La distribución comercial en España es uno de los sectores más intervenidos y regulados de nuestra economía, en detrimento de la libre competencia y con daño para los consumidores. Las últimas manifestaciones del espíritu ordenancista que denuncio afectan a la libertad de horarios de apertura de los comercios, y a la libertad de contrato entre distribuidores y proveedores. El pretexto para cercenar estas libertades económicas es siempre el mismo: la competencia sin restricciones, se dice, lleva a la aparición de oligopolios que abusan de su poder de mercado imponiendo a sus competidores y suministradores modos de funcionamiento inhumanos o condiciones de financiación usurarias. La realidad es bastante diferente, como hemos querido mostrar en dos publicaciones del Idelco. Tras el estudio que hemos realizado en colaboración con el Instituto de Empresa, sobre la base de datos recogidos por la Cámara de Industria y Comercio de Madrid, el Idelco ha llegado a la conclusión de que España es uno de los países de la Unión Europea que más restringe los horarios de apertura del pequeño comercio, solamente superado por Austria y Grecia. En efecto, el pequeño comercio español no puede abrir legalmente más de 3.708 horas anuales, comparado con las 8.736 del Reino Unido o las 6.570 de Portugal, los segundos y quintos de la clasificación. Para comparar, elijo a dos países en los que la concentración empresarial es muy distinta: alta en el norte y baja en nuestro vecino. El 1 de enero del año 2001, el Gobierno, de acuerdo con las comunidades autónomas, tendrá que revisar la actual regulación de los horarios comerciales, es de suponer que con el fin de liberalizarlos, tras el plazo de adaptación que se ha concedido a los comerciantes a la antigua para prepararse para servir mejor al público. Es claro que cuanta más libertad de horarios se conceda a los comerciantes, mayor podrá ser la adaptación del comercio a los deseos de los consumidores. No se trata de obligar a nadie a abrir más horas de las que quiera, sino de permitir que quienes tengan más espíritu competitivo y comercial puedan ponerse a disposición de los consumidores cuando estos necesiten proveerse de alimentos, periódicos, medicinas, ropa, tabaco o bebidas, según gusten. La limitación arbitraria de los horarios supone una discriminación sobre todo contra quienes tienen un extenso horario de trabajo durante la semana, en especial las madres de familia cuyo esposo trabaja. Esta legislación antifeminista obliga a las familias a concentrar su grandes compras el sábado, cuando las tiendas están incómodamente abarrotadas, en vez de permitir que los comercios se pongan a disposición de sus clientes, como debe ser. Los intervencionistas vierten sin embargo sentidas lágrimas ante la situación de los comerciantes desfasados, que se verían obligados a sacrificar su día de asueto para sobrevivir frente a la competencia del comercio moderno. Digo comerciantes desfasados porque los pequeños comercios modernos reunidos en centros comerciales no piden otra cosa que abrir en festivo y a horas tardías, para rentabilizar las inversiones de conversión de sus establecimientos en atractivos lugares de compra y ocio. No hay más que pasear por un centro comercial en un domingo de cierre obligado para ver la desolación de los cines y restaurantes faltos de público porque las tiendas han tenido que echar el cierre. Si yo fuera pequeño comerciante, pediría precisamente que no hubiera restricciones de horarios comerciales, para poder ofrecer mis servicios al público en las horas en que los grandes almacenes y los hipermercados prefieren cerrar para evitar el pago de horas extraordinarias a sus empleados; y descansaría otro día de la semana. Tenemos a mano un caso que nos permite barruntar lo que ocurriría si desaparecieran las restricciones de horarios. Hace cuatro años, quienes trabajamos en serio no podíamos acudir a las farmacias porque abrían a las nueve y media, cerraban para el almuerzo, y luego echaban el cerrojo a las ocho de la tarde. Una farmacéutica en Madrid y otra en Valencia se atrevieron a enfrentarse con el macizo de la raza y abrir a deshora, incluso veinticuatro horas, siempre con presencia de facultativos. Han ampliado su plantilla, ofrecen un servicio que no exige complicadas lecturas de listas de locales de guardia, y supongo que se han hecho de oro. La costumbre de las cadenas de distribución de aplazar sus pagos les ha expuesto al mismo tipo de argumento demagógico que los comerciantes que quieren trabajar para sus clientes. Se pinta el aplazamiento de los pagos a proveedores como un abuso de los poderosos para imponer condiciones de trabajo usurarias a los débiles. El profesor Benito Arruñada, en una reciente publicación del Idelco, ha hecho ver que cuando un gran comerciante establece largos plazos de pago no lo hace por debilidad financiera, sino por las características de los productos que vende. En la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, va una disposición que señala un plazo de pago máximo de treinta días para los productos frescos. Ese plazo no puede ser el aplicable a los electrodomésticos, por ejemplo, o a las prendas de vestir, artículos en los que los clientes se toman un tiempo más largo para retornar el producto si no les satisface. Los plazos de pago y las demoras de los pagos ya aplazados tienen su justificación económica, que los ordenancistas no conocen ni quieren conocer. Lo más curioso es que la patronal de la industria suministradora del comercio ha clamado con grandes voces porque la ley reduzca a sesenta días el aplazamiento de todos los pagos en el sector de la distribución. Tengo delante de mí una publicación del Servicio de Estudios del Banco de España, titulada El crédito comercial en las empresas manufactureras españolas, en la que aparece el aplazamiento medio de los pagos en 1996, de las industrias que dan sus datos a la central de balances del Banco, es decir, las más serias del país. Pues bien, esos fabricantes aplazaron sus pagos en término medio durante 105 días y algunos llegan hasta 187. La viga en el ojo. |
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