Balance a la gestión de la actual Suprema Corte de Justicia
David La Hoz
El período de inamovilidad de cuatro años que para los miembros de la
Administración de Justicia Nacional establece el ordenamiento jurídico
dominicano concluye en el presente año. Es, en consecuencia, propia la ocasión
para pasar balance, para evaluar la gestión, para juzgar a los que juzgan, en
tanto virtud de toda democracia funcional. Primero que todo ha de establecerse,
¿qué hemos de entenderse por "administrar justicia?"
La respuesta a esa interrogante no resulta fácil, desde la óptica puesta en práctica en los últimos cuatro años. La selección de los actuales jueces se realizó en momentos en que la sociedad demandaba, entre otros, los siguientes puntos:
1. Celeridad en los procesos, objetivo que no podía cumplirse por la senectud de la mayoría de los integrantes de aquella SCJ;
2. Diafanidad en los procesos, lo que tampoco podía lograrse, pues prevalecía la corrupción. Las influencias políticas permeaban las decisiones de los jueces, al grado de que un político llegó a calificar como mercado a la justicia de aquel momento;
3. El personal judicial era mal pagado, los equipos eran obsoletos y el material gastable inexistente situación que hacia inoperante a la Administración de Justicia. Dicho de otro modo, la justicia de aquel momento no contó con un presupuesto adecuado;
4. La filosofía judicial aplicada por aquel entonces obedecía al control que ciertas castas ejercían ora por su linaje, ora por su prestancia profesional, ora por sus relaciones primarias, ora por su peso político.
Frente a ese cuadro, la sociedad repudiaba la justicia, la impugnaba y propugnaba por una nueva justicia donde normase el ideal democrático. Donde todas las taras fuesen extirpadas. En esa lucha convergieron todos los sectores, por tanto, es incorrecta la actitud vanguardista y de pase de factura que asumen hoy algunos sectores que pretenden endosarse el triunfo exclusivo de aquella jornada.
¿Qué tenemos ahora? La celeridad en los procesos sigue siendo un ideal por el
que luchan los abogados en ejercicio y sufren sus clientes; otros, se consuelan,
ante su impotencia, recurriendo a la exploración de métodos alternativos de
solución de litigios. La senectud sigue como el primer día. Con la agravante
de que los actuales jueces, se han autoproclamado vitalicios en el ejercicio de
sus cargos. Superando a la justicia anterior en descaro.
La diafanidad de los procesos actuales no puede ser medida, pues el viejo adagio
jurídico que "reza justicia retardada es justicia denegada" no
miente, eso es una forma de corrupción. Situación que se complica cuando -como
ahora- no existe un método transparente que permita establecer el procedimiento
empleado para la solución en el tiempo de cada expediente. Por demás existen
serios rumores según los cuales hemos pasado de una justicia política a una
justicia corporativa. Algunos miden esa tendencia observando que los asuntos
corporativos de ciertos sectores que se entienden artífices y en consecuencia,
beneficiarios del modelo actual de justicia, obtienen ganancia de causa con
prioridad a otros sectores. Esto se mide también por el éxito de ciertas
oficinas de abogados a las cuales acuden las corporaciones con preferencias a
otras que se entiende han caído en desgracia en el orden actual. Se habla en
entonces de cambio de poder y de derrota de la vieja gerontocracia jurídica.
Otros ven en esos cambios cierta forma de democracia porque han creado nuevas tendencias jurídicas y la emergencia competitiva de oficinas jurídicas con métodos realmente innovadores. La prontitud con que algunos de esos sectores salen en defensa del orden prevaleciente es otro síntoma de la supuesta connivencia. Es más, en ocasiones, se es capaz de predecir de dónde vendrá el apoyo al status quo jurídico luego de una imputación no importa lo sana que sea. Por tanto, el mercado, puede haber cambiado el pelo pero no las mañas como dice una conocida canción de Rafael. Todo esto es seguido de una actitud fundamentalista ante cualquier asumo de crítica, sin importar, lo técnica o constructiva que éste elaborada.
A nadie cabe duda de que en lo referente a remuneración del personal, equipos
mobiliarios e inmobiliarios, materiales gastables, condiciones ambientales de
trabajo, etc., ha habido una revolución verdadera. Hoy la denominada solemnidad
y majestuosidad escénica o de cosmético y decoración de la justicia se
asemeja al disfraz de un actor de teatro, a un arlequín.
Pero también aquí hay luces y sombras, pues no toda la categoría de personal
está bien remunerada, los jueces de la SCJ y los de cortes han mejorado su
condición económica, pero si se observa el volumen de trabajo que tienen los
de primera instancia y los jueces de paz, el aumento es pírrico. La situación
es todavía más descarada respecto al personal auxiliar, el cual ha visto
aumentada sus responsabilidades y sus servicios, no así su retribución
salarial.
Muchos tribunales del interior del país, e incluso del Distrito Nacional, esperan ser remozados de acuerdo con los gustos de hoy. También esperan equipos y material gastable. La ciudad de Salcedo es el prototipo de lo que decimos. La reforma continúa esperando, incluso, al modelo actual de justicia.
El plano publicaciones es otra de las luces del esquema actual, la labor de actualización de boletines judiciales casi se consigue. Aunque el internet comenzó bien es hoy un fiasco. Igual mención positiva merece la gestión de capacitación. El esfuerzo ha sido loable, los resultados requieren tiempo, pero por lo menos, se ha viajado mucho. El contacto con otras realidades jurídicas ayuda aún a pesar de los actores. Algunos opinan que para el presupuesto y política de intercambios con que cuenta este renglón, los logros han sido pocos. Más entendemos que quizás por esos espacios esté la mayor contribución de la actual gestión al proceso puesto en marcha no sin tropiezos.
En el punto donde el suscrito, encuentra un balance peor, es en lo referente a la filosofía jurídica aplicada por la actual gestión de la SCJ. Se ha priorizado una filosofía de enfrentamientos con el gobierno pasado para pasar a una de sumisión con el presente régimen (no sin tropiezos dados los intereses y apetitos populistas imperantes) cuando la prioridad ha debido ser la "jurisdización" de la sociedad. Los gestores de la SCJ no han entendido que tienen una responsabilidad como constructores del Estado de Derecho. Ese objetivo no puede lograrse con una justicia incapaz de llegar a las masas e impregnarlas de racionalidad jurídica. Jürgen Habermas insiste, y con él nosotros, en que las matemáticas y el derecho constituyen códigos comunicativos al igual que la lengua, la gramática. Si los destinatarios de esos códigos, no los entienden, si no son capaces de descifrarlos no habrá mensaje, y, si no hay mensaje no hay comunicación. Si no hay derecho comunicante y retroalimentado no hay Estado de Derecho.
Los barrios son víctimas de la delincuencia común como de la represión policial. La justicia ha sido incapaz de encontrar una salida a ese caos. La policía misma justifica su salvaje represión en la ineficiencia de la justicia. Los ciudadanos de a pie no saben con quien les va peor entre policías y delincuentes, pero la justicia no hace la diferencia. Cada uno de esos humildes ciudadanos está desprovisto del conocimiento jurídico indispensable y de la garantía jurídica pertinente para hacer valer sus derechos. Los derechos humanos, las libertades públicas, la lucha por la instauración del Estado de derecho, ha quedado en manos no del ciudadano destinatario de los mismos, sino de minúsculos grupos de gente que con razón y sin ella, se auto proclama defensor de esos derechos. El Estado de Derecho no puede descansar en intermediarios sino en la materialización de ideales justicia y libertad. Ese es un asunto que concierne a cada ciudadano/a. La SCJ ha sido incapaz de transmitir ese mensaje al pueblo.
La función "garantista", la función de concretizadora de la libertad, ha sido obviada por la actual SCJ. Sabemos que el mayor obstáculo es la posición de ciertos teóricos con influencia en el orden actual que entienden la justicia garantista bajo el apretado manto de la justicia burguesa del siglo XIX, donde toda garantía poseía un sello clasista. Esos añejos profetas han de ser desterrados, puesto que como bien entendía Rousseau, sólo su linaje les garantiza capacidad de opinión, pues no son capaces de andar como librepensadores, necesitan siempre de niñeras, mucamas y asistentes, como de padrinos. Una SCJ que acepta como asesores oficiosos a tales individuos y que los enquista en la Escuela judicial para que propaguen esa fe, está siendo generosa, fuera de su tiempo.
Por eso, hoy su gestión es presa de la impopularidad, quedando, hoy como ayer, a merced de grupos de interés político y corporativos cuyo único propósito es sacar provecho de la debilidad judicial imperante.
Ante ese estado de cosas, preferimos ser críticos constructivos, conscientes de que hemos dado un paso hacia delante y dos hacia atrás, pero sin pasar factura, sin auto proclamarnos artífices y beneficiarios de la justicia de hoy. Pero sí conscientes de que todavía no se ha ganado la guerra contra el atraso judicial y su hermana la trapisonda política y corporativa, las cuáles tienden sus siniestras manos sobre un poder judicial plagado de luces y sombras.
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