La descapitalización del ISSSTE, principalmente
del fondo de pensiones y jubilaciones, tiene como causa principal
el no cumplimiento, por parte del Estado, a lo dispuesto en el
artículo 177 de la Ley de dicho Instituto, el cual establece
que “si llegare a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos
del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a
su cargo, establecidas por la ley (en este caso el pago de jubilaciones
y pensiones), el déficit que hubiese será cubierto
por las dependencias y entidades en la proporción que a
cada una corresponda”.
La disminución de la plantilla de
personal de las dependencias federadas vía reducción
y fusión de puestos de trabajo, recortes de personal y
retiros así como la no creación de nuevos puestos
de trabajo y los topes salariales impuestos por los gobiernos
de los últimos tres sexenios, constituyen, junto con la
omisión del Estado al artículo 177 de la Ley del
ISSSTE, las causas principales de la descapitalización
del Instituto.
Por ello, carecen de veracidad las recientes
declaraciones hechas a la prensa por parte del Director General
del ISSSTE, Benjamín Gózales Roaro, cuando asegura
que la reforma a la Ley del ISSSTE es necesaria debido a que al
envejecimiento de las sociedades incrementa el pago de pensiones,
como también es falso que el faltante para completar la
nómina de los jubilados y pensionados “son transferencias
que retiran recursos para el combate a la pobreza, a la educación
y la infraestructura que necesita el país”.
Miente González Roaro ante la falta
de un argumento sólido para defender la reforma privatizadora
del ISSSTE ordenada por el Banco Mundial al gobierno de Fox desde
el año 2000. Él sabe que destinar los recursos faltantes
para completar la nómina de los jubilados y pensionados
es una obligación del gobierno conforme al artículo
177 de la Ley del ISSSTE. Es burdo chantaje decir que la asignación
de estos recursos afectará otros programas sociales que
finalmente también son obligación del Estado.
La deficiente planeación del presupuesto
y que este privilegie el pago de la deuda pública interna
y externa así como otros compromisos del gobierno con los
grandes ricos del país y del extranjero, castigando el
gasto social, no es responsabilidad de los trabajadores. Los responsables
son funcionarios como el propio González Roaro, quien en
el pasado tuvo un cargo en la Secretaría de Hacienda.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, CNTE, ratifica el acuerdo del Frente Nacional
de Trabajadores al Servicio del Estado, de rechazar cualquier
reforma a la Ley del ISSSTE, así como la exigencia al gobierno
federal de establecer un Programa de Fortalecimiento del ISSSTE
que tenga como base el respeto irrestricto al derecho a la seguridad
social, al sistema de jubilaciones y pensiones, tal y como está
contenido en la Constitución y en la Ley del ISSSTE.
¡NO A LA REFORMA PRIVATIZADORA, SI AL FORTALECIMIENTO DEL
ISSSTE!
COORDINADORA NACIONAL
DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN
