De realizarse, el financiamiento de este acueducto debe correr a cargo de los niveles de gobierno federal, estatal y municipal, puesto que el servicio de agua potable es parte importante en cualquier política social.

No deja de ser curioso que a pesar de existir campos agrícolas abandonados, siempre es permanente el déficit en los niveles de extracción y recarga de los mantos acuíferos, lo cual indica que hay algunos agricultores vivales que disponen  de una mayor cantidad de agua que la cuota que les ha sido asignada.

Bastaría con hacer un comparativo, con datos oficiales, entre la producción histórica obtenida por cada empresa agrícola y la cantidad de agua necesaria para lograrla. A manera de ejemplo, para producir un kilogramo de trigo, son necesarios dos mil litros de agua.

Sería bueno que la comisión nacional del agua instruya a su personal para iniciar una verdadera investigación al respecto,  si es que no es parte de lo mismo.

A estas alturas, cuando el gobierno ya decidió unilateralmente concesionar el servicio de agua potable a la empresa de capital español "Unión Fenosa", sin tomar en cuenta la opinión de una sociedad ávida de información sobre la planta desaladora, los ciudadanos comunes y corrientes ignoramos si pudiera traer perjuicios para la salud la mezcla de agua dulce extraída del subsuelo con agua desalada.

Algunos estudios realizados en otros países indican que esa  mezcla de agua afectó a parte de la población con la enfermedad del bocio.

Aparte, el sistema de operación de esa planta para tratar agua salobre, afectaría la flora y fauna de Bahía Kino, lugar en donde se pretende instalar la planta desaladora, cuyas aguas recibirían unos 600 mililitros de agua hipersalada por  cada litro tratado.

Paralelamente, están los daños que ese sistema  provocará en tierra, sobre todo a lo largo de los 110 kilómetros de tubería proyectados desde Bahía Kino a Hermosillo, pues según expertos,  el movimiento de aguas que generará ese acueducto  afectará el medio ambiente y la fauna del lugar.

Es nuestra posición que si las autoridades se encaprichan en la construcción de la planta desaladora, ni modo, que lo hagan, pero que esa agua se destine exclusivamente a uso industrial y que sean los industriales quienes la paguen y también  los empresarios y acaparadores de terrenos urbanos en esta ciudad que pretenden beneficiarse de la planta desaladora con la construcción de un corredor industrial en la costa de hermosillo, un proyecto que anunció recientemente el candidato del partido oficial a la presidencia municipal de Hermosillo en el pasado proceso electoral, quien seguramente maneja una gran variedad de información confidencial.

Insistimos: los más de dos mil millones de pesos que se gastarán en la construcción de la planta desaladora --que seguramente serán muchos más-- no deben cargarse a las cansadas espaldas de los usuarios de agua, sino a los empresarios que hacen negocios con el vital líquido.

El rechazo ciudadano a esa obra sexenal es   generalizado,   por   lo  que  invitamos   a   la ciudadanía hermosillense a  formar un frente de lucha, pues si nosotros no actuamos con dignidad, nadie vendrá a defendernos contra los actos de soberbia y arrogancia del gobierno, que cree que todo lo puede, hasta decidir por nosotros en la compra de agua potable.

Si los planes del gobernador con respecto a la desaladora se llevan a cabo, empresarios controlarán todo el sistema de distribución de agua potable y quizá hasta el organismo operador, la COAPAES-Hermosillo, del que incluso ya hace tiempo se maneja que fue vendido a un consorcio extranjero.

Tal parece que los verdaderos planes del gobierno estatal, confabulado con funcionarios federales, es privatizar en definitiva el sistema de agua potable en Hermosillo, por lo que la desaladora vendría a ser sólo una pantalla del operativo para lograr ese fin.