Pero se equivoca quien piense que la situación es percibida igualmente por todos los vascos. Hay conciudadanos nuestros que están encantados con esta situación; pueden expresar sus ideas, e incluso gritarlas en cualquier sitio con entera libertad; ocupan puestos en el Gobierno y la Administración que nunca antes habrían sospechado sin que les suponga mayor riesgo; y encima tienen el privilegio de sentirse oprimidos y, por tanto, convencidos de que los demás, los escoltados, los marginados e ignorados, ese proletariado político que padece de hecho la situación, no sólo les debe algo que le arrebataron a sus abuelos, sino que somos los responsables de la grave situación política, porque somos «inmovilistas» y poco dialogantes, no respetamos las instituciones, etcétera.Vamos, que es un auténtico chollo esto de ser nacionalista. No sé por qué la gente se resiste a reconocerlo.

Esta situación no sería posible si no fuera por la enorme hegemonía ideológica del nacionalismo sobre el resto de las fuerzas políticas, que acaban interiorizando sus acusaciones más burdas y sus tópicos más tontorrones,como si fueran cosas obvias.

Uno de los últimos tópicos generados por los aparatos ideológicos del nacionalismo que se ha convertido en la esencia del ser vasco, dialogante, tolerante y amante del País, es que no hay que sacralizar las leyes. La mayoría de los vascos lo asumen como mera obviedad.¿Qué puede significar «sacralizar» las leyes? ¿Convertirlas en motivo de veneración, como la Virgen de Begoña? ¿Intentar transformarlas en inamovibles, eternas, como si fueran los diez mandamientos, otorgados por el propio Yahvé a Moisés? ¡Qué disparates! Así no vamos a ningún lado. Debemos ser dialogantes, flexibles, y de la misma manera que en su día elaboramos unas leyes, como el Estatuto o la propia Constitución, ahora podríamos aprobar otras que tendrían la misma validez, nos dicen quienes jamás asumieron la supuesta validez de estas leyes para los vascos.

No en vano siempre añadieron disposiciones adicionales para expresar que las acataban pero no las asumían y que, por tanto, no consideraban que resolvieran el «contencioso vasco», que no terminará mientras todos los ciudadanos de Euskal Herria no asumamos el proyecto nacionalista etnicista.

Y sin embargo, nada más alejado de la tradición vasca que esa postura ante las leyes del país. La tradición de los vascos en la defensa de sus derechos nacionales y el autogobierno no ha tenido nada que ver con este anarquismo nacionalista. Muy al contrario, los textos de los fueristas vascos están llenos de referencias a las «leyes sacrosantas», «leyes venerandas», etcétera, en las que se aprecia el uso el lenguaje religioso para referirse a las leyes que garantizaban el autogobierno. Porque, en efecto, las consideraban «sagradas».

Alguien podría pensar que esta manera de hablar no es más que la influencia de la Iglesia sobre la política del país. Nada más lejos de la realidad. Quienes se expresaban así no eran los carlistas, sino los liberales y, antes que ellos, los ilustrados.

¿De dónde puede proceder esta tradición? Según mis investigaciones, no es más que la influencia del pensamiento republicano sobre la Ilustración vasca, cuyos grandes exponentes fueron el lekeitiano Ibáñez de la Rentería, el alavés Foronda o el mundakés y militar del Ejército español Manuel de Aguirre; por no hablar de los liberales Pedro de Egaña o Mateo de Moraza.

Estos ilustrados y liberales diferenciaban, según la tradición republicana e ilustrada, las leyes sagradas y santas de las que no lo eran. Una costumbre que procede, nada menos, que de Numa, el segundo rey de los romanos, que diferenciaba las leyes que consagraban los derechos del pueblo, que eran santas, de las que regulaban alguno de los aspectos puntuales o coyunturales de la sociedad romana de la época.

Curiosamente, los nacionalistas que reivindican que las leyes no pueden ser «sacralizadas», como si tuvieran una extraña conciencia de estos hechos, tratan de trivializar aquellas que consagraban los derechos del pueblo.

La Constitución española, por supuesto, no es sacralizable, pero sí encierra unos artículos que deberían considerarse santos y sagrados: aquellos del Título I que consagran el derecho a la vida, a la propiedad, a la opinión, al honor, etcétera, de los ciudadanos. Mientras que hay otros que jamás merecerían este tratamiento. Pero los nacionalistas que cuestionan estos derechos cívicos son precisamente quienes lanzan la idea de que no hay leyes sagradas.

Me refiero lógicamente a ETA, que lleva una estrategia de exterminio de los no nacionalistas y de quienes sienten alguna piedad por ellos, como Uxue Busca. Y Xabier Arzalluz, cuando explica que en su Euskadi independiente los no nacionalistas tendríamos los mismos derechos políticos que los alemanes en Mallorca.

Quienes niegan que la Constitución y el Estatuto son sagrados es sólo porque desean colocar en su lugar un ídolo falso al que no sólo idolatran, sino que ansían que adoremos los demás: «la voluntad de la mayoría de la sociedad vasca» utilizada como un fetiche o como un detente bala, para mostrar su equidistancia de las víctimas y de los asesinos así como su falta de compromiso con el sistema democrático.

No es la voluntad solemnemente expresada en un referéndum, como en los de la Constitución y el Estatuto, sino la voluntad de los auténticos vascos que sustituye al monarca absoluto de los carlistas por un sujeto colectivo, pero no menos arbitrario y displicente con los derechos de las minorías y el sistema democrático.

Todo esto no son los resultados de la llamada «deriva soberanista», sino cuestiones sustanciales al nacionalismo vasco. No es casualidad que ni el PNV ni las numerosas fundaciones, asociaciones, colectivos, etcétera, que viven opíparamente del dinero público, hayan realizado ningún esfuerzo para legitimar el Estatuto, como denuncia con su lucidez característica Joseba Arregi en su La nación posible, sino que el lehendakari es el único mandatario del mundo, según mis investigaciones, que reconozco no son exhaustivas por ahora, que no jura cumplir y hacer cumplir la ley, sino simplemente «cumplir su mandato» («agindua bete»), cuyo significado habría que preguntar a su redactor, Jon Ajuriaenea. Con todo lo que ha llovido, no es difícil imaginar que se trata de alcanzar los fines últimos de su partido.

No conozco ninguna idea de Dios imaginada por ninguna religión que merezca más adoración y veneración que los derechos cívicos que protegen mi derecho a la vida, a opinar, reunirme, a manifestarme o a elegir a unos representantes políticos que tengan como primer compromiso la defensa de estos derechos, amparados en la Constitución; ni ningún cielo que merezca nuestro sacrificio mejor que la sociedad plural y abierta que diseña la Constitución, ¿por qué, entonces, no habríamos de considerarla sagrada?