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Publicado en el periódico LISTÍN DIARIO
Miércoles 20 de junio de 2007
página 11
COALICION PARA LA DEFENSA DE LAS AREAS PROTEGIDAS
DECLARACIÓN EN DEFENSA DE LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS QUE AFECTAN A LAS ÁREAS PROTEGIDAS
En los últimos años las áreas protegidas de la República Dominicana han sido amenazadas de manera sistemática por intereses vinculados a todo tipo de personajes: especuladores inmobiliarios, senadores y diputados clientelistas, buscones de todo tipo, funcionarios públicos de alto rango, más preocupados por sus propios negocios que por el interés nacional, empresarios turísticos irresponsables, jueces venales, registradores de títulos deshonestos y mafias expertas en falsificar títulos de propiedad, entre otros.
Los escándalos que se han sucedido desde hace varios años hasta la actualidad, en relación con los intentos de enajenar porciones de áreas protegidas en beneficio de la especulación inmobiliaria, evidencian deficiencias en nuestras instituciones que obstaculizan el cumplimiento de la ley con la firmeza que requiere la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana.
La Coalición Para la Defensa de Las Areas Protegidas es respetuosa de todas las leyes dominicanas. En base a estas leyes se ha creado una serie de áreas protegidas, imprescindibles para la supervivencia de la biodiversidad y el bienestar humano en el país. Por ello, conscientes de la importancia de mantenerlas intactas, hacemos el presente llamamiento a los poderes públicos y a las instituciones gubernamentales, empresariales y sociales para que se respete su integridad y carácter patrimonial, garantizando a la vez que cualquier proceso referente a la modificación de la legislación vigente se realice dentro de un esquema de legalidad y transparencia.
La ley 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Ley 202-04, Sectorial de Areas Protegidas y Biodiversidad, establecen claramente que la custodia y el manejo de SINAP corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A pesar de las deficiencias detectadas en la Ley 202-04, tanto en su contenido como en el proceso que llevó a su aprobación, todos estamos obligados a respetarla, al igual que la Ley 64-00, mucho más coherente con los fines de conservación que la motivan.
Hemos detallado los múltiples errores, inconsistencias, contradicciones y pecados de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas: categorías inadecuadas como el caso del Santuario de Mamíferos Marinos; limites imprecisos como en Diego de Ocampo y Laguna de Cabral; fraccionamiento de áreas como en Monte Cristi; eliminación de paisajes protegidos; limites inadecuados por ampliación, reducción o deformación, entre muchos otros.
Es por estas razones que creemos necesario que se realice una modificación de la Ley Sectorial de Areas Protegidas 202-04, que la hagan viable para cumplir con su función prioritaria: Generar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas acorde con las necesidades de conservación de la biodiversidad dominicana y las herramientas necesarias para que se maneje de manera ordenada y transparente.
Es preciso señalar, sin embargo, que nunca ha existido confusión ni en el Parque Nacional del Este ni en el Parque Nacional Jaragua. Lo que ha habido son intereses que pretenden apropiárselos; intervenciones violatorias al ordenamiento legal; permisos irregulares por las fuentes que los han generado; irrespeto de los límites establecidos por funcionarios interesados en proponer desarrollos inconsistentes con los mandatos legales.
Aun cuando es prerrogativa del Senado de la República y de su Comisión Ambiental elaborar o modificar leyes, el sector ambiental no ve con buenos ojos el procedimiento que se ha pretendido emplear para modificar la Ley 202-04. Consideramos, en virtud de las denuncias realizadas por el Secretario de Estado de Medio Ambiente y otros sectores, que este proceso iniciado adolece de transparencia y se ha excluido del mismo a los actores claves que garantizarían el llevarlo a buen fin.
Solicitamos pues que la reforma de la Ley 202-04 sea realizada por el Congreso, conservando su espíritu y sin que la misma contribuya a facilitar acciones que devengan en detrimento de la protección del Medio Ambiente, en base a propuestas técnicas aportadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con la asesoría al Congreso de la Academia de Ciencias en virtud de las funciones que le han sido atribuidas por este organismo a dicha institución y con la participación y el apoyo de toda la comunidad ambiental y científica en general.
Hacemos un llamamiento a la Comisión Ambiental del Senado, para que reconsidere la situación actual de conflicto creado en el proceso de reforma de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, y que abogue por propiciar en lo sucesivo un clima de transparencia y de cooperación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las entidades científicas y académicas interesadas en el tema, el movimiento ambiental en todas sus expresiones y todas las instancias de la sociedad.
De ser así, el Congreso Nacional honrará su compromiso con el país y será motivo de orgullo y no de escarnio, lo que, sin duda, redundará en el beneficio de los auténticos intereses de nuestra Nación.
La Coalición Para la Defensa de las Areas Protegidas convoca a la ciudadanía a ser partícipe en este importante proceso y mantenernos vigilantes, asistiendo a la interpelación del Senado al Dr. Max Puig, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Congreso Nacional, el próximo miércoles 20 de Junio a las 3:00 de la tarde. De esta manera estaremos apoyando el respeto a la institucionalidad, la transparencia y la defensa de uno de nuestros patrimonios nacionales más importantes: las áreas protegidas de la República Dominicana.
Yvonne Arias
Por la Coalición de Defensa de las Areas Protegidas
GRUPO JARAGUA
ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
CONSORCIO AMBIENTAL DOMINICANO
LOMA QUITA ESPUELA
FUNDACIÓN PROGRESSIO
CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BAHÍA DE SAMANÁ Y SU ENTORNO
INSTITUTO DOMINICANO DE ECONOMÍA ASOCIATIVA
PROGRAMA ECOMAR
CENTRO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE CON TECNOLOGÍA APROPIADA
COMISIÓN AMBIENTAL DE LA UASD
ASOCIACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
SOCIEDAD ECOLÓGICA DEL CIBAO
ECOPARQUES
FUNDEMAR
GRUPO ECOLÓGICO TINGLAR
GAIA TROPICAL
JUVENTUD NACIONAL COMPROMETIDA (JUNCO)
ASOPROVIDA
CONGRESO POPULAR DEL YUNA
FEDERACIÓN DE CAMPESINOS HACIA EL PROGRESO DE BONAO
ENCUENTRO DOMINICANO CON LA TIERRA
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