La administración foxista está tratando de usar dicho “atorón” económico para justificar la continuidad de la estrategia neoliberal, es decir, para justificar la privatización de la economía y los bienes de la nación, instando al poder legislativo a aprobar las iniciativas presidenciales, bajo el supuesto de que el neoliberalismo es el único camino que podrá sacar adelante al país.

Las giras presidenciales, la puesta en marcha del Plan Puebla Panamá (PPP), la maniobra presidencial para privatizar la industria eléctrica, la aprobación de la venta de Banamex a Citigroup, el reforzamiento y la reestructuración de los cuerpos policíacos y de inteligencia para combatir supuestamente al crimen organizado, etc., son algunas de las medidas por medio de las cuales la administración foxista pretende incrementar la participación de capitales extranjeros en nuestro país y, por esta vía, amortiguar los efectos de la recesión económica norteamericana, tratando de ocultar que el “atorón” económico de nuestro país y la recesión norteamericana constituyen una expresión de la crisis estructural del capitalismo global totalitario.

No obstante, el “atorón” economico, el incumplimiento de las promesas políticas de campaña (como resolver el problema de los desaparecidos políticos, esclarecer la masacre del 68, abrir las listas del fobaproa, etc.), el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la represión contra diversos movimientos sociales de protesta, etc., han deteriorado aceleradamente la figura presidencial.

Pero en lugar de ver inscrita en esta coyuntura la  posibilidad de ampliar y conquistar nuevos espacios para fortalecer la representación y participación del pueblo, en la lucha por el establecimiento de un gobierno y de un régimen económico-político verdaderamente democráticos, algunos sectores y personalidades de izquierda parecen más preocupados por la ‘investidura presidencial’ que por el deterioro económico-social de todo el pueblo y, por consiguiente, más preocupados por consolidar sus posiciones políticas y granjearse la confianza de los capitales nacionales y extranjeros, con vistas a los próximos comicios electorales y, por supuesto, a la elección presidencial, desvinculando la lucha electoral de la lucha por la solución de las necesidades populares y por la defensa de los verdaderos intereses de todo el pueblo.

Asimismo, pero en el otro extremo, en lugar de ver en esta coyuntura la posibilidad de crear condiciones para la unidad del movimiento democrático revolucionario y la construcción del poder popular, la dirección del actual PDPR-EPR no acaba de asimilar el proceso político que fragmentó el proyecto originalmente constituido, ni de asumir su propia responsabilidad, como lo prueban sus documentos, pretendiendo imponer su concepción, “ajustar cuentas” y poner en tela de juicio la legitimidad revolucionaria de nuestro agrupamiento y demás agrupamientos que provenimos, al igual que ellos, del mismo tronco común.