La Constitución, que goza de excelente salud a sus 23 años y puede exhibir con orgullo el título de ser obra del consenso y no de la imposición de algunos, sufre estos días el acoso de quienes pretenden abrir sus límites para obtener cosas diferentes o contrarias al espíritu que inspiró el texto en 1978. El pacto cívico de entonces, por su propia redacción, admite reformas y modificaciones y no cabe oponerse, por principio, a su modernización cuando la situación así lo requiera y el momento sea oportuno. Por eso acierta Aznar cuando sostiene que no es el momento de abrir el melón de la reforma constitucional, sino el de avanzar en el desarrollo de la ley de leyes desde una posición de honestidad y sinceridad.

Uno de los factores más importantes, de mayor significación, que permitió afrontar el difícil camino de la Transición fue el convencimiento de que había que sentar las bases de un nuevo Estado de Derecho, profundamente democrático y con la renovación de una nueva idea de España que nada tenía que ver con la impuesta por la simbología franquista. En esas condiciones la responsabilidad hizo posible el consenso y convirtió a la Constitución en verdadero instrumento para la convivencia en libertad.

Se puede modificar la Constitución y es, como dice Aznar, tan admisible y honesto plantear la reforma como pensar que tal reforma ni es precisa ni es oportuna. Y, desde luego, no se dan hoy las mismas condiciones para ello que en 1978. De entrada, no existe en la clase política la misma coincidencia de intereses generales y, mientras los socialistas hablan de «federalismo asimétrico» o de reforma del Senado (algo en lo que muchos populares están de acuerdo), otros desde su posición de gobierno en el País Vasco quieren escapar del actual marco jurídico por la brecha que abrirían términos como autodeterminación o soberanía.

Se echan en falta, 23 años después, respeto y lealtad al espíritu constitucional. Dos elementos que resultan imprescindibles para poder revisar el texto de la Carta Magna y hacerlo aún más habitable para todo aquél que considera de buena fe que debe otorgarse aún más reconocimiento al hecho diferencial autonómico. Por el contrario, proceder ahora a un nuevo debate constitucional desvirtuaría nuestra norma básica y haría de ella punto de desencuentro en lugar de la ley para la convivencia que ha demostrado ser.