Sadelas
(Sociedad Amigos de la Salud)
La Justicia no es una Técnica
Manuel C. Martínez M.
En los países de elevada e incontrolable corrupción burocrática, extensiva a la empresa privada gerenciada por pillos de la cosa pública, su práctica cada vez se perfecciona, lejos de aminorarse. Tal es el caso de Venezuela, donde los reclamos populares por una Justicia que dé cuenta de tanto delincuente de cuello blanco que pulula a sus anchas en las oficinas públicas y privadas se vienen traduciendo en la implementación de una estrategia que sólo refuerza la corrupción misma, y aleja más toda posibilidad de que el Poder Judicial se sanee a fin de poder sancionar ejemplarizadamente la corrupción hasta erradicarla o reducirla a su mínima expresión.
Esta estrategia reforzadora de más corrupción, avalada y sostenida desde el propio Poder Judicial (Tribunal Supremo de Justicia), la observamos cuando las protestas populares están siendo traducidas como una petición de mejoras técnicas que aumente los rendimientos tribunalicios. Efectivamente, hasta hace poco los expedientes eran elaborados a mano mediante la adición de páginas amarradas con hilo en perforaciones ad hoc, un labor que lleva su tiempo, pero que permitía que el funcionario o técnico correspondiente se compenetrara mejor con el contenido mismo de cada caso expedido y archivado.
La protesta popular para combatir la corrupción e incapacidad en el Poder Judicial se traduce ahora en mayores desembolsos presupuestarios destinados a la construcción de onerosas plantas infraestructurales *modernas* y al uso de la Informática y computarización digital para aligerar los procesos del empaquetado de los expedientes y se sustituya el hilo, la perforadora y al amarrador.
Pero, ocurre desgraciadamente que ahora esas innovaciones y supuestas mejoras técnicas se están traduciendo en una auténtica despersonalización de la justicia, en una deshumanización de la misma, y, lo peor, en que no es la formación a mano de los expedientes lo que el pueblo protesta, sino la moral de los jueces involucrados, la moral de los profesionales del Derecho, y la moral del funcionario público, contratado para servir y no para delinquir desde sus modernas y ahora computarizadas oficinas.
El caso es que la moral no es tecnificable, y ninguna moral se endereza con mejores instalaciones físicas ni con ordenadores de punta, porque sencillamente no es un asunto técnico lo que está en juego, como si se tratara de ambientes laborales donde el excesivo calor y el herramentaje de obsoleta tecnología impidiera incrementar la productividad del operario.
En Venezuela la Justicia cayó en manos burguesas que todo reducen a billetes sin importar su procedencia, y es así cómo un delincuente de la cosa pública, por ejemplo, usa el dinero procedente de sus delitos para comprar jueces, magistrados y funcionarios de los modernos edificios tribunalicios cuyos expedientes ahora son solicitados a una fría máquina que los imprime a la velocidad de la luz, pero unos expedientes que suelen contener sanciones exculpadoras de los mismos delincuentes que ayer también se salían con la suya con los viejos métodos técnicos de marras.
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