¡POR EL FORTALECIMIENTO DEL ISSSTE!
Los asistentes al 2° Encuentro Nacional
de Trabajadores al Servicio del Estado, trabajadores de la educación
y de los distintos sindicatos del sector público, que a
partir de este día nos hemos constituido en el Frente
Nacional de Trabajadores al Servicio del Estado por la defensa
de la Seguridad Social, del IMSS y del ISSSTE, concientes
de las intenciones del régimen por cancelar el conjunto
de derechos contenidos en la Constitución de 1917, en particular
el referente a la seguridad social, emitimos la siguiente
DECLARACIÓN POLÍTICA
Con el neoliberalismo, la ganancia y la sobreexplotación
alcanzan un nivel mayor, acrecentando el desempleo, los recortes
de personal, el cierre de empresas, la privatización de
las paraestatales y de los servicios públicos; castigando
los salarios, sometiendo a los trabajadores a mayores cargas de
trabajo y al desarrollo de una multiplicidad de funciones, mientras
el Estado abandona sus responsabilidades de carácter social;
estando en marcha la privatización del sistema educativo,
de la salud pública, de los fondos de retiro, de las jubilaciones
y pensiones y de los fondos de vivienda.
El presupuesto federal se ha destinado en
su mayor parte al pago de la deuda pública interna y externa;
a los rescates financieros y a brindar las mejores condiciones
al capital para la obtención de mayores tasas de ganancia;
así como para el desarrollo de programas asistencialistas
con el fin de contener la inconformidad de la población.
Lo que ha provocado un profundo descontento entre los trabajadores
formales e informales, sindicalizados y no sindicalizados, desempleados
y subempleados, descontento que se empieza a manifestar de manera
cada vez más organizada en los últimos años.
El gobierno, los patrones, los legisladores
y los dirigentes sindicales charros, dicen que no hay otra alternativa
más que privatizar la seguridad social, nuestros fondos
pensionarios, la salud y la vivienda principalmente. Se nos acusa
de ser un sector “privilegiado” que compromete los
recursos de la nación mientras ellos promueven un “modelo
nacional de seguridad social” y una “reforma integral”
a la Ley de ISSSTE, que significan la homologación a la
baja de los cerca de 2.5 millones de trabajadores del sector público,
es decir, informalizarnos a todos los trabajadores mexicanos.
En México la Seguridad Social como
mecanismo redistributivo del ingreso y de solidaridad intergeneracional,
tiene su punto de partida en la Constitución de 1917, en
particular, en el artículo 123 y en la Ley Federal del
Trabajo, donde se consagran derechos y prestaciones como percepciones
directas e indirectas de los trabajadores. La seguridad social
es parte de ese salario o ingreso indirecto que la Constitución
garantiza a los trabajadores como obligación del Estado
y de los patrones.
La Ley de Pensiones Civiles de 1925 establece
como aportación de los trabajadores para su pensión
un 3.5% de su salario. En 1946 se reconoce que el costo de las
pensiones y jubilaciones requiere de un 24% del salario de cada
trabajador, quienes en este año aportaban el 3.5%, estableciéndose
como una obligación del Estado aportar los recursos faltantes;
en la reforma de 1947 se incrementó la aportación
de los trabajadores y del Estado a 5.5% respectivamente.
Al crearse el ISSSTE en 1959, a pesar de que el Estado conocía
el costo de las jubilaciones y pensiones, mantiene el criterio
constitucional redistributivo del ingreso, regresando al criterio
en el que los trabajadores aportan un 3.5% de su salario para
el sistema de jubilaciones y pensiones, asentando en el Artículo
177 de la Ley del ISSSTE que lo que hiciere falta para la cobertura
del pago de jubilaciones y pensiones será cubierto por
las instancias federadas y el Estado. Agregando, además,
que el derecho se hereda a la familia en caso del fallecimiento
del trabajador.
A partir de enero de 1960, el ISSSTE funcionó
de manera eficiente, registrando un constante crecimiento en su
infraestructura y equipo, así como en la calidad de los
servicios, seguros y prestaciones establecidos en su Ley. En un
universo tan amplio de trabajadores, en todo tiempo el Estado
sabía que la proporción de trabajadores activos
con respecto de los jubilados, que al inicio era de 20 o más
a uno, en tiempos futuros tendería a invertirse. Esta variación
se aceleró a partir de los años ochentas con la
disminución de la plantilla de personal de las dependencias
federadas vía reducción y fusión de puestos
de trabajo, recortes de personal, retiros y no creación
de nuevos puestos de trabajo. Aunado a esto, vinieron los topes
salariales y la negativa del Estado a cubrir el monto faltante
que por ley debía y debe aportar. Tal omisión a
la Constitución y a la Ley del ISSSTE, es una de las causas
principales de la descapitalización del Instituto.
Los trabajadores mexicanos aseguramos que
sí hay otra alternativa, que el país sí cuenta
con los recursos humanos, naturales, financieros, etc., como para
brindar empleo y seguridad social para todos, la prueba está
en que a los corruptos banqueros y empresarios carreteros y azucareros
el gobierno sí les ha rescatado de sus enormes fraudes
utilizando los recursos públicos, y además, destina
otro tanto para el pago puntual de los intereses de la deuda externa.
Con fundamento a lo anterior es como planteamos la urgencia del
establecimiento del presente PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
DEL ISSSTE.
Con las reformas aplicadas al IMSS (1995
y 2004) y la pretendida actualmente al ISSSTE, se busca consumar
un nuevo régimen laboral, implantado ilegalmente por las
empresas monopólicas. El resultado de la implantación
de este nuevo régimen laboral al año 2004 es alarmante.
De más de 40 millones de trabajadores, sólo 15 millones
36 mil asalariados cuentan con prestaciones, es decir, alrededor
del 65% de trabajadores padecen una extrema precarización
de sus condiciones de trabajo. Para consumar este nuevo modelo
laboral de superexplotación se está planteando reducir
al mínimo los derechos de los trabajadores del sector formal,
a esto atienden las pretendidas reformas a las leyes Federal del
Trabajo, del IMSS, del ISSSTE; la supresión del Apartado
“B”; la reforma al Art. 123 Constitucional y la implantación
de la Ley para los Trabajadores de la Educación, entre
otras.
Desde la creación del ISSSTE, el gobierno
ha incumplido lo establecido en el Artículo 177 de la Ley
de dicho Instituto. Esta omisión ha propiciado la descapitalización
fomentada del ISSSTE, misma que se ha profundizado por:
- El adelgazamiento de las dependencias federales con la reducción
de la plantilla de personal y con las fusiones y desapariciones
de dependencias públicas (SEPESCA, SARH, SEDUE, SSP, CONASUPO),
que han motivado miles de despedidos.
- La caída del poder de compra de los salarios en un 79%
de 1976 a la fecha que repercute en las aportaciones de cada trabajador
al ISSSTE.
- Los compromisos de pago de la deuda interna y del Fobraproa,
y de los rescates a los banqueros y empresarios que desde siempre
han sangrado al país; así como el pago al capital
y servicios de la deuda externa, han comprometido peligrosamente
al Erario Público, condenando a una política austera
el gasto social.
- Como consecuencia de lo anterior, es evidente el gigantesco
rezago que se tiene en la infraestructura hospitalaria.
- El manejo del Fondo de Vivienda por las constructoras privadas
y la entrega del fondo de salud al monopolio farmacéutico.
- Son del dominio público los hechos de corrupción,
los onerosos salarios, jubilaciones y pensiones de muchos funcionarios
del ISSSTE y del gobierno.
LINEAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
ISSSTE:
Los trabajadores de la educación y
los trabajadores de otros sindicatos federados no compartimos
la idea promovida desde los centros de poder económico
y político de que la única salida para la situación
financiera del ISSSTE sea la suspensión del derecho a la
jubilación y pensión, y en su lugar imponer su privatización,
desarticulación y destrucción, por lo que
rechazamos toda reforma a la Ley del ISSSTE, venga de donde venga,
y en contraparte exigimos la puesta en marcha de un Programa para
el Fortalecimiento del ISSSTE.
EXIGIMOS:
a) El respeto irrestricto al derecho a la seguridad social; al
sistema de jubilaciones y pensiones como está contenido
en la Constitución y en la Ley del ISSSTE, en particular
al pago de los recursos que por omisión a dejado de cubrir
el gobierno conforme al Artículo 177 de la Ley del ISSSTE.
b) Sanear financieramente al ISSSTE, conservando
intactos los principios de seguridad social solidaria, los servicios
y seguros contenidos en la Ley del Instituto, como punto de partida
para su fortalecimiento y ampliación de los beneficios
a los trabajadores en activo y retirados.
c) Transparentar el manejo administrativo
y el uso de los fondos aportados por los trabajadores para los
seguros y servicios contenidos en la Ley.
d) Garantizar la solvencia económica
del régimen actual de Jubilaciones y Pensiones, solidario
y colectivo, con un mejoramiento creciente y sostenido que asegure
la plena satisfacción de las necesidades básicas
de los trabajadores jubilados y sus familias.
e) Mejorar el servicio médico y el
abasto de medicamentos.
f) Incrementar la infraestructura, garantizar
la cobertura de los servicios y seguros, atendiendo plenamente
a los afiliados y derechohabientes.
DE DONDE DISPONER RECURSOS PARA EL
ISSSTE:
1. Asignando un porcentaje de los recursos excedentes en el precio
del petróleo de 2003 y 2004.
2. Regresando el programa de construcción
de vivienda e infraestructura hospitalaria al FOVISSSTE, suspendiendo
en consecuencia la concesión a las constructoras usureras,
para que el ahorro y los ingresos obtenidos de estas actividades
amplíen la capacidad financiera del Instituto.
3. Aplicando recursos recuperados por recaudación
fiscal por concepto de auditorias
4. Reorientando el uso de los recursos del
Erario Público, priorizando el gasto social.
5. Cobrando impuestos a las empresas y capitales
especulativos proporcional a sus ganancias.
6. Basificando las plazas interinas, reducción
del personal de confianza y ampliación del personal de
base, generando las plazas necesarias en los centros de trabajo
del sector público del personal administrativo, manual,
técnico, profesional y especializado.
7. Reestructurando la deuda pública
interna y externa, asignando menos recursos para el pago de capital
y servicios; reduciendo los gastos para los cuerpos militares
y de policía; disminuyendo los gastos de representación,
salarios y dietas de funcionarios de gobierno, diputados y senadores.
8. Recuperando los fondos del ISSSTE desviados
por actos de corrupción, así como la reducción
de las altas pensiones que cobran funcionarios y expresidentes.
9. Aplicando una auditoria externa al ISSSTE.
10. Restituyendo inmediatamente las cuotas
recaudadas por las dependencias federales y no entregadas al ISSSTE.
PLAN DE ACCION:
