Documento preparatorio del IV Congreso de la CTA
Los argentinos estamos viviendo una crisis profunda
e integral, en la que se juega nuestro derecho a la vida misma y a la libertad.
Se trata de una situación en la que es indispensable promover un debate
consciente y profundo sobre la etapa que atravesamos y lo que esta exige de nosotros.
Nosotros creemos que sin una clase trabajadora decidida a construir su propio destino será
difícil alumbrar un nuevo camino en la Argentina. Este documento resume
buena parte de las discusiones que se vienen dando en la conducción nacional,
que han sido compartidas y profundizadas en la reunión con los Secretarios
Generales de todo el país realizada el 7 y 8 de Junio pasado y que pretendemos
enriquecer con el aporte de las distintas Asambleas que nuestra organización
realizará de cara a la construcción de nuestro próximo Congreso Nacional.
La actual crisis económica, política y social de la
Argentina, parece exigirnos responsabilidades superiores a la lucha exclusivamente gremial o
reivindicativa. En nuestra Central siempre sostuvimos que “toda crisis es una
oportunidad”, si se la asume integralmente y con vocación de vida y
crecimiento. Pero eso implica definir en qué consiste esa “oportunidad”. Y no
tan sólo eso, sino tratar de precisar el estado de nuestras propias fuerzas,
tanto en lo objetivo como en lo subjetivo, para determinar correctamente el rol
que nos cabe dentro de la presente dinámica de lucha del campo popular y frente
a la falta de representatividad de la política tradicional, tal cual lo
manifestáramos hace tres años, en nuestro anterior Congreso, celebrado en Mar
del Plata.
La CTA ha ido consolidándose en la sociedad. A
partir de la expansión social-territorial asumida en la disputa por la
distribución de la riqueza, la democratización de la política y la defensa de
la soberanía nacional, debemos
afianzarnos en la propuesta de construir, junto con otros, el Movimiento
Político Social que exprese nuestros intereses de clase y la lucha por la
independencia de nuestra Patria.
La CTA toda, a lo largo y ancho del país, ha venido haciendo una experiencia de lucha
gremial, territorial, política y cultural a través de diferentes formatos
multisectoriales; un ejercicio de alianzas basado, primordialmente, en la unidad
de clase y, además, en la unidad de acción con otros sectores confrontados al
modelo neoliberal. En tal sentido, se ha intentado avanzar (con logros
importantes) hacia una construcción político-social que sea capaz de confrontar
las políticas del bloque dominante y la lógica irracional de los poderosos.
La CTA , según lo reconocemos, está dando pasos
que, sin obviar contradicciones al interior de sí misma y del campo del pueblo,
procuran vertebrar una unidad de masas
movilizadas en la práctica y en la
creación teórica, en la perspectiva de plantearse y desarrollar una nueva sociedad.
En el marco de una crisis capitalista de índole global,
la Argentina expone, además, las consecuencias del modelo económico, social,
cultural y político, impuesto a través del terror por la dictadura militar en
1976. Modelo que, apenas con matices diferenciados, ha continuado durante los
años de vida institucional hasta hoy mismo. En la actualidad, es evidente que
ese modelo pasa por una crisis estructural. Han estallado diferencias hacia el
interior del bloque dominante –signado por distintos niveles de ferocidad en la
lucha intercapitalista-, y al mismo tiempo se vive el progresivo
desmoronamiento de la gobernabilidad, defendida por las estructuras políticas
tradicionales, y ahora desbordadas por movilizaciones populares.
Este grado de movilización y conflictividad social
tiene características especiales. Las iniciativas están siendo impulsadas por
las organizaciones que protagonizaron la lucha de resistencia durante 26 años y
también por nuevas formaciones políticas. Unas y otras han puesto en
cuestionamiento la representatividad política institucional, subordinada a los
dictados del poder real: grupos económicos y financieros concentrados, locales
e internacionales.
Se trata de un escenario político-social altamente
convulsionado, en el cual los factores de poder se definen de hecho cada día
más represivos y criminales y con manifiestas y soterradas apuestas al caos.
Hay tres posibles “vías de salida” para la situación
actual. Dos de ellas son, en el fondo, readecuaciones al orden vigente que
perpetúan el predominio de los grupos empresarios locales, extranjeros y del
FMI. La tercera es la que creemos que puede intentarse desde los sectores
populares, los trabajadores y la comunidad. Para verlo con claridad, las tres
posibles salidas son:
La
posible reconstrucción de cierta hegemonía del bloque de poder para reinstalar
una gobernabilidad con algún consenso social, sin que ello descarte formas de
represión y terror.
el
mantenimiento del orden vigente, sin ningún consenso y, por supuesto, con más
autoritarismo y terror.
La
afirmación de una nueva coalición política y social que instale una alternativa
económica, política, social y cultural, capaz de alterar las presentes
relaciones de dominación.
Esto
última alternativa le exige a la CTA proponerse un desarrollo superior de todas
sus fuerzas en el campo de la formación teórica y política, en materia de
expansión y anclaje social; así como un mayor afianzamiento de sus estructuras
organizativas. En el terreno de la comunicación propia, se impone también una
definitiva decisión prioritaria que resuelva un contacto e intercambio en su
base de cuadros y militantes y en su relación con el total de la sociedad para
no depender del formato informativo del bloque dominante.
O sea: de la lógica, los intereses y la ideología del bloque contra el que se
lucha.
Hay que tener en cuenta que el bloque dominante,
pese a sus crisis de hegemonía, avanza en la aplicación de planes y medidas que
atentan contra la mayoría de nuestro pueblo. Entre otras cosas, quieren imponer
el proyecto de Asociación de Libre Comercio de las Américas y las políticas
e instrumentos –Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional y otros- que hacen al proyecto de dominación
neocolonial impulsado por el gobierno de EEUU en América Latina.
Por eso la consigna levantada por la CTA, “hay que
pararlos” es parte de un llamamiento múltiple que no se circunscribe a quienes
componemos las filas de la Central y debe cobrar cuerpo político-institucional
y social.
Tamaña tarea implica superar nuestras propias
dificultades para mantener en el tiempo un accionar integral y conjunto, como Central y con todos los que luchan.
Esto requiere de parte de la CTA un nuevo ritmo en la constitución y
consolidación del nuevo bloque popular.
Significa, concretamente, una intensa labor en lo táctico-estratégico, para ir por encima
de meras estrategias de coordinación en la voluntad de asentar las bases del
Movimiento Político Social. Lo que supone la construcción de un nuevo Proyecto
Histórico de carácter nacional, que plantee y defina la conformación de un
bloque regional estratégico en América del Sur, frente a la crisis capitalista y las manifiestas políticas
guerreristas del imperialismo a escala mundial. Con ambas iniciativas, se trata de pelear por la democratización
de la política, la sociedad y la economía y por la institucionalización de una
nueva legalidad.
Caracterización de la etapa
No pretendemos hacer una caracterización exhaustiva
sino simplemente destacar algunos puntos que, entendemos, son de especial relevancia
para definir nuestra intervención en el drama que vive el país.
Lo primero es destacar
que se vive una CRISIS INTEGRAL, de HEGEMONÍA, y en el marco de una NUEVA
SITUACIÓN INTERNACIONAL.
Veamos estas tres
definiciones:
Una Crisis integral o sistémica
No estamos en presencia
de una crisis parcial restringida a algún aspecto de la vida del país. No se
trata únicamente de una crisis económica, ni tampoco de una crisis política.
Estamos en presencia de una crisis
general, global, del orden vigente en la Argentina.
Si bien lo que nos sucede
se inscribe en el cuadro más general de la crisis capitalista, en nuestro país
está particularmente cuestionado el formato económico, social, político y
cultural impuesto en la Argentina a partir de 1976 y continuado durante los
años de vida institucional. Las visiones de carácter parcial que pretenden
imponer los sectores dominantes no son ciertas. No hay posibilidad de intervención en la presente crisis sin una
estrategia integral.
Venimos, así, a
confrontar con otras interpretaciones vigentes sobre la crisis actual.
Sobretodo con las dos explicaciones que de manera central han pretendido
imponer los integrantes del bloque dominante y el sistema político tradicional
frente a la crisis registrada en el año 2001.
Hay quien pretende
decirnos que el problema principal de la crisis debe ubicarse en el terreno de
la economía. Por lo tanto, coloca la responsabilidad de la situación en la
vigencia que durante el último cuarto de siglo ha tenido el paradigma
neoliberal. Los que exponen esta visión armaron su discurso apelando a la
defensa de lo nacional, de la producción y el trabajo y de la necesidad de
romper con la alianza que el Estado había estructurado con el Sector
Financiero.
En realidad, esta postura
discursiva remite a las fuerzas partidarias tradicionales de la Argentina
actual (Ejemplo: UCR-PJ-FREPASO provincial, partidos provinciales) y busca
sustento estructural en el denominado Grupo Productivo (SRA-UIA-CRA-CGT). Para
ser más precisos, este planteo fue, a no dudarlo, el eje vertebrador del actual
gobierno.
La realidad es que estos
supuestos defensores de la “identidad nacional” y la “producción”, son una
parte del bloque dominante que fue y es tributario de la valorización
financiera promovida por el neoliberalismo del último cuarto de siglo, y que en
todo caso durante la última etapa de los noventa perdió parte de su influencia.
Son claramente integrantes del bloque dominante y del sistema político
tradicional.
Los resultados concretos de su estrategia (la
“devaluación”) han comenzado a mostrar rápidamente los límites de ese discurso
. La pauperización y la humillación nacional siguen a la orden del día . Por
eso es imprescindible desnudar la falacia de su argumentación.
Es absolutamente obvio que el paradigma neoliberal
tiene una importante responsabilidad sobre lo que hoy nos ocurre. Sin embargo,
debe consignarse que éste se puso en marcha en la Argentina a partir de la
dictadura, y que de los 26 años transcurridos desde aquel momento, 19 tienen
que ver con el presente orden institucional. Es decir tres de cada cuatro años
se explican por el presente régimen.
Por lo tanto, ya no podemos seguir sosteniendo que el
problema es exclusivamente el tipo de funcionamiento de la economía.
Es clave incluir en
nuestra discusión cuáles son las
características de un orden institucional que ha convivido, convalidado, y ha
resultado cómplice del proceso que viene viviendo nuestro país. No es cierto
que la crisis sea sola y exclusivamente económica. También tiene un fuerte
componente político institucional.
Y acá hay que destacar
que los que intentan colocar el problema sólo en la cuestión económica, son los
que por otro lado pretenden seguir
defendiendo las prácticas tradicionales del sistema político (no sólo los
partidos sino también el tipo de estructuras sociales y sindicales
tradicionalmente dominantes).
Esas prácticas
“tradicionales” no son inofensivas. Son funcionales a las estrategias de
injusticia y concentración de la riqueza que dicen denunciar. Seguir ese
razonamiento sería una profunda equivocación histórica. Es imposible que, con
las mismas estructuras y con los mismos actores, se promueva una salida a la
crisis actual.
La otra versión es la que promueven los Bancos-Organismos
Internacionales y Empresas Privatizadas.
Ellos dicen por todos
lado que el problema no es el modelo económico sino la corrupción del sistema
político. En tanto la política es –para
esta concepción- la responsable de lo que ocurre, no quieren ni hablar de
cambiar el modelo. En esta presentación de la crisis no hay problema alguno en
el orden económico imperante. El inconveniente es que “existe un régimen
institucional corrupto que lo ha distorsionado”.
Se trata de poderosos
agentes económicos que están dispuestos a sostener una nueva batalla simbólica
que le permita retomar el control del rumbo del país.
Su estrategia apunta a la
plena mercantilización de la educación y la salud pública, la liquidación de la
banca estatal, con mayores restricciones al sistema de representaciones en el
Estado (la denominada “reforma política”) y un reordenamiento del sistema de
Estados Provinciales en base a la propuesta de regionalización. Una verdadera
mutilación y modificación del actual esquema institucional.
Se trata, en suma, de un
incremento en el control sobre la política interna y la economía a través del
gerenciamiento de las riquezas del país, incluyendo el territorio, por medio de
tecnócratas representantes de los intereses de los grupos económicos y los
organismos de crédito.
Entonces, y para resumir,
digamos que hay una interpretación que
busca situar la responsabilidad en la economía para salvar al sistema político
tradicional y hay una interpretación que busca colocar el problema en la
política para salvar al poder económico.
Ambos enfoques intentan
ocultar rasgos fundamentales de la crisis.
Nosotros sostenemos que
la crisis vigente en la Argentina supone el colapso general en materia social,
económica y política, de un régimen que se puso en marcha a partir de marzo del
76 y que, con distintas variantes se ha profundizado en los últimos 26 años.
Esta es la primera
definición que nosotros queremos proponer. Lo
que esta en crisis es el conjunto de las instituciones sociales, sindicales,
partidarias, empresariales y culturales que han definido a la Argentina desde
la dictadura militar en adelante.
LA CRISIS ECONÓMICA
En materia económica, lo que colapsó es el régimen que se puso en marcha
en 1976. Ese régimen tuvo, fundamentalmente una característica: transformó a la
economía argentina en una economía de acumulación financiera y transferencia
permanente de recursos al exterior por diferentes mecanismos, donde el
endeudamiento fue uno y no la única vía de salida de recursos.
Así, la economía nacional transfirió al exterior en
las últimas dos décadas aproximadamente unos u$ 320.000 millones o, lo que es
lo mismo, el equivalente a más de tres PBI de la Argentina actual.
Este orden económico se
puso en marcha sobre la base de la llamada “apertura general de la economía” y
tuvo dos pilares básicos que permitieron su funcionamiento:
El endeudamiento externo
El papel del Sector
Público como promotor de dicho proceso. Fue éste (absolutamente subordinado a
partir de la dictadura al bloque dominante) quien sostuvo y promovió una y otra
vez por diferentes vías, ese endeudamiento.
El colapso de este
régimen tuvo dos razones.
En primer término los
cambios en el sistema financiero internacional determinan que hay menos fondos para países como el nuestro.
En segundo lugar, el grado de endeudamiento del Estado y de la
economía argentina es tan alto que le impide seguir siendo sujeto de crédito.
En consecuencia, el
bloque dominante está en problemas. Los dos pilares en torno a los cuales
funcionaba este régimen han desaparecido, y por esta razón está colapsando.
Este régimen de
acumulación financiera implicó una dinámica particular, que caracteriza a la
Argentina de los últimos 25 años.
Un país que hizo
predominar la inversión financiera, donde la inversión productiva cayó de
manera estrepitosa y donde la caída de la inversión productiva produjo una
profunda destrucción del aparato productivo
(por el ingreso de producción importada).
Al destruirse el aparato
productivo y desindustrializarse el país, además, se expandió el
desempleo. Y al expandirse el
desempleo, este presionó hacia la baja los ingresos del conjunto de la
población.
Es decir, que el círculo que caracteriza los últimos
26 años, como contrapartida de este régimen de acumulación financiera es:
inversión financiera elevada- baja inversión productiva- deterioro del aparato
productivo y desindustrialización- expansión del desempleo y caída de los
ingresos.
LA CRISIS SOCIAL
Las razones del colapso y
las tendencias básicas que definieron la economía del último cuarto de siglo,
sostenidas durante los últimos 26 años, han puesto en crisis también la situación social.
Deben destacarse dos
cuestiones fundamentales: la primera, el
tema de la expansión sistemática y permanente de la pobreza en el país.
Para dar una medida
gráfica del asunto: en 1975 en la
Argentina había 22 millones de habitantes y menos de 2 millones de pobres.
Sobre finales del 2001 tenía 37 millones de habitantes y prácticamente 15 millones de pobres. Es
decir, que la población creció en 15 millones y la pobreza en 13 millones.
Otra evidencia notoria de
la involución social que tuvo la Argentina se explica por la casi desaparición
de sus capas medias. Hoy, 6 de cada 10
pobres provienen de dicho sector social. Este empobrecimiento material de
las capas medias no implica la desaparición de sus demandas y objetivos de
ascenso social. Si bien, a comienzos de la década pasada, parte de las mismas
dieron algún consenso al modelo imperante, hoy, ante su propia bancarrota,
ejercen una fuerte presión social hacia el restablecimiento de sus derechos y
garantías.
Las dificultades
concretas del bloque dominante para incluir a este sector y dar respuestas a
sus demandas, no les permite gobernar con “consenso”, como hace algunos años. Esto implica que el bloque dominante
necesita imponerse con mayor autoritarismo.
Agreguemos que el desempleo, producto del régimen
de acumulación vigente, ha desestructurado la organización social que en
nuestro país giraba fuertemente alrededor de las relaciones laborales.
Los cambios en los
sistemas y formas de producción, la terciarización y los cambios en las
categorías profesionales generaron, entre otras consecuencias, la pérdida por
parte de los trabajadores del control del proceso de producción y el
debilitamiento consecuente de la capacidad de negociación.
Esta situación se agrava
por la presencia de un Estado desfinanciado, que en lugar de benefactor y
“prenda del equilibrio social”, es desembozado benefactor de los grupos
dominantes. La precarización laboral alteró los términos de discusión salarial
y confinó a los trabajadores formalizados a un lugar de franca minoría en la
fuerza de trabajo. Esto desestructura a la sociedad y plantea una crisis sin
precedentes al viejo modelo sindical. Crisis que no sólo condiciona el salario
sino también la propia vida familiar.
La creciente exclusión
social deteriora así la capacidad de ejercer los derechos ciudadanos, crece el
temor y se recortan fuertemente las opciones de las organizaciones sindicales y
sociales. Agreguemos, para visualizar la dimensión de la crisis, la pérdida del
ascenso social por la vía del acceso a la cultura, que repercute fuertemente
sobre las capas medias y los trabajadores en general.
En suma, aparecen nuevas
demandas sobre las instituciones públicas y las organizaciones sociales
excediendo sus objetivos y posibilidades y reclamando la transformación de las
mismas. Además, se confirma que en las distintas “crisis” (y en la actual
también) los sectores dominantes tienen la capacidad de trasladar los costos al
resto de la sociedad incrementando, en cada una de ellas, la desigualdad.
Es decir, cuando la economía crece, ellos crecen más
que el resto, pero cuando decrece, ellos siguen creciendo. Rasgo este que
define un cuadro de profunda desagregación social incompatible con la vigencia
de una institucionalidad democrática.
LA CRISIS POLÍTICA
El colapso en materia política debe ser situado en
términos de crisis de representación.
Y cuando la llamamos de ese modo no nos referimos
sólo a los partidos sino al conjunto de las instituciones que convivieron,
convalidaron y fueron conniventes con esta verdadera estrategia de la
desigualdad.
Está en crisis la Justicia, el Parlamento, el Poder
Ejecutivo Nacional, los gobiernos Provinciales, los municipios y concejos
deliberantes, la Iglesia, la universidad, los sindicatos, las FFAA; es decir, la crisis atraviesa al conjunto de las
instituciones.
Este es el otro problema fundamental. Las
instituciones y organizaciones que se supone que son portadoras de intereses
colectivos, son visualizadas por el conjunto como representantes de intereses
privados.
La ruptura del llamado “contrato social” y el
vaciamiento de la democracia representativa se reflejan en la absoluta
disociación entre lo que la gente demanda y la vida de las instituciones.
Así, el consenso se sustituye en la práctica por el
autoritarismo, la corrupción, la manipulación social -a través de caudillos y
punteros que han frustrado el protagonismo popular- y la fuerte cooptación del
sistema de representación por los intereses de los principales grupos
económicos.
Los derechos constitucionales, las libertades y
garantías son de aplicación restringida, parcial y discriminatoria. La pérdida
de protagonismo y control social sobre los actos de gobierno hace que la
denominada “democracia representativa”, no sea representativa ni mucho menos
democrática. Y ésta no es una cuestión menor. La pérdida de crédito hacia la
democracia y el consecuente ausentismo
electoral abren el camino a los
autoritarismos mesiánicos siempre apoyados en estrategias antipopulares y
sostenidos con la represión.
Por otra parte, el descrédito hacia las formas de ejercicio
actual de la política y hacia los partidos tradicionales ,amenaza con proyectarse también peligrosamente hacia la
deslegitimación de toda forma de práctica política, de todo liderazgo y de toda
búsqueda de una renovación democrática de los actuales esquemas de
representación. Sabemos que esa forma de plantear el problema es funcional al
objetivo de preservar en manos de los enemigos del pueblo el ejercicio concreto
de la dirección del Estado.
LA CRISIS CULTURAL
El progresivo deterioro
de nuestra estructura productiva, del Estado y de lo público-comunitario, así
como el crecimiento de la pobreza y la desocupación impactaron fuertemente
sobre las matrices culturales de nuestro pueblo. El “sálvese quien pueda”
pareció ser el mandato oculto de un complejo proceso expresado en la vida
cotidiana, en las prácticas institucionales, en la acción de los medios masivos
y en las expresiones artísticas y culturales. Sin embargo es evidente que las
políticas culturales del poder convivieron en nuestras familias, barrios y
espacios públicos con las múltiples formas de la resistencia y la iniciativa
comunitaria.
En este sentido, el neoliberalismo devenido en
hegemónico pivoteó permanentemente sobre dos estrategias. El mensaje emitido de
manera dominante desde los medios de comunicación y el papel de “justificadores
del establishment” que adoptara una parte de la intelectualidad vernácula.
Ambos convergieron cuestionando importantes conquistas del proceso de
democratización de la cultura que había vivido nuestro país. Sin embargo, el
proceso descrito no alcanzó entidad suficiente como para ocultar la realidad y
destruir totalmente pilares históricos de la cultura nacional como el
sostenimiento de la educación pública, el no arancelamiento, una cierta prensa
comprometida, el clima cultural critico del cine, el teatro y la música, e
incluso la emergencia de signos vitales de una nueva intelectualidad.
Las características
principales de ese “nuevo sentido común” que pretendieron imponer se asentó en:
La naturalización de los
procesos históricos y económicos y, por lo tanto, la expulsión de la noción de
cambio. Cuestión ésta que pretende situar como único al modelo vigente y que
ubica a la política en el terreno de la exclusiva gestión y del reconocimiento
como no modificable de las relaciones de poder vigentes.
Cuestionar la histórica
noción del Estado interventor, el cual apareció presentado como signo de
ineficiencia, de atraso, de defensa de intereses espúreos (patria contratista).
Ubicar a la ideas sobre
la distribución del ingreso y la riqueza en el territorio del populismo, la
demagogia y la irresponsabilidad.
Situar al mercado como
signo de progreso, democracia y eficiente asignación de los recursos.
El acento en las formas
estereotipadas de gerenciamiento empresario eficiente y eficaz trasladado a
todas las instituciones como eje del debate desprendido de los fines y
objetivos sociales para los que han sido creadas.
La descalificación de las
luchas y organizaciones populares, incluido el sindicalismo, señalados como
rémora del pasado, inhibidores de la transformación necesaria y defensores de
privilegios inaceptables como los estatutos laborales o los derechos sociales.
La presentación de la
política como signo de corrupción, coima y deshonestidad
El acento en el
individualismo y el deterioro de la solidaridad como forma de organización
social y de acceso a las reivindicaciones.
La mistificación del
estilo de vida consumista, trivial, superficial y depredador del planeta,
instalada en los países desarrollados como única y superior meta.
Cierta elite intelectual, que otrora incluso
sustentara un proyecto nacional, cumplió el rol de adaptarse rápidamente a los
planteos que impulsaban el apoyo a las transformaciones en nombre de la
trasnacionalización, de la aldea global y de la cultura única. Contribuyeron
así a la afirmación de un sentido común alienado que repitió hasta el hartazgo
el discurso dominador. En fin, intelectuales de países periféricos
transvertidos por el financiamiento en tecnócratas al servicio de los
organismos internacionales.
En consecuencia, a
diferencia de las dos interpretaciones que
los sectores dominantes impulsan en la Argentina (visiones parciales y
falaces de la crisis actual), entendemos que estamos en presencia de la
crisis general de un orden que no tiene, bajo estas condiciones, capacidad de
seguir reproduciéndose con mínimos niveles de consenso.
Una verdadera crisis de hegemonía
El final del punto
anterior permite explicar qué queremos decir cuando hablamos de Crisis de
Hegemonía. Nos referimos a “aquel
conjunto de relaciones que definen el funcionamiento de una sociedad y que en
una determinada coyuntura histórica no pueden ser reproducidas bajo el
liderazgo de las clases dominantes y, consecuentemente reconocidas por las
clases subalternas”.
En este sentido el
proceso social que se manifiesta durante el año 2001 debe ser entendido como
una verdadera crisis de hegemonía de
las clases dominantes de nuestro país. Tienen
dificultades para seguir explicándole a la sociedad que es natural que las
cosas sean como son. La sociedad ya no siente que las cosas deben seguir
necesariamente así. Tampoco cree que este sea, necesariamente, el único rumbo
posible. En estos términos, la hegemonía de
comienzos de los 90 hoy está visiblemente cuestionada. Pero, como en
toda crisis de esta naturaleza, la
misma tiene dos componentes fundamentales.
El primero de ellos es la
crisis al interior de los poderosos.
La estabilidad capitalista propia de la década del noventa tuvo que ver con la
consolidación de una verdadera “comunidad de negocios”, establecida en el marco
de la acumulación financiera sobre la base de las privatizaciones. En esa “comunidad
de negocios” coincidieron los intereses de los Grandes grupos empresarios de la
economía argentina con el ingreso de nuevos integrantes del capital extranjero
y con los Bancos Trasnacionales.
Desde mediados de la
década, más puntualmente a partir del efecto Tequila, la citada comunidad de negocios comenzó a disolverse, fruto de las
modificaciones en el escenario internacional (relación entre el dólar y las
principales monedas, así como el debilitamiento de la experiencia del
Mercosur) y los procesos de compra
venta de acciones y empresas, que determinan una menor presencia de la
histórica cúpula empresarial local en los consorcios de las empresas
privatizadas.
En el marco del colapso
del régimen de acumulación financiera, dadas las restricciones vigentes en el
plano internacional y con la devaluación en curso, están sucediendo dos cosas:
una puja entre ellos
dirigida a determinar la distribución de las nuevas rentas así como de las
pérdidas resultantes de la crisis vigente
el intento de imponer un
nuevo ordenamiento de los predominios al interior de los históricos ganadores
del modelo.
Está en discusión, en
suma, quién conduce la salida de la crisis. Hay disputa entre los grupos
empresarios y el sistema bancario, hay disputa entre ellos y los acreedores
externos, hay disputa entre los acreedores y el resto de los que están aquí. Es
decir, no logran, como sí lograron en el
pasado, sintetizar una estrategia común para proponerle al conjunto de la
sociedad.
Esto habla de una feroz
lucha intercapitalista en la que no están ausentes incluso comportamientos de
carácter mafioso.
La
segunda cuestión que caracteriza a una crisis de hegemonía y que es el dato
determinante que distingue el momento actual de otros que hemos vivido, es que
por primera vez en mucho tiempo, más concretamente, desde 1976 para acá, hay
hoy organizaciones sociales y niveles de movilización que están por afuera de
las estructuras de poder económico y político tradicional en todos los
terrenos(social, sindical, territorial, cultural e incluso partidario),.
Es
decir: a diferencia de la crisis de 1989 (en donde el PJ aparecía como una
opción y salida recientemente legitimada y que intervenía sobre el conflicto
social, dado el peso sustantivo de la estructura sindical tradicional), hoy no
hay oferta legítima del sistema tradicional. Tampoco están en capacidad de controlar el conjunto de la movilización y
organización social existente. Hoy hay otras realidades sindicales, otras
realidades sociales e institucionales. Han emergido organizaciones y niveles de
movilización que tienen autonomía respecto de los factores de poder político y
económico tradicional. Es por esta razón que parece importante definir que el
año 2001, representa desde la experiencia política de los sectores populares,
EL FINAL DE LA ARGENTINA DE LA
DICTADURA.
A lo largo del año pasado tomaron cuerpo diversas
formas de respuesta del campo popular que, sin lugar a dudas, refieren al
hartazgo ante políticas económicas y sociales intolerables; pero,
fundamentalmente, empiezan a sintetizarse las experiencias de los 26 años de
resistencia organizada que contribuyeron a mellar el pensamiento único y el
discurso hegemónico.
El año 2001 fue un año difícil para el poder desde
sus comienzos, con el derrocamiento de López Murphy, (paradigma del ideario
neoliberal); luego con las movilizaciones espectaculares que se realizaron en
todo el país en contra de la política del déficit cero (movilizaciones que en
todos los casos estaban por afuera de las estructuras políticas y sindicales
tradicionales) y con la propia jornada electoral del 14 de octubre, en que la
sociedad no sólo le dijo que no y le dio un cachetazo al gobierno de De la Rúa,
(perdió cerca de 5 millones y medio de votos), sino que el propio triunfo del
PJ se dio en el marco de una caída de su peso electoral (un millón de votos
menos).
Fueron elecciones en donde el no voto, el voto en blanco y el nulo, así como el respaldo a nuevas
opciones implicaron una advertencia de la sociedad al conjunto del sistema
institucional. La propia consulta popular que
protagonizamos en el marco del FRENAPO entre el 14 y 17 de diciembre,
donde la participación superó claramente todas nuestras expectativas, fue otra
demostración de ese proceso social que se estaba dando en la Argentina. Por
ultimo, las jornadas del 19 y 20 de diciembre donde la movilización popular
logró, pese a las internas palaciegas, poner su sello confrontando con el
Estado de Sitio y afirmando reclamos expresos en pos de mayores niveles de igualdad.
Toda esta situación revelaba la envergadura del proceso que se estaba dando en
el país.
Sin embargo, es necesario definir un poco más los
alcances de la noción de “crisis de
hegemonía” que hemos propuesto como marco para la interpretación de esta etapa.
Se trata de un momento político donde, frente a la ausencia de consenso para el
bloque en el poder, se afirma un contexto de oportunidad para una intervención
popular exitosa que ponga en cuestión el presente régimen de dominación.
Pero hay que distinguir que la existencia de crisis
al interior del bloque en el poder no define que haya crisis de hegemonía.
También hubo una crisis al interior de los poderosos en la Argentina de 1989, y
no se trató de una “crisis de
hegemonía”. Ésta sólo existe (por eso existe hoy) en tanto emerge un contexto
de no reconocimiento por parte de los
dominados del liderazgo de las clases dominantes.
Ese “no reconocimiento” toma formas, además, en la
emergencia de niveles de organización y movilización que desbordan las estructuras
tradicionales de representación del régimen. Es decir, se trata de un momento
donde la dominación se encuentra en
crisis porque no es percibida como “natural”.
La segunda distinción consiste en señalar que la
existencia de una situación de crisis en la dominación no implica que la
dominación haya desaparecido ni que el sistema se este derrumbando. Más aún, la
dominación se sigue ejerciendo y es en las características de su propio
ejercicio donde se juega la posibilidad de que los sectores dominantes puedan,
incluso, reconstruir la hegemonía perdida.
Por lo tanto, hablar de crisis de hegemonía no es
hablar de un momento prerrevolucionario sino de la existencia de condiciones de
oportunidad para una nueva construcción política. Esa construcción política
sólo existirá si se interviene con una
visión integral en el escenario descripto.
Hechas estas aclaraciones, corresponde finalizar
estas precisiones reafirmando que tanto
desde la teoría como desde la historia, las opciones que suelen presentarse
ante una Crisis de Hegemonía -tal como
se señala en la introducción- son:
Reconstrucción hegemónica
del bloque en el poder
Mantenimiento del Bloque
en el poder por vía autoritaria
Afirmación de una nueva
coalición política que haga posible un nuevo régimen sobre la alteración de las
presentes relaciones de dominación
No podemos finalizar estos apuntes respecto a la
etapa que transitamos sin incorporar elementos que aludan a la presente
situación internacional. Es evidente que el carácter de la denominada fase
global del capitalismo (que desde el punto de vista económico y en la práctica
ha implicado la financiarización de
la economía mundial) redunda en condiciones de mayor exclusión y pobreza para
la humanidad. Estas se expresan tanto en la incapacidad manifiesta del sistema
de garantizar tasas de crecimiento elevadas , como por la polarización exhibida
en materia de distribución del ingreso tanto entre países como al interior de los
mismos, incluyendo a los propios países centrales.
Asistimos a un proceso de liquidación del denominado Estado Benefactor en los centros y a la
destrucción de las formas estatales populistas y desarrollistas en la
periferia. Esa destrucción es acompañada en la práctica por la instalación
progresiva de Estados que promueven la afirmación de plataformas exportadoras.
A esto hay que agregar que se manifiesta un cuadro
creciente de recesión generalizada en los principales centros económicos del
mundo, lo que induce una reversión en la dirección de los flujos financieros
internacionales (ya no giran fondos con facilidad).
En la década del noventa se observaba una
abundancia de fondos en el mundo, en busca de opciones para invertir en los
países “denominados emergentes”. Esto permitió a nuestros países pagar vieja
deuda con activos públicos y/o riqueza social acumulada, pero también con el
acceso a nuevo endeudamiento). Digamos que en el escenario internacional hoy se
registra exactamente lo contrario.
En el marco de la recesión vigente en los países
centrales como consecuencia de la baja en la tasa de ganancia (que supone la contracción en las compras que
estos países realizan a la periferia), se observa una tendencia declinante en los precios internacionales de los
principales productos que colocan estos países.
Esta situación revela una menor capacidad de pago
sobre las deudas que acumulan dichas economías y habilita un proceso de fuga de los capitales; permanecer en los
países de la periferia supone mayores riesgos que hace unos años.
Menor
disponibilidad de financiamiento y menores precios para nuestros productos
definen un cuadro de mayores restricciones económicas para la región
latinoamericana. Ésta debiera organizarse nuevamente –y, al igual que ocurriera
en la década del 80- como una verdadera zona económica de exportación de
excedente hacia el centro del mundo.
Las tendencias generales
que plantea la financiarización de la economía mundial y la particular coyuntura recesiva
determinan la incapacidad creciente del propio sistema para presentarse
(cual ha sido históricamente su
estrategia de legitimación) como avanzada
de la Civilización.
Hace algunos años tenía
vigencia un discurso que asociaba a las políticas neoliberales con la
afirmación de la democracia, sobretodo a partir de la caída del muro. Ese
planteo hoy está fuertemente cuestionado.
La consolidación de resistencias sociales y
culturales frente a la mundialización capitalista (movimientos antiglobalización
- Foro Social Mundial) y la propia evideencia de los límites que las políticas
vigentes le imponen a la construcción democrática, ha abierto una nueva
situación en el plano internacional. Esta nueva etapa implica mejores
condiciones ideológicas y políticas para el reposicionamiento de las fuerzas
populares pero también supone un momento de mayor complejidad. Prueba de ello
es la nueva vuelta de tuerca guerrerista del gobierno de los EE UU a partir del
11 de Setiembre, tras los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono.
La política bélica
sostenida en la permanente capacidad del imperio para hacer reaparecer y
desplazarse al fantasma del terrorismo, es la condición de posibilidad para limitar los mecanismos de consenso en la
regulación de la sociedad mundial. Se trata de la clave de la unipolaridad que
pretende afirmar el gobierno de los
EEUU y el marco en el que se inscriben
las nuevas estrategias de control colonial.
Política bélica y recesión mundial explican la desaparición del discurso
democrático de la agenda del departamento de Estado Norteamericano y le otorgan
perspectiva al intento de transformar al mercado americano en un espacio de
libre circulación y absoluta seguridad para sus mercancías y capitales, por vía
del ALCA, y destruir así toda
posibilidad de desarrollo autónomo para la región latinoamericana.
En este escenario hay que
inscribir el intento de golpe de Estado en Venezuela, la decisión de avanzar
militarmente con el Plan Colombia, el intento de boicotear el triunfo de Lula
en Brasil y las definiciones relativas
a la colocación de bases militares en la región (particularmente en nuestro
país, en las provincias de Chubut y Tierra del Fuego) en el marco de la
construcción del denominado escudo
antimisilístico.
Conclusión
Dijimos al comenzar este punto que no teníamos como
objetivo hacer una caracterización exhaustiva sino que sólo buscábamos apuntar
elementos que nos permitieran elaborar una conclusión política. En este sentido
y considerando los aspectos reseñados en la caracterización, entendemos
importante destacar que :
Dada la política
norteamericana para el mundo y la región (de carácter bélico y colonial), es
evidente que se busca sancionar a la
Argentina como ejemplo continental y reforzar, así, la dominación sobre nuestro país a efectos que éste siga
desempeñando el papel de apéndice norteamericano en la región tal cual lo
hiciera durante la década pasada. Esto se da en un contexto donde dicha
estrategia exhibe problemas para afirmarse. Están estancados en el conflicto
Colombiano, no han logrado desplazar a Chávez en Venezuela, Lula se mantiene
firme en Brasil, el Frente Amplio se consolida como alternativa para el futuro
uruguayo, y avanza la lucha popular en Bolivia, Perú y Paraguay. Por eso la estrategia
hacia la Argentina adquiere especial relevancia para el gobierno de los EE UU.
En este marco, sin financiamiento externo abundante
y en un contexto de precios declinantes para nuestros productos en el mercado
mundial, la dirección adoptada en torno a la presente salida devaluacionista
exhibe graves problemas. Argentina tiene un núcleo exportador que representa no
más del 25% el PBI, donde apenas 80 empresas concentran el 70% del total
exportado y en el que el componente de recursos naturales, la intensiva
utilización de insumos importados y el bajo valor agregado de los productos son
sus características determinantes. Por lo tanto, y en un marco donde la denominada salida exportadora debe garantizar un
saldo comercial favorable de unos u$ 10.000 millones para reanudar los pagos
externos, la perspectiva que en esta etapa pueden ofertar los sectores
dominantes es la de un crecimiento lento (luego de arribar al piso de la
crisis), con tasas de desempleo
estructuralmente altas, con salarios bajos (donde los 100 dólares promedio de
retribución salarial de la Argentina actual resultan elevados) y, por lo tanto,
profundamente desigual.
Considerando las tres opciones que se plantearon
como resolución de una Crisis de Hegemonía, corresponde decir que la posibilidad
de que las clases dominantes en nuestro país puedan recuperar la hegemonía
perdida descansa en la afirmación del segundo de los escenarios planteados
(“mantenimiento del poder por vía autoritaria”).
Ellos necesitan mayor capacidad de represión. En un contexto de rechazo social al orden
vigente, donde las tendencias futuras del capitalismo vernáculo no son
portadoras de derrame alguno, necesitan una mayor restricción de las libertades
individuales y de los espacios democráticos y una mayor presencia de las
estrategias de control y coerción sobre las demandas populares.
Es en este plano donde deben ubicarse tanto la
situación abierta en términos de violencia material y física que se descargara
sobre la sociedad argentina desde Diciembre del 2001 en adelante, como la
convocatoria a elecciones anticipadas realizadas por el presente gobierno.
Ciertamente, a partir del cuestionamiento masivo
que la sociedad hiciera expreso durante el año 2001, la respuesta ha sido la
puesta en marcha de un proceso brutal de redistribución regresiva de los
ingresos y la riqueza (violencia material). Esto se expresa en la expansión de
la tasa de desempleo, en la caída de los salarios reales, en la expulsión a la
situación de pobreza de aproximadamente unas 750.000 personas al mes y en la
confiscación de la riqueza de los pequeños y medianos ahorristas. Para permitir
ese desguace se dieron fenómenos claros de represión física dirigidos a
disciplinar la movilización popular tanto el 19 y 20 de Diciembre, como en las amenazas que se suceden en
distintos puntos del país y en el asesinato de los dos compañeros piqueteros en
el Puente Pueyrredón.
En este
marco de violencia económica y represiva la convocatoria electoral anticipada impide
una síntesis política mayor del cuestionamiento que viene ejerciendo la
sociedad argentina al modelo vigente. Buscan, en este sentido, evitar la
amenaza de que emerjan condiciones institucionales que hagan posible un
replanteo del régimen y del rumbo económico vigente.
Es decir que necesitan evitar la afirmación del
tercer escenario que hemos planteado como resolución posible de una crisis de
Hegemonía.
Objetivamente, mientras la lucha política orientada
por la priorización del conflicto social potenciaba niveles crecientes de
unidad política, el adelantamiento electoral tiene un objetivo claro: fragmentar la expresión popular de
cuestionamiento al orden actual y a mejorar las posibilidades de triunfo del
principal partido del régimen -el Justicialismo- .
Por eso se busca resolver su crisis interna por vía
de las denominadas internas abiertas,
o bien ley de lemas, articulando en
una eventual segunda vuelta con las expresiones de la derecha, y aprovechando
la persistencia de un importante nivel de ausentismo e impugnación sobre el
conjunto de la dirigencia política.
En este sentido, el objetivo es recobrar condiciones de legitimidad y legalidad que
permitan profundizar una nueva ofensiva del bloque dominante. Si lo logran,
intentarán liquidar la banca pública, mercantilizar la educación y regionalizar
la Argentina por vía del desguace de los aparatos institucionales de distintas
provincias.
El carácter restrictivo
y no democrático que exhiben las elecciones anticipadas se expresa en el
formato que el adelantamiento le impone a las mismas. Quedan circunscriptas a
elecciones sólo de Presidente y Vice sin renovación del conjunto de las Cámaras
de Diputados y Senadores en un contexto de absoluta crisis de representación.
Aún en el caso en que se eligieran la mitad de los
diputados y un tercio de los Senadores en la fecha establecida (Marzo del
próximo año), éstos no asumirían hasta Diciembre del año 2003, por lo cual el
nuevo Presidente deberá convivir durante sus primeros siete meses con el
sistema institucional actual (el mismo Parlamento y la misma Corte Suprema de
Justicia).
Es decir que además del efecto de fragmentación
sobre el cuestionamiento popular, las elecciones anticipadas configuran un
escenario donde incluso un eventual nuevo gobierno que quisiera modificar el
rumbo imperante deberá confrontar a partir de sus primeras horas de gestión no
sólo con la capacidad de los principales
agentes económicos de desestabilizar la situación en tanto la misma afecte
sus intereses, sino que además vería sumamente restringida su capacidad de acción institucional.
La “trampa” que supone este diseño es la respuesta
a una realidad objetiva que al Poder le preocupa: más allá de la violencia económica y represiva que se ha
ejercido, la sociedad argentina ha seguido cuestionando el rumbo actual. Ha
sido capaz, frente al intento de fragmentar los reclamos de ahorristas y
trabajadores, de construir convocatorias que favorecieron y dieron veracidad a
consignas tales como ”Piquetes y cacerolas la lucha es una sola” . Ha sido
capaz de estructurar una jornada de paro y movilización nacional en base a organizaciones que no
poseen compromisos con el sistema político tradicional. Ha podido responder,
incluso, con movilizaciones en todo el país y con niveles superlativos de
unidad a los asesinatos y la represión.
Es decir, la sociedad sigue nutriendo y alentando
la posibilidad de construir una nueva perspectiva y en cada una de las jornadas
de lucha en que esto se expresa, nuestra Central ha aportado a la hora de
garantizar la articulación y nacionalización de ese proceso.
En función de lo expuesto y del carácter tramposo y
limitante que define a la convocatoria electoral del oficialismo es que se
ratifica nuestra definición conceptual:
No hay salida democrática en el marco del
presente régimen. Transitamos, por lo tanto, su fase autoritaria y sólo habrá
salida democrática plena en tanto la sociedad argentina sea capaz de poner en
marcha un proceso de movilización y organización que garantice la construcción
de una nueva coalición política.
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