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Publicado en LA VANGUARDIA, 2 de febrero
de 2003 ¿Derecho a beber
agua o a pagarla? RICCARDO PETRELLA El agua,
bien común para todos, es la gran batalla política mundial en este principio
del siglo XXI. Ya no hace falta documentar la “crisis del agua”: 1.500
millones de personas sin acceso al agua potable sana; 2.400 millones sin servicios
sanitarios; 3.000 millones sin sistema de tratamiento de aguas residuales.
Resultado: 30.000 personas mueren todos los días debido a enfermedades
provocadas por la ausencia de agua sana; hay en el mundo 18 millones de niñas
(menores de 14 años) que no saben lo que es ir a la escuela porque tienen que
buscar agua a tres, cuatro o incluso más kilómetros de distancia. La
situación no es mejor en lo que concierne a la degradación de los recursos
hídricos: el 80 por ciento del agua de todos los ríos de Francia está
contaminada a causa de las extracciones excesivas, numerosos ríos (como el
Colorado) no llevan ya el agua al mar; las capas freáticas se secan cuando no
están ya seriamente contaminadas. El agua de calidad se hace cada vez más
rara: hay que bombear capas cada vez más profundas o lejanas, lo que se
traduce en aumentos considerables de los costes. Escasa, el
agua se vuelve más y más cara. Se la denomina “oro azul”. En los países de
África, Asia, América Central y Sudamérica, así como en los países de la
antigua Unión Soviética, las autoridades públicas no disponen de los recursos
financieros con que hacer frente a las inversiones necesarias para abrir
pozos o fuentes públicas o crear los servicios sanitarios en los barrios de
las inmensas aglomeraciones populares. Así, muchos países han “vendido” los
servicios de agua a las grandes empresas multinacionales. El control
sobre el uso de los recursos hídricos del planeta por parte de los “señores
del agua” (Suez y su filial Aguas de Barcelona, Thames Water, RWE, Vivendi,
Bechtel, Nestlé, Coca-Cola, Danone, etcétera) avanza a grandes pasos en todo
el mundo gracias a la privatización y la mercantilización del agua. Escasa y
cara, el agua se ha convertido en un recurso mercancía codiciado e importante
en términos estratégicos para la seguridad alimentaria y económica de los
países. De modo que, cada vez más, la encontramos en el origen de graves
conflictos entre grupos sociales y comunidades territoriales en el interior
de un mismo país y entre Estados (la guerra del agua en Oriente Próximo,
entre la India y Pakistán, entre Mauritania, Mali y Senegal, etcétera). Si no
hacemos nada, la “crisis del agua” se transformará de aquí al 2020-2025 en la
“bomba del agua”: el 60 por ciento de la población mundial (es decir, 4.800
millones de personas) corre el riesgo de vi-vir en regiones marcadas por
fuertes penurias de agua. Las
soluciones no faltan y son conocidas. El núcleo del problema es la ausencia
de voluntad política, incluso en los países del sur del mundo, para tomar las
decisiones que se imponen; a saber, reconocer el acceso al agua potable sana
como un derecho humano universal, indivisible e imprescriptible; tratar el
agua como un bien común perteneciente a la vida sobre la tierra y a la
humanidad y no como una mercancía, un bien económico, privatizado; promover
otra agricultura (para la alimentación local, poco destructora del suelo y
menos depredadora de agua); reorientar la tecnología al servicio de las
necesidad de los más desposeídos (por ejemplo, reinventar la utilización del
agua de lluvia); lograr la participación de los ciudadanos en la gestión del
agua mediante la revalorización de las instituciones democráticas
representativas y la creación de prácticas democráticas directas,
participadas. No podemos dejar el destino de la vida –eso es lo que está en
juego con el agua– en manos de una oligarquía de financieros, tecnócratas y
comerciantes. Riccardo Petrella es fundador y secretario general del Comité International pour
le Contrat Mondial de l'Eau. |