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Publicado en el periódico LISTÍN DIARIO

Miércoles 20 de junio de 2007

página 11

 


 

COALICION PARA LA DEFENSA DE LAS AREAS PROTEGIDAS

 

DECLARACIÓN EN DEFENSA DE LA TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS QUE AFECTAN A LAS ÁREAS PROTEGIDAS

 

En los últimos años las áreas protegidas de la República Dominicana han sido amenazadas de manera sistemática por intereses vinculados a todo tipo de personajes: especuladores inmobiliarios, senadores y diputados clientelistas, buscones de todo tipo, funcionarios públicos de alto rango, más preocupados por sus propios negocios que por el interés nacional, empresarios turísticos irresponsables, jueces venales, registradores de títulos deshonestos y mafias expertas en falsificar títulos de propiedad,  entre otros.

 

Los escándalos que se han sucedido desde hace varios años hasta la actualidad, en relación con los intentos de enajenar porciones de áreas protegidas en beneficio de la especulación inmobiliaria, evidencian deficiencias en nuestras instituciones que obstaculizan el cumplimiento de la ley con la firmeza que requiere la conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de la República Dominicana.

 

La Coalición Para la Defensa de Las Areas Protegidas es respetuosa de todas las leyes dominicanas. En base a estas leyes se ha creado una serie de áreas protegidas, imprescindibles para la supervivencia de la biodiversidad y el bienestar humano en el país. Por ello, conscientes de la importancia de mantenerlas intactas, hacemos el presente llamamiento a los poderes públicos y a las instituciones gubernamentales, empresariales y sociales  para que se respete su integridad y carácter patrimonial, garantizando a la vez que cualquier proceso referente a  la modificación de la legislación vigente se realice dentro de un esquema de legalidad y transparencia.

 

La ley 64-00, General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la Ley 202-04, Sectorial de Areas Protegidas y Biodiversidad, establecen claramente que la custodia y el manejo de SINAP corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. A pesar de las deficiencias detectadas en la Ley 202-04, tanto en su contenido como en el proceso que llevó a su aprobación, todos estamos obligados a respetarla, al igual que la Ley 64-00, mucho más coherente con los fines de conservación que la motivan.

 

Hemos detallado los múltiples errores, inconsistencias, contradicciones y pecados de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas: categorías inadecuadas como el caso del Santuario de Mamíferos Marinos; limites imprecisos como en Diego de Ocampo y Laguna de Cabral; fraccionamiento de áreas como en Monte Cristi; eliminación de paisajes protegidos; limites inadecuados por ampliación, reducción o deformación, entre muchos otros.

 

Es por estas razones que creemos necesario que se realice una modificación de la Ley Sectorial de Areas Protegidas 202-04, que la hagan viable para cumplir con su función prioritaria: Generar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas acorde con las necesidades de conservación de la biodiversidad dominicana y las herramientas necesarias para que se maneje de manera ordenada y transparente.

 

Es preciso señalar, sin embargo, que nunca ha existido confusión ni en el Parque Nacional del Este ni en el Parque Nacional Jaragua.  Lo que ha habido son intereses que pretenden apropiárselos; intervenciones violatorias al ordenamiento legal; permisos irregulares por las fuentes que los han generado;  irrespeto de los límites establecidos por funcionarios interesados en proponer desarrollos inconsistentes con los mandatos legales.

 

Aun cuando es prerrogativa del Senado de la República y de su Comisión Ambiental elaborar o modificar leyes, el sector ambiental no ve con buenos ojos el procedimiento que se ha pretendido emplear para modificar la Ley 202-04. Consideramos, en virtud de las denuncias realizadas por el Secretario de Estado de Medio Ambiente y otros sectores, que este proceso iniciado adolece  de transparencia y se ha excluido del mismo a los actores claves que garantizarían el llevarlo a buen fin.

 

Solicitamos pues que la reforma de la Ley 202-04 sea realizada por el Congreso, conservando su espíritu y sin que la misma contribuya a facilitar acciones que devengan en detrimento de la protección del Medio Ambiente, en base a propuestas técnicas aportadas por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y con la asesoría al Congreso de la Academia de Ciencias en virtud de las funciones que le han sido atribuidas por este organismo a dicha institución  y  con la participación y el apoyo de toda la comunidad ambiental y científica en general.

 

Hacemos un llamamiento a la Comisión Ambiental del Senado, para que reconsidere la situación actual de conflicto creado en el proceso de reforma de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04, y que abogue por propiciar en lo sucesivo  un clima de transparencia y de cooperación con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las entidades científicas y académicas interesadas en el tema, el movimiento ambiental en todas sus expresiones y todas las instancias de la sociedad.

 

De ser así, el Congreso Nacional honrará su compromiso con el país y será motivo de orgullo y no de escarnio, lo que, sin duda, redundará en el beneficio de los auténticos intereses de nuestra Nación.

 

La Coalición Para la Defensa de las Areas Protegidas convoca a la ciudadanía a ser partícipe en este importante proceso y mantenernos vigilantes, asistiendo a la interpelación del Senado al Dr. Max Puig, Secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el Congreso Nacional,  el próximo miércoles 20 de Junio a las 3:00 de la tarde. De esta manera estaremos apoyando  el respeto a la institucionalidad, la transparencia y la defensa de uno de nuestros patrimonios nacionales más importantes: las áreas protegidas de la República Dominicana.

 

 

Yvonne Arias

Por la Coalición de Defensa de las Areas Protegidas

 

GRUPO JARAGUA

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONSORCIO AMBIENTAL DOMINICANO

LOMA QUITA ESPUELA

FUNDACIÓN PROGRESSIO

CENTRO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BAHÍA DE SAMANÁ Y SU ENTORNO

INSTITUTO DOMINICANO DE ECONOMÍA ASOCIATIVA

PROGRAMA ECOMAR

CENTRO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE CON TECNOLOGÍA APROPIADA

COMISIÓN AMBIENTAL DE LA UASD

ASOCIACIÓN DE GUÍAS TURÍSTICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

SOCIEDAD ECOLÓGICA DEL CIBAO

ECOPARQUES

FUNDEMAR

GRUPO ECOLÓGICO TINGLAR

GAIA TROPICAL

JUVENTUD NACIONAL COMPROMETIDA (JUNCO)

ASOPROVIDA

CONGRESO POPULAR DEL YUNA

FEDERACIÓN DE CAMPESINOS HACIA EL PROGRESO DE BONAO

ENCUENTRO DOMINICANO CON LA TIERRA

 

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