Los grandes sindicatos, los que controlan los movimientos de la masa social, están cada uno de ellos sólidamente unidos a partidos matrices asentados en la izquierda política. Las relaciones entre ambas organizaciones es de mutuo interés.  Mientras los partidos les dictan los acuerdos a los que hay que llegar en materia laboral y económica con la patronal española, las grandes centrales obtienen pingües ingresos estatales con los cuales mantienen su enorme y glotona estructura, compuesta por multitud de bienes inmobiliarios y una lista insaciable de liberados.

Estas organizaciones viven del dinero público.  Las buenas relaciones con los gobiernos son una realidad palpable desde hace muchos años. Poco importa el signo del gobierno de turno. Se pretende conseguir una paz social a cambio de subvenciones. Ello repercute en exiguas  subidas salariales de los trabajadores, traducido en una continua pérdida de poder adquisitivo. Los diferentes gobiernos y la patronal invierten en los sindicatos porque les sale más rentable. Escatiman el dinero a los obreros, desviando parte de su subida salarial a las arcas de estas organizaciones que surgieron para defender sus derechos y que en teoría deberían estar en continua confrontación con el Estado y los patronos, a los que ahora parecen servir.

Se calcula que estos  sindicatos reciben anualmente del Estado más de 30.000 millones de las antiguas pesetas, cantidad que se reparten prácticamente por igual. A esto se le sumarían otras aportaciones que hacen imposible un cálculo aproximado de la cifra final, la cual representaría una cantidad astronómica.

Los ingresos que aportan las cuotas de sus afiliados sólo son una mínima parte de sus presupuestos. Ello  les obliga a buscar fuentes de financiación externas. Les obliga a actuar con criterios puramente empresariales. Es decir, hoy por hoy son empresas que no producen bienes de consumo pero que deben mantener un ingente y complej0 organigrama.  Actúan precisamente como aquellos a los que, ideológicamente, debieran enfrentarse.

Se dedican a todo tipo de actividades lucrativas, tales como la actividad inmobiliaria, en la que alguno ha pasado por enormes dificultades, o a la participación en empresas que gestionan  fondos de pensiones, en clara componenda con entidades bancarias, actividad que  produce suculentos dividendos anuales. Esta es la verdadera razón del deseo de estas organizaciones por implantar los fondos de pensiones entre los funcionarios y el plan para exportarlo a otras grandes empresas, paraestatales y privadas. Recordemos que fue durante el gobierno del PP cuando se alcanzó el acuerdo con los grandes sindicatos para la creación de este vasto plan de pensiones.

Estos sindicatos disponen de más de 2oo.000 liberados, entre instituciones oficiales y empresas privadas. El reparto de este enorme número de personal no productivo también se hace prácticamente a partes iguales. Tanto en este punto como en el económico no es conveniente que existan disensiones ni diferencias sustanciales. La unidad de acción y de objetivos debe ir parejo a los beneficios para evitar así una confrontación que a nadie beneficiaría. La mano que da de comer sabe muy bien lo que se hace.

Los liberados sindicales cobran las nóminas de las empresas donde "trabajan", estatales o privadas. Sus sindicatos no contribuyen a este despilfarro el cual, finalmente, por una vía u otra, es sufragado por todos los españoles. Cada contribuyente a la Seguridad Social aporta anualmente 12 € (2.000 pesetas)  aproximadamente sólo para los sindicatos. Por supuesto, estos liberados son los más interesados en perpetuar esta situación, motivo por el cual son las piezas clave de este entramado sindical. Ellos trabajan  manteniendo la afiliación con todo tipo de estratagemas. El sindicato se asegura esos votos en las elecciones sindicales y obtiene delegados por los cuales reciben las cantidades económicas necesarias para cuadrar su presupuesto. Finalmente, el sindicato les beneficia con liberaciones durante cuatro años y otra serie de prebendas tales como ascensos a través de exámenes amañados, en clara complicidad con los directivos o responsables de estas empresas, la mayoría de los cuales proceden de la inagotable cantera sindical. Se forma así un entramado de influencias y manipulación al servicio tanto de las empresas como de las propias centrales sindicales.

Estos sindicatos se autodenominan "de clase". Con ello, sólo buscan hacer creer artificialmente a los trabajadores que todavía pervive en su actividad el espíritu de solidaridad, de lucha y de igualdad entre las personas. Ese espíritu "de clase" ya no existe. Es un mero reclamo propagandístico.

Es más apropiado referirse  a ellos como sindicatos políticos, por todo lo expresado anteriormente. Hoy, estos sindicatos participan en la política dictada desde las cúpulas de los partidos a los que están ligados. Se sale a la calle estrictamente cuando conviene. Por cualquier razón se moviliza a la masa obrera pero casi nunca es para conseguir unas mejoras laborales y económicas sustanciosas. Ni para protestar por alguna decisión del Gobierno que perjudica seriamente al futuro laboral de las generaciones venideras. Las pírricas subidas salariales se pactan a tres bandas, junto con el Gobierno que toca y la patronal. Cada año se repite el mismo escenario, el mismo acuerdo y los mismos apretones de manos. El 2%.

Cada vez son más los ejemplos de trabajadores que están en claro desacuerdo con los sindicatos políticos. Ya en muchas ocasiones,  los propios trabajadores se han rebelado contra las decisiones y acuerdos de sus dirigentes, posiblemente mediatizados por su cúpula sindical, que a su vez lo estaría de los estamentos políticos (gubernamentales y autonómicos)  o empresariales.

Es por ello que cada vez los trabajadores están tomando conciencia de un nuevo tipo de sindicalismo. El profesional. Aquel que reúne a  trabajadores con profesiones muy específicas e influyentes. Unos sindicatos al margen de cualquier política y cuyo único interés se centra en la consecución de mejores prestaciones económicas y derechos laborales. Sindicatos que no son manipulados por los gobiernos y que representan, al mismo tiempo, una seria amenaza al sindicalismo tradicional político pues hurtan de su influencia y control a colectivos de trabajadores muy sensibles y decisivos, sin cuyo concurso o apoyo cualquier movilización o presión está llamada al fracaso. Sin cuyo apoyo la fuerza que estos sindicatos pueden esgrimir ante los gobiernos aparece muy mermada.

Una actuación que tachan de insolidaria con el único fin de enfrentarla  a la opinión pública, pero que no dudarían en utilizar si llegado el caso contasen con su concurso.

Sindicatos profesionales que, llegado el momento, pueden firmar convenios específicamente para el colectivo que representan. Para ello es necesario el apoyo de la  mayoría de los trabajadores que los integran. Son los llamados Convenios Franja, algo que asusta a los sindicatos políticos, porque su consecución significaría la demostración de su propia incapacidad y marcaría su descenso inexorable.

El sindicalismo político está comenzando su declive. Son muchos ya los colectivos que les han dado la espalda. Será un proceso más o menos largo, pero a cuya descomposición estamos asistiendo. Será un camino duro porque los sindicatos políticos opondrán toda su fuerza y recursos en el empeño de hacerlo fracasar y evitar así su pérdida de influencia en la sociedad. No olvidemos que contarán con el apoyo gubernamental y de otros estamentos, interesados unos en tener bajo su control a la masa laboral y otros en seguir aumentando sus beneficios desorbitados.

El apoyo de los trabajadores es fundamental. No para los fines del sindicato, que no los tiene como tal, sino para los de los propios trabajadores. Porque, al fin y al cabo,  un sindicato profesional será lo que quieran sus bases. Porque son los propios  trabajadores los que lo dirigen. Y no los políticos.

Ni los aprendices de políticos.

Pacto CCOO-UGT para el control del CGE y Comites Provinciales

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