Para enfrentar de manera unificada los planes
del actual régimen que buscan cancelar un conjunto de derechos
contenidos en la Constitución de 1917, en particular el
de la seguridad social, este 22 de octubre tuvo lugar en la ciudad
de México, el Segundo Encuentro Nacional de Trabajadores
al Servicio del Estado, al que acudieron cerca de mil
delegados de distintos sindicatos, entre ellos el SNTE, (representado
por las secciones democráticas que integran la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación), el Sindicato
de Trabajadores de la UNAM, el Sindicato de Trabajadores de la
Universidad Autónoma Metropolitana, así como representantes
del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social, entre otros.
Uno de los acuerdos centrales tomados por
los asistentes a dicho evento fue el de constituirse a partir
de esa fecha en un Frente Nacional de Trabajadores por
la defensa de la Seguridad Social, del IMSS y del ISSSTE.
En el caso de este último, se acordó pugnar por
el establecimiento de un Programa de Fortalecimiento,
como alternativa a la reforma privatizadora de la Ley de dicho
Instituto que promueven tanto el gobierno federal, la CONAGO,
partidos políticos y dirigentes sindicales charros. Lo
anterior se hace con base en las siguientes consideraciones que
forman parte de la Declaración Política del Encuentro.
1. El neoliberalismo, como modelo económico
aplicado en el país por los gobiernos de los últimos
tres sexenios, ha significado mayores niveles de desempleo, recortes
de personal, cierre de empresas, privatización de las paraestatales
y de los servicios públicos; castigo a los salarios y mayores
cargas de trabajo; abandono del Estado a sus responsabilidades
de carácter social y privatización del sistema educativo,
de la salud pública, de los fondos pensionarios y de la
vivienda.
2. El presupuesto federal se ha destinado
en su mayor parte al pago de la deuda pública interna y
externa, a los rescates bancarios y a brindar las mejores condiciones
al capital para la obtención de mayores tasas de ganancia;
mientras como paliativos a la crisis se imponen programas asistencialistas
con el fin de contener la inconformidad social.
3. La Seguridad Social en México,
como mecanismo redistributivo del ingreso y de solidaridad intergeneracional,
tiene su punto de partida en la Constitución de 1917, en
particular, en el artículo 123 y en la Ley Federal del
Trabajo, donde se consagran derechos y prestaciones como percepciones
directas e indirectas de los trabajadores. La seguridad social
es parte del ingreso indirecto que la Constitución garantiza
a los trabajadores como obligación del Estado y de los
patrones.
4. Con las reformas aplicadas al IMSS (1995
y 2004) y la pretendida actualmente al ISSSTE, se busca consumar
un nuevo régimen laboral, implantado ilegalmente por las
empresas monopólicas. El resultado de la implantación
de este nuevo régimen laboral al año 2004 es alarmante:
de más de 40 millones de trabajadores, sólo 15 millones
36 mil asalariados cuentan con prestaciones, es decir, alrededor
del 65% de trabajadores padecen una extrema precarización
de sus condiciones de trabajo. Para consumar este nuevo modelo
laboral de superexplotación se está planteando reducir
al mínimo los derechos de los trabajadores del sector formal,
a esto atienden las otras pretendidas reformas al Art. 123 Constitucional
y a la Ley Federal del Trabajo, así como la supresión
del Apartado “B” y la imposición de la Ley
Laboral para los trabajadores de la educación.
5. El gobierno, los patrones, los legisladores
y dirigentes sindicales charros dicen que no hay alternativa más
que privatizar la seguridad social. Bajo el falso argumento de
que somos una sector “privilegiado”, ellos promueven
un “modelo nacional de seguridad social” y una reforma
integral a la Ley del ISSSTE, medidas con las que buscan igualarnos
a la baja a los cerca de 2.5 millones de trabajadores al servicio
del estado, es decir, informalizarnos a todos los trabajadores
mexicanos.
6. Para los trabajadores no hay duda, el
responsable de la descapitalización del ISSSTE es el propio
Estado, ya que desde la creación del Instituto (1959) ha
omitido el Artículo 177 de la Ley del ISSSTE, el cual establece
que “si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos
del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a
su cargo, establecidas por la ley (en este caso el pago de jubilaciones
y pensiones), el déficit que hubiese será cubierto
por las dependencias y entidades en la proporción que a
cada una corresponda”. Desde 1946, con la Dirección
de Pensiones Civiles, se reconocía que el costo de las
pensiones y jubilaciones requería de un 24% del salario
de cada trabajador, promoviéndose al año siguiente
un incremento de las aportaciones de los trabajadores y del Estado
de un 3.5% a un 5.5% respectivamente. Sin embargo, en 1960 se
regresa al esquema de aportaciones del 3.5% para la jubilación
y la pensión, a sabiendas que, en un universo tan amplio
de trabajadores, la proporción de trabajadores activos
con respecto de los jubilados, que al inicio era de 20 a uno,
en tiempos futuros tendería a invertirse. Este problema
se aceleró a partir de los años ochentas con la
disminución de la plantilla de personal de las dependencias
federadas vía reducción y fusión de puestos
de trabajo, recortes de personal, retiros y la no creación
de nuevos puestos de trabajo. Aunado a esto, vinieron los topes
salariales y la negativa del Estado a cubrir el monto faltante
que por ley debía y debe aportar. Por ello, tal omisión
a la Constitución y a la Ley del ISSSTE por parte del Estado,
es una de las causas principales de la descapitalización
del Instituto.
7. Los trabajadores mexicanos aseguramos
que sí hay otra alternativa, que el país sí
cuenta con los recursos humanos, naturales, financieros, etc.,
como para brindar empleo y seguridad social para todos; la prueba
está en que a los corruptos banqueros y empresarios carreteros
y azucareros el gobierno sí les ha rescatado de sus enormes
fraudes utilizando los recursos públicos, y destina, además,
otro tanto para el pago puntual de los intereses de la deuda externa.
No compartimos la idea promovida desde los centros de poder económico
y político de que la única salida para la situación
financiera del ISSSTE sea la cancelación del derecho a
la jubilación y pensión, y en su lugar imponer su
privatización, desarticulación y destrucción,
por lo que rechazamos toda reforma a la Ley del ISSSTE,
venga de donde venga, y en contraparte exigimos la puesta en marcha
de un PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL ISSSTE, que incluya:
a) El respeto irrestricto al derecho a la
seguridad social; al sistema de jubilaciones y pensiones como
está contenido en la Constitución y en la Ley del
ISSSTE, en particular al pago de los recursos que por omisión
ha dejado de cubrir el gobierno conforme al Artículo 177
de la Ley del Instituto.
b) Sanear financieramente al ISSSTE, conservando intactos los
principios de seguridad social solidaria, los servicios y seguros
contenidos en la Ley del mismo, como punto de partida para su
fortalecimiento y ampliación de los beneficios a los trabajadores
en activo y retirados.
c) Transparentar el manejo administrativo y el uso de los fondos
aportados por los trabajadores para los seguros y servicios contenidos
en la Ley.
d) Garantizar la solvencia económica del régimen
actual de Jubilaciones y Pensiones, solidario y colectivo, con
un mejoramiento creciente y sostenido que asegure la plena satisfacción
de las necesidades básicas de los trabajadores jubilados
y sus familias.
e) Mejorar el servicio médico y el abasto de medicamentos.
f) Incrementar la infraestructura, garantizar la cobertura de
los servicios y seguros, atendiendo plenamente a los afiliados
y derechohabientes.
En cuanto a la disposición de los
recursos para lograr el fortalecimiento del ISSSTE, se propone
sea de la siguiente manera:
