Precisamente, en el último trimestre de 2001 la Asamblea Nacional aprobó con cambios, en primera discusión, el proyecto de Ley Anticorrupción qua ya analizamos atrás, bajo el nombre de Ley Orgánica Contra la Corrupción en la Función Pública. La segunda discusión está prevista para la agenda legislativa pactada para el período de sesiones del año 2002. "Este sólo instrumento legal", dijo Willian Lara, presidente de la Asamblea, "no podrá erradicar los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, ya que hace falta concretar otras leyes y reformas importantes como las del Código Procesal Penal y las del Código Penal" (Globovisión, 02/11/2001).

A pesar del bajo perfil que le caracteriza, el contralor Clodosbaldo Russián precisó que, en su criterio, proponía cambiar la vieja e inoperante Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público: "estamos obligados por la Convención Interamericana contra la Corrupción a producir una ley anticorrupción que, a mi juicio, debe ampliar nuestra capacidad de sanción. El nuevo marco legal debe incluir la repatriación de capitales, la extradición de venezolanos o extranjeros que hayan manejado recursos públicos indebidamente y que se hayan ido el país, y la no contratación pública de empresas domiciliadas en paraísos fiscales" (El Nacional, 14/01/2002).