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El derecho al agua (I)
domingo, 15 de
junio de 2003
El agua es un bien vital al que no tienen acceso 1.500 millones de personas.
La tendencia que el desarrollo de las economías más avanzadas apunta para el
futuro es hacia la consolidación de la 'mercantilización' del agua:
convertida en bien económico, el acceso a ella dependerá del criterio 'justo'
del precio establecido a través de mecanismos de mercado. Nunca hemos
considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal,
patrimonio vital de la humanidad. «El acceso al agua debe ser considerado
como un derecho básico, individual y colectivamente inalienable». Estas son
las ideas básicas que el profesor Riccardo Petrella viene divulgando desde
hace años. Economista, italiano establecido en la Universidad Católica de
Lovaina en Bélgica, ha trabajado como director durante 15 años del programa
FAST de la Unión Europea y ha irrumpido con fuerza en el precario mercado de
las conciencias para sensibilizar a la población mundial sobre el problema
del agua, además de para razonar y dar cuerpo a todo un movimiento ciudadano
global que debería luchar desde este mismo momento para evitar el
agravamiento de una situación ya de por sí dramática.
Publicado por Icaria e Intermón Oxfam, el ensayo de Petrella El manifiesto del
agua traza el panorama mundial en el que la necesidad de este
recurso esencial puede causar problemas en apenas un par de décadas, si no se
pone remedio, al doble de población que actualmente sufre su carencia. No
escapan a su análisis los obstáculos que los 'señores del agua' o los
intereses privados ponen a las soluciones, orientando la tendencia hacia la
privatización del agua, como si de un bien económico cualquiera se tratara.
El Foro Mundial del Agua
celebró el pasado marzo su tercera edición en Kyoto, y además de servir para
reconocer la verdadera dimensión de la crisis, dio un modesto impulso a las
bases de la que debería ser una política mundial del agua. Aunque la sensación
que deja el enésimo encuentro global para buscar salida a la «crisis del
agua», anunciada desde hace veinte años, es que los estados no están por la
labor de caminar hacia una autoridad mundial que abordara los factores
fundamentales del problema: distribución desigual de los recursos hídricos,
contaminación, etc. Las necesidades de financiación de las instancias
públicas que en cada realidad local tienen que hacer frente a la
infraestructura que atienda a las poblaciones más afectadas por la escasez, son
también determinantes del agravamiento de la situación.
A pesar de las cuantiosas inversiones auspiciadas por instituciones
internacionales para la consecución de un acceso universal al agua potable,
los esfuerzos deberán ser muy superiores en las próximas décadas si se quiere
alcanzar ese objetivo de reducir a la mitad en 2015 las penurias actuales.
Todos sabemos, además, cuál es la primera barrera: el subdesarrollo. El agua
como derecho básico, cuyo abastecimiento no demasiado gravoso debieran
garantizar los poderes públicos locales, requiere un importante flujo
financiero que subsane el déficit de infraestructuras de saneamiento y
depuración de los principales núcleos de pobreza. Una justa redistribución
global entre países serviría para establecer una corresponsabilidad a la hora
de cumplir con la adecuada administración del agua como patrimonio común de
la humanidad, pero también jugaría un papel de incentivo a la cooperación
frente a la fuente de conflictos presentes y futuros -los más graves, entre
estados- que el problema del agua puede representar si no se ataja de raíz,
como sostiene Petrella. Las inversiones que no llegan se unen a las
dificultades de una situación nada halagüeña en muchos puntos del planeta:
aumento descontrolado de la población, cambio climático, creciente
contaminación o sobreexplotación de los recursos hídricos, etc.
La iniciativa pública debe primar, siempre que se consideren realmente
prioritarias las políticas de solidaridad y el control de los ciudadanos
sobre un bien esencial, frente a la influencia de las grandes empresas del
sector que presionan a favor de la privatización. Aunque la prevención hacia
los intereses 'nacionales' es también necesaria en muchos casos: la tendencia
de los gobiernos a ejecutar grandes obras de infraestructura, que enseñan
como muestras de poder, es ciertamente preocupante. La mayor presa del mundo
es la llamada presa de las Tres
Gargantas, que se está construyendo, desde hace diez años, en el río
Yangtsé. Es el ejemplo perfecto de proyecto faraónico, destinado a controlar
las aguas del gran río de China, con el que han soñado dirigentes de varias
generaciones. Pero los riesgos de obras de tal magnitud, amén de la
cuestionable eficacia de la construcción de grandes presas, colocan muchos
interrogantes a esta política de inversiones. Dos millones de personas van a
verse desplazadas por la inundación de 632 kilómetros en esta región china.
Los costes sociales, ambientales y económicos se suman a la pérdida de
decenas de ciudades y más de mil poblaciones con su riqueza particular; el
desastre ecológico que se vislumbra podría ser el mayor vivido en el país.
por
David Iwasaki - [email protected]
El derecho al agua (y II)
domingo, 22 de
junio de 2003
Las dimensiones de la tragedia que en poblaciones de todo el mundo supone no
tener acceso a agua en buenas condiciones de salubridad son ya innegables.
Baste el dato de 30.000 personas que mueren cada día por enfermedades
agravadas por la carencia de agua sana. O reconocer que la mitad de la
población mundial no dispone de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Tiene razón Petrella cuando afirma que soluciones no faltan, y que para
llevarlas a cabo tan solo precisaríamos de gobernantes capaces de tomar las
decisiones oportunas: «...reconocer el acceso al agua potable sana como un
derecho humano universal, indivisible e imprescriptible; tratar el agua como
un bien común perteneciente a la vida sobre la tierra y a la humanidad y no
como una mercancía, un bien económico, privatizado; promover otra agricultura
(para la alimentación local, poco destructora del suelo y menos depredadora
de agua); reorientar la tecnología al servicio de las necesidad de los más
desposeídos (por ejemplo, reinventar la utilización del agua de lluvia);
lograr la participación de los ciudadanos en la gestión del agua mediante la
revalorización de las instituciones democráticas representativas y la
creación de prácticas democráticas directas, participadas». («¿Derecho a
beber agua o a pagarla?», Riccardo Petrella).
A pesar de los aportes del progreso científico y tecnológico, el agua sigue
siendo un problema; por esta razón, en el contexto de la creación de un mundo
cada vez más globalizado, no podemos más que adoptar una óptica política para
organizar los esfuerzos que confluyen en la satisfacción de esta necesidad
básica para todos y cada uno de los habitantes del planeta. El agua como bien
público se convierte verdaderamente en el bien común mundial del ecosistema
Tierra, del que nadie puede desentenderse: a todos incumbe como seres humanos
la conservación y el uso sostenible del bien esencial para la vida. Y el
acceso y disfrute del agua, con sus derechos y obligaciones, corresponde a
cada comunidad humana, pero sin perder la vinculación con el sujeto
primordial al que corresponde la 'titularidad' de este bien: la comunidad humana
mundial. En este punto, la propuesta de Petrella en «El manifiesto del agua»
acierta en formular la necesidad de un Convenio Mundial que asegure el acceso
al agua a todos los seres humanos como «derecho político, económico y social
inalienable, individual y colectivo al mismo tiempo». Sería una forma de
hacer legalmente vinculante el derecho al agua para así establecer los
mecanismos políticos más oportunos de administración a escala global.
El objetivo primordial de cualquier decisión política se resume en lograr una
gestión sostenible e integrada de acuerdo con los principios de solidaridad.
Éstos implican cumplir con la responsabilidad individual y colectiva con el
resto de la población mundial, con las generaciones futuras y con el
ecosistema, y atender a los más adecuados principios de reparto y protección
del agua. La base de esta gestión debe residir en las estructuras
democráticas, para lo cual hay que potenciar los parlamentos y fomentar
mecanismos de democracia participativa. En el ámbito internacional hay un
vacío de instituciones: hay que crear un organismo mundial, que como matiza
Petrella no puede convertirse en un entramado burocrático susceptible de ser
corrompido por los intereses de los 'señores del agua'. La sugerencia está
sobre la mesa: un parlamento mundial del agua. Porque la situación actual
acumula demasiados vicios institucionales que en nada favorecen la
consecución efectiva de los objetivos que se marcan. Sobre el agua deciden en
el momento presente todos los componentes de la oligarquía mundial: empresas
de aguas, Banco Mundial, organismos internacionales como la FAO, los
técnicos-científicos que avalan los principios sobre los que se mueven todas
estas instituciones.
Petrella explicita en todo momento su deseo de que los ciudadanos tomen la
iniciativa para no dejar un asunto tan trascendental como el agua en manos de
esa «oligarquía de financieros, tecnócratas y comerciantes». En ese caso,
será fundamental tener claro de qué forma sustituimos el 'dejar hacer' del
mercado. Considerada el agua como un bien económico, sabemos que los
mecanismos de mercado no nos proporcionan un resultado óptimo. Se deberá
adoptar en su lugar un sistema de 'fijación de precios' escalonado de acuerdo
con los principios ya mencionados de solidaridad y sostenibilidad. Una triple
tarifa, por ejemplo: el primer nivel corresponde a la cantidad y a la calidad
necesarias e indispensables para la vida (el agua como necesidad básica), que
sería pagado a través de impuestos o pagos únicos a nivel colectivo. El segundo
nivel es el superior al umbral mínimo imprescindible y se facturaría con
precios en aumento a cada consumidor. También se incluiría en ese nivel el
uso del agua en la industria o en otras actividades productivas. Sin
perjuicio de la existencia de un tercer nivel: a partir de un determinado
límite, el consumo del agua no deberá ser permitido. El objetivo es fomentar
una cultura de gestión razonable del agua. Cualquier propuesta que vaya en
esta línea será positiva, aunque en la actualidad debemos enfrentarnos en
primer lugar a algo más grave: la ausencia de voluntad política, en la
mayoría de los países, respecto a solucionar el problema del agua.
por
David Iwasaki - [email protected]
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