FICHA TECNICA

2. Ubicación geográfica: Cobertura sobre todo el país

3. Institución responsable: Entidad: Red de Solidaridad Social

Funcionario responsable: Fernando Medellin Lozano

Teléfono: (091) 3360979 - 3362214

Correo electrónico: [email protected]

4. Objetivo: Diseñar y coordinar la puesta en funcionamiento de la Red Nacional de Información como elemento fundamental del Sistema Estratégico e Integral de Registro, Información, Seguimiento y Evaluación (RISE) en apoyo al Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD).

5. Justificación: Desde el punto de vista geográfico, el fenómeno del desplazamiento involucra principalmente a 139 municipios, en los cuales se concentra entre el 85% y el 95% de la expulsión y la recepción de desplazados. Las regiones más afectadas por las acciones expulsoras de los grupos armados son el Urabá Ampliado (parte de Antioquia y del Chocó), el centro del Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el Catatumbo (Norte de Santander) la Sierra Nevada de Santa Marta y los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

Una de las necesidades más urgentes es contar con un sistema de información que permita la integración de los diferentes sistemas de registro e información actualmente existentes, algunos en manos de ONG, y otros a cargo de diferentes agencias estatales, escasamente compatibles unos con otros y centrados en su mayor parte únicamente en la información relativa a la atención humanitaria de emergencia.

6. Descripción: El proyecto consiste en el diseño de la Red Nacional de Información y la generación de una propuesta de los diversos sistemas existentes en las organizaciones públicas y privadas, otorgando alta prioridad a la cuantificación del fenómeno, al seguimiento a la evolución del mismo y a la caracterización (poblacional y territorial) de la población afectada.

Adicionalmente, incorporando la información sobre los programas y proyectos para la prevención del desplazamiento y la atención a la población desplazada (tanto públicos como privados), se posibilitará el seguimiento y evaluación de los mismos.

Las principales actividades del proyecto son:

• Estimación Global de la población desplazada.
• Evaluación y Seguimiento

7. Beneficios: Entre los beneficios generados por la implantación de la Red Nacional de Información se pueden destacar los siguientes:

• El montaje de la Red Nacional de Información permitirá que el Gobierno Nacional cuente con la información oportuna y confiable que sirva de base para definir políticas y estrategias coherentes para la atención a la población desplazada en todo el territorio nacional.

• La estimación y caracterización del fenómeno del desplazamiento le permitirá al gobierno nacional mantener un dato oficial del fenómeno que también apoyará la definición de las estrategias.

• El Sistema Unico de Registro facilitará la tarea de control que debe ejercer el gobierno nacional y el seguimiento sobre los recursos asignados a la atención de la población afectada

8. Situación actual: Algunos de los elementos del proyecto están en etapa de diseño y otros por iniciar su implementación:

• El sistema Unico de Registro ya fue diseñado, está desarrollado y se encuentra en etapa de prueba. Se espera que dentro del año 2000 se realice un proceso de divulgación en el ámbito nacional para su posterior implantación, dependiendo de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica de la Red.
• Los demás elementos del proyecto se encuentran en el planteamiento conceptual al momento y se requiere de la asignación de los recursos para el desarrollo del mismo.

9. Costos: El costo del proyecto es de MUS $ 1.305 distribuido de la siguiente manera:

Nota: Año 0 corresponde al año 2000.

Las fuentes de financiamiento propuestas son:

FICHA TECNICA

2. Ubicación geográfica: Cobertura sobre todo el país.

3. Institución Responsable: Entidad: Red De Solidaridad Social

Funcionario responsable: Fernando Medellin Lozano

Teléfono: (091) 3360979 - 3362214

Correo electrónico: [email protected]

4. Objetivo: Asegurar la operación de la Unidad Técnica Conjunta (UTC) durante el período 2000-2002, con el fin de aportar y transferir a la Red de Solidaridad Social, el conocimiento técnico especializado y la experiencia internacional sobre el tema de Prevención y Atención a las víctimas del Desplazamiento Forzado.

5. Justificación: El desplazamiento forzado es una estrategia de dominio territorial de los actores en conflicto, que se ha incrementado especialmente desde 1994, como consecuencia del conflicto armado interno.

La Red de Solidaridad Social, asumió la responsabilidad de dar respuesta al fenómeno del desplazamiento forzado por el conflicto interno, desde el pasado mes de marzo de 1999. La operatividad del día a día ha absorbido la capacidad del grupo y por lo tanto se vio la necesidad de implementar un grupo de apoyo en la esfera estratégica, de común acuerdo con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), que le permitiera a la Gerencia de la Red dar una respuesta estratégica con la creación de la Unidad Técnica Conjunta.

6. Descripción: El proyecto implica el aporte de los recursos requeridos por la Unidad Técnica Conjunta para poder desarrollar las actividades que se han planteado como prioritarias dentro de los lineamientos estratégicos del Programa de Atención a la Población Desplazada en las siguientes líneas:

1. Mejoramiento de la Calidad de la Asistencia Humanitaria de Emergencia
2. Apoyo al restablecimiento con base en soluciones duraderas
3. Apoyo a la Prevención y Protección de la población en zonas de conflicto
4. Mejoramiento de la Capacidad Institucional de Respuesta

Las actividades por áreas de trabajo son las siguientes:

1.- Planeación y programación:

• Elaboración de Perfiles de Proyectos del Plan Estratégico 2000 – 2002.
• Talleres Regionales de Divulgación de la Política y Concertación de Programas y Proyectos para Atención a la Población Desplazada.

2.- Atención humanitaria integral:

• Proyecto ACNUR/CICR/ECHO/PASTORAL SOCIAL/RSS: "Evaluación de la Atención Humanitaria de Emergencia" – Fase 2.
• Programa de Capacitación Regional en Atención Humanitaria Integral a la Población Desplazada.
• Manual Permanente (Actualizado) para la Atención Humanitaria Integral a la Población Desplazada.
• Actualización del Estudio sobre Cobertura de Atención Humanitaria para Población Desplazada.
• Implementación y evaluación Programa de Micro-créditos (Fase 2).
• Formulación y evaluación de un Esquema de Atención Integral en Salud para la Población Desplazada.
• Formulación y evaluación de un Esquema de Atención Integral en Educación para la Población Desplazada.
• Formulación y evaluación de esquemas de restablecimiento, retorno, reubicación y estabilización socioeconómica.
• Evaluación del esquema de acceso a vivienda.
• Evaluación del Programa de Crédito Productivo.

3.- Aspectos jurídicos

• Proyecto: Formulación de Incentivos al Sector Privado que emplee a la Población Desplazada.
• Proyecto: Formulación de Incentivos a los Municipios que inviertan en atención a la Población Desplazada.
• Proyecto de Prevención.
• Evaluación Proyecto de Prevención.

4.- Sistema Integral de Registro, Información, Seguimiento y Evaluación (RISE)

• Desarrollo Módulo de Consulta y Administración del RISE.
• Capacitación en el Sistema Unico de Registro (SUR).
• Recolección de Datos para cuantificación.
• Impresión y Divulgación de los Manuales del Sistema Unico de Registro (SUR).
• Soporte para la operación del Sistema Unico de Registro (SUR).
• Seminarios regionales: Divulgación del Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
• Encuentros Regionales para la Integración y Consolidación de la Red Nacional de Información Sobre el Desplazamiento Forzado.
• Divulgación de la Red Nacional de Información.
• Apoyo a la Operación de la Red Nacional de Información.
• Apoyo metodológico a la Defensoría del Pueblo en la creación un Sistema de Prevención representado por un Sistema de Alertas Tempranas y divulgación del mismo, así como la evaluación del impacto que este tenga.

7. Beneficios: La creación de la Unidad Técnica Conjunta, como órgano asesor de la Gerencia de la Red de Solidaridad Social en el nivel Estratégico de la problemática asociada al fenómeno del desplazamiento, le permite a la Red dar una respuesta operativa eficaz a la población afectada a través del grupo de trabajo del Programa de Atención a la Población Desplazada y mantener un grupo dedicado exclusivamente a la definición de lineamientos de política.

En los anteriores términos, el Gobierno Nacional está en capacidad de cumplir con los requerimientos definidos en la Ley 387 del 97. La población afectada por el fenómeno del desplazamiento recibe los beneficios definidos en la mencionada Ley y la sociedad en general se beneficia de manera indirecta con la ejecución de programas de prevención que evitan la ocurrencia del fenómeno y con la ejecución de programas de restablecimiento que le permite regenerar el tejido social destruido por la ocurrencia del fenómeno.

8. Situación actual: Mediante un convenio suscrito entre la RSS y ACNUR, se creó la UTC el 15 de Septiembre de 1999, y las actividades regulares del equipo de trabajo se iniciaron el 1 de Octubre del mismo año. Se dispone de financiamiento parcial para el año 2000.

9. Costos: El costo total del proyecto es de MUS$ 1.783 distribuidos como a continuación se especifica:

El año 0 corresponde al año 2000, año para el cual se tiene financiamiento provenientes de un convenio con el ACNUR equivalente a MUS$ 314.

Las fuentes de financiamiento propuesta son:

2. Ubicación geográfica: Cobertura sobre todo el País

3. Institución responsable: Entidad: Red De Solidaridad Social

Funcionario responsable: Fernando Medellin Lozano

Teléfono: (091) 3360979 - 3362214

Correo electrónico: [email protected]

4. Objetivo: Con la implementación del Observatorio Nacional se busca crear grupos de trabajo e investigación, en los que participen ONG nacionales e internacionales, entidades públicas y privadas y centros de investigación, para la formulación de estudios, análisis y documentos que posibiliten el diseño y evaluación de planes, programas y acciones para la atención integral a la población desplazada.

5. Justificación: El Gobierno Nacional no cuenta con una entidad que ayude a través del desarrollo de proyectos y de investigaciones a orientar y evaluar el impacto de las políticas públicas estatales generadas para el manejo del desplazamiento interno; el Observatorio se constituiría en un medio institucional para acercarse de una manera más académica al fenómeno.

Ante esta deficiencia en el documento CONPES 3057 del 99, se establece como un desarrollo de la estrategia de Fortalecimiento del marco Institucional, la puesta en funcionamiento del Observatorio como " una instancia de participación y control social por parte de la comunidad académica".¹

La puesta en funcionamiento del Observatorio Nacional está contemplada en el proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley 387 de 1999, y allí se prevé realizar la convocatoria respectiva para adjudicar el manejo y ejecución del observatorio a una Universidad o Centro de investigación con experiencia en el tema que a su vez garantice la vinculación y participación en los grupos de trabajo e investigación del Observatorio, del mayor número de entidades públicas y privadas, entidades estatales, ONG’s nacionales e internacionales, etc., con experiencia, interés e información en el tema del desplazamiento forzado por el conflicto armado.

6. Descripción: El proyecto contempla la selección de una institución de prestigio académica para que administre el Observatorio Nacional, cuya principal actividad sería el desarrollo de 15 proyectos de investigación sobre la población desplazada.

Los temas específicos sobre los cuales trabajaría el observatorio sólo se definirán en el momento en que la institución académica que lo administra los defina.

Los informes, pronunciamientos y estudios que produzca el Observatorio se desarrollarán con total autonomía, independiente de los criterios individuales de sus miembros. La definición de las fuentes se hará a partir de criterios de veracidad y confianza.

Las metas específicas que se esperan lograr son las siguientes:

 

El esquema de trabajo propuesto para ejecutar este proyecto considera que deben cumplirse las siguientes actividades:

• Convocar al mayor número de entidades públicas y privadas, entidades estatales, ONG nacionales e internacionales, etc., con experiencia, interés e información en el tema del desplazamiento forzado por el conflicto armado para que se conforme el Observatorio del Desplazamiento Interno por la Violencia.
• Definir la entidad que administrará el Observatorio, y a través de ella las normas de participación, mecanismos de concertación y reglas de juego entre las demás entidades académicas que integrarán el Observatorio.
• Diseñar el conjunto los proyectos de investigación a efectuarse anualmente, priorizando según la importancia y necesidad de los temas, con estimativos de costo, cronograma de trabajo, flujo de caja, indicadores de desempeño, etc.
• Acompañar el proceso de implementación del proyecto hasta su finalización, en caso de que este sea financiado por la RSS.
• Completada la ejecución del proyecto de investigación, se acometerá la fase de evaluación y divulgación.

7. Beneficios: En general, la implementación del proyecto permitirá que se constituya un medio institucional para acercarse de una manera más académica al fenómeno del desplazamiento forzado por el conflicto armado.

8. Situación actual: El proyecto se encuentra pendiente de la conformación del Observatorio, la definición conceptual de las investigaciones a ejecutar, y la asignación de los recursos para el inicio de las actividades.

9. Costos: Los costos de las 15 investigaciones se estiman en MUS$ 750 distribuidos de la siguiente manera:

Se tienen definidos los proyectos de acuerdo a la complejidad del trabajo, si manejan un tema específico y no requieren de mayor estructuración son de corto plazo (C.P. de 3-6 meses) y si por el contrario requieren de un estudio exhaustivo y con mayor grado de dificultad son de largo plazo ( L.P. más de 1 año).

Las fuentes de financiamiento propuestas son las siguientes:

2. Ubicación geográfica: Todos los departamentos y municipios afectados por el desplazamiento forzado.

3. Institución responsable: Entidad: Red de Solidaridad Social (RSS)

Funcionario responsable: Fernando Medellin Lozano

Teléfonos: (091) 3360979 - 3362214

4. Objetivo: Profundizar en la descentralización de la ejecución de la política para el manejo del desplazamiento forzado, tanto en lo referente a la prevención del mismo, como en lo relativo a la prestación de la atención humanitaria y a la ejecución de los programas de restablecimiento de la población desplazada.

5. Justificación: Respecto al problema de los desplazados, una de las necesidades más urgentes es la de mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones locales involucradas en la prevención de desplazamiento y en la atención a la población desplazada, tanto administrativas como ejecutoras. Específicamente, es necesario fortalecer tanto a los organismos públicos locales como a las ONG, las Organizaciones Comunitarias de Base, las organizaciones de desplazados, las organizaciones eclesiásticas, etc.

6. Descripción: El programa de Descentralización y Fortalecimiento Local se ha estructurado, para el cumplimiento de sus objetivos, en tres subproyectos:

• Conformación y/o fortalecimiento de los Comités Municipales, Distritales y Departamentales para la Atención a la Población Desplazada.

Se trabajará a través de un esquema de "multiplicación de multiplicadores" con base en un equipo de asesores especializados a partir del cual se desarrollará un "sistema de cascada" desde el nivel central hacia las regiones, y luego desde el nivel regional hacia el nivel local.

 

• Capacitación, asistencia técnica y asesoría a las entidades públicas municipales y las ONG locales ejecutoras. La estrategia será:

• Capacitar a las organizaciones ejecutoras en una metodología de trabajo participativo con las comunidades y familias desplazadas, basada en el principio de "aprender haciendo", tendiente a identificar y diseñar proyectos específicos de restablecimiento.
• Ofrecer financiación por parte de la RSS para la ejecución de los proyectos viables.
• Brindar asistencia técnica y asesoría (acompañamiento) a las organizaciones ejecutoras, durante la fase de ejecución de los proyectos.
• Evaluar las experiencias y divulgar las mejores prácticas.

• Implementación de una "Red de Cooperación Horizontal" de organizaciones públicas y ONG ejecutoras.

La estrategia para la conformación de la red, y para la transferencia de experiencias entre sus miembros, se resume en tres puntos básicos:

 

• Propiciar el intercambio de expertos entre las organizaciones ejecutoras, a través de pasantías, con el fin de que éstos puedan divulgar las experiencias propias y asimilar las de las organizaciones anfitrionas.
• Realizar eventos que permitan el análisis y divulgación de experiencias, y la reflexión dirigida a consolidar propuestas de cualificación e innovación en los enfoques, las políticas, las metodologías y los procesos para el restablecimiento de la población desplazada.
• Publicar y divulgar las experiencias exitosas y las conclusiones de los eventos ante la comunidad nacional e internacional.

Los dos primeros subproyectos estarán focalizados en los 139 municipios que en el Documento CONPES 3057/99 se han identificado como aquellos que concentran aproximadamente el 90% del fenómeno del desplazamiento.

Específicamente, y de acuerdo con la información disponible hasta 1998, se ha establecido que 80 de ellos son netamente expulsores, 40 son expulsores y receptores, y 19 (principalmente ciudades grandes y medianas) son netamente receptores. Así, los 120 expulsores representan el 87.10% del total nacional de la población expulsada, y los 59 receptores el 94.38% de la población recibida.

De acuerdo con los proyectos descritos, el Programa se ha fijado las siguientes metas para el período de tres años del programa:

7. Beneficios: Los beneficios directos del proyecto son los siguientes:

• 32 Comités Departamentales para Atención a la Población Desplazada contarán con planes de acción en ejecución, lo cual permitirá mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta al desplazamiento, en el nivel regional.
• 139 Comités Municipales para la Atención a la Población Desplazada funcionando, con plan de acción en ejecución, lo cual permitirá mejorar sustancialmente la capacidad de respuesta al desplazamiento, en el nivel local.
• Administraciones municipales y ONG's de 139 municipios capacitadas, con asistencia técnica y asesoría y en capacidad de manejar idóneamente los programas y proyectos de atención a la población desplazada dentro de estándares internacionales de calidad y costo-efectividad.
• Red de "cooperación horizontal" de organizaciones ejecutoras funcionando, lo cual permitirá adoptar y difundir de manera rápida las mejores prácticas.

8. Situación actual: El proyecto se encuentra parcialmente en etapa de ejecución:

• Se están poniendo en funcionamiento todos los Comités departamentales y aproximadamente 15 Comités distritales o municipales.
• Se está llevando a cabo un proyecto piloto de capacitación a entidades locales ejecutoras en la región de Urabá (Turbo y Apartado).

9. Costos: Los costos totales por subproyecto son los siguientes:

Las fuentes de financiamiento propuestas son las siguientes:

2. Ubicación geográfica: Cobertura sobre todo el país.

3. Institución responsable: Entidad: Red de Solidaridad Social

Funcionario responsable: Fernando Medellin Lozano

Teléfonos: (091) 3360979 - 3362214

Correo electrónico: [email protected]

4. Objetivos: Desarrollar, por medio de la participación de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional, un sistema preventivo integral sobre el desplazamiento forzado, que mediante la detección temprana de la situación de riesgo a causa del conflicto armado, permita anticipar acciones de paz, para evitar o neutralizar el impacto social, económico y cultural que produciría a sus habitantes.

5. Justificación: El desplazamiento forzado es el fenómeno social y humanitario más complejo y crítico de la realidad nacional, que afecta principalmente a la población rural, como consecuencia del conflicto armado, especialmente por la acción de grupos subversivos y de autodefensas, bajo una lógica de lucha por el predominio territorial y como una estrategia de guerra, la cual se traduce en amenazas de muerte, persecuciones, asesinatos selectivos, torturas y masacres.

El desplazamiento tiene efectos significativos en el individuo en particular, pues afecta su proyecto de vida, su salud física y mental, su seguridad, pierde el sentido de pertenencia, su autoestima y genera una pérdida de credibilidad en el Estado como salvaguardia del orden público. Los efectos en la comunidad en general, se sienten en el resquebrajamiento del tejido social y la unión familiar, se produce un desarraigo de su cultura y tradiciones, sufren la desvinculación del mercado laboral y de los sistemas de salud y educación, quedando en una situación de miseria y pobreza extrema que implica una pérdida de la calidad de vida. En la población Colombiana el 25% de los AVISA (años de vida potencialmente saludables perdidos) corresponden a la violencia.

El número de personas desplazadas por la violencia hasta 1999 que demandan atención del estado se estima en 400.000 (aproximadamente 80.000 familias). Dentro de las familias el 47.6% tienen a mujeres como jefes de hogar y el 23.2% de la población desplazada corresponde a población infantil. Se prevé que anualmente de desplazará un número adicional de 375.000 personas durante los próximos tres años (aproximadamente 75.000 familias).

Desde el punto de vista geográfico, el fenómeno del desplazamiento involucra principalmente a 139 municipios, en los cuales se concentra entre el 85% y el 95% de la expulsión y la recepción de desplazados. Las regiones más afectadas por las acciones expulsoras de los grupos armados son el Urabá Ampliado (parte de Antioquia y del Chocó), el centro del Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el Catatumbo (Norte de Santander) la Sierra Nevada de Santa Marta y los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

1. Promoción de la paz cotidiana y la seguridad basada en la prevención y la autorregulación social la cual consiste, más allá de la protección por parte de la fuerza pública, en el fortalecimiento de expresiones organizativas regionales y locales a través de los siguientes instrumentos:

a)Observatorios Sociales Locales y Sistema de Alertas Tempranas, b)Redes por la Paz, c)Acuerdos Humanitarios para la protección a la población civil y la inmunidad a los no combatientes, d)Promoción de mecanismos alternativos de resolución pacífica de conflictos, e)Comunicación Popular, f)Justicia Comunitaria, y g)Casas de Justicia.

 

2. Presencia Internacional: Establecer presencia física de la comunidad internacional para la preservación de los derechos humanos y el restablecimiento de la ley en las áreas en riesgo de desplazamiento forzado, y en aquellas donde la población desplazada ha retornado o haya sido reubicada y en las cuales persista la amenaza.

 

3. Fortalecimiento de la capacidad local en municipios expulsores y receptores:

El objetivo es fortalecer la acción del Estado frente al desplazamiento forzado y lograr una eficiente coordinación entre las diferentes instancias locales, regionales y nacionales.

 

• En municipios expulsores: a) realizar inversiones especiales en proyectos que permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la población, b) disminuir los niveles de impunidad mediante el fortalecimiento del Sistema Judicial local y regional.

• Fortalecer los instrumentos y la capacidad de los municipios en riesgo expulsores y receptores para enfrentar el desplazamiento y sus efectos.

De acuerdo con los objetivos, se propone llevar a cabo seis subproyectos:

Gestión de Pactos Humanitarios.

Comunicación Popular.

Redes Comunitarias de Mediación y Justicia.

Autorregulación Comunitaria.

Presencia Internacional para la Prevención.

Promoción del Desarrollo Local Integral.

 

Se ha establecido la siguiente prioridad en el tiempo:

• Año 1: los 80 municipios netamente expulsores.
• Año 2: los 40 municipios expulsores y receptores simultáneamente, y
• Año 3: los 19 municipios netamente receptores, en su mayoría ciudades grandes e intermedias.

Desde el punto de vista de la modalidad de ejecución, todos los subproyectos se ejecutarán mediante contratación por administración delegada con organizaciones ejecutoras especializadas en cada uno de los temas respectivos.

Una vez completa la ejecución de los subproyectos, se acometerá una fase de evaluación y divulgación consistente en las siguientes actividades:

• La evaluación de las experiencias.
• La selección y divulgación de las mejores prácticas.
• La conformación de un "Banco de Experiencias Exitosas" de prevención del desplazamiento.

7. Beneficios: En términos generales, la implementación del proyecto permitirá mejorar la seguridad y la protección, antes, durante y después del desplazamiento para toda la población afectada por el fenómeno.

8. Situación actual: En el momento el proyecto se encuentra en su estado de definición conceptual, dependiendo de la asignación de los recursos para el inicio de las actividades

9. Costos: Los costos totales por cada subproyecto se presentan en el cuadro siguiente:

La estructura de la financiación para los programas de prevención del desplazamiento y protección a la población desplazada es la siguiente:

2. Ubicación geográfica: El proyecto será desarrollado en 25 ciudades y poblaciones receptoras o expulsoras receptoras de población desplazada en Colombia.

3. Institución responsable: Entidad: Red De Solidaridad Social

Funcionario responsable: Fernando Medellin Lozano

Teléfono: (091) 3360979 - 3362214

Correo electrónico: [email protected]

4. Objetivo: Prestar adecuadamente a la población desplazada, los servicios de asistencia humanitaria de emergencia (nutrición, ayuda alimentaria, refugio, agua, higiene y salud), y otros como asistencia psicológica y asistencia para el fortalecimiento socioeconómico de las comunidades desplazadas, garantizando que los programas respectivos cumplan con los criterios diferenciales de focalización sobre población - objetivo establecido por la RSS, con los estándares mínimos de calidad reconocidos internacionalmente, y con estándares adecuados de costo-efectividad.

5. Justificación: Desde el punto de vista geográfico, el fenómeno del desplazamiento involucra principalmente a 139 municipios, en los cuales se concentra entre el 85% y el 95% de la expulsión y la recepción de desplazados. Las regiones más afectadas por las acciones expulsoras de los grupos armados son el Urabá Ampliado (parte de Antioquia y del Chocó), el centro del Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio (Santander, Antioquía y Cesar), el Catatumbo (Norte de Santander), la Sierra Nevada de Santa Marta ( Magdalena y Guajira) y los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

Se prevé que se desplazará un número adicional de 375.000 durante los próximos tres años (aproximadamente 75.000 familias), las cuales requerirán atención de mergencia.

Los desplazados sufren el desarraigo, el abandono de sus parcelas, el despojo de sus bienes, la desvinculación del mercado laboral y de los sistemas de salud y educación, además de los efectos que en cada una de ellos tienen los hechos violentos que generaron el desplazamiento con saldos frecuentemente trágicos al nivel de sus familias.

Las personas desplazadas quedan en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema y sin oportunidades de generación de ingresos. Una de las necesidades más urgentes es la de prestar la asistencia humanitaria de emergencia, en los términos en los que la define la Ley 387 de 1997.

Las acciones de este programa beneficiarán a toda la nueva población desplazada estimada en 75.000 familias y todas aquellas personas desplazadas con anterioridad que necesiten de este tipo de atención. Para este último grupo, se propone crear una capacidad de atención en las principales ciudades urbanas receptoras de desplazados donde se ha acumulado este problema sin una solución hasta la fecha.

En particular se cobijará a grupos de población que son en su mayoría campesinos pertenecientes a estratos socioeconómicos caracterizados por altos grados de pobreza. Dentro de estos grupos se dará aplicación a criterios de edad, género, discapacidad y origen étnico. En función de esta situación el Gobierno Nacional ha formulado un Plan Estratégico que orienta la acción del gobierno en cuanto al manejo del desplazamiento interno forzado.

En materia de atención humanitaria de emergencia, el Plan Estratégico para el manejo del desplazamiento interno forzado por el conflicto armado, prevé la puesta en marcha de servicios de emergencia que cumplan con estándares mínimos de calidad; con estándares adecuados de costo efectividad, y que presten una atención diferencial por grupos vulnerables. En este orden de ideas, el presente proyecto constituye un elemento esencial para el éxito de dicho Plan.

6. Descripción: El proyecto está estructurado en dos grandes componentes:

6.1. La Red Nacional de Atención Humanitaria que incluye las siguientes acciones:

• Montar una capacidad instalada de atención humanitaria de emergencia, por administración delegada y en coordinación con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para atender hasta 143.400 familias durante los años 2000 a 2002.
• Establecer una Red Nacional para la Atención Humanitaria de Emergencia, conformada por 20 Campamentos Móviles (CM) para alojamiento de emergencia principalmente para desplazamientos masivos; 10 Centros de Alojamiento Transitorio (CAT's) de carácter semirural, y 15 Unidades de Atención y Orientación (UAO's) en las ciudades medianas y grandes. Las capacidades de cada tipo de centro son las siguientes:

• Fortalecer las capacidades de las comunidades desplazadas para el desarrollo social y económico, de manera que se facilite su retorno y reubicación, apoyándolas en la identificación, puesta en marcha y desarrollo de actividades productivas.

La distribución interanual de las metas anteriores se muestra en el cuadro siguiente:

El proyecto se focalizará territorialmente en los 139 municipios que concentran entre el 85% y el 95% de la expulsión y la recepción de desplazados, y en las regiones más afectadas.

6.2. Programa de Microcrédito Productivo: Consiste en la constitución de un fondo de crédito y capital semilla que permita, a través de una red de organizaciones no gubernamentales ONGs que ya existe, colocar préstamos y activos fijos para el apoyo a las actividades productivas de la población desplazada.

Las acciones principales son:

• Creación y puesta en marcha de un Programa de Microcrédito, orientado a apoyar el desarrollo de actividades económicas y productivas por parte de la población desplazada dentro del esquema de Atención Humanitaria de Emergencia, a través de sistemas de contratación delegada con organismos no gubernamentales ONG’s con experiencia en este campo.
• Este sistema de microcréditos irá acompañado de programas de capacitación en las áreas socio-empresarial y técnica, que se adaptarán a las necesidades específicas de la población beneficiaria.
• Prestación de servicios de crédito a 34.560 familias o beneficiarios directos y 138.240 indirectos con un promedio de cuatro personas por familia, en tres años a través del Programa de Microcrédito.

El proyecto se focalizará territorialmente en los 139 municipios que concentran entre el 85% y el 95% de la expulsión y la recepción de desplazados, y en las regiones más afectadas.

Este Programa de Microcrédito será administrado mediante convenios por entidades no gubernamentales o privadas especializadas en el tema, y funcionará a través de préstamos de baja cuantía y alta rotación, menores a US$ 500 por usuario; con plazos cortos entre 3 y 6 meses como máximo, renovables de manera creciente según el cumplimiento y capacidad del usuario.

7. Beneficios: El beneficio directo consiste en que se prestará atención humanitaria de emergencia a 143.400 familias, aproximadamente 719.000 personas, desplazadas con la consiguiente mitigación y alivio de su situación.

Como beneficios indirectos, se logrará ayudar a los municipios receptores a manejar una situación que puede llegar a ser explosiva por las carencias de los desplazados; se podrán hacer alianzas con la Iglesia y entidades de Asistencia Humanitaria privada para sumar recursos y para evitar duplicidades y dispersiones y se dará un tratamiento más oportuno y adecuado a cada una de las características del fenómeno.

Con el Programa de Microcréditos se beneficiará directamente a 34.560 familias aproximadamente, durante tres años. Para el primer año se proyecta atender con préstamos a 7.680 beneficiarios directos, en el segundo a 11.520 y en el tercero a 15.360. Cada beneficiario representa a una familia que en promedio está conformada por cinco personas.

8. Situación actual: El proyecto se encuentra en proceso de ejecución, habiéndose completado el diseño de algunos de sus componentes y siendo necesario todavía precisar algunos aspectos instrumentales y operativos.

9. Costos: En el cuadro siguiente se presenta la información consolidada de los costos totales para ejecutar el subproyecto de Red de Atención Humanitaria:

Los criterios para determinar los costos del Fondo de Microcrédito son los siguientes:

• En el primer año se suministrará crédito para 7.680 beneficiarios directos, que se colocarán a través de 8 ONGs ubicadas en varias regiones del país en donde hace presencia la población desplazada. Para éste año se requiere un capital para crédito de aproximadamente US$1.200.000.
• Para el segundo año, y con los parámetros y condiciones ya descritos y con una rotación de los recursos de 1,87, con el apoyo de cuatro ONGs adicionales y para 11.520 beneficiarios directos, se requiere un capital adicional de US$600.000.
• Para el tercer año con 15.360 beneficiarios directos y con el soporte de otras cuatro ONGs adicionales, se requieren US$600.000.
• Para los tres años se requerirían aproximadamente US$2.400.000.

Adicionalmente se supone:

• Un crédito productivo primario por US$200 aproximadamente por usuario.
• Un crédito productivo secundario de renovación por aproximadamente US$270.
• Plazo para pago de crédito en promedio a los seis meses
• Renovación de crédito secundario a los seis meses.
• Se renueva el crédito al 37.5% de los beneficiarios iniciales.

Los costos totales son los siguientes:

La estructura de la financiación propuesta para el programa es la siguiente:

2. Ubicación geográfica: Todas las Regiones y Municipios del país afectados por el desplazamiento (expulsores y receptores de población desplazada).

3. Institución responsable: Entidad: Red De Solidaridad Social (RSS)

Funcionario responsable: Fernando Medellin Lozano

Teléfonos: (091) 3360979 - 3362214

Correo electrónico: [email protected]

4. Objetivo: Generar, con las propias comunidades y familias desplazadas, y en colaboración con las agencias y entidades públicas y privadas, condiciones para el retorno voluntario a sus lugares de origen. En los casos en que esto no sea posible, reubicar a los desplazados en condiciones de seguridad. Tanto en los casos de retorno como en los de reubicación, integrar a la población desplazada a la vida social, económica y cultural bajo principios de dignidad y no-discriminación.

5. Justificación: El número de personas desplazadas por la violencia hasta 1999, inclusive, que demandan atención del Estado se estima en 400.000 (aproximadamente 80.000 familias), y que se prevé que se desplazará un número adicional de 375.000 durante los próximos tres años (aproximadamente 75.000 familias).

Desde el punto de vista geográfico, el fenómeno del desplazamiento involucra principalmente a 139 municipios, en los cuales se concentra entre el 85% y el 95% de la expulsión y la recepción de desplazados. Las regiones más afectadas por las acciones expulsoras de los grupos armados son el Urabá Ampliado (parte de Antioquia y del Chocó), el centro del Chocó, el sur de Bolívar, el Magdalena Medio, el Catatumbo (Norte de Santander) la Sierra Nevada de Santa Marta y los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.

Las personas desplazadas quedan en situación de miseria y pobreza extrema y sin oportunidades de generación de ingresos. Una de las necesidades más urgentes es la de identificar y fortalecer las capacidades de las personas desplazadas para darles instrumentos para generar sus propios ingresos.

Las acciones de ésta política beneficiarán a la población desplazada por la violencia en general, y en particular este programa cobijaría población que en su mayoría pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos y que se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad. Dentro de este grupo se priorizará, a los grupos más vulnerables, para lo cual se dará aplicación a criterios de edad, género, discapacidad y origen étnico.

6. Descripción: El retorno de la población desplazada a su sitio de origen o su reubicación en otras zonas rurales o urbanas será voluntario, y se llevará a cabo de acuerdo con las previsiones en materia de protección, consolidación y estabilización socioeconómica contempladas en la Ley 387/97.

Las soluciones que se ofrecen están condicionadas por las diferentes expectativas de los afectados por el desplazamiento y se pueden diferenciar de la siguiente manera:

• Retornos a corto plazo: retornar a su lugar de origen y recuperar allí su estabilidad social y económica en corto plazo.
• Retornos Integrales: retornar, pero habiendo transcurrido un plazo mayor por cuanto han debido permanecer durante un lapso prolongado en el sitio de recepción por no existir garantías para su retornoy recuperar su estabilidad social y económica.
• Estabilización en el Sitio de Recepción (Urbano): permanecer en el lugar de recepción, generalmente un centro urbano, cambiando sus condiciones de vida anterior y buscando estabilidad dentro de una nueva forma de reinserción en la economía y en la sociedad.
• Relocalización en zona rural: relocalizarse en un sitio distinto al de origen y al de recepción, normalmente en un emplazamiento rural para dedicarse a actividades productivas agropecuarias

La solución también estará condicionada por el tipo de desplazamiento que se trate, pudiendo identificarse dos tipos de desplazamiento:

• El desplazamiento colectivo, que generalmente (aunque no siempre) requiere de una respuesta también colectiva.
• El desplazamiento de familias individuales, el cual no siempre puede ser adecuadamente resuelto mediante soluciones grupales.

La solución para cada familia incluirá varios tipo de subsidios, los cuales se combinan de diferente manera, dependiendo de la modalidad de restablecimiento que requiera cada familia. Estos subsidios se han establecido preliminarmente en la siguiene forma:

1. Subsidio para Tierra:

1.1.- Subsidio para compra de tierra: Se considera una Unidad Agrícola Familiar (UAF) de una extensión promedio de 15 hectáreas con un precio promedio de US$ 500 por hectárea para un valor total promedio de US$ 7.500. De acuerdo con lo que establece la Ley colombiana, la tasa de subsidio sería del 70%, es decir US$ 5.250 por familia. El restante 30% sería provisto por el beneficiario del subsidio a través de un crédito subsidiado, para lo cual el gobierno colombiano constituirá un Fondo de Crédito Productivo.

 

1.2.- Subsidio para arriendo con opción de compra: Se establece un subsidio por un valor anual promedio de US$ 900, durante un lapso de 5 años. El monto se calcula con base en un valor promedio del predio equivalente a la Unidad Agrícola Familiar antes descrita, es decir US$7.500, y una tasa de arrendamiento mensual equivalente al 1% del valor del predio. Esto significa que el valor total del subsidio por familia, durante los 5 años será de US$4.500 por familia. El plazo de 5 años se considera como el mínimo requerido para amortizar la inversión en adecuaciones o mejoras que el arrendatario deberá realizar para adecuar la tierra al iniciar el contrato de arrendamiento.

 

2. Subsidio para Vivienda:

2.1.- Subsidio para arriendo de vivienda urbana: se concede durante dos años; en el primer año sería de US$ 87,5 mensuales, y durante el segundo año de US$43,8 mensuales; es decreciente con el fin de estimular la búsqueda de ingresos propios por parte del beneficiario. El costo total del arrriendo durante 2 años sería de US$2.800, y el del subsidio de US$1.567, es decir el 75%.

 

2.2.- Subsidio para mejoramiento de vivienda (urbana o rural): se concederá por un valor de US$1.950 por familia, es decir el 75% de un costo total promedio estimado por mejora de US$2.600.

 

2.3.- Subsidio para adquisición de vivienda urbana: por un valor máximo de US$ 2.600 equivalente al 52% del costo total promedio de una vivienda mínima de 36 m2 (unidad sanitaria, 1 habitación y espacio múltiple) estimado en US$5.000. Las alcaldías y/o gobernaciones aportarían una cofinanciación promedio del 38%, es decir de US$1.900 representados en terrenos con servicios o en créditos reembolsables a 5 y 7 años. El beneficiario aportaría el 10%, es decir US$500 en dinero, en especie o en mano de obra; en este último caso, la RSS podrá auxiliar a los participantes mediante el programa de alimentos por trabajo.

 

2.4.- Subsidio para adquisición de vivienda rural: por un valor máximo de US$ 1.950 equivalente al 86% del costo total promedio de construcción de una vivienda rural mínima de 20 m2 (unidad sanitaria y espacio múltiple, no incluye costo del terreno) estimado en US$US$2.250. Las alcaldías o gobernaciones aportarían US$75 en asistencia técnica. El beneficiario aportaría el 10%, es decir US$225 en dinero, en especie o en mano de obra; en este último caso la RSS podrá auxiliar a los participantes mediante el programa de alimentos por trabajo.

 

2.5.- Subsidio para construcción de vivienda en sitio propio (urbana o rural): por un valor máximo de US$ 2.600, equivalente al 61% del costo total promedio de construcción de una vivienda mínima de 36 m2 (unidad sanitaria, 1 habitación y espacio múltiple), sin incluir el terreno, estimado en US$4.225. Las alcaldías y/o gobernaciones aportarían una cofinanciación promedio del 29%, es decir de US$1.203 representados en créditos reembolsables a 5 y 7 años; el crédito sería capitalizado a través de un fondo rotatorio. El beneficiario aportaría el 10%, es decir US$422 en dinero, en especie o en mano de obra; en este último caso, la RSS podrá auxiliar a los participantes mediante el programa de alimentos por trabajo.

 

3. Apoyo para transporte y seguridad alimentaria en fase de pre-producción:

 

Se otorgará un subsidio de US$ 300 para retornos de corto plazo y de US$ 350 para retornos integrales por familia para el transporte de regreso a su lugar de origen (en el caso de retorno) o a la nueva ubicación (en caso de relocalización rural), y para seguridad alimentaria durante el período que transcurre entre la llegada al sitio y el momento en que la tierra comienza a producir y a generar ingresos.

 

4. Subsidio para Estabilización Socioeconómica a través de proyecto productivo:

Este subsidio incluye:

• Subsidio para capital semilla por valor de US$ 3,250 por familia.
• Crédito para capital de trabajo por valor de US$ 2,600 por familia.
• Subsidio a la tasa de interés por valor de US$ 650 por familia.

El subsidio para capital semilla equivale a 25 Salarios Mínimos Legales Mensuales (SMLM), el crédito para capital de trabajo a 20 SMLM y el subsidio a la tasa de interés a 5 SMLM, en total 50 SMLM.

Se calculó el monto de recursos requeridos considerando producir (con base a la rentabilidad propia de cada sector) una utilidad mensual de US$130 (es decir 1 SMLM), considerado como el nivel mínimo de subsistencia.

Para los próximos tres años el país considera factible satisfacer las necesidades de restablecimiento de 58.000 familias (período 2.000 – 2.002).

Uno de los elementos básicos para la eficaz estrategia de restablecimiento es que, con el fin de evitar la dependencia y de acelerar el diseño de soluciones duraderas y sostenibles para el restablecimiento de la población desplazada, las consultas y el diálogo con los actores locales (ONGs, autoridades locales y desplazados) deberían comenzar desde la fase misma de asistencia humanitaria de emergencia. Ello, dado que la viabilidad de cualquier solución depende de la activa participación de los actores locales.

Por tal razón, el desarrollo e implementación de los proyectos de restablecimiento de la población desplazada considera tres condiciones básicas:

1. Generación de condiciones de auto-subsistencia durante la fase de Atención Humanitaria de Emergencia y antes del retorno o la reubicación, para lo cual se promoverá la vinculación de la población desplazada (PD) a programas de empleo de emergencia (de la RSS y de los programas del Fondo de Inversión para la Paz) y, adicionalmente, el desarrollo de alianzas con el sector privado (apoyadas en incentivos tributarios o de otra naturaleza) en proyectos piloto para el mismo efecto.

 

2. Capacitación en organización comunitaria, social y empresarial, dirigida a garantizar la sostenibilidad del retorno o la reubicación, a través de convenios con: organizaciones de base y ONGs especializadas en el apoyo a la organización y la capacitación comunitaria, y empresas y gremios del sector privado a través de proyectos productivos piloto integrales.

 

3. Desarrollo de proyectos productivos (individuales o asociativos) demostrativos, viables en el mercado, apoyados en alianzas con el sector privado, dirigidas al fortalecimiento de la capacidad empresarial y a la oferta de asistencia técnica y la capacitación productiva.

Para el desarrollo de tales proyectos, la RSS coordinará con el Plan Colombia y con las entidades sectoriales respectivas actividades complementarias tales como:

• El diseño de un programa especial para el otorgamiento de créditos productivos a través de procedimientos flexibles, para lo cual se creará el Fondo de Crédito Productivo para la PD.
• El apoyo al establecimiento de canales de comercialización,
• El apoyo a proyectos de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, educación y salud, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo

7. Beneficios: La modalidad para canalizar los recursos para la ejecución de este programa sería a través del Fondo para la Atención de los Desplazados que funciona actualmente como una cuenta especial del Fondo para la Paz. Se confeccionará una propuesta del reglamento de este fondo donde se determinarían los criterios y montos máximos de cada subsidio y los criterios de asignación de cada uno de ellos.

Los beneficios directos del proyecto durante el período 2000 – 2002 abarcan a 58.000 familias distribuidas por modalidad de la siguiente manera:

1. Retorno rápido de 1.400 familias desplazadas, a su lugar de origen.
2. Retorno integral de 30.400 familias desplazadas, a su lugar de origen.
3. Estabilización de 19.620 familias desplazadas, en el sitio de recepción.
4. Reubicación de 6.580 familias desplazadas, en zonas rurales.

Todas estas familias serán estabilizadas socioeconómicamente, y podrán reinsertarse de manera estable y sostenible a la vida social y productiva del país.

De manera indirecta, y dado que el apoyo no tiene únicamente carácter económico, simultáneamente se desarrollará la reconstrucción del tejido social de las comunidades afectadas, así como el desarrollo de su capital social y de su capital humano.

8. Situación actual: El proyecto se encuentra en parte al nivel de diseño y en parte en el ámbito de ejecución, habiéndose completado algunos de sus componentes y siendo necesario todavía precisar algunos aspectos instrumentales y operativos del mismo.

9. Costos: La estimación del costo total del programa es de MUS$ 488.601 de los cuales MUS$ 346.573 corresponden a subsidio directo a la población, MUS$ 77.457 ayuda mediante créditos y MUS$ 64.571 corresponde a aporte de los beneficiarios y los gobiernos locales correspondientes.

La estimación de costo por modalidad según los niveles se subsidio estimados a la fecha son los siguientes:

El costo total de la atención mediante estas modalidades es de MUS$ 411.144, a esto debe agregársele un costo para iniciar el Fondo de Crédito Productio estimado en MUS$ 77.457. Del costo total de MUS$ 488.601 aproximadamente el 70% será subsidio directo a los desplazados y el restante 30% serán recursos que aporta la misma población, los gobiernos locales y recursos reembolsables como es el caso del crédito.

A continuación se presenta el cuadro resumen de costos del programa:

Nota: El año 0 corresponde al 2000.

La estructura de la financiamiento será la siguiente:

 

Fuentes de Financiamiento (MUS$)

 

2. Ubicación Geográfica: Los 165 municipios del Plan Colombia, que comprenden 12 regionales del ICBF y 33 centros zonales.

3. Institución Responsable: Entidad: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, (ICBF).

Funcionario responsable: Juan Manuel Urrutia

Teléfono: (57 - 1) 250 86 00

4. Objetivo: Implementar un plan de protección integral a la niñez y la familia víctima del conflicto armado interno Colombiano.

5. Justificación: El ICBF ve con preocupación que en los últimos años el conflicto armado interno se extiende y se agudiza, afectando en mayor proporción a la niñez, las mujeres y en general al núcleo familiar, y afectando el capital social y humano de manera dramática en diversas regiones del país. Algunas estadísticas indican que la vinculación de menores al conflicto es de unos 6.000 en los grupos irregulares, de la población desplazada por lo menos el 50% son menores, los niños vinculados al trabajo en los cultivos ilícitos son otros tantos sin conocerse el número exacto.

Los niños afectados por acciones de violencia, masacres, homicidios, bombardeos y destrucción de pueblos, que no reciben atención psicosocial oportuna, son el objetivo principal a abordar desde este proyecto. Implementar un modelo integral de atención a esta población es el propósito de este proyecto, de tal manera que se superen las respuestas desarticuladas y coyunturales que no responden a las necesidades y realidades regionales y que no articulan los diferentes esfuerzos de la familia, la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. En la articulación propositiva de estos actores mencionados se podrán construir factores reales de paz en medio de tantas adversidades producidas por la guerra.

6. Descripción: El proyecto implementará tres grandes líneas de trabajo:

6.1. Prevención: En esta línea se trabajará sobre la estrategia de fortalecer los lazos familiares y comunitarios en las regiones de población rural dispersa y la construcción de opciones hacia los jóvenes que les permitan dar sentido a su permanencia en las zonas rurales.

Los subproyectos a desarrollar son:

1. Núcleos de atención integral comunitaria (NAIC).

Las actividades a desarrollarse en el NAIC, pretenden beneficiar a niños, niñas y jóvenes entre 5 y 16 años, en las modalidades de internado y seminternado, acorde al nivel de complejidad del desplazamiento a la unidad de servicio y a las circunstancias económicas de cada integrante. Se habilitarán 60 unidades de servicio, una en cada municipio para atender treinta menores en cada uno en las siguientes modalidades internado (15) niños o niñas y seminternado (15) niños o niñas para un total de 5.400 niñas y niños, durante los tres años.

 

2. Atención a la población rural dispersa.

Dirigido a 165 municipios, ubicados en zonas de conflicto armado, que bajo el liderazgo de un animador familiar, líderes naturales rurales que han sido seleccionados democráticamente por las comunidades, promueve procesos formativos de las familias, como crecimiento humano, con visión económica productiva y socio-cultural que tiendan hacia un arraigo a la región. Los beneficiarios serán 12.375 familias mediante la implementación de proyectos productivos, 1.236 mujeres gestantes y madres lactantes y 24.750 niños menores de 7 años a quienes se les suministrará complemento alimentario.

 

3. Clubes juveniles en zonas de conflicto armado.

Su propósito es promover formas asociativas y cooperativas para la vinculación de los niños, niñas, jóvenes de las zonas de conflicto cubiertas por el plan Colombia, con el fin de desarrollar proyectos de generación de ingresos a través de grupos asociativos productivos, que respondan a sus intereses y a las necesidades reales de su familia. El proyecto tendrá dos fases, una primera de implementación e inversión inicial en los procesos productivos con una duración de un año, y una segunda de consolidación y desarrollo de los procesos productivos y capacitación con una duración de dos años. Los beneficiarios directos serán 165 clubes juveniles, cada uno por 15 jóvenes, para un total 2.475 jóvenes por año, totalizando 7.425 jóvenes en los tres años.

 

4. Casas sociolaborales para la prevención del trabajo infantil.

Proporcionar a los niños, niñas y jóvenes ubicados en zonas de conflicto armado, prioritariamente a los que laboran en cultivos ilícitos y producción de estupefacientes y a sus familias, alternativas de socialización y escolarización, desde un espacio que permita la revisión de su historia de vida personal y familiar, a través de un proceso consciente e intencional de reconstrucción de su realidad como ciudadanos, sujetos de derechos y deberes. Los beneficiarios directos serán 2.250 considerando que cada una de las 15 Casas Laborales atenderán a 50 jóvenes por año.

6.2. Protección: En esta línea se abordará la reparación del daño causado por el conflicto armado a los niños desvinculados del conflicto armado y a las niñas afectadas por la explotación sexual en zonas de conflicto armado. Se incluye una investigación sobre vinculación y desvinculación de niños al conflicto armado dada la precariedad del conocimiento sobre el tema y la urgente necesidad de implementar modelos de atención en medio del conflicto y postconflicto.

Los subproyectos son:

1. Atención integral a niños desvinculados.

La atención integral a niños, niñas y jóvenes desvinculados del conflicto armado se brindará en medio institucional, modalidad internado, y se determinan tres fases: Recepción y Diagnóstico, Atención Espacializada y Preparación para la Vida Social y Productiva. Se dará respuesta a las necesidades físicas, emocionales, familiares, sociales y laborales, dependiendo de la evolución y logros que se hayan obtenido con cada uno de los jóvenes sujetos del programa. Se atenderá una población de 1.500 jóvenes desvinculados del conflicto armado procedentes de cualquier parte del país.

 

2. Atención a niños, niñas vinculados a la prostitución.

Consiste en atender en zonas de conflicto armado a niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, vinculados a la prostitución, mediante el desarrollo de acciones interdisciplinarias e interinstitucionales en los aspectos socio cultural, jurídico legal, de apoyo institucional e investigativo, a través de las fases de acercamiento y centro ambulatorio. Se proyecta atender 1.000 menores por años que resultan ser 3.000 beneficiarios en total en los tres años.

6.3. Atención Humanitaria de Emergencias: Con esta iniciativa el propósito es aumentar la capacidad de respuesta oportuna a la niñez y la familia afectadas por la violencia, en particular en el tema de atención sicosocial a víctimas de la violencia, aspecto que es de vital importancia dado el alto índice de acciones contra la población civil en medio del conflicto. Cada año se proyecta atender a 57.600 personas para un total de 172.800 en los 3 años.

7. Beneficios: Los indicados en cada subproyecto.

8. Situación Actual: El conjunto de los proyectos mencionados están en ejecución, la financiación solicitada tiene como propósito ampliar la cobertura de los proyectos a municipios del área del Plan Colombia. Los proyectos mencionados son de gran acogida por las comunidades y además respetados por los diferentes actores armados.

9. Costos: Los costos totales del proyecto son de MUS$ 30.979 que se distribuye en los distintos subproyectos según se muestra a continuación:

Las fuentes de financiamiento propuestas son las siguientes:

10. Observaciones: En el caso en que se generen costos de operación y/o mantenimiento, de los proyectos, el ICBF implementa sus proyectos desde la perspectiva de la descentralización a los entes regionales y locales en la expectativa de que sean ellos quienes asuman la ejecución y financiación de los mismos a mediano plazo.

2. Ubicación geográfica: Programa para ser desarrollado en los municipios del Plan Colombia

3. Institución responsable: Entidad: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.

Funcionario responsable: Blanca del Pilar Rueda Jiménez

Teléfono: 5625352

Correo Electrónico: [email protected]

4. Objetivo: Prevenir y atender la violencia de género en el contexto del conflicto armado en los municipios del Plan Colombia.

5. Justificación: El conflicto armado afecta diferencialmente a hombres y mujeres. No obstante, la situación particular de las mujeres afectadas por el conflicto armado no está suficientemente documentada y, por lo tanto, no se ha logrado la adecuación institucional ni la definición de programas específicos que garanticen la atención adecuada de esta población. Las mujeres afectadas por el conflicto no son objeto de programas específicos de atención y los funcionarios encargados de brindar asesoría, atención y apoyo desconocen las necesidades particulares de las mujeres. La incorporación de la perspectiva de género en los programas de prevención y atención de los efectos del conflicto armado, es necesaria para garantizar que las mujeres se beneficien equitativa y adecuadamente de los mismos.

De igual manera, es necesario conocer cómo están ejerciendo las mujeres, que habitan en zonas de confrontación armada, sus derechos sexuales y reproductivos. Aunque no existen trabajos documentados sobre este aspecto, tanto las entidades gubernamentales como no gubernamentales con presencia en estas zonas, han expresado su preocupación por el incremento de embarazos en mujeres jóvenes y adultas, que rompen patrones culturales. Dado que la salud sexual y reproductiva es uno de los principales aspectos que da cuenta de la situación y condición de las mujeres, es necesario conocer su dinámica en estas zonas, para desarrollar programas de prevención y atención en salud sexual y reproductiva para las mujeres.

6.-Descripción: El Plan Nacional de Desarrollo "Cambio para Construir la Paz 1998-2002" definió el Plan de Igualdad de Oportunidades como la política pública para las mujeres y a la Consejería Presidencial como la entidad responsable de su diseño, implementación y seguimiento. El Plan elaborado por la consejería y concertado con entidades gubernamentales y organizaciones de mujeres, definió ocho ejes temáticos, con los cuales se busca desarrollar acciones integrales para atender y superar las situaciones y condiciones de discriminación que afectan a las mujeres.

Dado que el planteamiento integral de esta problemática requiere de acciones tanto de prevención, como de atención, se proponen las siguientes líneas de acción:

6.1. Investigación: Se proponen cuatro investigaciones en los siguientes temas:

• Caracterización y visibilización de las violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho Internacional Humanitario de las que son víctimas las mujeres, en el contexto del conflicto armado.
• Diagnóstico de las condiciones de vida de las mujeres excombatientes, en los espacios privados y públicos.
• Salud sexual y reproductiva de las mujeres en las zonas de conflicto armado: sexualidad y embarazo como mecanismo de protección y supervivencia?
• Papel de las mujeres en experiencias comunitarias y en la resolución de conflictos.

6.2. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la prevención y atención de la violencia de género: Se propone desarrollar acciones de capacitación a funcionarios y a grupos de mujeres, utilizando los materiales y metodología desarrollados por el proyecto Pro-equidad y los materiales de capacitación en derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. A partir de esta capacitación se hará un inventario institucional y de procedimientos de atención de los programas y políticas para la prevención y atención de la violencia de género. De igual manera, se identificarán las redes o mecanismos comunitarios para la prevención y atención de estas situaciones, sobre los que también se hará un inventario de sus limitaciones, sus articulaciones con los programas institucionales y sus fortalezas.

6.3. Desarrollo de familias con jefatura femenina afectadas por el conflicto armado: Con este componente el proyecto ofrece un paquete integral de servicios para apoyar a las mujeres cabeza de familia, víctimas del conflicto armado, con el fin de lograr el mejoramiento de sus condiciones de vida y las de su núcleo familiar, fomentar su desarrollo personal, fortalecer su identidad de género, posibilitar y facilitar su acceso a los servicios sociales, y garantizar así su estabilización socioeconómica. Para el logro de estos procesos se otorgarán créditos rotatorios, que serán acompañados de acciones de capacitación y gestión institucional para el desarrollo personal de las mujeres y para facilitar su acceso a programas de vivienda, salud, educación, y cuidado de los niños, para lo cual se establecerán convenios con entidades gubernamentales y organismos privados locales.

La Consejería coordinará la ejecución, seguimiento y evaluación de este proyecto, para garantizar así los resultados propuestos. Para el componente de investigación se contratará a universidades o centros de investigación. Para los otros dos componentes la Consejería tendrá una persona responsable de la coordinación nacional y regional. Esta persona será la encargada coordinar el equipo de capacitadores y la programación de los eventos de capacitación. Para el último componente, esta funcionaria hará parte del Consejo directivo mixto (al que pertenecen las fundaciones FES y Restrepo Barco).

7. Beneficios: Con las investigaciones se beneficiarán las mujeres víctimas del conflicto armado, en aspectos fundamentales como la salud sexual y reproductiva, y la participación, considerándose tanto las desmovilizadas que son aproximadamente 1.299 mujeres cómo a las organizaciones femeninas que son cerca de 150 en el ámbito regional y nacional.

El componente denominado Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la prevención y atención de la violencia de género, beneficiará directamente a 1.440 mujeres de los 48 municipios seleccionados, y a las entidades gubernamentales de dichos municipios que recibirán la capacitación y asistencia técnica. Se trabajará con funcionarios del sector judicial, y del ejecutivo. De igual manera, con el Programa de Desarrollo de Familias con Jefatura de Hogar Femenina, se proyecta beneficiar a 250 mujeres, de los 31 municipios seleccionados.

8. Situación actual: Para las investigaciones propuestas en este proyecto, se han iniciado reuniones con mujeres desmovilizadas, en las cuales se están definiendo los temas que orientarían la investigación específica sobre esta población. De igual manera, con las organizaciones femeninas sociales se han adelantado procesos de reflexión en torno a la identificación de procesos organizativos que aportan a la construcción de la paz. En los dos temas restantes se han definido los temas en torno a los cuales se debe recoger la información.

9. Costos: Los costos totales se distribuyen en los distintos componentes de la siguiente manera:

Las fuentes de financiamiento propuestas son las siguientes:

2. Ubicación geográfica: 105 Municipios del País, afectados por zonas minadas, ordenados en 20 núcleos de atención.

3. Institución Responsable: Entidad: Vicepresidencia de la República

Funcionario responsable: Víctor Guerrero

Teléfono: 57-1-3360311

Entidad: Consejería Presidencial para la Política Social

Funcionario responsable: Beatríz Helena Gutiérrez

Teléfono: 57-1-3420977

4. Objetivos General: Prevenir la ocurrencia de accidentes con Minas Antipersonales (MAP) y atender en forma integral a los supervivientes de MAP para propiciar su integración a la vida económica y social.

5. Justificación: En Colombia existen cerca de 70.000 Minas Antipersonales (MAP) sembradas y distribuidas en 23 departamentos y que afectan el 10% de los municipios del país. No obstante la situación resulta desconocida para la gran mayoría de los colombianos y para el mundo. Los sistemas de información existentes no registran las víctimas de las MAP. Según estudios del Centro de Investigación para la Educación Popular "CINEP", Ministerio de Defensa y el Comité Internacional de la Cruz Roja, a diciembre de 1999 existen 105 municipios "infectados" por MAP, que aproximadamente han ocasionado discapacidad a una población de 2.205 adultos, 5.250 niños y niñas.

En consecuencia, resulta necesario diseñar mecanismos encaminados a generar un sistema de información confiable y una respuesta integral a la problemática en los ámbitos de atención y rehabilitación familiar, social y económica de las víctimas, prevención de accidentes por artefactos explosivos y promover desde las instancias voceras del Derecho Internacional Humanitario el compromiso por parte de los actores armados de, al menos, señalizar las zonas potencialmente peligrosas para la población civil, como son las áreas aledañas a centros educativos, viviendas, servicios de salud y las vías de acceso a los mismos. Si bien, nadie sabe cuántas minas hay sembradas, y la cifra no es tan relevante, lo que es importante es establecer las zonas minadas y el número de personas afectadas, especialmente de cara a enfrentar la sostenibilidad de la paz y la reconstrucción postconflicto.

6.- Descripción: El proyecto considera las siguientes acciones:

6.1. Creación de Núcleos de Coordinación y Atención: Con la información existente se han logrado identificar 105 municipios del país afectados por zonas minadas. Para el desarrollo del Proyecto se organizarán esos municipios en 20 núcleos que han sido identificados a partir de la cercanía entre ellos y de la facilidad de rutas de acceso. Cada núcleo contará con un coordinador que será el dinamizador de los procesos en el nivel local.

6.2. Puesta en funcionamiento de Observatorio de la Discapacidad: Dado que no se cuenta con información precisa sobre la situación de MAP y sus víctimas se pondrá en funcionamiento un observatorio de la discapacidad que funcionará en el ámbito nacional y en los núcleos previstos.

6.3. Atención a Supervivientes de MAP: En cada uno de los núcleos se ofrecerá:

• Integración Educativa
• Integración Laboral
• Accesibilidad a lugares públicos en los 105 municipios
• Atención en Salud

7. Beneficios: El proyecto permitirá atender en forma integral a los supervivientes de MAP de 105 municipios del país y a sus familias. Se atenderá al 100% de los afectados en los municipios identificados. Todas las personas con discapacidad se beneficiaran en forma indirecta de los beneficios del proyecto.

Se prevendrá la ocurrencia de accidentes con MAP mediante la difusión de mecanismos de protección y la identificación, señalamiento y limpieza de zonas minadas.

En forma indirecta el Estado y la sociedad desarrollarán destrezas y capacidad de utilidad de cara al postconflicto y al proceso de reconstrucción y recuperación económica una vez alcanzado un acuerdo de paz.

8. Situación actual: El proyecto se encuentra diseñado.

9. Costos: Los costos totales del proyecto son los siguientes:

La estructura de la financiación propuesta para el programa es la siguiente:

10. Observaciones: En enero del año 2000 el Presidente de la República suscribió la Convención de Ottawa (sobre la prohibición de la producción, almacenamiento, distribución y empleo de minas antipersonales) convirtiéndose el desarrollo del proyecto en el punto de partida de una política integral en la materia.

Al finalizar el proyecto se espera haber dejado capacidad local instalada (especialmente unas organizaciones sociales) para que puedan continuar desarrollando acciones de integración social de las víctimas supervivientes. La atención en salud y educación continuará en cabeza de los entes territoriales y la integración laboral se seguirá dando con el retorno de los recursos de los fondos rotatorios.

2. Ubicación geográfica: Cobertura Nacional

3. Institución responsable: Entidad: RUMBOS, Presidencia de la República

Funcionario responsable: Augusto Pérez Gómez, Director

Teléfono: 2841240, 5629620 y 5629621

Correo Electrónico: [email protected]

4. Objetivo: Fortalecer los procesos mediante los cuales las entidades gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional, departamental y municipal, así como las comunidades y sus organizaciones, según su cultura, estructuran y desarrollan planes y programas de prevención integral del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) en sus respectivos ámbitos territoriales y zonas de influencia.

5. Justificación: El fenómeno de las drogas representa una clara amenaza para las sociedades y para la institucionalidad democrática, no sólo en nuestro país sino en la comunidad internacional. Es por eso que Colombia ha venido planteando y exigiendo una lucha decidida e integral, fundada en el claro principio de corresponsabilidad".

La amenaza social que representa la problemática de la droga va más allá del daño ocasionado con motivo de las estructuras democráticas y de la moral y se extiende a los ámbitos la salud pública en general, y de la salud física y mental del individuo. Afecta el ámbito familiar, debido a los efectos colaterales que se presentan en las familias de los consumidores abusivos de sustancias psicoactivas y finalmente, ocasiona un profundo daño social, pues la población víctima del consumo está constituida por un grupo que oscila entre los 6 y los 40 años de edad, etapas de desarrollo, crecimiento y productividad.

6. Descripción: Las actividades que se reseñan a continuación serán ejecutadas en la mayoría de los municipios del país, teniendo como prioridad los municipios objeto de atención por parte del Plan Colombia:

6.1. Institucionalización y Creación de Redes: Fortalecer la institucionalización de la Prevención Integral del Consumo de SPA mediante el desarrollo de acciones político-administrativas, jurídicas, organizacionales, de planeación, gestión, financiación y de articulación en red, como propósito y plan permanente de trabajo en cada ámbito territorial.

6.2. Formación y Capacitación: Lograr el desarrollo de acciones educativas que conduzcan a la Prevención Integral del Consumo de SPA a través de la creación y fortalecimiento de programas de formación y capacitación con entidades gubernamentales, no gubernamentales, el sector privado y con la comunidad en general en cada ámbito territorial.

6.3. Investigación y Evaluación: Contar con un sistema de investigación y evaluación, así como de información que permita conocer la evolución y tendencias del problema del consumo de drogas y determinar la efectividad de las estrategias de Prevención Integral desarrolladas en cada ámbito territorial.

6.4. Comunicación y Uso de Medios Masivos y Alternativos: Difundir el conocimiento sobre el problema del consumo de drogas y su prevención integral, mediante la elaboración y distribución de material educativo, que permita despertar la toma de conciencia en cada ámbito territorial y potenciar la movilización e intervención de las comunidades.

6.5. Promoción y Mantenimiento de la Salud: Proporcionar a la población la información y los medios necesarios para la promoción, preservación y recuperación de la salud integral (física, psicológica y social) mediante el desarrollo y fortalecimiento de estilos de vida saludables, la detección temprana, así como la capacitación y asesoría a programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social de personas con problemas de consumo de SPA.

6.6. Producción y Trabajo: Diseñar e implementar estrategias que faciliten y apoyen el desarrollo de una visión empresarial, la vinculación del sector privado, así como la capacidad laboral y productiva de la población, en particular de los jóvenes como refuerzo de las acciones de Prevención Integral del Consumo de SPA.

6.7. Participación y Organización Comunitaria: Diseñar e implementar estrategias que faciliten el fortalecimiento de la participación y organización de las comunidades y diferentes grupos humanos (asociaciones de padres, madres comunitarias, grupos juveniles, juntas comunales, etc.) en el desarrollo de acciones de transformación sociocultural y de mejoramiento de la calidad de vida que conduzcan a la Prevención Integral.

7. Beneficios: Favorece la prevención integral de otros problemas socialmente relevantes como los de violencia, maltrato infantil, abuso sexual, destrucción ambiental, entre otros.

Los beneficiarios son la población en general, con énfasis en la población de niños y jóvenes escolarizados y desescolarizados, padres de familia, madres comunitarias, educadores, comunicadores, lideres comunitarios y autoridades.

8. Situación actual: Se han desarrollado actividades en todos los procesos los cuales le dan coherencia y articulación a los objetivos y metas de la política de Prevención Integral frente al Consumo de SPA.

9. Costos: Los costos totales del programa son MUS$ 15.606 que se distribuyen en las distintas actividades de la siguiente manera:

La estructura de la financiación propuesta para el programa es la siguiente:

10. Observaciones: En el marco de las políticas de descentralización el Programa Presidencial RUMBOS concertará con cada ente territorial los compromisos que se establezcan para cada uno de ellos y de igual manera se acordarán las entidades responsables de ejecución cada ámbito.

Un riesgo importante es lograr la voluntad política y la decisión administrativa de las autoridades y entidades de cada uno de los ámbitos territoriales. La sostenibilidad del proyecto, estará a cargo de los gobiernos departamentales y municipales contando con el apoyo del gobierno nacional.

2. Ubicación geográfica: En los 33 departamentos del país.

3. Institución Responsable: Entidad: Vicepresidencia de la República

Funcionaria Responsable: Ana María Aponte

Teléfono: 57 – 1 444 21 20

Entidad: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Funcionario Responsable: Jahel Quiroga

Teléfono: 57 – 1 334 14 43

4. Objetivo General: Difundir las normas y los mecanismos de aplicación del derecho internacional humanitario, DIH, y los derechos humanos, de manera que se propicien su vigencia y respeto y con ellos se contribuya a sentar bases estables y perdurables para la paz y la armonía sociales.

5. Justificación: Tal como lo ha afirmado en diversas oportunidades el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Colombia enfrenta una muy crítica situación humanitaria que, a razón del conflicto armado y de otras formas de violencia, tiende a degradarse y a envilecerse cada día más, a pesar de los esfuerzos normativos y de las buenas intenciones de las políticas gubernamentales. Como resultado, la situación de vigencia y disfrute de los derechos y libertades de los habitantes es sumamente precaria. Al mismo tiempo, se han enquistado en la vida social comportamientos asociales que en nada contribuyen a la paz y al armonioso desarrollo de la vida en sociedad.

Para modificar de manera positiva esta situación es indispensable que los colombianos conozcan cuáles son sus derechos y libertades, asuman la importancia de su defensa y respeto para la vida en sociedad y, en consecuencia, modifiquen sus hábitos de comportamiento en materia de satisfacción de intereses y de solución de conflictos. Se trata de construir la ciudadanía, de garantizar la acción de la sociedad civil en materia de defensa y protección de los derechos humanos y libertades de la persona humana, y de asegurar la convivencia pacífica y armoniosa más allá del cese del enfrentamiento armado.

6. Descripción: El programa será coordinado por un comité nacional conformado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Vicepresidencia de la República, el cual coordinará acciones con la Cruz Roja Colombiana, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las universidades con reconocida trayectoria en el tema de derechos humanos. De manera conjunta, estas organizaciones definirán los contenidos y las metodologías de las actividades a realizar.

Una vez definidas las actividades se trabajará con las entidades territoriales a nivel departamental en la puesta en marcha de los siguientes programas de difusión:

6.1. Diplomados de difusión del DIH: Dirigidos a políticos, líderes comunitarios, funcionarios municipales, periodistas profesores y todas las personas que posteriormente puedan convertirse en multiplicadores. Se realizarán durante tres años dos diplomados en cada uno de los 33 departamentos existentes en el país, a razón de 22 diplomados anuales.

6.2. Programas de multiplicadores: Se realizarán talleres de capacitación en derechos humanos y DIH para líderes municipales que se comprometan en la difusión de las normas y procedimientos, por medio de estudios, diagnósticos o hechos de difusión en general.

6.3. Talleres de sensibilización: Dirigidos a los actores sociales relevantes de los municipios para su formación básica en DIH y derechos humanos. Se implementarán anualmente en 150 municipios de alto riesgo, de tal forma que al cabo de cuatro años se haya llegado a 450 municipios diferentes.

6.4. Emisoras comunitarias: Se realizará una serie de cincuenta programas sobre derechos humanos y DIH para ser emitidos a través de emisoras comunitarias. Igualmente, se pondrán en marcha talleres regionales de capacitación para los directores de emisoras comunitarias.

Para el éxito de este programa es indispensable contar con la participación decidida de la Iglesia Católica, institución nacional con alta credibilidad, legitimidad y respeto de todos los actores armados y de la inmensa mayoría de la población colombiana, así como el apoyo y respaldo de los más importantes organismos internacionales en materia del derecho de la protección de la persona humana, a través de sus oficinas en Colombia: la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja, tanto nacional como internacional.

La dirección del programa y su soporte técnico inicial estará en cabeza del Instituto de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana, adscrito a su Facultad de Ciencias Políticas, hoy reconocido como institución académica de gran experiencia y calidad técnica en el país en la materia.

7. Beneficios: Se fortalecerá la capacidad de la sociedad para hacer respetar sus derechos, asegurando su vigencia y contribuyendo a sentar bases estables y perdurables para la paz y la armonía sociales.

Indirectamente se producirán los siguientes efectos positivos:

• Se dinamizará el debate sobre el respeto a que tiene derecho la población civil residente en las zonas de conflicto armado.
• Se fortalecerá la capacidad de trabajo colectivo en las organizaciones de base y en los municipios en general.
• Se fortalecerá la capacidad de autogestión de la comunidad con los actores del conflicto armado.

Como consecuencia del efecto multiplicador se capacitará la siguiente cantidad de personas:

8. Situación actual: Proyecto diseñado y concertado con las entidades.

9. Costos: Los costos totales del programa son los siguientes:

La estructura de la financiación propuesta para el programa es la siguiente: