RITEVE es una empresa extranjera, metida de contrabando en el país y constituida en un monopolio privado, al margen de la ley y de la Constitución, para que, por medio de un turbio negocio, le saque a los costarricenses muchos miles de millones de colones. De paso, desplaza a los pequeños talleres mecánicos nacionales impidiéndoles que realicen las mismas funciones verificadoras de la condición de uso de los automotores y se lleva del país el enorme capital que significan sus ganancias. De esta manera RITEVE empobrece el país.

Del arribo, asentamiento y permanencia en el país de RITEVE, son culpables los tres poderes del estado: que por medio de Miguel Angel Rodríguez y sus muchachos negoció el asunto; el Legislativo del período anterior que lo legalizó y finalmente el Judicial que lo bendijo. ¿No hay divergencias en los poderes del estado por graves que sean los perjuicios para el país y por evidentes las violaciones a las leyes y la Constitución!.

Pero pasemos ahora a otro asunto. En nuestro país todos los trabajadores están en la obligación de contribuir para algún sistema de pensiones: los trabajadores de la empresa privada y los entes públicos en general, para el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja, los educadores para su propio sistema, etc. En el caso de los asegurados de la Caja, la institución por medio de su Junta Directiva, dicta el Reglamento respectivo. En el caso de los educadores, su seguro de pensiones se rige por la ley. En ambos casos, para tener derecho a la pensión, los trabajadores tenemos que haber cotizado alrededor de treinta años. Si no tenemos el número de cuotas esperadas por la ley o los reglamentos, se nos niega la pensión. Pero los costarricense hemos contribuido de dos maneras para tener derecho ala pensión: primero con el pago de las cuotas correspondientes, segundo con el pago de impuestos; tercero con la compra de todos los bines de consumo, en cuyo precio viene incluido el costo de producción, los impuestos que se pagan al Estado, las cuotas patronales al régimen de seguro y la ganancia del empresario. En cualquiera de estos regímenes hay derechos y obligaciones recíprocos: el trabajador debe pagar sus cuotas durante el tiempo establecido; el asegurador debe pagar la pensión cuando se dan las condiciones de acuerdo con el reglamento o la ley. El reglamento es claro; la ley también. Los trabajadores no pueden exigir que se modifique el uno o la otra en su beneficio. Y el asegurador tampoco puede pretender hacer modificaciones a tal ley o reglamento para librarse de lo pactado.

Si, de lo pactado. Por que entre asegurado y asegurador, en el momento en que en que el primero empieza a pagar sus cuotas , surge un contrato, un contrato sui géneris, pero un contrato que, como todos los demás, es ley entre las partes. Y esa ley no puede modificarla unilateralmente una de las partes sin el consentimiento y en perjuicio de la otra.

De modo que, la modificación de los reglamentos del seguro social y de la ley de pensiones del magisterio, para aplicarlas RETROACTIVAMENTE a todos los asegurados de esos regímenes, no es más que un bárbaro atropello a la ley, a la Constitución, a los derechos adquiridos y a la seguridad jurídica en general.

Sin embargo, RITEVE SI, PENSIONES NO, cuatro palabras que sintetizan la línea editorial del periódico La Nación, asesor, orientador, vocero y guía de los politiqueros gobernantes, empeñados en liquidar el sistema institucional del país y descuartizar a la Patria para venderla en pedazos a los modernos filibusteros invasores, disfrazados de inversionistas, de gobernantes prepotentes y ambiciosos y de rectores de organismos financieros internacionales, tan honorables como los piratas.

La concesión a RITEVE es ilegal, inconstitucional, inmoral. La negación de sus pensiones a los educadores y la modificación al reglamento de la Caja padece de los mismos vicios, pero es también doblemente criminal, porque obedece al hecho de que malversaron o se robaron los fondos de pensiones de ambos regímenes y ese crimen tratan de encubrirlo con otro o con otros: negarles el derecho a quienes lo tienen, condenándolos a grandes sacrificios y privaciones y exigirles el pago de más cuotas para volvérselas a robar.¡No perdamos la huella a La Nación y a los liberticidas enmascarados de libertarios!

Pero tampoco se la perdamos a la Caja, donde obstaculizan a los asegurados, de muchas maneras, los trámites de pensión. Por ejemplo, les niegan la fórmula de solicitud, les dicen que les faltan cuotas o que no tienen la edad. Y todo esto sin que hayan aprobado la reforma del reglamento actual. Pero, además, cuando le conceden la pensión, o cuando el asegurado les gana un juicio en los tribunales, le atrasan el pago por varios meses, en forma injustificada y aduciendo pretextos sin importancia o, lo que es peor, pagándoles mucho menos de lo que les corresponde, en beneficio quien sabe de quien.