Sadelas
(Sociedad Amigos de la Salud)
La educación como hábito mercantil
Manuel C. Martínez M.
Decía en anteriores entregas que la educación masiva, popular y gratuita venezolana es característica del pasado siglo y, propiamente de su segundo tercio.
Ya, para ahora, nuestra educación ha dado muestra de ser una partida del gasto familiar en la que el peso relativo de los aportes gubernamentales se torna relativamente decreciente y poco a poco va convirtiéndose en una educación que cada vez más corre a cargo de los propios y devaluados bolsillos ciudadanos (salvo para los muy necesitados, quienes carentes de honrilla alguna exhiben su miserias a las puertas de los dadivosos gobernantes de turno, y hasta por los canales de TV).
Ejemplo incuestionable de esos asertos lo representa la pobreza de calidad que actualmente caracteriza los centros de estudios en todas sus fases hasta la universitaria, pobre calidad que se manifiesta en falta e inestabilidad en materia de cupo estudiantil, en improductivos paros e interrupciones frecuentes e intespectivos, en decocciones programáticas, en politicismo académico-estudiantil y profesoral, en crónicos déficit bibliotecarios así como de suministros administrativos; en conflictos obrero-patronales, etc.
Todos esos rasgos la acidad educativa venezolana tipifican palmariamente una producción educativa de tercera ante la cual los padres y representantes menos menesterosos vense obligados a buscar la alternativa correspondiente, esto es: a prescindir de esos centros públicos y contratar con entes privado- mercantiles o, si puede decirse así, centros lucrativos, o a conformarse con esa educación de tercera en plena correspondencia consigo mismo como clase social que de tercera esos padres y representantes representan en una sociedad que apenas les garantiza u ofrece un salario de baja subsistencia.
Pero, cometen crasos yerros quienes atribuyen irresponsabilidad a nuestros gobiernos de las últimas décadas, como supuestos violadores del derecho constitucional de la Educación Gratuita. Las constituciones también son históricas; surgen en momentos socioeconómicos cuya coyuntura impone el texto mismo de cada una de sus taxativas disposiciones.
Bien, la coyuntura del caso venezolano fue aquel medio analfabetizadamente *gomecista* que llenó más de las tres primeras décadas del Siglo XX (gomero, decían los analfabetos de marras quienes nunca leyeron: Gómez, y se limitaron a decir: Gome). En semejante medio los hábitos de escolaridad estaban aún por adquirirse por parte de las grandes masas populares. Para la mayoría de los padres y madres no era ningún problema si su hijos iban, o no, a la Escuela.
Y sucedió como ocurre con toda industria incipiente: el consumo de útiles escolares impuso una fase de intensa promoción tendente a la formación de hábitos para la demanda de semejantes e innovadoras mercancías que, como tales, debían ser compradas y obviamente se tradujo una novísima partida de gasto para el presupuesto familiar y gubernamental: textos, cuadernos, lápices, gomas de borrar, sacapuntas, cartulinas, portafolios, luncheras, diccionarios, instalaciones, edificios, pupitres, contrata de burócratas de la docencia, etc.
Como quiera que durante esos lustros postgomecistas semejantes gastos no estaban incorporados al salario medio de los trabajadores de entonces, el Estado se subrogó esas obligaciones presupuestarias por la vía de subsidios, subvenciones, y lo hizo en obediencia a mandatos constitucionales que fueron retomados con la caída del dictador.
Tal es el origen y explicación de la transitoriedad(1) que se ha venido revelando para el cacareado carácter gratuito de la Enseñanza Pública, afirmado este en un decreto presidencial del S. XIX (Antonio Guzmán Blanco 1829/1899): Ahora, prendidos como están los hábitos de consumo escolar y que se traducen en una suerte de complejo de inferioridad para cualquier familia cuyos hijos pareciera que morirían en caso de no ser enviados a colegios, ahora, decimos, tales familias bien pueden, a juicio de los industriales y gobernantes involucrados, costear directamente con sus salarios la educación de sus hijos, porque a estas alturas la industria de la educación* cuenta con una amplia clientela cimentada con hábitos de consumo para la compra de las mercancías escolares, mismas estas que durante la fase de promoción industrial los capitalistas impusieron que fueran adquiridas con cargo al Erario Público, es decir, costeados indirectamente por la familias mediante tributos e impuestos diversos.
Inferimos así que las perspectivas en esta materia son una sostenida y acelerada p r iv a t i z a c i ó n de los institutos docentes para los cuales la educación es una industria para consumidores cuyos hábitos culturales y educativos son ahora vulgares hábitos mercantiles.
029_19_08_1985, (ant. 31_19-08-1985)