Caracas.- En una platabanda del barrio Cuatricentenario de Petare la juez dictó la sentencia que llevó a la cárcel a Jesús Alfonso Niño Barreto, de 47 años, quien se negó a pagar 15 mil bolívares por la reparación de una tubería de aguas negras.

Barreto, residenciado en la calle Mara del encumbrado sector, tuvo que pernoctar en la sede de la Policía de Sucre por incumplir con el acuerdo que él mismo suscribió ante la Junta Interdisciplinaria de Conciliación. La juez Tamara Lara de Mendoza, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Justicia de Paz, lo convirtió en el primer caraqueño que es arrestado por esta institución, denominada Justicia de Paz.

El expediente comenzó a ser instruido el 15 de junio cuando cuatro familias del barrio decidieron poner fin a filtraciones de aguas servidas que amenazaban con derrumbar igual número de viviendas y afectaba el tránsito de vehículos y de peatones por la calle principal. Los vecinos contrataron a cinco jóvenes del barrio quienes cobraron 70 mil bolívares para reponer la tubería fracturada.

El costo total de los trabajos fue de 212 mil bolívares y cada familia convino en cancelar lo que le correspondía, es decir 53 mil bolívares. Pero Niño Barreto pagó solamente 30 mil bolívares.

Barrio sin ley

'Le dimos una semana de plazo y él no pagó. Incumplió el acuerdo que había firmado en presencia de sus vecinos. Ahora está en libertad y después de haber sido arrestado, decidió pagar lo que debía y todos los vecinos están contentos porque se sentó un precedente', explicó la juez de paz Tomasa Lara.

Sostiene que el Centro de Justicia de Paz del barrio Cuatricentenario de Petare está conformado por un juez, dos suplentes y dos conjueces. Allí se atiende un promedio de casos diarios y 'la palabra se respeta'.

Dijo que en diversas oportunidades se suscribe un acuerdo entre las partes. 'El juez no opina porque somos conciliadores y además nosotros mismos nos ayudamos porque también vivimos allí, en ese mismo barrio', acotó.

Recuerda que recientemente se solventó un problema con un drenaje de aguas negras que tenía más de veinte años sin solución. Hace algunas semanas cerca de cuarenta vecinos llegaron a un acuerdo con respecto a la música estridente que colocaba un residente del sector.

El armisticio puso fin a los vallenatos que atormentaban a todos los vecinos. Ahora todos colaboran para que los equipos de música no afecten a los miembros de la comunidad. Los casos más frecuentes que se ventilan en ese tribunal de paz refieren hechos de violencia intrafamiliar, sobre todo con respecto a lesiones y agresiones que sufren los menores de edad.

La juez Lara de Mendoza dijo que se trata de un ejemplo que debe ser emulado en otras urbanizaciones del este de la ciudad donde también se observan frecuentes peleas e inconvenientes que son fáciles de resolver porque se trata en su mayoría casos de condominio.

Lamentó que mucha gente opine que en los barrios de Caracas no hay ley, pero en el sector Cuatricentenario todos han logrado convivir pacíficamente, gracias a la justicia de paz, entre otras razones porque no hay abogados que compliquen aún más los conflictos cotidianos.

Caracas.- Una gotera que no dejaba dormir a un anciano de 72 años que vivía en el piso inferior fue motivo de disputas entre dos familias residentes de la Parroquia Antímano, cuyos integrantes comenzaron a mirarse con recelo, luego se gritaron obscenidades en plena vía pública y finalmente terminaron por liarse a puños. La disputa fue dirimida finalmente en la jefatura de la parroquia donde ambas partes firmaron una caución. La gotera fue eliminada y el problema vecinal culminó.

El abogado Ramón Flores Carrillo, prefecto del Municipio Libertador, refirió que en las jefaturas civiles se busca fundamentalmente un entendimiento entre las partes. 'El prefecto, a través de los jefes civiles, es la autoridad civil y política del municipio y de cada una de las parroquias bajo su jurisdicción. Es una especie de juez de paz, que se encarga, entre otras cosas, de servir de mediador o de resolver los problemas domésticos entre vecinos, así como también hechos de orden administrativo', relató Flores.

De acuerpo con la Ley Orgánica del Distrito Federal los prefectos tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, las leyes, decretos, ordenanzas y reglamentos. Pero además colaboran con el mantenimiento del orden público y la seguridad colectiva, combaten los juegos ilegales y evitan la presencia de menores de edad en establecimientos no aptos para ellos.

Enlace Gobierno-comunidad

No obstante, el habitante común _la madre de familia, el trabajador, el estudiante_ conocen de la prefectura y más aún de las jefaturas civiles, debido a que es el sitio donde tramitan un sinfín de papeles y documentos, necesarios para muchas de sus actividades cotidianas.

Ciertamente en una jefatura civil los vecinos pueden tramitar desde una partida de nacimiento, contraer matrimonios, registrar defunciones, inscribirse en el servicio militar, legalizar convivencias o concubinatos, gestionar fe de vida o de domicilios hasta tramitar permisos para mudanzas de la jurisdicción.

'La idea es tener enlaces directos Gobierno-comunidad. El jefe civil tiene que estar en la calle, al lado de los vecinos, atendiendo sus problemas cotidianos. Escuchar, por ejemplo, al vecino que tiene un inconveniente con el agua y servirle de puente ante Hidrocapital, si es un problema de huecos en una calle o avenida, llamar a la alcaldía', dijo.

Seguridad y otras funciones

Las responsabilidades fundamentales del gobernador tienen que ver con la seguridad, salud y educación, donde el primer elemento es atribución de las prefecturas para lo cual se apoyan de la Policía Metropolitana y en la Guardia Nacional.

En Caracas crearon buzones confidenciales en las 22 jefaturas civiles, cuya información les permite diseñar planes y estrategias para contribuir a la lucha contra la delincuencia y realizar operativos de profilaxia y contra los juegos ilegales.

Refirió el prefecto de Caracas que igualmente a ellos les compete la inspección de los expendios ambulantes de comida, para verificar que éstos tengan su permisos respectivos y cumplan con las normas sanitarias. Igualmente hacen revisiones con la ayuda de los bomberos para comprobar si las bombonas de gas que usan estos vendedores son seguras.

'La comunidad está compenetrada con la labor de la Prefectura; hemos procesado gran cantidad de denuncias. Hago un llamado a los vecinos para que develen cualquier irregularidad por el teléfono 8611515', dijo Flores.

Caracas.- El éxito que ha tenido la figura del juez de paz en la capital ha provocado que las propias comunidades estén pidiendo a gritos más personas que cumplan con la función de promover la convivencia pacífica y resolver los conflictos vecinales de la mejor manera posible, sin burocracia, gratuitamente y sin demoras. Actualmente, en el área metropolitana existen 59 jueces de paz, quienes comandan un equipo de unas 173 personas, cantidad que se ve minúscula al lado de los problemas cotidianos de los tantos millones de habitantes que tiene Caracas. La piedra de tranca para superar esta cifra en la capital, desde que comenzó a funcionar la justicia de paz en nuestro país en 1995, ha sido una ordenanza que impide la elección de jueces de paz en cada parroquia. Sin embargo, la aprobación de nuevas normas en varios municipios agilizará los procesos de elecciones de un mayor número de representantes. Gracias a esto, para mediados de este año el área metroplitana contará con más de 300 jueces de paz.

La directora del programa Justicia de Paz de la asociación civil Primero Justicia, María Ester Díaz, explicó que en un inicio se diseñó la ordenanza para poner en práctica un programa piloto con un escaso número de jueces de paz en la capital. Posteriormente, la necesidad de multiplicar esta figura se expandió por casi todas las parroquias de las cinco jurisdicciones metropolitanas. En Sucre y Baruta ya se aprobó la nueva ordenanza para optar a la elección de jueces de acuerdo a su número de habitantes (una autoridad por cada 4 mil habitantes). El Concejo Municipal de Libertador aún discute su aprobación, y, según indicó Díaz, no parece haber un interés sobre esta materia en los entes municipales de El Hatillo y Chacao. Por el momento, la jurisdicción con mayor cantidad de jueces de paz es Sucre, municipio donde actúan 54 jueces, junto a un esquipo de 153 suplentes y adjuntos. En Libertador hay cuatro para las parroquias San José, La Pastora, Catia y Macarao, y en Baruta sólo hay un juez de paz.

Mientras la intención de la justicia de paz es ofrecer una asistencia inmediata y transparente, alejada de cualquier tilde partidista, el mismo afán político presente en las gerencias municipales ha frenado, admite Díaz, la creación de nuevos jueces. 'En los concejos municipales se piensa que estamos desplazando liderazgos, pero no es así. Si las comunidades no acuden a los concejales es por algo, en todo caso, sólo se desplaza lo desplazable, y lo ideal es lograr que se trabaje en conjunto'.

El trabajo de asociaciones civiles como Primero Justicia y el Centro al Servicio de la Acción Popular (Cesap) realizado en los últimos dos años ha logrado cautivar a los vecinos sobre las ventajas de tener un juez de paz que defienda sus derechos a la vuelta de la esquina. Han realizado 13 talleres y 22 foros, eventos que motivaron que más de 15 mil personas desearan cristalizar este movimiento judicial en sus parroquias. 'Los entes municipales no se dan abasto con todos los problemas de sus comunidades. Pocas veces hay respuestas a conflictos cotidianos y lo mejor es solucionarlos a nivel local. Los jueces de paz no sólo han resuelto conflictos, sino que han servido para canalizar acciones con otros organismos para atacar las causas de los problemas', dice Díaz.

A pesar de haber en la capital sólo 59 jueces de paz, el año pasado éstos lograron resolver 3.242 casos. La mayoría de los conflictos planteados fueron por violencia doméstica (46%), seguidos por 42% de problemas con menores de edad (niños trabajadores, de la calle, maltrato infantil) y un 38% de contaminación ambiental (tala y quema, depósitos de basura en lugares inapropiados, entre otros). A nivel nacional, el porcentaje de casos relacionados con violencia intrafamiliar supera 96% de los casos, de los 18 mil resueltos el año pasado. En todo el país existen 121 jueces de paz, y este año, con las nuevas elecciones, la cifra se incrementará a más de 800.

La justicia de paz es un mecanismo para resolver pacíficamente los problemas de convivencia comunal y familiar, sin tropezarse con los obstáculos existentes en las jefaturas civiles o los tribunales. El juez de paz es una autoridad electa en comunidades de 4 mil habitantes, y se encarga de buscar solución a los conflictos vecinales. De esta manera, es posible resolver problemas como ruidos molestos, botes de basura, filtraciones de tuberías en aguas servidas, maltrato familiar, incumplimiento de ordenanzas, incumplimiento de deudas monetarias, problemas ambientales o violencia vecinal.

El juez utiliza dos procedimientos: * Servir de mediador para promover el diálogo entre las partes, y son ellas las que deciden la solución a su conflicto.

* Si no se logra la conciliación, el juez decidirá dando a cada quien lo que le corresponde en su justa medida.

Un juez de paz debe reunir los siguientes requisitos: ser venezolano, mayor de 30 años, saber leer y escribir, de profesión u oficio conocido, no pertenecer a la directiva de partidos políticos, tener como mínimo tres años de residencia en el lugar donde ejercerá sus funciones.

El presidente del grupo social Cesap, Armando Janssens, ve la justicia de paz como una de las reformas más democráticas que se han hecho en el aspecto judicial. Esta organización, entre otros tópicos, se encarga de capacitar a las comunidades para que implementen este tipo de justicia. 'En Venezuela hay experiencias aisladas, pero exitosas. Cientos de pequeñas tensiones se han solucionado y, en un futuro, es una de las acciones más adecuadas para dar respuesta a problemas inmediatos'.

Hay momentos en que los prejuicios que tenemos se diluyen, como me sucediera respecto a la aplicación de la Justicia de Paz, al conocer el informe que sobre su gestión rindieran sus representantes, en las recientes Jornadas Nacionales sobre la Justicia de Paz (23 de mayo de 1997). El presente es por ello un acto de retractación. Al ser promulgada la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz el 22/09/93, nos planteamos ante el nuevo sistema que instaurara, las siguientes dudas:

1. ¿Por qué se les asignó a 'jueces legos' tareas que presuponían conocimientos jurídicos? ¿Por qué en un país con un promedio altísimo de abogados y cuasi-abogados, no se exigió a los jueces de paz tal condición?

2. El mayor de los temores derivaba del hecho de que tales jueces, al ser elegidos por votación, se convirtiesen en agentes de los partidos políticos, acentuando su poder, y los males que generan.

3. También era motivo de preocupación el costo de los nuevos y numerosos tribunales.

La Justicia de Paz no surgió de la nada. A pesar de que la ley de 1993 fue la primera que se promulgara, los jueces de paz han existido en nuestro sistema desde la separación de la Gran Colombia. Así, el Código de 1836 (Código de Aranda), les atribuía el conocimiento de los juicios verbales y, la ley de organización de los tribunales los enumeraban entre ellos. Entre 1838 a 1841, los alcaldes desempeñarán las funciones de los jueces de paz, que éstos reasumirán para los juicios verbales, hasta 1863. En esta última fecha, desaparece la designación de los jueces de paz y se regula el juicio breve, dejado a cargo de los jueces de parroquia, se formulan algunos proyectos sobre su restablecimiento, como el elaborado en 1974, (Ley sobre Juzgados de Conciliación o de Paz), el de febrero de 1984, sobre Defensa y Asistencia Jurídica para Personas de Escasos Recursos. La figura, sin embargo, sólo se consolidará con la antes citada Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz del 14-08-93, normativa apresurada e inconsulta, que afortunadamente estableció una vacatio legis, que postergaría su vigencia hasta el 01-06-94. Durante la vacatio legis, se ejerció un recurso de inconstitucionalidad en su contra, y se produjo la extraña situación de que el Consejo de la Judictura dictara una resolución ordenando a los jueces de municipio asumir las competencias de los Juzgados de Paz.

Las críticas a la ley de 1993, por importantes sectores, (Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso, Fiscalía General de la República, Colegio de Abogados del Distrito Federal y Escuela de Vecinos de Venezuela), llevó a solicitar una extensión de la vacatio legis hasta enero de 1994. Lo anterior, propició una revisión a fondo, que originó una solicitud de reconsideración del presidente de la República, cuyas objeciones fueron acogidas, promulgándose así la Ley Orgánica de Justicia de Paz (sancionada el 9 de diciembre de 1994, y promulgada el 20 de ese mismo mes y año).

Esta ley, la vigente, fue objetada por las siguientes razones:

1. Se criticó su falta de fundamento constitucional, porque el artículo 136 de la Constitución, que se menciona como tal, sólo establece que el Congreso podrá atribuir a los estados o municipios materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización administrativa. 2. Se objeta, que destruye el sistema de la nacionalización de la justicia que se produjo en el año de 1945, cuando se hizo exclusivo del Poder Nacional la materia jurisdiccional para unificar el sistema.

3. La más grave objeción estriba en que la Ley Orgánica de Justicia de Paz, al consagrar el juicio de equidad para dilucidar los conflictos civiles, olvida que ello contrasta con el principio de legalidad. Las objeciones en el plano jurídico y los temores sobre las manipulaciones políticas, han sido subsanadas por los hechos. Ello es debido, por una parte, a que se ha acentuado la incapacidad de la justicia formal para satisfacer sus fines. Asimismo, el costo de tal justicia se ha hecho cada vez más elevado, al punto de que su acceso esté limitado a los sectores dotados de mayores ingresos. Quedaba la duda respecto a la politización de los jueces, elegidos como lo son por el sufragio, y susceptibles de remoción por referéndum. La vigente ley superó muchas de las objeciones que contra el sistema se formularon, sobre todo, limitó sus competencias a las cuestiones que sólo exigen de un árbitro de buena fe. Ahora bien, las prevenciones no se curan sino con pruebas fehacientes que las contradigan, y fue así como en las aludidas Jornadas Nacionales, obtuve respuestas positivas al escuchar el testimonio real de los jueces de paz.

Para cimentar el sistema, toda una campaña de formación ciudadana se ha venido desarrollando para sembrar que los valores fundamentales sobre los cuales se erige la convivencia son la responsabilidad y la libertad. En esta tarea, el motor fundamental ha sido la Asociación Civil Primero Justicia fundada en 1992 por un grupo de jóvenes bajo la dirección de Alirio Abreu Burelli.

Revisar mis opiniones originarias, es el producto de una de esas grandes lecciones vitales. Me había quedado en las prevenciones y en las críticas sin percatarme que había grupos organizados y, es el caso de Primero Justicia, que estaban trabajando activamente no sólo por superar objeciones como las mías, sino para proyectar un sistema de justicia desde la perspectiva del desarrollo social.

Mientras seguía viendo los vicios teóricos del sistema, una cuadrilla de laborantes estaban modelando una nueva forma de resolver los conflictos. La evidencia de sus realizaciones representada por los jueces de paz y sus positivas experiencias, cambió totalmente mi postura. El presente artículo, como lo señalara, es no sólo una retractación de mis dudas sobre el destino de la Justicia de Paz, sino reconfirmación de que un jurista no debe estar en contra de las instituciones de avanzada, ni crear obstáculos a los intentos de cambiar el sistema, sobre todo cuando el mismo es merecedor de las críticas de ineficiencia y de corrupción que se formulan al Poder Judicial, al punto de considerarse como prioritaria su reforma en el proceso de cambio del Estado.

 

Caracas.- La directora del proyecto Justicia de Paz de la Asociación Civil Primero Justicia, María Esther Díaz, informó que las comunidades del Municipio Libertador podrán elegir a estos funcionarios, dado que el alcalde Antonio Ledezma, firmó recientemente el reglamento electoral que complementa la ordenanza vigente sobre la materia.

La nota de prensa enviada por esa asociación señala que para dar inicio al proceso de elecciones, han venido trabajando desde hace dos años, con el apoyo de otras organizaciones y grupos de vecinos, en foros, charlas y talleres de preparación en el tema de la justicia de paz. Asimismo, se han definido las circunscripciones intramunicipales.

Como producto de este trabajo, las comunidades de los sectores Alberto Ravell, de El Valle; residencias Venezuela, Delgado Chalbaud, Densificación Coche y La Floresta, de Coche; parque residencial Los Caobos, de Candelaria, y Los Robles, de La Pastora, se preparan para realizar sus elecciones de acuerdo con el nuevo reglamento.

Hasta la fecha el Municipio Libertador cuenta con cuatro jueces de paz, en los sectores Chapellín, de El Recreo; calle Libertad, de Sucre; San José, de La Pastora, y Aguachina, de Macarao. Díaz dijo que el trabajo para apuntalar los jueces de paz ha sido fuerte, constante y sacrificado porque desde que los habitantes de la ciudad conocen de la existencia de la figura, llaman para establecer contacto con ellos. Acotó que el período de los actuales jueces está vencido, pero la Cámara Municipal se los acaba de extender otros seis meses más. De forma que Libertador pronto contará con nuevos jueces.