GESTIÓN PÚBLICA

Primer Manifiesto

La Transparencia de todos los actos públicos o de gravitación pública será una Política de Estado: la democracia debe caracterizarse por la transparencia, y por lo tanto debe prestarse especial dedicación a la lucha eficiente y consistente contra la corrupción, para lo cual hacen falta por lo menos cuatro elementos fundamentales que deben constituir los ejes de esta política: a) Un marco legal basado en el principio de la desconfianza y no del idealismo. Un conjunto de leyes que reconozcan y admitan las contradicciones de la naturaleza humana y sus debilidades, y que dificulten sobre-manera las posibilidades de que lo corruptible en efecto se corrompa; b) Un Poder Judicial realmente independiente, orgulloso de su independencia pero controlado por el Poder Legislativo y absolutamente alejado del Ejecutivo; c) Una opinión pública atenta, vigilante y desconfiada; d) Una oposición activa y/o sectores sociales activos y entrenados para el control y la fiscalización.

Para poner en marcha esta Política de Estado, debe comenzarse por convo-car y coordinar a todas las organizaciones y todas las propuestas de transparencia que circulan en la Argentina, por parte de entidades o personas, a fin de poner en marcha organismos populares de control en todas las áreas. Los Contralores y/o De-fensores del Pueblo deben ser cargos de elección popular, renovables anualmente y sin posibilidad de más de una reelección. Habrá que implementar sistemas de sancio-nes, pecuniarias y morales, de cumplimiento efectivo para castigar a los corruptos y sin posibilidades excarcelatorias. Y debe establecerse el principio republicano de que aquellos funcionarios que perjudiquen con sus decisiones y acciones el patrimonio público, deberán responder con sus patrimonios personales dentro de los cinco años siguientes al ejercicio de su función.

Establecer para la República Argentina el Principio Básico de que ningún cargo público podrá ser desempeñado por una misma persona por más de ocho años continuados. Por ninguna persona, en ningún fuero y en ningún ámbito (nacional, provincial o municipal). Ni por elección ni por designación. Quienes hayan desempe-ñado cargos (uno o varios) durante ocho años no podrán desempeñar otros cargos, sin excepción alguna, por los siguientes cuatro años continuados en ningún ámbito público. Deberán volver a la vida privada y sólo podrán reincorporarse a la función pública luego de esos cuatro años y por otro ocho. El principio de la "No reelección" debe adquirir rango constitucional. Las "carreras" políticas vitalicias quedarán acota-das de este sano modo y la Política será, ahora sí, un auténtico servicio público.

Segundo Manifiesto

POLITICA de MORALIZACION de la GESTION PUBLICA. Debe ser sometida a fuertes controles basados en la independencia, capacidad profesional, integridad y acceso a TODA la información por parte de los que controlen colegiadamente. Todos los gastos reservados deben fundarse debidamente y deben ser auditables. Hay que fortalecer organismos como la Auditoría General de la Nación y la SIGEN. Esto impo-ne medidas refundacionales, como terminar con la estabilidad laboral del funcionaria-do. En todos los organismos públicos se deben implementar sistemas de evaluación permanentes y de ellos dependerán tanto la continuidad laboral como las probabilida-des de progreso de funcionarios y empleados, tal como se hace en las empresas privadas y en los países donde se ha profesionalizado la función pública. Esto debe valer tanto para los trabajadores de la burocracia estatal como para los que desempe-ñen cargos electivos. En todos los cargos, su productividad y desempeño deben ser sometidos a periódico control ciudadano. Asimismo, todos los funcionarios políticos debieran estar obligados durante su mandato a utilizar los servicios públicos (transpor-te, escuelas, hospitales) a fin de que conozcan las necesidades reales de los usuarios de los servicios del Estado.

Respecto de las propuestas ya formuladas en nuestro Primer Manifiesto a la Nación, tendientes a terminar con las "carreras" políticas y con la actividad política como "pro-fesión", proponemos abrir un ordenado y racional debate nacional para establecer las formas de profesionalización de la actividad política, y elevarlas a rango constitucional con base en los siguientes principios: a) Reasignar todos los recursos y gastos que genera la Política, mediante audiencias públicas y control ciudadano. b) Culminar el debate con un plebiscito vinculante, para decidir una nueva y moderna organización política territorial, que debe incluir la discusión acerca de la creación de regiones eco-nómicas. c) Promover similar debate para decidir la eliminación o modificación de los consejos deliberantes de las ciudades de menos de 100.000 habitantes, y/o establecer nuevas formas de control ciudadano honorario en aquellas de menor cantidad de habitantes.