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El Tema de la Semana

de Temas en el Siglo XXI



       La Inmigración en
                 España

por Alfonso Rosa García



 
 
 
 
 
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Tras el desgraciado accidente ocurrido en Lorca el pasado Enero, el debate en torno a la Ley de Extranjería ha arreciado en nuestro país. Las penosas condiciones de trabajo a las que se ven sometidos los inmigrantes en las explotaciones agrícolas ha generado multitud de opiniones en torno a la carestía de derechos con que se encuentran los inmigrantes ilegales; carestía que evidentemente proceda de su propia situación de alegalidad. 
Es un tema sumamente conflictivo, y que ataca las bases mismas de la actual conformación socio-económica mundial, y del nuevo capitalismo político surgido tras la caída del Muro de Berlín. 
A principios de siglo, las naciones de ultramar fueron receptores de una gran corriente de inmigrantes europeos, que buscaban una vida mejor en las solitarias tierras de América. La afluencia de inmigrantes permitió el desarrolló de estas zonas y el aprovechamiento de sus recursos. Los emigrantes partían de unas naciones medianamente ricas (o incluso de Gran Bretaña, el país más importante económicamente de la época), que debido al incremento demográfico no podían suministrar trabajo a todos sus habitantes. Se iban a otras zonas donde el paro era prácticamente nulo, ya que lo que había era una inmensa cantidad de recursos naturales sin explotar. 
Sin embargo, la inmigración que caracteriza los primeros años del siglo XXI es bien distinta. Los emigrantes parten de naciones muy pobres y sumidas en profundas crisis, para desplazarse a unos países con una riqueza muy superior, pero que tienen sus recursos casi plenamente empleados: así pues, la nueva mano de obra no resulta tan productiva y necesaria como lo era la de principios de siglo. Ésta viajaba de zonas desarrolladas a otras en desarrollo, y aportaba en buena medida sus conocimientos. La moderna emigración tiene pocos conocimientos que aportar a sus países de acogida, y es por ello que la mayor parte de esos trabajadores se emplea en los sectores que, mayoritariamente, la población del país rechaza: agricultura y, en menor medida, hostelería. Así mismo, las mujeres se emplean en gran número como empleadas del hogar o niñeras. 
Sin embargo, estos trabajos son abandonados progresivamente por los nativos. En España, la población agraria desciende continuamente, y los jóvenes de los pueblos abandonan éstos, cada vez les resulta más difícil a los restaurantes encontrar camareros,... Así, se estaba creando una escasez de mano de obra que presionaba al alza los salarios. Recuerdo perfectamente cómo el jornal en la Huerta de Murcia se pagaba hace unos ocho años alrededor de las cuatro mil pesetas. Hoy está en torno a las ocho mil. Sin embargo, es difícil encontrar trabajadores. 
Esta situación, evidentemente, es muy atrayente para los habitantes de los países más pobres. En algunos países de África, se puede cobrar fácilmente una cantidad treinta veces menor: aquí se conigue en un solo día, lo que allí requiere todo un mes. También hay otros países, como Ecuador, que sufre una crisis económica brutal, y ha llegado a padecer tasas de paro mucho más altas que las que ha tenido España en los últimos años. Si no recuerdo mal, han llegado a estar en torno al 50%. 
Nos encontramos, por tanto, con unos inmigrantes dispuestos a trabajar a un precio mucho menor del que se paga. Esto ha sido aprovechado por muchos productores agrícolas para rebajar sus costes de producción. No hay que olvidar que, en la agricultura, gran parte del coste final procede de los salarios. Así que se ha empleado masivamente a extranjeros, dispuestos a trabajar por mucho menos dinero. 
¿Qué ocurre? La afluencia de inmigrantes ha ido progresivamente en aumento, de modo que actualmente hay una gran cantidad de ellos. Quizás en exceso, lo que puede permitir a los agricultores ofrecer jornales mucho más bajos, ya que el trabajo empieza a escasear. 
La respuesta del Gobierno con la Ley de Extranjería ha sido acelerar la expulsión de los ilegales. Esto permitirá a los que están en el país legalmente disfrutar de mejores condiciones. Sin embargo, otros muchos tendrán que regresar a sus países de origen, y en muchos casos se habían endeudado fuertemente para venir a España. El drama humano es latente, pero la solución muy complicada. 
Si el Gobierno optara por legalizar a todos los inmigrantes, eso provocaría sin duda una afluencia masiva de extranjeros, que con la esperanza de obtener los papeles de residencia, vendrían en masa. La situación sería difícilmente sostenible. 
Si se expulsa a la mano de obra ilegal, se perderá gran parte de la cosecha, y los inmigrantes tendrán muy difícil obtener trabajo en sus países de origen. Y es ciertamente difícil negar el derecho al trabajo a cualquier persona. Desde el punto de vista de la moralidad, los argumentos como "el trabajo del país es para los nativos" son difícilmente defendibles. ¿Por qué si en un sitio se puede vivir bien una persona tiene que estar condenada a un malvivir por el simple hecho de haber nacido en otro país? 
Se nos plantea también otra cuestión. Si esa gente viene a España porque se ofrecen saarios más altos, ¿por qué no producen en sus países esos mismos bienes a un precio menor? De esta forma, los países pobres tendrían un medio de generar riqueza, y la inmigración se vería frenada porque esa gente tendría posibilidades de incrementar su nivel de vida en su propio país. Sin embargo, esto no es posible. No por el hecho de que en las naciones de origen el clima no permita esa clase de artículos, que sí se pueden producir, sino por la PAC, la Política Agraria Comunitaria. 
Cuando se fundó la extinta CEE uno de los pilares de ésta era la política agraria. El sector agrícola europeo era fuertemente ineficaz, y sus productos escasamente competitivos. Sin embargo, se consideró que por motivos estratégicos era importante que hubiera una agricultura potente. Así no se dependería del exterior para el suministro de alimentos, y en un tema tan importante como ése, se podría dar comida a la población, por ejemplo en caso de guerra con el exterior. Así, se sostuvo a base de subvenciones un sector mucho menos eficiente que en otros países. 
Un gran número de los agricultores europeos se beneficiaron de esta medida. Al disminuir la entrada de productos de otros países, pudieron alcanzar un nivel de renta digno, al aumentar el precio de los productos agrícolas. Hoy en día, en el interior de la UE se pagan precios más altos por los alimentos que los que rigen en el resto del mundo (excepto, quizás, en Japón, también con una política agraria extremadamente proteccionista). Esto beneficia a los agricultores claramente, pero para el resto de la población supone un problema: ¿por qué se ve obligada a pagar un mayor precio por unos productos que podría encontrar más baratos? 
Esta situación permite a los agricultores europeos producir a unos costes mayores que en el exterior. Es por eso que los precios que se pueden pagar a la mano de obra son superiores, lo que provoca la fuerte inmigración que se está produciendo. 
Además, la UE es un mercado de más de 300 millones de habitantes con un alto poder adquisitivo. Los países pobres podrían destinar aquí sus exportaciones agrícolas y usar éstas como motor de su desarrollo. No obstante, la política agraria evita que entren esos productos para favorecer a los productores europeos. Esto es una de las causas de que la producción mundial agraria no encuentre una fácil salida en los mercados, lo que produce que caigan los precios. 

Por tanto, podemos afirmar que la política agraria desarrollada desde la UE tiene, principalmente, las siguientes consecuencias: elevación de los precios interiores, lo que permite a los agricultores europeos poder tener un nivel de vida digno, pero que obliga al resto de la población a pagar más por unos alimentos que podría tener a un menor precio, y disminuir los precios agrarios mundiales, lo que que provoca que las explotaciones agrarias del Tercer Mundo sean escasamente rentables. 
Así pues, estamos creando una situación bastante ilógica: por un lado elevamos los precios para que los agricultores puedan vivir bien (un fin muy noble) y evitamos que los productores exteriores se beneficien de nuestra riqueza al limitar nuestras exportaciones de sus productos. Sin embargo, cada vez menos europeos quieren trabajar en la agricultura, por lo que la mano de obra escasea, suben los salarios y empiezan a entrar inmigrantes para obtener unos sueldos que ni siquiera podrían soñar en sus países de origen. Tantos inmigrantes empiezan a provocarnos una situación incómoda (no todos quieren trabajar, algunos cometen delitos y pagan justos por pecadores) y empezamos a ver un problema en esa inmigración masiva. 
A mi parecer es difícilmente defendible la postura del gobierno y la oposición, tanto la de las fuerzas políticas como la de la población, que acepta sus propuestas. Por ejemplo, si bien es cierto que el Plan Hidrológico Nacional beneficia a Murcia, ¿por qué tanta importancia para un sector ineficaz, en el que cada vez menos gente quiere trabajar, y que se mantiene vivo gracias a que limita la entrada de productos exteriores, mucho más baratos? Todo esto es difícilmente sostenible. Además, cuando al prohibir la entrada de productos del Tercer Mundo les estamos impidiendo una vía para su desarrollo, y en cierto modo favoreciendo, y perpetuando, su situación de pobreza. Y encima nos quejamos de sus emigrantes, que vienen aquí para intentar comer, lo que en sus países no pueden hacer. 

Es bueno que en las campañas en favor de los pobres (DOMUND, telemaratones y demás) demos dinero para fomentar el desarrollo de esos países. Pero carece de cualquier sentido que no les permitamos vender sus productos libremente en nuestros países, con lo que podrían desarrollarse, y encima nos quejemos de que vienen en gran número en busca de trabajo.

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