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> Archivos > Junio 2003
domingo, junio 29
El siglo de Orwell
Pocos escritores han visto tan marcados los más relevantes acontecimientos
del siglo XX con el sello dejado por su obra como el británico Eric Blair, que
todos conocemos como George
Orwell. La literatura a disposición de una causa antiimperialista, o
antifascista después, es un rasgo de la intelectualidad que vivió las
convulsas décadas centrales del pasado siglo; sin embargo, la distinción que
una decidida iniciativa por vivir la historia en primera línea de batalla
proporcionó a Orwell, ha constituido tras su muerte la erección de su figura
como exponente de intelectual honesto que, sin renunciar a sus ideas
izquierdistas, supo en el momento oportuno dirigir la más contundente crítica
al estalinismo. Quizá más citadas y renombradas que leídas, sus novelas
'1984' y 'Rebelión en la granja' han recorrido los años para dejar testimonio
a las generaciones futuras del horror que el totalitarismo o el despotismo
'revolucionario' traen siempre que el pensamiento político se vuelve contra
la propia libertad humana. Olvidados, o no tanto, los escenarios 'reales' que
inspiraron a Orwell, el pensamiento antiestalinista del escritor nos ha
legado inmejorables alegatos a favor de la democracia, que en otros contextos
suponen una constante llamada de alerta: las temibles tentaciones que llevan
a una sociedad a adorar la vigilancia del 'Gran Hermano', cuando creamos sintomáticas
'neolenguas' o extendemos consignas como 'la guerra es la paz'; o la
inquietante frase en la pared de la granja de animales, «Todos los animales
son iguales, pero algunos son más iguales que otros».
Pero la obra de Orwell no nos ha llegado como un mensaje en una botella,
porque su significado irá irremisiblemente unido a la vida del autor. Ahora
que se cumple el centenario, se recuerda que siempre dejó claro su deseo de
no ser biografiado; a pesar de lo cual, la experiencia vital de Orwell ha
interesado a cuantos lo han leído. Su estancia en Barcelona en 1937 marcó su
forma de pensar, y dio lugar al 'Homenaje a Cataluña' y a su esclarecedora
visión sobre la contienda donde sufrió el ambiente de enfrentamiento entre
republicanos, el cual le condujo a sucesos típicamente estalinistas de
eliminación del adversario. [En La Insignia están publicados, en su
sección Diálogos,
algunos «Recuerdos de la Guerra Civil española»]. Orwell decía que todo
escritor tiene cuatro motivos para escribir: el 'egoísmo agudo', el
'entusiasmo estético', el 'impulso histórico' y el 'propósito político'.
Reconoce que para una persona como él era inevitable no subordinar las demás
razones a la motivación política, tan intensa en una época de tiempos
agitados que puede llevar a un reconocido escritor a convertirse en
panfletista. Ser testigo del momento es siempre un estímulo intenso que
invita a dejar huella en el pensamiento de la época. Afirma Orwell al
explicar por qué escribió:
«Cada línea seria que he escrito desde 1936 lo ha sido, directa o
indirectamente, contra el totalitarismo y a favor del socialismo democrático,
tal como yo lo entiendo». «Cuanto más consciente es uno de su propia
tendencia política, más probabilidades tiene de actuar políticamente sin
sacrificar la propia integridad estética e intelectual»
por
David Iwasaki - [email protected]
domingo, junio 22
El derecho al agua (y II)
Las dimensiones de la tragedia que en poblaciones de todo el mundo supone no
tener acceso a agua en buenas condiciones de salubridad son ya innegables.
Baste el dato de 30.000 personas que mueren cada día por enfermedades
agravadas por la carencia de agua sana. O reconocer que la mitad de la
población mundial no dispone de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Tiene razón Petrella cuando afirma que soluciones no faltan, y que para
llevarlas a cabo tan solo precisaríamos de gobernantes capaces de tomar las
decisiones oportunas: «...reconocer el acceso al agua potable sana como un
derecho humano universal, indivisible e imprescriptible; tratar el agua como
un bien común perteneciente a la vida sobre la tierra y a la humanidad y no
como una mercancía, un bien económico, privatizado; promover otra agricultura
(para la alimentación local, poco destructora del suelo y menos depredadora
de agua); reorientar la tecnología al servicio de las necesidad de los más
desposeídos (por ejemplo, reinventar la utilización del agua de lluvia); lograr
la participación de los ciudadanos en la gestión del agua mediante la
revalorización de las instituciones democráticas representativas y la
creación de prácticas democráticas directas, participadas». («¿Derecho a
beber agua o a pagarla?», Riccardo Petrella).
A pesar de los aportes del progreso científico y tecnológico, el agua sigue
siendo un problema; por esta razón, en el contexto de la creación de un mundo
cada vez más globalizado, no podemos más que adoptar una óptica política para
organizar los esfuerzos que confluyen en la satisfacción de esta necesidad
básica para todos y cada uno de los habitantes del planeta. El agua como bien
público se convierte verdaderamente en el bien común mundial del ecosistema
Tierra, del que nadie puede desentenderse: a todos incumbe como seres humanos
la conservación y el uso sostenible del bien esencial para la vida. Y el
acceso y disfrute del agua, con sus derechos y obligaciones, corresponde a
cada comunidad humana, pero sin perder la vinculación con el sujeto
primordial al que corresponde la 'titularidad' de este bien: la comunidad
humana mundial. En este punto, la propuesta de Petrella en «El manifiesto del
agua» acierta en formular la necesidad de un Convenio Mundial que asegure el
acceso al agua a todos los seres humanos como «derecho político, económico y
social inalienable, individual y colectivo al mismo tiempo». Sería una forma
de hacer legalmente vinculante el derecho al agua para así establecer los
mecanismos políticos más oportunos de administración a escala global.
El objetivo primordial de cualquier decisión política se resume en lograr una
gestión sostenible e integrada de acuerdo con los principios de solidaridad.
Éstos implican cumplir con la responsabilidad individual y colectiva con el
resto de la población mundial, con las generaciones futuras y con el
ecosistema, y atender a los más adecuados principios de reparto y protección
del agua. La base de esta gestión debe residir en las estructuras
democráticas, para lo cual hay que potenciar los parlamentos y fomentar
mecanismos de democracia participativa. En el ámbito internacional hay un
vacío de instituciones: hay que crear un organismo mundial, que como matiza
Petrella no puede convertirse en un entramado burocrático susceptible de ser
corrompido por los intereses de los 'señores del agua'. La sugerencia está
sobre la mesa: un parlamento mundial del agua. Porque la situación actual
acumula demasiados vicios institucionales que en nada favorecen la
consecución efectiva de los objetivos que se marcan. Sobre el agua deciden en
el momento presente todos los componentes de la oligarquía mundial: empresas
de aguas, Banco Mundial, organismos internacionales como la FAO, los
técnicos-científicos que avalan los principios sobre los que se mueven todas
estas instituciones.
Petrella explicita en todo momento su deseo de que los ciudadanos tomen la
iniciativa para no dejar un asunto tan trascendental como el agua en manos de
esa «oligarquía de financieros, tecnócratas y comerciantes». En ese caso,
será fundamental tener claro de qué forma sustituimos el 'dejar hacer' del
mercado. Considerada el agua como un bien económico, sabemos que los
mecanismos de mercado no nos proporcionan un resultado óptimo. Se deberá
adoptar en su lugar un sistema de 'fijación de precios' escalonado de acuerdo
con los principios ya mencionados de solidaridad y sostenibilidad. Una triple
tarifa, por ejemplo: el primer nivel corresponde a la cantidad y a la calidad
necesarias e indispensables para la vida (el agua como necesidad básica), que
sería pagado a través de impuestos o pagos únicos a nivel colectivo. El
segundo nivel es el superior al umbral mínimo imprescindible y se facturaría
con precios en aumento a cada consumidor. También se incluiría en ese nivel
el uso del agua en la industria o en otras actividades productivas. Sin
perjuicio de la existencia de un tercer nivel: a partir de un determinado
límite, el consumo del agua no deberá ser permitido. El objetivo es fomentar
una cultura de gestión razonable del agua. Cualquier propuesta que vaya en
esta línea será positiva, aunque en la actualidad debemos enfrentarnos en
primer lugar a algo más grave: la ausencia de voluntad política, en la
mayoría de los países, respecto a solucionar el problema del agua.
por
David Iwasaki - [email protected]
domingo, junio 15
El derecho al agua (I)
El agua es un bien vital al que no tienen acceso 1.500 millones de personas.
La tendencia que el desarrollo de las economías más avanzadas apunta para el
futuro es hacia la consolidación de la 'mercantilización' del agua:
convertida en bien económico, el acceso a ella dependerá del criterio 'justo'
del precio establecido a través de mecanismos de mercado. Nunca hemos
considerado el agua como lo que realmente es: un bien común universal,
patrimonio vital de la humanidad. «El acceso al agua debe ser considerado
como un derecho básico, individual y colectivamente inalienable». Estas son
las ideas básicas que el profesor Riccardo Petrella viene divulgando desde
hace años. Economista, italiano establecido en la Universidad Católica de
Lovaina en Bélgica, ha trabajado como director durante 15 años del programa
FAST de la Unión Europea y ha irrumpido con fuerza en el precario mercado de
las conciencias para sensibilizar a la población mundial sobre el problema
del agua, además de para razonar y dar cuerpo a todo un movimiento ciudadano
global que debería luchar desde este mismo momento para evitar el
agravamiento de una situación ya de por sí dramática.
Publicado por Icaria e Intermón Oxfam, el ensayo de Petrella El manifiesto del
agua traza el panorama mundial en el que la necesidad de este recurso
esencial puede causar problemas en apenas un par de décadas, si no se pone
remedio, al doble de población que actualmente sufre su carencia. No escapan
a su análisis los obstáculos que los 'señores del agua' o los intereses
privados ponen a las soluciones, orientando la tendencia hacia la
privatización del agua, como si de un bien económico cualquiera se tratara.
El Foro Mundial del Agua
celebró el pasado marzo su tercera edición en Kyoto, y además de servir para
reconocer la verdadera dimensión de la crisis, dio un modesto impulso a las
bases de la que debería ser una política mundial del agua. Aunque la
sensación que deja el enésimo encuentro global para buscar salida a la
«crisis del agua», anunciada desde hace veinte años, es que los estados no
están por la labor de caminar hacia una autoridad mundial que abordara los
factores fundamentales del problema: distribución desigual de los recursos
hídricos, contaminación, etc. Las necesidades de financiación de las
instancias públicas que en cada realidad local tienen que hacer frente a la
infraestructura que atienda a las poblaciones más afectadas por la escasez,
son también determinantes del agravamiento de la situación.
A pesar de las cuantiosas inversiones auspiciadas por instituciones
internacionales para la consecución de un acceso universal al agua potable,
los esfuerzos deberán ser muy superiores en las próximas décadas si se quiere
alcanzar ese objetivo de reducir a la mitad en 2015 las penurias actuales.
Todos sabemos, además, cuál es la primera barrera: el subdesarrollo. El agua
como derecho básico, cuyo abastecimiento no demasiado gravoso debieran
garantizar los poderes públicos locales, requiere un importante flujo
financiero que subsane el déficit de infraestructuras de saneamiento y
depuración de los principales núcleos de pobreza. Una justa redistribución
global entre países serviría para establecer una corresponsabilidad a la hora
de cumplir con la adecuada administración del agua como patrimonio común de
la humanidad, pero también jugaría un papel de incentivo a la cooperación
frente a la fuente de conflictos presentes y futuros -los más graves, entre
estados- que el problema del agua puede representar si no se ataja de raíz,
como sostiene Petrella. Las inversiones que no llegan se unen a las
dificultades de una situación nada halagüeña en muchos puntos del planeta:
aumento descontrolado de la población, cambio climático, creciente
contaminación o sobreexplotación de los recursos hídricos, etc.
La iniciativa pública debe primar, siempre que se consideren realmente
prioritarias las políticas de solidaridad y el control de los ciudadanos
sobre un bien esencial, frente a la influencia de las grandes empresas del
sector que presionan a favor de la privatización. Aunque la prevención hacia
los intereses 'nacionales' es también necesaria en muchos casos: la tendencia
de los gobiernos a ejecutar grandes obras de infraestructura, que enseñan
como muestras de poder, es ciertamente preocupante. La mayor presa del mundo
es la llamada presa de las Tres
Gargantas, que se está construyendo, desde hace diez años, en el río
Yangtsé. Es el ejemplo perfecto de proyecto faraónico, destinado a controlar
las aguas del gran río de China, con el que han soñado dirigentes de varias
generaciones. Pero los riesgos de obras de tal magnitud, amén de la
cuestionable eficacia de la construcción de grandes presas, colocan muchos
interrogantes a esta política de inversiones. Dos millones de personas van a
verse desplazadas por la inundación de 632 kilómetros en esta región china.
Los costes sociales, ambientales y económicos se suman a la pérdida de
decenas de ciudades y más de mil poblaciones con su riqueza particular; el
desastre ecológico que se vislumbra podría ser el mayor vivido en el país.
por
David Iwasaki - [email protected]
domingo, junio 8
El espacio de la convivencia
Se ha hecho público el informe de este año del Defensor del Pueblo, que
además de desmentirnos que esa figura sea -como tememos, en ocasiones- un
mero adorno institucional, ha descrito varios fenómenos ya conocidos pero que
merecen más atención. Lo más llamativo del estudio realizado sobre la
educación en España es que, mientras un tercio de los escolares
de primaria tienen buena opinión de los inmigrantes, ronda el 36% el
porcentaje de alumnos que los rechaza. Cuando la escuela no puede o no le
dejan instruir en los valores de la convivencia, son los entornos familiar y
social los que trasladan su visión del mundo a los niños; no es sorprendente,
por otro lado, que el rechazo que refleja la encuesta se reduzca
considerablemente cuando se trata de compañeros de clase. El problema está en
que ese niño extranjero de la clase no es el 'inmigrante' al que se le ponen
reparos porque el 'otro' que es rechazado es justamente alguien con quien no
se puede convivir. Un contrasentido. Se crean constantemente arquetipos del
'inmigrante' que sólo pretenden etiquetar a esa parte de la población que
vive en esta sociedad, lo cual proporciona el resultado paradójico que cada
vez es más patente: hay un rechazo social a la inmigración, genérico, que
cala en algunos sectores, pero cada vez es más insostenible repudiar la
convivencia real que ya existe entre 'los de fuera' y los 'autóctonos'.
En el estudio realizado sobre la escolarización
de hijos de inmigrantes por el Defensor del Pueblo y UNICEF, se
alerta de la excesiva concentración de éstos en los colegios públicos. Un 80%
está matriculado en la red estatal, frente a un 20% en los colegios privados
concertados. Se hace necesaria una redistribución, si a esto añadimos que los
centros que se catalogan como de 'entorno socioeconómico bajo' son los que
acogen mayor proporción de inmigrantes en las aulas. Todo el sistema educativo
financiado con dinero público debe contribuir por igual a la integración
escolar de la inmigración y a evitar la formación de 'guetos'. A pesar de las
visiones distorsionadas del fenómeno, sólo el 2,22% de los alumnos son de
familias inmigrantes. Una adecuada atención a este sector, con las habituales
dificultades de idioma y de escaso nivel educativo previo, debería de servir
para eliminar la posibilidad de conflictos en los colegios. Para ello se
necesita un esfuerzo público en favor de la igualdad de todos: nada mejor que
seguir las recomendaciones
que hacen los expertos. Sólo así se deja sin argumentos a la estúpida
prevención de quienes querrían ver en la inmigración una fuente continua de
problemas. Favoreciendo una escuela que convive con la diversidad sin
etiquetas. Ese modelo que nos refleja la realidad de unas escuelas
concertadas que evitan al 'extranjero' es el ejemplo a no seguir.
[El antropólogo Manuel Delgado desmenuza en un artículo los conceptos
relacionados con el anonimato y la
ciudadanía: «Este es el acto primordial del racismo de nuestros días:
negarle a ciertas personas calificadas de «diferentes» la posibilidad de
pasar desapercibidas, escamotearles el derecho a no dar explicaciones,
obligarles a exhibir lo que los demás podemos mantener oculto. (...)
Obligándole a subirse sobre una especie de pedestal, desde el que es obligado
a pasarse el tiempo informando sobre su identidad, los llamados
«inmigrantes», «extranjeros» o «étnicos» hacen inviable el ejercicio del
anonimato, ese recurso básico del que se deriva el ejercicio de los
fundamentos mismos de la democracia y la modernidad, que no son otros que la
civilidad, el civismo y la ciudadanía. Estos ejes de la convivencia
democrática que se aplican a individuos que no han de justificar
idiosincrasias ni orígenes especiales para recibir el beneficio de la
reducción -o la elevación, si se prefiere- a la nada identitaria básica:
aquella que hace de cada cual un ser humano, lo que debería ser idéntico a un
ciudadano, con todos los derechos y obligaciones consecuentes. Con esta
factibilidad de convertirse sencillamente en transeúnte, persona de la calle que
no ha de dar explicaciones de nada, es el requisito para cualquier forma de
integración social verdadera].
por
David Iwasaki - [email protected]
lunes, junio 2
El futuro de Europa en manos de la
Convención
Desde hace ya más de un año están trabajando, los miembros designados por las
diferentes instituciones comunitarias y nacionales con Valéry Giscard
d'Estaing al frente, en el documento que marcará la arquitectura política de
Europa. La Convención
encargada de tal misión ya ha proporcionado a la Unión Europea un borrador de
Constitución que estos días se está debatiendo. Será la norma que, por encima
de las constituciones nacionales, pondrá orden a la institución que une a los
europeos: con su aprobación se proporciona personalidad jurídica a la UE, se
refuerza el sistema institucional que deberá funcionar en esa Unión ampliada
a 25 miembros -con 450 millones de europeos- y se potencia el núcleo político
del proyecto europeísta. Hay, verdaderamente, cuestiones que satisfacen el
necesario impulso a la efectiva unión de Europa: se añade a la Constitución
la Carta de Derechos Fundamentales con carácter vinculante, se funden los
tratados anteriores y la legislación vigente en una misma norma que incluirá
como novedad el marco jurídico sin fronteras interiores, se aumenta el poder
del Parlamento y se amplía el ámbito de decisiones que el Consejo tomará por
mayoría cualificada, aunque aún sobre 16 materias podrán ejercer el veto. Se
busca un funcionamiento más eficaz que, eventualmente, nos lleve en este
proceso a una estructura federal para Europa.
Sin embargo, sigue siendo difícil avanzar por la senda federalista cuando aún
muchos querrían atascar la integración con las clásicas reticencias a las
cesiones de soberanía. El procedimiento intergubernamental se hace más
obsoleto conforme se consolidan los revolucionarios logros conseguidos en
materia comercial, monetaria o agrícola. Los reparos a la supranacionalidad
plena irán desapareciendo, también en los poco entusiastas países del Este,
con el adecuado ritmo de integración que implica que, tras haber negociado
con la parsimonia diplomática las más diversas materias, los avances se
producen cuando ya su necesidad es evidente. Es de esperar que aspectos como
la fiscalidad, el modelo social europeo o la reforma de la PAC se vean
contagiados por esos imprescindibles pasos hacia adelante que la UE está
obligada a dar. En materia de seguridad y defensa, también, en la medida en
que los ciudadanos demanden esa voz exterior única: los gobiernos nacionales
tienen que dejar de estorbar para que las distintas 'visiones' que ahora se
tienen del papel de Europa en el mundo cuajen en un liderazgo coherente con
la opinión de los ciudadanos. En ese sentido, se teme que esa innovación del
Presidente -¿por qué no elegido por sufragio directo?- y el Ministro de
Exteriores sea una fallida contribución que aumente el barullo político. La
Constitución peca de falta de ambición, aunque debe ser vista como la primera
piedra de un nuevo proceso.
Los europeos deberíamos lograr una implicación total con estos movimientos
políticos que, por desgracia, en ocasiones son vistos como ejercicios de alta
política dirigidos por burócratas. El mayor contenido político de la
construcción europea, por contra, no llegará hasta que los ciudadanos le
presten la atención que los asuntos prioritarios que en él convergen merecen.
Está siendo patente el desinterés de los medios de comunicación por tratar
las noticias relacionadas con la Constitución Europea: quizá cuando, si
procede, debamos aprobarla la mayor parte de la población habrá estado
desconectada de lo que se cuece en la UE. Desde luego que muchos aspectos de
la negociación que ha dado lugar a este texto -muy técnico y farragoso- no
entusiasman a nadie, pero las líneas generales de lo que queramos hacer con
Europa deberían ocupar más espacio del debate político del que ahora ocupan.
Es llamativo, en ese sentido, que una polémica estéril sobre la inclusión en
el preámbulo de la Constitución de una referencia a las 'raíces cristianas'
haya tenido más recorrido que el debate de otras materias. Es incomprensible
volver a los anclajes religiosos del poder político, con los esfuerzos de
algunos sectores auspiciados por el Papa que han terminado dejándonos una
redacción anodina a partir de remiendos en el encabezado del tratado
constitucional. Juan Urrutia explica en Por
una Europa laica las implicaciones de la independencia de la
espiritualidad del poder con meridiana claridad.
por
David Iwasaki - [email protected]
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