El fantasma de las supuestas irregularidades cometidas en la administración de los cuantiosos recursos financieros y materiales del Plan Bolívar 2000 y 2001 reapareció con mucho mayor fuerza que antes.

En líneas generales, la Comisión de Contraloría, presidida por Vestalia de Araujo, acordó citar al contralor Russián el 5 de enero de 2002, con la finalidad de que explicara por qué en el informe final que sobre el referido plan bandera oficial, no se decía una sola palabra en torno al cobro de cheques endosados por algunos proveedores a varios sargentos subalternos del General Melvin López Hidalgo, tal como lo denunciara la periodista y directora del Nuevo País, Patricia Poleo. En paralelo, Chávez designó al oficial como nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército.

Por una parte el diputado Pedro Carreño, del MVR, calificaba de "apócrifas" las pruebas presentadas por Poleo y que daban cuenta de un desvío de fondos del tenor de los 202 millones 648 mil 934 bolívares en la guarnición de Guárico (El Universal, 06/12/2001); y por la otra la diputada Araujo criticaba al Presidente por haber promovido al General antes de que el Poder Legislativo culminara una investigación abierta contra López Hidalgo. Mientras que el fiscal Isaías Rodríguez anunciaba la finalización de las investigaciones del Poder Moral en la guarnición del estado Anzoátegui y la evaluación de los resultados para proceder penalmente ante los tribunales competentes, si era el caso.

Por esos días Russián declaraba que contra los generales Víctor Cruz Weffer y Melvin López Hidalgo "no se ha presentado denuncia alguna" y reiteraba su vieja tesis de "no actuar por "notitia críminis" (Globovisión, 06/01/2001).

El General López Hidalgo, en célebre rueda de prensa televisada desde el Ministerio de la Defensa, solicitó públicamente a las periodistas Patricia Poleo, Marianella Salazar, Ibéyise Pacheco y Marta Colomina, que se retractaran públicamente de las acusaciones que venían levantado en su contra y que tenían como soporte informes de la DIM que encabezaba el también General Ovidio Poggiolli, luego sustituido de la jefatura del Instituto Autónomo Aeropuerto de Maiquetía.

Este episodio, aún en pleno desarrollo para mediados de enero de 2002, trataba de conseguir final pero ello no era posible. Una marcha convocada por mujeres y periodistas en contra de la corrupción en el sector militar fue atacada el 21 de diciembre por las denominadas turbas chavistas que encabezaba la inefable Lina Ron, a las puertas del Fuerte Tiuna. Y el tercer intento de interpelación del general Ovidio Poggiolli, autor de los referidos informes contra sus colegas de componente, por parte de la comisión de Contraloría de la Asamblea fue abortado el miércoles 16 de enero de 2001 por maniobras de la bancada oficialista, encabezada por el diputado Pedro Carreño. Al día siguiente el periodista César Miguel Rondón se preguntaba por Unión Radio "¿qué será lo que tiene que decir el General Poggiolli, a lo que le tiene tanto miedo el oficialismo?".

El General Víctor Cruz Weffer, para todo el país, fue removido de su cargo de Comandante General del Ejército, por el presidente Chávez el 23 de diciembre. No obstante el oficialismo habló simplemente de sustitución:

-- La decisión que he tomado es una decisión de ajustes, ya yo lo dije, es una decisión de ajustar el alicate –explicó Chávez la remoción desde Aló Presidente-, es una decisión como cualquier otra. Así como cambio un ministro, así como cambio a un embajador, así como cambio un viceministro o un presidente de una empresa el Estado, igual pasa con la Fuerza Armada (El Universal, 24/12/2001).

Las palabras del Presidente, por el contrario levantaron más suspicacias. Alfredo Peña, el Alcalde Mayor, declaró el mismo día: "Si Cruz Weffer fue destituido por corrupción debe someterse al respectivo juicio" (El Nacional, 23/12/2001).

Las cuentas, cuentos y recuentos del oficial y de la señorita Betsabé Zárraga, a la que se le asocia sentimentalmente, pasaron a formar parte de la cultura popular del Venezolano:

Ante el último tópico, el ministro de la Defensa, José Vicente Rangel, negó que la Superintendencia de Bancos hubiera hecho tal solicitud y basó su argumento en una conversación sostenida con el General Antonio Navarro Chacón, Contralor General de la Fuerza Armada Nacional (El Nacional, 16/1272002).

-- Desde el inicio del actual gobierno, hemos sido testigos de delicadas y reiteradas denuncias de posibles ilícitos que contra el erario público –escribió el vicealmirante Iván Carratú Molina, especialmente para la página web de Globovisión (18/01/2002)-, han cometido funcionarios de diversas instituciones del Estado. Se han señalad a prominentes figuras políticas y militares del régimen, que reiteran en su discurso político una falaz cruzada y éxito anti-corrupción. El fiasco no puede ser mayor, la tradición de Alí Baba pareciera haberse inoculado en las propias entrañas de los caza-corruptos y nuevos ricos que grotescamente exhiben su nuevo estatus socio-económico con boina roja".