todos los trabajadores asalariados en la industria. En 1919, con
el surgimiento de la Organización Internacional del Trabajo,
se reglamentaron los accidentes de trabajo y se estableció
la necesidad de garantizar el salario, la existencia decorosa,
la protección al trabajador contra las enfermedades generales
o profesionales, accidentes de trabajo, protección a los
niños, adolescentes, mujeres; pensiones de vejez, de invalidez,
derecho al trabajo, etc.
En América Latina
La seguridad social ha ido cambiando en América
Latina de una manera fragmentaria a través de cinco siglos.
Sus antecedentes pueden remontarse a las culturas precolombinas
y a los gobiernos españoles, aunque las instituciones modernas
florecieron gradualmente en el período republicano y especialmente
a partir de la década de 1920. Cada institución
nueva se sobrepuso a las ya existentes, creándose una diversidad
de formas de protección carentes de coordinación.
De acuerdo a información sobre Colombia, Costa Rica, Chile
y México, las actividades económicas mejor remuneradas
son las que disfrutan de un grado de cobertura mayor: En cambio,
en la agricultura es muy reducido el porcentaje de trabajadores
que disfrutan de la seguridad social.
En México
En México la Seguridad Social como
mecanismo redistributivo del ingreso tiene su punto de partida
en la Constitución de 1917, en particular, en el artículo
123 y en la Ley Federal del Trabajo, en que se consagra un conjunto
de derechos y prestaciones como percepciones directas e indirectas
de los trabajadores. La seguridad social es parte de ese salario
o ingreso indirecto que la Constitución garantiza a los
trabajadores como obligación del estado y de los patrones.
Así, la Ley de Pensiones Civiles de
1925 establece como aportación de los trabajadores para
su pensión un 3.5% de sus salario. En la introducción
de la Ley de Pensiones Civiles de 1946 se reconoce que el costo
de las pensiones y jubilaciones en los términos establecidos
requiere de un 24% del salario de cada trabajador, quienes en
este año aportaban el 3.5%, estableciéndose como
una obligación del Estado aportar los recursos faltantes.
Posteriormente, en la reforma de 1947 se incrementó la
aportación de los trabajadores y del Estado a 5.5% respectivamente.
Al crearse el ISSSTE en 1959, a pesar de que el Estado conocía
el costo de las jubilaciones y pensiones, mantiene el criterio
constitucional redistributivo del ingreso, regresando al criterio
en el que los trabajadores aportan un 3.5% de su salario para
el sistema de jubilaciones y pensiones, asentando en el Artículo
177 de la Ley del ISSSTE que "... lo que hiciere falta para
la cobertura del pago de jubilaciones y pensiones será
cubierto por las instancias federadas y el Estado". Agregando,
además, que el derecho se hereda a la familia en caso del
fallecimiento del trabajador.
A partir de su nacimiento, en enero de 1960,
el ISSSTE funcionó de manera eficiente, registrando un
constante crecimiento en su infraestructura y equipo, así
como en la calidad de los servicios, seguros y prestaciones establecidos
en su Ley. En un universo tan amplio de trabajadores, con un conocimiento
permanente de la evolución de las edades de los mismos,
en todo tiempo el Estado sabía que la proporción
de trabajadores activos con respecto de los jubilados, que al
inicio era de 20 o más a uno, en tiempos futuros tendería
a invertirse. Esta variación se aceleró a partir
de los años ochentas con la disminución de la plantilla
de personal de las dependencias federadas vía reducción
y fusión de puestos de trabajo, recortes de personal, programas
de retiro y no creación de nuevos puestos de trabajo, así
como por los topes salariales y la negativa del Estado a cubrir
el monto faltante que por ley debía y debe aportar.
Esta política de omisión de
la Constitución perfiló desde esos tiempos una situación
de paulatina descapitalización del ISSSTE. Así,
las aportaciones del gobierno federal al fondo de las pensiones
y jubilaciones en los últimos años representan sólo
una parte del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales
en materia de seguridad social.
III.- EL PROCESO PRIVATIZADOR DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Con las reformas aplicadas al IMSS (1995
Y 2004) Y la pretendida actualmente aI ISSSTE, se busca consumar
un nuevo régimen laboral, implantado ilegalmente desde
las empresas maquiladoras, los centros comerciales y diversas
actividades sobre todo de los servicios. Tan solo la cadena comercial
Wal Mart, una de las cadenas comerciales más importantes
de México, de origen estadounidense, con inversiones en
la BMV desde 1976, con 664 unidades comerciales, en 66 ciudades
del país (60 Sam's, 150 Bodegas de Aurrera, 80 Wal Mart,
Super Center, 47 Superamas, 50 Suburbias y 273 Restaurantes),
alcanzó un crecimiento en sus ventas de un 17.9 %, con
un incremento de la utilidad de un 25% real con respecto a 2003,
lo que le permitirá en 2004 abrir 60 nuevas unidades. Todo
esto es posible gracias a que sus trabajadores no tienen contrato
colectivo, prestaciones de Ley Seguridad Social, ni derecho a
organizarse en un sindicato.
En el año 2000, el número de
patrones que para 1991 eran 7.84% de la población, pasaron
a ser el 4.23% de una población ocupada de 38.9 millones
de personas. De esos patrones 500 se posicionaron como los dominantes
del sector patronal y 13 de ellos figuran entre los hombres más
ricos del mundo. Esto es resultado de la superexplotación
a que se somete a los trabajadores, del saqueo de los recursos
nacionales y en algunos casos del robo legalizado, al Erario Nacional.
El neoliberalismo ha polarizado no solo a los muy pobres con los
muy ricos, sino que además entre los patrones del país
surgió también una creciente brecha al grado que
esas 13 familias amasaron una fortuna personal de 34.1 mil millones
de dólares, equivalente al 72.39% de las reservas internacionales
de México.
El resultado de la implantación de
este nuevo régimen laboral al año 2004 es alarmante.
Sólo 12 millones 500 mil trabajadores conservan un empleo
formal; 11 millones 400 mil tienen un empleo del llamado sector
informal; existen un millón 360 mil vendedores ambulantes;
2 millones 100 mil en condiciones de trabajar no tienen empleo;
más de 3 millones 500 mil trabajan sin pago; más
de 2 millones 500 mil trabajan a destajo; más 9 millones
trabajan por su cuenta. Sólo 15 millones 36 mil asalariados
cuentan con prestaciones, es decir, alrededor del 65% de trabajadores
padecen una extrema precarización de sus condiciones de
trabajo. Para consumar este nuevo modelo laboral de superexplotación
se está planteando reducir al mínimo, los derechos
de los trabajadores del sector formal a esto atiende la pretendida
reforma laboral que incluye la reforma a la Ley Federal del Trabajo,
a la Ley del IMSS, a la Ley del ISSSTE, la supresión del
Apartado "B", la reforma al Art. 123 Constitucional
y la implantación de la Ley para los Trabajadores de la
Educación, entre otras.
En el caso de la seguridad social las "recomendaciones"
hechas por el Banco Mundial a Fox en el documento llamado "Agenda
Integral para la Nueva Era" en agosto de 2000, son impulsar
dicha reforma, argumentando quebranto financiero del ISSSTE, incapacidad
para el pago de pensiones, aumento creciente en el número
de jubilados y pensionados, etc. (470 mil en 2004). La medida
busca entregar los fondos de pensión y jubilación
de más de 2 millones 500 mil trabajadores a los banqueros,
igual que ya ocurre con la entrega de los fondos de salud y de
vivienda a los monopolios de la farmacéutica y de la construcción.
En abril de 2002 el mismo Banco Mundial dirige
al gobierno de Fox otro documento titulado "proyecto de Asistencia
Técnica para la Reforma del ISSSTE" junto con un préstamo
destinado a asistir a las autoridades del mismo "para que
procedan con la reforma de sus programas de beneficios, de pensionados
y de salud".
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y el gobierno de Japón se suman a los promotores de reforma
a la Ley del ISSSTE, sabiendo que los millonarios recursos de
nuestras pensiones les significan enormes utilidades financieras
(AFORES-IMSS: ganancias por 59, 332 millones de pesos en 5 años
a la banca).
Como culpables, aliados del foxismo empeñados
en la aprobación de la nefasta reforma, señalamos
a Benjamín González Roaro, Elba Esther Gordillo
Morales, a Francisco Gil Díaz, a los dirigentes charros
y diputados y senadores del PRI y del PAN.
En reunión celebrada en Ixtapan de
la Sal, Edo. de México, el 24 de agosto de este año,
entre la comisión de seguridad social de la Cámara
de Diputados, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y el Instituto, se discutió el contenido
de la reforma y su presentación ante el Congreso de la
Unión. En la documentación base de su análisis
está el resultado de la revisión integral (auditoria
y estudios actuariales) con sus respectivas recomendaciones por
parte de la ASF.
Contenido de la reforma
De inicio se pierde el espíritu solidario
y colectivo de la actual Ley al individualizar los fondos de pensiones,
dejando al trabajador en un estado de indefensión y a merced
de la voracidad bancaria.
Lo anterior deriva de la anulación
de una pensión segura y vitalicia para los trabajadores
y sus familias a partir del fondo que se compone de las aportaciones
de cada trabajador (3.5%) Y del gobierno (3.5%) de acuerdo al
salario base de cotización. Al individualizar los fondos
pensionarios y Ilevarlos a las AFORES, la Única instancia
beneficiada es la banca, quien manejará y lucrará
con nuestros recursos por muchos años, teniendo el trabajador
que pagar hasta un 41 % de sus ahorros por manejo de cuenta.
A los trabajadores en activo se les abre
una cuenta individual con un depósito inicial ("bono
de reconocimiento") equivalente al valor presente neto de
su pensión a que tienen derecho en ese momento. Su jubilación
será igual a ese "reconocimiento" más
lo que haya depositado durante el resto de sus años cotizantes,
Ya no existirá una edad mínima para el retiro.
Es inadmisible" que se quiera reducir
a tan solo un seguro por riesgos de trabajo, seguro por enfermedades
y maternidad, seguro de salud a pensionistas y seguro de invalidez
y vida, los 21 seguros y prestaciones con Ios que actualmente
contamos y que son los siguientes:
El punto anterior refleja la enorme pérdida
de rubros de seguridad social por parte de la clase trabajadora
con la pretendida reforma a la Ley de este Instituto, además
de otros aspectos más que se modificarían. en perjuicio
de nuestras prestaciones.
Los argumentos:
La crisis de financiamiento. Lo gravoso del
costo de 470 mil jubilados y pensionados, que el país,
según ellos, no puede soportar, ya que en 2003 dejó
un desfalco de 15 mil millones de pesos. Para el gobierno de Fox
no cuentan, por ejemplo, el costo fiscal del FOBAPROA de 50 mil
millones de pesos, o las millonarias pensiones de los ex presidentes
(5.7 mdp anuales para cada uno).También dicen que ahora
los mexicanos vivimos más (en 1975 la esperanza de vida
era de 64.4 años y ahora es de 76.23 años) y que
en consecuencia el ISSSTE tiene que pagarles durante más
tiempo a nuestros jubilados su pensión (un trabajador se
retiraba casi a los 70 en promedio y entonces disfrutaba 2.5 años
de jubilación, en cambio hoy la edad de jubilación
es de 55, por lo que hay que pagar más de 21 años
de jubilación). Lo costoso de las enfermedades actualmente
muy comunes: cáncer, diabetes, etc.
Las medidas para imponer la reforma:
Fox cabildea sin descanso con los representantes
de los sindicatos y federaciones involucrados, lo mismo que con
diputados y senadores de todos los partidos, con el fin de lograr
que se apruebe la reforma sin problema por el Poder Legislativo.
La Coordinadora Nacional de Gobernadores
(CONAGO), ya dio su aval en el mismo sentido y, en el estado de
México, el Gobernador Arturo Montiel, presidente de la
comisión de seguridad social de ese organismo impuso a
los trabajadores del ISSEMYM (que es el ISSSTE en la jurisdicción
estatal) la jubilación a los 35 años de servicio
para hombres y mujeres, metió a todos los nuevos trabajadores
a las AFOREs e impuso el cobro de una cuota a los pensionados.
CONCLUSIONES GENERALES:
1. Desde la creación del ISSSTE,
el gobierno ha incumplido lo establecido en el Artículo
177 de la Ley de dicho Instituto. Esta omisión ha propiciado
la descapitalización fomentada del ISSSTE, misma que se
ha profundizado por:
La política de adelgazamiento extraordinario
de las dependencias federales con programas como el del retiro
voluntario, la concesión de servicios a empresas contratistas,
el congelamiento y desaparición de plazas de base y el
incremento dé contratos interinos limitados o de personal
de confianza. Así como es enorme la carencia de especialistas,
médicos, enfermeras y demás personal en clínicas
y hospitales del sector público, así mismo son innumerables
las carencias de veladores, intendentes, prefectos, trabajadores
sociales, secretarias, docentes y directivos en las escuelas públicas,
por citar sólo un ejemplo. A lo anterior hay que agregar
las fusiones y desapariciones de dependencias públicas
(SEPESCA, SARH, SEDUE, Spp, CONASUPO) que han motivado miles de
despidos.
La caída del poder de compra de los salarios en un 79%
de 1976 a la fecha que repercute en las aportaciones de cada trabajador
al ISSSTE. Es parte de esta quiebra fomentada desde le gobierno
para justificar la cancelación del derecho a la jubilación
y la pensión contemplado en la ley.
Los compromisos de pago de una deuda interna contraída
de forma irresponsable y corrupta como es el caso del FOBAPROA
y otros rescates a banqueros y empresarios que desde siempre han
sangrado al país; así como el pago al capital y
servicios de la deuda externa, han comprometido peligrosamente
al Erario Público, condenando a una política austera
el gasto social, el apoyo al campo y la inversión en las
industrias paraestatales como la energética que son estratégicas
para el país.
2. Como consecuencia de lo anterior, es evidente
el gigantesco rezago que se tiene en la infraestructura hospitalaria.
Desde hace tres años no se ha autorizado una partida presupuestal
para construcción de nuevas clínicas y hospitales.
3. El manejo del Fondo de Vivienda por las
constructoras privadas desde el año 2000 en que se instituyó
un falso Sorteo de Vivienda impuesto por el FOVISSSTE.
4. La privatización de la industria
farmacéutica nacional, impacto gravemente a las instituciones
públicas del sector salud. en particular por la entrega
abierta de buena parte de los fondos de salud al monopolio farmacéutico.
5. Son del dominio público los hechos
de corrupción, los onerosos salarios, jubilaciones y pensiones
de muchos funcionarios del ISSSTE y del gobierno.
6. Los aproximadamente 64 millones de mexicanos
que conformamos la Población Económicamente Activa,
con los ingresos que generamos al país, aunado a las sumas
millonarias que los trabajadores migrantes año con año
envían al país, muy bien podemos no sólo
sostener financieramente sanos financieramente al IMSS e ISSSTE,
sino también garantizar una pensión digna los seis
millones de mexicanos de la tercera edad.
LINEAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ISSSTE
Los trabajadores de la educación y
los trabajadores de otros sindicatos federados no compartimos
la idea promovida desde los centros de poder económico
y político de que la única salida para la situación
financiera del ISSSTE sea la suspensión del derecho a la
jubilación y pensión, y en su lugar imponer su privatización,
desarticulación y destrucción, por lo que rechazamos
toda reforma a la Ley del ISSSTE, venga de donde venga, y en contraparte
exigimos la puesta en marcha de un Programa para el Fortalecimiento
del ISSSTE.
EXIGIMOS:
l. El respeto irrestricto al derecho a la
seguridad social; al sistema de jubilaciones y pensiones como
está contenido en la Constitución y en la Ley del
ISSSTE.
2. Sanear financieramente al ISSSTE, conservando intactos los
principios de seguridad social solidaria, los. servicios y seguros
contenidos en la Ley del Instituto, como punto de partida para
su fortalecimiento y ampliación de los beneficios a los
trabajadores en activo y retirados.
3. Transparentar el manejo administrativo y el uso de los fondos
aportados por los trabajadores para los seguros y servicios contenidos
en la Ley.
4. Garantizar la solvencia económica del régimen
actual de Jubilaciones y Pensiones, solidario y colectivo, con
un mejoramiento creciente y sostenido que asegure la plena satisfacción
de las necesidades básicas de los trabajadores jubilados
y sus familias.
5. Mejorar el servicio médico y el abasto de medicamentos.
6. Incrementar la infraestructura, garantizar la cobertura de
los servicios y seguros, atendiendo plenamente a los afiliados
y derechohabientes.
ESTRATEGIAS:
1. Establecer de forma emergente una aportación
extraordinaria de 50 mil millones de pesos para el ISSSTE atendiendo
el Artículo 177 de la Ley del mismo, para cubrir la faltante
en el pago de jubilaciones en los años 2004 y 2005, Y el
resto para iniciar un proceso de recuperación paulatina.
2. A partir del 2005 establecer un monto
anual y permanente hasta logra la completa recuperación
financiera del ISSSTE.
MECANISMOS PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
AL ISSSTE
1. Asignar un porcentaje de los recursos
excedentes en el precio del petróleo de 2003 y 2004.
2. Regresar el programa de construcción de vivienda e infraestructura
hospitalaria al FOVISSSTE, suspendiendo en consecuencia la concesión
a las constructoras usureras para que el ahorro y los ingresos
obtenidos de estas actividades amplíen la capacidad financiera
del Instituto.
3. Aplicar recursos recuperados por recaudación fiscal
por concepto de auditorias
4. Reorientar el uso de los recursos del
Erario Público, priorizando el gasto social.
5. Pago de impuestos de las empresas y capitales especulativos
proporcional a sus ganancias.
6. Basificación de las plazas interinas, reducción
del personal de confianza y ampliación del personal de
base, generación de las plazas necesarias en los centros
de trabajo del sector público del personal administrativo,
manual, técnico, profesional y especializado.
7. Reestructurar la deuda pública interna y externa, asignando
menos recursos para el pago de capital y servicios, reducir los
gastos para los cuerpos militares y de policía, disminuir
los gastos de representación, salarios y dietas de funcionarios
de gobierno, diputados y senadores. De esos recursos asignar un
porcentaje a los fondos del ISSSTE.
8. Recuperación de fondos del ISSSTE desviados por actos
de corrupción, así como la reducción de las
altas pensiones que cobran funcionarios y exfuncionarios de gobierno.
9. Refundar la valorización social del trabajo, restituyendo
los preceptos constitucionales que en materia laboral protegen
y benefician a los trabajadores. Respetar los Contratos Colectivos
y las Condiciones de Trabajo Constitucionales.
¡NO A LA REFORMA PRIVATIZADORA
DEL ISSSTE,
SI A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA TODOS!
¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!
COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION
