Después de Copenhague y Beijing

A poco mas de 5 años de realizadas las Conferencias de Beijing y Copenhague, las representantes de organizaciones de mujeres continúan reuniéndose en todo el mundo, para analizar el estado y situación de las mujeres de la región, los logros alcanzados y los obstáculos encontrados en la implementación de la Plataforma de Acción de las Mujeres (PAM) de Beijing (1995), enfatizando en las áreas de Derechos Humanos, Mecanismos Institucionales, Equidad de Género y Desarrollo Económico y Social. Este último tema está directamente relacionado con el Plan de Acción de la Cumbre de Desarrollo Social de Copenhague. En la esfera de los derechos humanos los Estados de la región han actuado positivamente al ratificar los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, la Convención para la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la violencia contra la mujer.

La creación y mantenimiento de mecanismos institucionales para trabajar por la equidad de género y la presentación de propuestas o planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones por parte de la mayoría de los países, fue considerado otro logro. En algunos países se dictaron leyes de salud reproductiva que incluyeron programas de planificación familiar. Pero estos avances no han alcanzado a revertir la situación de discriminación que siguen sufriendo las mujeres de la región. Los problemas más serios podrían ser resumidos así: La teoría de los derechos humanos frecuentemente sigue desconociendo las experiencias y necesidades de las mujeres. Por tanto su visión sigue siendo parcial. Los derechos humanos siguen anclados en el esquema tradicional de jerarquías de lo público sobre lo privado, es decir de lo general sobre lo individual. Además, las experiencias y necesidades de las mujeres y sus aportes a la reproducción y sostenimiento de la vida humana, no han sido incorporadas a ninguna teoría del derecho, de la cual la teoría de los derechos humanos es parte.

Se mantiene la brecha entre los derechos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos y la posibilidad de su disfrute por parte de las ciudadanas. Los logros formales, si bien son un avance en el reconocimiento de derechos de las mujeres, no fueron acompañados por transformaciones políticas, culturales y sociales que permitan vislumbrar la erradicación de la discriminación de género.

Como un ejemplo, la mayoría de los Planes de Igualdad presentados a Naciones Unidas por los gobiernos de la región, para dar cuenta del cumplimiento de los compromisos asumidos al firmar la Plataforma de Acción de las Mujeres, no cuenta con recursos financieros que indiquen la voluntad estatal de tomar medidas serias para erradicar la discriminación.

Se observa una tendencia en Latinoamérica tendiente a la disminución de la protección laboral en general. Mientras se les reconocen algunos derechos civiles y políticos, estamos perdiendo aceleradamente derechos económicos y sociales. A pesar de registrarse un pequeño avance en la ciudadanía civil, retrocedemos en la ciudadanía social, y eso hace que los derechos conquistados puedan ser gozados por un número cada vez menor de mujeres.

Las mujeres siguen en la encrucijada de la actividad económica realizada en el mercado de trabajo y los bienes y servicios producidos en la esfera doméstica. En efecto, la economía doméstica (administración y mantenimiento del hogar), la economía de la reproducción (reproducción, alimentación, crianza y educación de hijos e hijas) y la economía de cuidado (atención de otros seres humanos) demandan largas horas de trabajo que no han sido plenamente reconocidas por el Estado y sólo se contabilizan cuando las realiza una persona contratada por la familia.

El avance del poder de organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de Comercio no parece beneficiarlas. En una época limitada al acuerdo de tarifas sobre importación y exportación de bienes, la OMC extiende ahora su mandato hacia propiedad intelectual, patentes medicinales, servicios, y otros sectores y sus determinaciones impactan el medio ambiente, las relaciones sociales y la vida cultural de todas las personas. Los gobiernos de nuestra región no tienen poder de decisión dentro de la misma y se ven limitados a firmar los acuerdos diseñados por los países mas desarrollados.

Esos acuerdos condicionan las políticas nacionales e impactan a las mujeres, que además no tienen ninguna voz en esa discusión. Los esfuerzos de nuestros gobiernos por atraer inversiones se han limitado a la disminución de la protección laboral. Esta disminución, realizada con el argumento de que se crearían nuevos empleos, ha tenido como efecto, en algunos lugares, la reaparición del trabajo de explotación y el trabajo infantil. Las condiciones de trabajo empeoran según la pertenencia étnico racial y la condición de emigrantes. En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, su pleno ejercicio se ve obstaculizado por la influencia de sectores religiosos fundamentalistas. Esto motivó a las organizaciones de mujeres a reclamar el afianzamiento del carácter laico de los Estados.

La exclusión de las mujeres del diseño de las grandes políticas nacionales. Las mujeres son excluidas del diseño de las políticas centrales que marcan el rumbo de nuestros países y esa exclusión no puede compensarse con políticas parciales, que terminan resultando parches en un entramado social que se mantiene imperturbable en los puntos hegemónicos. Las reformas económicas, de salud, de justicia, entre otras, se están realizando en toda la región sin la participación de las mujeres. La ausencia en el diseño de las políticas de seguridad, por ejemplo, no se podrá compensar con una ley contra la violencia, una fiscalía de atención a delitos contra la mujer o un albergue para mujeres golpeadas. Por muy importantes que sean estas medidas sociales, permanecerán como aisladas y no podrán contrarrestar la creciente inseguridad en que viven las mujeres. En el mismo sentido, la falta de participación femenina en las reformas de la justicia, no puede compensarse con un curso de capacitación en género a funcionarios judiciales y profesionales del derecho. Y la falta de participación de las mujeres en los planes económicos estratégicos de cada país tampoco puede ser nivelada con acciones aisladas, que resultan ser micro respuestas a macro problemas.

De lo dicho surge la imperiosa necesidad de repensar los derechos humanos incluyendo las necesidades, experiencias y reclamos de las mujeres a su teoría y práctica así como a la agenda de las organizaciones de derechos humanos. Asimismo, debemos insistir en la integralidad e interrelación de los derechos humanos, al igual que en la multiplicación de los esfuerzos para la implementación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y los Sexuales y Reproductivos. La participación de mujeres y hombres sensibilizados en género en el diseño de las grandes políticas nacionales es una de las mayores prioridades.