Las cifras envueltas en escándalos recientes de corrupción en la República Dominicana son tan altas que posiblemente si contásemos con ese dinero no fuera necesario endeudar al país a través de peligrosos instrumentos como los llamados “bonos soberanos” o establecer el cobro de mayores impuestos en detrimento de los segmentos más pobres de la población.  

La sumatoria de los montos ofrecidos por nuestras propias autoridades como pérdidas resultantes de casos de corrupción, tales como, el Plan Renove, los impuestos dejados de percibir por la importación de vehículos, el contrabando de bebidas alcohólicas, entre otros tantos, arroja un número bastante impreciso de más de RD$600,000,000,000, multiplicando por tres el presupuesto de la nación.

Tenemos como resultado entonces que el Estado intente recuperar lo perdido a través de más préstamos, más contratos, más concursos para realizar obras de infraestructura, más acuerdos internacionales, más tributos y, en general, más posibilidades para seguir creando espacios fértiles para la realización de actos de corrupción, acrecentando el problema y alejando aún más las oportunidades de romper el círculo.

La corrupción afecta lo político, lo social, lo económico y, por todo lo anterior, deprime grandemente la calidad de vida del ser humano.  Por ello, la lucha contra estos actos se hace urgente y, por tales motivos:

1. Consideramos vano el intento de muchos juristas de corregir el problema mediante la redacción de nuevos instrumentos legales. De nada sirve diseñar mejores leyes y establecer penas más graves a las infracciones si en la práctica estos textos se convierten en letra muerta por falta de aplicación. Por ello, entendemos que los esfuerzos deben estar orientados a lograr una mayor eficiencia en la impartición de justicia y no simplemente a modificar la normativa vigente, puesto que, el hecho de que esté prevista una dura sanción para un acto delictivo no sirve para disuadir a un potencial delincuente de cometerlo si éste considera que la posibilidades de ser condenado son muy pocas.

2. Exigimos una revisión exhaustiva del quehacer de nuestros jueces y fiscales en los últimos años y una depuración del material humano cuyos fracasos se han hecho evidentes cada vez que los medios de comunicación recuerdan que la República Dominicana se encuentra, desde el año 2002, en el subgrupo de 60 países que Transparencia Internacional determinó que padecen de “corrupción endémica”.

3. En lugar de hacer más leyes, sugerimos la creación de una fiscalía especializada anticorrupción y tribunales con jueces destinados únicamente a conocer de estos casos.

4. Esperamos que la clase jurídica emergente reciba mayor instrucción en universidades sobre los delitos contra la cosa pública, categoría prevista en nuestro Código Penal de la cual los actos de corrupción son grandes protagonistas. En las escuelas de derecho de las principales universidades del país ni siquiera se incluye dentro del temario esta parte tan importante del derecho, lo que da lugar a que, mientras más licenciados en derecho produzcan las universidades, menos se conocerá sobre este tema tan trascendental, lo que augura un futuro con un peor manejo de las leyes penales y con aún mayores deficiencias del sistema judicial en el momento de emitir juicios, decisiones y castigar actos de esta naturaleza.

5. Solicitamos a nuestra clase empresarial que no estimule la realización de actos de corrupción convirtiéndose en agentes activos de delitos como el soborno a funcionarios públicos simplemente para satisfacer intereses particulares inmediatistas.  En el mediano plazo, esa misma clase empresarial también padece los efectos de una economía en crisis como consecuencia de la desviación de fondos del Estado.

6. Consideramos que el exceso de mecanismos burocráticos en muchas oficinas públicas constituye una importante fuente de corrupción.  Por tanto, requerimos que se disminuyan los incentivos para que, por un lado, los funcionarios se corrompan y, por otro lado, los ciudadanos intenten corromper, agilizando los trámites que cuenten con trabas innecesarias y/o estableciendo mecanismos especiales para la entrega rápida de algún resultado a través del pago de una suma mayor a la ordinaria pero debidamente regulada, a fin de que lo recaudado en efecto llegue a las arcas del Estado.

7. Entendemos que podría ser de mucha utilidad el diseño de políticas educativas tendientes a rescatar y promover valores éticos en los jóvenes dominicanos mediante charlas, cursos especiales y materias obligatorias en los programas de las escuelas, colegios y universidades.

8. Esperamos que la opinión pública esté consciente del rol que les toca jugar en el proceso de lucha contra la corrupción y exigimos a los dueños de los medios de comunicación en el país el respeto a la libertad de expresión y la facilitación de mecanismos que permitan denunciar los actos de corrupción, con apego a la ética periodística, sin temor a retaliación o repudios que pretendan censurar a los periodistas de forma directa o lograr de ellos una autocensura.  Estos dueños de medios de comunicación son también parte de ese gran poder económico que a la larga resulta afectado por los resultados de la corrupción.

JUVENTUD NACIONAL COMPROMETIDA, INC.