Pues bien, en parte en respuesta al clamor social, en parte por vergüenza ante el ridículo que le supuso al gobierno cobrar sólo 80000 millones de pesetas por las licencias, el Ministerio de Ciencia y Tecnología impuso una tasa por el uso del espacio radioeléctrico, que vendría a compensar la escasa recaudación procedente de las licencias. Pretendía, a fin de cuentas, recaudar una cantidad similar a la obtenidad en Alemania o Gran Bretaña, pero a lo largo de diez años.
Las operadoras pusieron el grito en el cielo. Los términos del concurso habían cambiado, y si finalmente la tasa se llevaba a cabo no podrían cumplir con el calendario de inversiones previsto.

La justificación del gobierno tenía su lógica: no había razón por la que las operadoras sí pudieran pagar grandes cantidades al gobierno alemán (y al de otros países menores) y no al español.
Pero la lógica de las compañías era, cuando menos similar: si habían podido pagar esas sumas era, en parte, porque se habían ahorrado una cantidad muy alta en el concurso español.

Finalmente, las condiciones del mercado cambiaron. Los niveles de endeudamiento eran tan elevados que muchas compañías dejaron de presentarse a los concursos. La recaudación descendió. Las empresas se vieron obligadas a abandonar los consorcios creados para la UMTS al no poder hacer frente a los pagos... El último gran concurso, el francés, fue un rotundo fracaso: había cuatro licencias, y los consorcios se fueron retirando ante las elevadas exigencias del gobierno, hasta que sólo quedaron en liza dos compañías el día que se llevó a cabo. El concurso tuvo que ser suspendido.

Así, arreciaron las protestas de las operadoras móviles españolas contra la tasa. Finalmente el gobierno, en un alarde de humildad reconoció que las condiciones del mercado habían cambiado y que la tasa debía ser revisada. Las compañías respiraron tranquilas.

Sin embargo, el intenso debate producido invita a la reflexión en numerosos aspectos. Por ejemplo, los defectos de los mercados oligopolísticos (y sus ventajas). 
Antes de esto, recordar ligeramente el modelo de concurso llevado a cabo en España. En él, las compañías presentaban sus propuestas, el gobierno las estudiaba y aceptaba las mejores. Ésas quedarían como operadoras en un mercado de reducida competencia, con los beneficios que eso conlleva, a cambio del pago de una cantidad. Con ese dinero se pretende transferir parte de los beneficios extraordinarios que obtendrán las empresas por su situación privilegiada a los consumidores.
Sin embargo, las decisiones del Estado suelen ser rígidas, en forma de ley, y las compañías se van a mover en un entorno que cambia a una velocidad extraordinaria, como es el del mundo en el que vivimos. Así pues, es muy difícil compaginar una regulación efectiva con el mercado. Los gobiernos británico y alemán cobraron en el concurso de las licencias una cantidad extraordinaria de dinero, que correspondía al nivel de beneficio que se esperaba. El gobierno español quiso cobrar una cantidad semejante, suponiendo unos niveles parecidos. Sin embargo, las condiciones del mercado cambiaron. Los beneficios esperados son ahora menores y las compañías van a pagar por las licencias más dinero del que posiblemente les vayan a reportar.
Los gobiernos han de estar ágiles para que su defensa de los intereses comunes no termine perjudicando a todos. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Chapeau. Una felicitación desde aquí, después de tantas críticas desde todos lados, y una invitación para que, si quiere regular todos esos mercados, permanezca muy atento a su evolución. Y no permita que unas leyes puedan quedar obsoletas en perjuicio de las empresas, los consumidores (que somos los que vamos a pagar la tasa vía subida de precios en el servicio de telefonía móvil) y de la sociedad en general.