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El precio de la
libertad |
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�La paz no es s�lo el silencio de las armas� "Reunidos los presidentes de Andaluc�a, Castilla-La Mancha y Extremadura, afirman su lealtad a la Constituci�n Espa�ola y a los Estatutos de Autonom�a en elvig�simo aniversario de la primera. En nuestra opini�n, la Constituci�n ha servido para hacer de Espa�a un pa�s m�s moderno y m�s justo, y un modelo de convivencia entre los espa�oles s�lo enturbiado por el terrorismo de ETA. Con este marco hemos progresado como personas y como pueblos. Asimismo, hemos sido capaces de combinar el desarrollo de territorios como Andaluc�a, Castilla-La Mancha y Extremadura, secularmente abandonados, con la satisfacci�n de los leg�timos deseos de los diferentes pueblos de Espa�a de conservar sus lenguas, culturas, derechos y sus particulares instituciones. No estamos dispuestos a que nuestro silencio nos haga c�mplices de procesos que marginen a nuestros territorios. Como presidentes de tres comunidades aut�nomas vamos a defender los intereses que representamos, que no son diferentes de los de Espa�a. Con la inmensa mayor�a de los espa�oles, y en representaci�n de nuestros pueblos, nos congratulamos de la oferta de ETA, en forma de "tregua indefinida" en sus actividades criminales. Vemos la novedad del car�cter "indefinido" de la tregua como un alivio y una esperanza, ante la cual los dem�cratas debemos reaccionar con serenidad, con firmeza y con unidad, afirmando nuestra permanente voluntad de una paz definitiva, de un cese total e incondicional de una violencia injustificable. Apoyamos con firmeza al Gobierno de Espa�a para que dirija el proceso que conduce a la paz. Pero con la misma firmeza creemos que nada m�s puede negociarse al respecto; que la paz es una exigencia leg�tima de todos los ciudadanos que no deben suponer contrapartidas pol�ticas. Por eso, no aceptamos la idea de conceder ventaja pol�tica alguna porque ser�a la peor amenaza para la convivencia. Legitimar la violencia en democracia nos deparar�a un futuro incierto ante nuevos brotes de actividad violenta. En consecuencia, exigimos de los dem�cratas, de derecha o de izquierda, nacionalistas o no, respeto a las reglas de juego que nos hemos dado, incluso para cambiarlas en el caso de que algunos deseen hacerlo. La confusa declaraci�n de separar las reivindicaciones pol�ticas de algunos partidos nacionalistas de las conversaciones para el cese definitivo de la violencia terrorista debe convertirse en una firme posici�n, propia de cualquier dem�crata que no puede aparecer ante la opini�n p�blica mezclando sus aspiraciones con las de los que practican el terror. La Constituci�n misma, con su vocaci�n incluyente y no excluyente, admite todas las posiciones que se expresen pac�ficamente,comprendidas aquellas que contradigan su contenido; por eso nada explica la violencia cuando las aspiraciones pueden expresarse en paz. Hoy, cuando se empezaba a superar el nacionalismo espa�ol de car�cter excluyente, vemos con preocupaci�n las posiciones nacionalistas que cuestionan la cohesi�n garantizada en la Constituci�n y niegan la soberan�a de los espa�oles en su conjunto. Como representantes auton�micos de m�s de diez millones de espa�oles, defendemos la cohesi�n social y la solidaridad territorial. La paz no es s�lo el silencio de las armas; la paz es tambi�n la paz social, el equilibrio entre sus territorios y la garant�a de igualdad de los derechos y oportunidades en cuestiones b�sicas (educaci�n, bienestar social, etc.) para mantener as� la cohesi�n entre los espa�oles, vivan donde vivan. Dentro de la unidad pol�tica de Espa�a, en la que nuestra Constituci�n reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiaci�n y las diferentes v�as de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constituci�n, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los espa�oles. En este sentido, todas las comunidades aut�nomas tienen el derecho a los niveles de autogobierno y competencias a que aspiren dentro de lo que la Constituci�n admite. Estamos organizados pol�ticamente como pueblos, y no s�lo tenemos derecho a pronunciarnos como comunidades aut�nomas sobre la estructura de Estado, de todo el Estado, sino que tenemos el deber de hacerlo. Para poder reflexionar en conjunto, los presidentes de Andaluc�a, Castilla-La Mancha y Extremadura pedimos la convocatoria de la Comisi�n General de las Comunidades Aut�nomas del Senado y la comparecencia del presidente del Gobierno de Espa�a para debatir sobre estos importantes asuntos".
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